El asesinato de la joven de 26 años, Shopia Calvo, ha provocado consternación generalizada en la ciudad de Santa Cruz. El Defensor del Pueblo, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y organizaciones sociales han condenado el nivel de inseguridad que vive la capital oriental con una movilización de protesta. El Gobierno ha activado operativos para hacer una “limpieza” de la delincuencia en esta urbe.
Durante toda la jornada, el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional han desarrollado allanamientos en varios puntos de la ciudad de Santa Cruz. El titular de esta cartera de Estado, Jorge Pérez, informó que se darán a conocer los resultados de estos rastrillajes en las próximas horas.
“Hemos operado todo el día, desde muy temprano. Vamos haciendo unos 10 allanamientos, pero no podemos dar detalles de los operativos porque estamos operando con mucho empeño y voluntad”, aseguró la autoridad gubernamental al periódico digital Oxígeno.
Movilizaciones
Desde las 18.00 de este lunes, el Comité Pro Santa Cruz, organizaciones sociales de Santa Cruz y la representación del Defensor del Pueblo protagonizaron movilizaciones en la plaza principal de la capital cruceña para reclamar mayor seguridad ciudadana a las autoridades.
Cientos de personas se concentraron en la plaza 24 de Septiembre con una notable participación de mujeres. En lo que va de agosto, se registraron ocho casos de feminicidio en Santa Cruz de acuerdo a datos del Defensor del Pueblo. Esta institución solicitó al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana para tomar decisiones integrales y contundentes para luchar contra la violencia hacia la mujer.
El Defensor del Pueblo de Santa Cruz, Hernán Cabrera aseguró que la situación actual de la seguridad “debe movilizar a las autoridades y asumir que este es un tema que hace a la sociedad en su conjunto”.
Informó que desde 2013 hasta junio de 2014 se realizó un seguimiento a las denuncias de violencia sexual. Dio a conocer que 11 casos de los 1.606 tienen sentencia en los estrados judiciales.
Políticos y propuestas
Los políticos no se quedaron al margen de esta situación el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, propuso legalizar la “pena de muerte” para el castigo de autores de feminicidio. Por su parte, la candidata a primera senadora por La Paz, Soledad Chapetón, lamentó los hechos delictivos en la capital cruceña y sugirió la “cadena perpetua” como medida contra la inseguridad.
“Estamos viendo que es fácil atracar, matar (…) En algún momento pedimos la pena de muerte, pero el hombre no le tiene miedo a nadie, excepto a la muerte. Entonces creo que hay tomar medidas drásticas en cuanto a la justicia y ver un mecanismo de las sanciones drásticas (para los antisociales)”, dijo Tupa.
Sobre el tema, según Erbol, Chapetón dijo: "UD ahora está con una propuesta muy contundente respecto a toda esta ola de crimen que se viene suscitando contra las mujeres, por lo tanto proponemos cadena perpetua para todos aquellos que incurran en feminicidio”.
Juan del Granado, candidato presidencial por el Movimiento Sin Miedo, indicó que su organización política propone la implementación de la policía comunitaria en todo el país ante la agudización de los hechos ilícitos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elio, opinó este lunes que en casos de delitos tipificados como feminicidios se deben endurecer las sanciones, incluyendo la figura de “penas colaterales”, para que los responsables del delito deban resarcir, de alguna forma, el daño causado a la familia de la víctima y a la sociedad.
En su criterio, “el encerrar a una persona por 30 años no tiene sentido, muchas veces cuando el delincuente es joven y sale después de 30 años, sale aún más delincuente, mucho más criminal”.
Explicó que la Constitución Política del Estado respeta la vida y señala “como pena máxima 30 años sin derecho a indulto. Y que a nivel internacional, la tendencia es de abolir la pena de muerte”.
Adelantó que como diputado y Presidente de la Cámara, presentará un proyecto de ley para analizar la posibilidad de endurecer con penas colaterales la estadía de los reos en las cárceles, con trabajos forzados durante 30 años para que pueda resarcirse con la sociedad.
