La sentencia sumerge en un mar de problemas a la petrolera Rosneft
La empresa estatal fue la máxima beneficiaria de la expropiación de Yukos
Pilar Bonet
Moscú, El País
La petrolera estatal Rosneft (la más importante de Rusia) tendrá dificultades suplementarias en su relación con los inversores y en el acceso a la financiación internacional en calidad de principal beneficiada de la expropiación y bancarrota de la compañía Yukos. Así lo ha pronosticado Mijaíl Jodorkovski, fundador y exdirigente de Yukos, tras conocerse la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya que condena a Rusia a pagar 37.000 millones de euros al Group Menatep Limited (GML), formado por los accionistas mayoritarios de la desaparecida Yukos.
El Estado ruso va a recurrir la decisión judicial, según indicaron el ministerio de Finanzas y el ministerio del Exterior. Tanto Rosneft como Gazprom, el monopolista de la exportación de gas, son mencionados en la sentencia como beneficiarios de la expropiación. En el caso de Rosneft acabó integrando la petrolera siberiana Yuganskneftegaz, que era el activo más valioso de Yukos y que inicialmente se vendió a una firma fantasma (Balkanfinans group) por 7.000 millones de euros en una truculenta subasta en diciembre de 2004. Gazprom, por su parte, se quedó con Sibneft, a la que Yukos aspiraba.
El presidente de Rosneft es Igor Sechin, fiel colaborador del presidente Vladímir Putin desde los tiempos en que ambos trabajaron en la alcaldía de San Petersburgo. Sechin, que se formó como traductor de portugués, fue vicejefe de la Administración presidencial y desde 2004 está en la dirección de Rosneft. Jodorkovski ha sostenido siempre que Sechin fue el instigador de los dos procesos incoados contra él, por los que pasó 10 años en prisión condenado por evasión de impuestos y estafa, antes de ser liberado en diciembre pasado. Detenido en octubre de 2003, Jodorkovski, que llegó a ser el hombre más rico de Rusia. Desde su liberación, reside en Suiza y difícilmente puede volver a su país en tanto Vladímir Putin sea su presidente.
En una nota publicada por Rosneft, esta compañía afirma que no es parte ni participó en los conflictos entre el Estado y Yukos y que no es el condenado en las decisiones del tribunal. Rosneft sostiene que “todas sus transacciones de compra de antiguos activos de Yukos y también todas sus otras actividades con relación a Yukos se realizaron de acuerdo con el más estricto cumplimiento de la ley”. Rosneft considera que “a la compañía no le puede presentar ninguna exigencia respecto a las decisiones publicadas” y también que las decisiones del tribunal no pueden reflejarse negativamente en sus actividades comerciales o sus activos.
“Lamento que por la acción de individuos concretos que persiguen sus fines políticos privados o sus intereses egoístas (…) tenga que responder el Estado ruso”, dijo Jodorkovski en una entrevista con el Eco de Moscú. “Por desgracia”, agregó, “estos individuos representan hoy al Estado en mayor o menor grado”.
Jodorkovski no se beneficia materialmente de la resolución judicial, ya que vendió su participación en Yukos en 2005. El magnate se ha distanciado del aspecto material del pleito y, en una primera reacción difundida por su centro de prensa, ha dicho que la compensación a los accionistas saldrá “del presupuesto del Estado y no del bolsillo de los mafiosos”. “La gente que utiliza los órganos de orden público para sus fines personales no puede ser denominada de otra manera”, dijo el exmagnate apuntando hacia Sechin. “A Igor Ivánovich Sechin se le añaden hoy serios problemas”, manifestó. Rosneft y Sechin se han visto afectados por las sanciones estadounidenses que han restringido el acceso de Rosneft a la financiación internacional. Los empresarios norteamericanos tienen prohibido relacionarse directamente con el alto funcionario.
Jodorkovski expresó su esperanza de que la decisión de los jueces haya producido una “fuerte impresión” en el presidente Putin, pero dijo también que “hasta el último momento” los burócratas del entorno presidencial no le habían informado de la envergadura de la decisión judicial. Según Jodorkovski, en 2009 Rusia decidió abandonar la Carta Energética por miedo a perder el proceso. El Gobierno ruso firmó el Tratado de la Carta Energética en 1994, pero el documento nunca fue ratificado en el parlamento.
La demanda interpuesta por GML, que representa los intereses de dos estrechos colaboradores de Jodorkovski como Leonid Nevzlin y Vladímir Dubov (ambos exiliados a Israel), aspiraba a conseguir un total de 84.850 millones de euros. El pleito empezó en 2005, el mismo año en el que Jodorkovski fue condenado. Aunque los analistas se muestran escépticos sobre las posibilidades de que los demandantes cobren la suma dictada por el tribunal, estos están dispuestos a ocasionar sobresaltos a Rusia de la misma manera que hizo la compañía suiza NOGA por dos créditos rusos impagados de 1991 y 1992. Durante varios años, y sobre la base de una sentencia de un tribunal de Estrasburgo, NOGA intentó secuestrar propiedades del Estado ruso en el extranjero, desde aviones, barcos, exposiciones de cuadros itinerantes y cuentas bancarias.
Los medios de comunicación rusos afirman que la compensación dictada por los jueces supera en un 20% los costes de los Juegos Olímpicos de Sochi y supone un 13% de los ingresos del presupuesto ruso, así como el 75% del capital de Rosneft. Las acciones de esta compañía bajaron un 1,5% en la bolsa de Moscú el lunes.
Los argumentos del ministerio de Finanzas de Rusia se centran inicialmente en que Holanda no tenía competencias para dictar una sentencia en el conflicto económico iniciado por los exaccionistas de Yukos y en que Rusia no ratificó el tratado de la Carta Energética sobre el que se basa la decisión del tribunal. Moscú ve contradicciones también con las decisiones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que en dos ocasiones dictaminó que Yukos había evadido el pago de impuestos con el conocimiento de sus dirigentes. En el ministerio de Finanzas y en la Duma Estatal (Cámara baja del parlamento) consideran que la decisión del tribunal tiene carácter político, según informa Newsru.com. El ministro de Exteriores Serguéi Lavrov ha dicho que Moscú utilizará todas sus posibilidades para defender sus intereses en este caso.
Moscú, El País
La petrolera estatal Rosneft (la más importante de Rusia) tendrá dificultades suplementarias en su relación con los inversores y en el acceso a la financiación internacional en calidad de principal beneficiada de la expropiación y bancarrota de la compañía Yukos. Así lo ha pronosticado Mijaíl Jodorkovski, fundador y exdirigente de Yukos, tras conocerse la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya que condena a Rusia a pagar 37.000 millones de euros al Group Menatep Limited (GML), formado por los accionistas mayoritarios de la desaparecida Yukos.
El Estado ruso va a recurrir la decisión judicial, según indicaron el ministerio de Finanzas y el ministerio del Exterior. Tanto Rosneft como Gazprom, el monopolista de la exportación de gas, son mencionados en la sentencia como beneficiarios de la expropiación. En el caso de Rosneft acabó integrando la petrolera siberiana Yuganskneftegaz, que era el activo más valioso de Yukos y que inicialmente se vendió a una firma fantasma (Balkanfinans group) por 7.000 millones de euros en una truculenta subasta en diciembre de 2004. Gazprom, por su parte, se quedó con Sibneft, a la que Yukos aspiraba.
El presidente de Rosneft es Igor Sechin, fiel colaborador del presidente Vladímir Putin desde los tiempos en que ambos trabajaron en la alcaldía de San Petersburgo. Sechin, que se formó como traductor de portugués, fue vicejefe de la Administración presidencial y desde 2004 está en la dirección de Rosneft. Jodorkovski ha sostenido siempre que Sechin fue el instigador de los dos procesos incoados contra él, por los que pasó 10 años en prisión condenado por evasión de impuestos y estafa, antes de ser liberado en diciembre pasado. Detenido en octubre de 2003, Jodorkovski, que llegó a ser el hombre más rico de Rusia. Desde su liberación, reside en Suiza y difícilmente puede volver a su país en tanto Vladímir Putin sea su presidente.
En una nota publicada por Rosneft, esta compañía afirma que no es parte ni participó en los conflictos entre el Estado y Yukos y que no es el condenado en las decisiones del tribunal. Rosneft sostiene que “todas sus transacciones de compra de antiguos activos de Yukos y también todas sus otras actividades con relación a Yukos se realizaron de acuerdo con el más estricto cumplimiento de la ley”. Rosneft considera que “a la compañía no le puede presentar ninguna exigencia respecto a las decisiones publicadas” y también que las decisiones del tribunal no pueden reflejarse negativamente en sus actividades comerciales o sus activos.
“Lamento que por la acción de individuos concretos que persiguen sus fines políticos privados o sus intereses egoístas (…) tenga que responder el Estado ruso”, dijo Jodorkovski en una entrevista con el Eco de Moscú. “Por desgracia”, agregó, “estos individuos representan hoy al Estado en mayor o menor grado”.
Jodorkovski no se beneficia materialmente de la resolución judicial, ya que vendió su participación en Yukos en 2005. El magnate se ha distanciado del aspecto material del pleito y, en una primera reacción difundida por su centro de prensa, ha dicho que la compensación a los accionistas saldrá “del presupuesto del Estado y no del bolsillo de los mafiosos”. “La gente que utiliza los órganos de orden público para sus fines personales no puede ser denominada de otra manera”, dijo el exmagnate apuntando hacia Sechin. “A Igor Ivánovich Sechin se le añaden hoy serios problemas”, manifestó. Rosneft y Sechin se han visto afectados por las sanciones estadounidenses que han restringido el acceso de Rosneft a la financiación internacional. Los empresarios norteamericanos tienen prohibido relacionarse directamente con el alto funcionario.
Jodorkovski expresó su esperanza de que la decisión de los jueces haya producido una “fuerte impresión” en el presidente Putin, pero dijo también que “hasta el último momento” los burócratas del entorno presidencial no le habían informado de la envergadura de la decisión judicial. Según Jodorkovski, en 2009 Rusia decidió abandonar la Carta Energética por miedo a perder el proceso. El Gobierno ruso firmó el Tratado de la Carta Energética en 1994, pero el documento nunca fue ratificado en el parlamento.
La demanda interpuesta por GML, que representa los intereses de dos estrechos colaboradores de Jodorkovski como Leonid Nevzlin y Vladímir Dubov (ambos exiliados a Israel), aspiraba a conseguir un total de 84.850 millones de euros. El pleito empezó en 2005, el mismo año en el que Jodorkovski fue condenado. Aunque los analistas se muestran escépticos sobre las posibilidades de que los demandantes cobren la suma dictada por el tribunal, estos están dispuestos a ocasionar sobresaltos a Rusia de la misma manera que hizo la compañía suiza NOGA por dos créditos rusos impagados de 1991 y 1992. Durante varios años, y sobre la base de una sentencia de un tribunal de Estrasburgo, NOGA intentó secuestrar propiedades del Estado ruso en el extranjero, desde aviones, barcos, exposiciones de cuadros itinerantes y cuentas bancarias.
Los medios de comunicación rusos afirman que la compensación dictada por los jueces supera en un 20% los costes de los Juegos Olímpicos de Sochi y supone un 13% de los ingresos del presupuesto ruso, así como el 75% del capital de Rosneft. Las acciones de esta compañía bajaron un 1,5% en la bolsa de Moscú el lunes.
Los argumentos del ministerio de Finanzas de Rusia se centran inicialmente en que Holanda no tenía competencias para dictar una sentencia en el conflicto económico iniciado por los exaccionistas de Yukos y en que Rusia no ratificó el tratado de la Carta Energética sobre el que se basa la decisión del tribunal. Moscú ve contradicciones también con las decisiones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que en dos ocasiones dictaminó que Yukos había evadido el pago de impuestos con el conocimiento de sus dirigentes. En el ministerio de Finanzas y en la Duma Estatal (Cámara baja del parlamento) consideran que la decisión del tribunal tiene carácter político, según informa Newsru.com. El ministro de Exteriores Serguéi Lavrov ha dicho que Moscú utilizará todas sus posibilidades para defender sus intereses en este caso.
