El juez de EE UU amenaza a Argentina con declararla en desacato
El país sudamericano podría enfrentar multas
Acreedores demandan al banco encargado de los pagos de deuda
Alejandro Rebossio
Buenos Aires, El País
La crisis de deuda de Argentina no hallará solución por la vía de la conciliación entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el juez de Nueva York Thomas Griesa, que falló en su contra y a favor de los fondos buitre que rechazaron la reestructuración de 2005 y 2010 y que reclaman por títulos impagos desde 2001. En una audiencia a la que convocó este viernes a los abogados de Argentina y los fondos especulativos, el juez amenazó con declarar a Argentina en desacato de su sentencia, en la que estableció que el país sudamericano debe pagarle primero a los litigantes antes que a los acreedores de la deuda reestructurada, que dejaron de cobrar el pasado 30 de julio.
Griesa, un juez de 84 años nombrado por el Gobierno del republicano Richard Nixon (1969-1974), se quejó de los anuncios que el Gobierno de Fernández publicó esta semana en la prensa de Argentina y EE UU en los que afirma que ha pagado a los tenedores de títulos reestructurados y que el juez y el agente de pago de esos bonos, The Bank of New York Mellon, son los responsables de que el dinero no haya llegado a sus destinatarios. “No hubo pago. Si las declaraciones falsas no paran, será necesaria una orden de desacato”, planteó Griesa, cuyo fallo es definitivo desde que en junio pasado el Tribunal Supremo de EE UU desestimó involucrarse en el caso.
El abogado Eugenio Bruno, del bufete argentino Garrido, interpreta que si Argentina es declarada en desacato, deberá abonar multas por cada día de retraso en el cumplimiento del fallo. Bruno consideró poco probable que funcionarios argentinos puedan ser procesados en la justicia penal de EE UU porque no se trata de un juicio común sino uno que involucra las relaciones diplomáticas entre países. También descartó que el juez llegue a restringir el ejercicio de la defensa de Argentina, lo que implicaría la imposibilidad de presentar requerimientos ante él.
Su colega Lucas Piaggio, del bufete Nicholson y Cano, opina que el desacato implicaría el cierre del juicio, con lo que “el impago de la deuda reestructurada quedaría firme”. Bruno, en cambio, descree de esta posibilidad.
Bruno presentó además este viernes la primera demanda de tenedores de deuda reestructurada contra The Bank of New York Mellon. Lo hizo en los tribunales de Buenos Aires. El Gobierno de Fernández había alentado a estos acreedores a exigir el cambio de agente de pago de la deuda ante la decisión del banco norteamericano de respetar la orden de congelación del giro que le impuso Griesa.
“Solo un pago hecho de acuerdo con la orden del tribunal es legítimo, y tal cosa no ha sucedido", dijo este viernes el juez de Nueva York en referencia a abonar primero los 1.750 millones de dólares que exigen los fondos litigantes, incluido el del financiante republicano Paul Singer, que tenían el 1% de la deuda impago de 2001, antes que los 539 millones a los tenedores de deuda reestructurada, que son parte del 92,4% que canjeó en 2005 y 2010 aquel antiguo pasivo. Griesa se quejó de Argentina “ignora” su sentencia.
Una declaración de desacato respecto de un fallo definitivo de EE UU puede complicar la relación de los Gobiernos de Barack Obama y Fernández. Desde hace unos años, EE UU vota en contra de los créditos de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID) para Argentina por las deudas impagas que el país sudamericano mantenía con empresas estadounidenses y con el Club de París (grupo de países acreedores, incluida la superpotencia) y por la manipulación de estadísticas de Buenos Aires. Los préstamos acaban aprobándose con el voto de otros países, pero el proceso se retrasa. EE UU había manifestado hace pocos meses su satisfacción porque Argentina había comenzado a pagar aquellas deudas y a arreglar sus estadísticas, pero una declaración de desacato puede sumar otro argumento al Gobierno de Obama. Argentina además ha demandado este jueves a EE UU por el fallo de Griesa ante el Tribunal Internacional de La Haya y el Ejecutivo demócrata deberá responder si acepta o no esa jurisdicción.
Acreedores demandan al banco encargado de los pagos de deuda
Alejandro Rebossio
Buenos Aires, El País
La crisis de deuda de Argentina no hallará solución por la vía de la conciliación entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el juez de Nueva York Thomas Griesa, que falló en su contra y a favor de los fondos buitre que rechazaron la reestructuración de 2005 y 2010 y que reclaman por títulos impagos desde 2001. En una audiencia a la que convocó este viernes a los abogados de Argentina y los fondos especulativos, el juez amenazó con declarar a Argentina en desacato de su sentencia, en la que estableció que el país sudamericano debe pagarle primero a los litigantes antes que a los acreedores de la deuda reestructurada, que dejaron de cobrar el pasado 30 de julio.
Griesa, un juez de 84 años nombrado por el Gobierno del republicano Richard Nixon (1969-1974), se quejó de los anuncios que el Gobierno de Fernández publicó esta semana en la prensa de Argentina y EE UU en los que afirma que ha pagado a los tenedores de títulos reestructurados y que el juez y el agente de pago de esos bonos, The Bank of New York Mellon, son los responsables de que el dinero no haya llegado a sus destinatarios. “No hubo pago. Si las declaraciones falsas no paran, será necesaria una orden de desacato”, planteó Griesa, cuyo fallo es definitivo desde que en junio pasado el Tribunal Supremo de EE UU desestimó involucrarse en el caso.
El abogado Eugenio Bruno, del bufete argentino Garrido, interpreta que si Argentina es declarada en desacato, deberá abonar multas por cada día de retraso en el cumplimiento del fallo. Bruno consideró poco probable que funcionarios argentinos puedan ser procesados en la justicia penal de EE UU porque no se trata de un juicio común sino uno que involucra las relaciones diplomáticas entre países. También descartó que el juez llegue a restringir el ejercicio de la defensa de Argentina, lo que implicaría la imposibilidad de presentar requerimientos ante él.
Su colega Lucas Piaggio, del bufete Nicholson y Cano, opina que el desacato implicaría el cierre del juicio, con lo que “el impago de la deuda reestructurada quedaría firme”. Bruno, en cambio, descree de esta posibilidad.
Bruno presentó además este viernes la primera demanda de tenedores de deuda reestructurada contra The Bank of New York Mellon. Lo hizo en los tribunales de Buenos Aires. El Gobierno de Fernández había alentado a estos acreedores a exigir el cambio de agente de pago de la deuda ante la decisión del banco norteamericano de respetar la orden de congelación del giro que le impuso Griesa.
“Solo un pago hecho de acuerdo con la orden del tribunal es legítimo, y tal cosa no ha sucedido", dijo este viernes el juez de Nueva York en referencia a abonar primero los 1.750 millones de dólares que exigen los fondos litigantes, incluido el del financiante republicano Paul Singer, que tenían el 1% de la deuda impago de 2001, antes que los 539 millones a los tenedores de deuda reestructurada, que son parte del 92,4% que canjeó en 2005 y 2010 aquel antiguo pasivo. Griesa se quejó de Argentina “ignora” su sentencia.
Una declaración de desacato respecto de un fallo definitivo de EE UU puede complicar la relación de los Gobiernos de Barack Obama y Fernández. Desde hace unos años, EE UU vota en contra de los créditos de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID) para Argentina por las deudas impagas que el país sudamericano mantenía con empresas estadounidenses y con el Club de París (grupo de países acreedores, incluida la superpotencia) y por la manipulación de estadísticas de Buenos Aires. Los préstamos acaban aprobándose con el voto de otros países, pero el proceso se retrasa. EE UU había manifestado hace pocos meses su satisfacción porque Argentina había comenzado a pagar aquellas deudas y a arreglar sus estadísticas, pero una declaración de desacato puede sumar otro argumento al Gobierno de Obama. Argentina además ha demandado este jueves a EE UU por el fallo de Griesa ante el Tribunal Internacional de La Haya y el Ejecutivo demócrata deberá responder si acepta o no esa jurisdicción.
