La política, fuera de las mezquitas (por decreto real)
Marruecos prohíbe a los imames propagar sus ideas en los sermones
Javier Casqueiro
Rabat, El País
Religión, política y poder real. Una combinación explosiva en cualquier lugar pero tremendamente difusa en Marruecos, que pretende exportar su modelo de islamismo malekita moderado a todo el mundo. El rey, que ya no es sagrado desde la Constitución de 2011, pero sí el comendador de todos los creyentes, puso en marcha un plan hace 10 años tras los atentados de Casablanca que ha culminado justo ahora con cuatro decretos en los que regula la actividad de los imames en las mezquitas y les prohíbe sermonear de política. La idea era muy demandada, pero esconde el objetivo de controlar más a los líderes religiosos y evitar que propaguen discursos yihadistas radicales.
En el exterior de la antigua Casa de España en Casablanca no figura ningún cartel que conmemore nada. Los nuevos dueños de aquel espacio recreativo, que sufrió en mayo de 2003 los peores atentados que se recuerdan en Marruecos sobre cinco objetivos y con 45 muertos, no quieren llamar la atención. Son judíos y han abierto otro establecimiento, que funciona durante el día incluso en Ramadán. Aquel viernes negro marcó la decisión del nuevo rey, Mohamed VI, de intentar cambiar a toda costa el signo del islamismo que se impartía hasta entonces en Marruecos.
Marruecos se creía inmune en ese ámbito religioso y terrorista. El país presume de facilitar una convivencia tranquila entre las tres creencias: la musulmana, la judía y la cristiana. El rey, además, aún era sagrado y la autoridad máxima para los creyentes. Aun ahora, cuando se alude al monarca en cualquier noticia en los medios de comunicación se añade: “Al que Dios ilumine”.
El atentado despertó muchos espejismos. Al año siguiente, en 2004, el monarca reestructuró el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Religiosos para darle más poder y otro sentido. En 2005, el Estado creó una cadena de televisión y otra de radio para retransmitir las verdades del Corán malekita frente a los mensajes de cadenas como Al Yazira o de las redes sociales, que se consideraban más extremistas y difíciles de modular. En los 10 años desde su creación, Radio Mohamed VI del Santo Corán se ha convertido en líder, con cuatro millones de oyentes a la semana y una cuota de audiencia del 16,18%.
En 2006 el Estado estructuró una academia oficial y obligatoria para los imames, para formarles mejor y con edictos (fetuas) más modernos, a cambio de un sueldo de 4.000 dirhams (335 euros al mes). En 2011, tras el aviso de la primavera árabe en varios países vecinos, se reformó finalmente la Constitución y se moduló aparentemente el poder real y la influencia de la religión sobre la sociedad.
El calendario ha concluido ahora con la publicación de cuatro decretos reales (dahir) inéditos en el mundo árabe donde, por un lado, se prohíbe a los imames y predicadores musulmanes expresamente compaginar su actividad religiosa con cualquier otra política o sindical, se les insta a abstenerse de propagar así sus ideas u opiniones, y se les marca una serie de pautas y obligaciones. Deben estudiar y actualizar más sus arengas y vestir adecuadamente según lo que marca la tradición.
La primera reacción a la decisión real ha sido muy positiva en general. El pasado viernes, el exportavoz de la Casa Real, Hassan Aourid, un dirigente político en auge, valoraba en una entrevista en el influyente semanario Telquel el paso de separar la política y la religión y de fijar cuáles debían de ser las obligaciones del Estado y del poder político y las necesidades de las asociaciones religiosas.
Era una demanda que habían planteado muchos partidos políticos, organizaciones y entidades sociales. El propio decreto real, firmado el 26 de junio y que no se conoció hasta varias semanas más tarde, justifica esta medida ante el auge de las proclamas más radicales del islamismo en otras naciones, pero que han captado adeptos en determinadas zonas de Marruecos. El país, de hecho, sigue en estado de máxima alerta ante el riesgo de un atentado y se han detenido 65 células yihadistas en estos dos lustros. Desde los púlpitos no se emitirán frases “que atenten contra las condiciones de tranquilidad, serenidad, tolerancia y fraternidad”.
¿Quién decide qué es intolerante y poco adecuado? El Gobierno bajo la influencia real. Algunos, pocos, se han atrevido a criticar esa posible discrecionalidad. Como lo ha hecho Youssef Belal, analista y autor de Sociología religiosa del islam político en Marruecos, que también ve detrás el interés del Majzen (la corte real) por cortar un poco las alas al Partido Justicia y Desarrollo (PJD), del islamista moderado Abdelilah Benkirane, ahora primer ministro y antes predicador en las mezquitas. Pero incluso desde la oposición en el Parlamento, como ha subrayado Tarek Hassan, de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, se ha destacado que es mejor limitar la influencia del PJD que dejar espacio para el cultivo del yihadismo violento.
No se han facilitado más explicaciones sobre las intenciones reales con este decreto. Los imames tampoco se han pronunciado. Este diario intentó contactar con varios y la respuesta fue que el Ministerio de Asuntos Religiosos no les permitía expresarse. El ministerio ejerce un férreo control sobre los imames, a los que nombra para las 46.000 mezquitas repartidas por todo Marruecos, tiene a sueldo y cita en momentos clave para coordinar mensajes y evitar la infiltración de radicales. Ha pasado numerosas veces. Así sucedió tras la guerra del golfo, cuando algunos religiosos arremetieron contra George W. Bush y fueron reprendidos. Pasa cuando se produce algún problema en Ceuta y Melilla y ocurrió igual en 2012 cuando visitó el Sáhara Occidental el enviado de Naciones Unidas Christopher Ross.
Rabat, El País
Religión, política y poder real. Una combinación explosiva en cualquier lugar pero tremendamente difusa en Marruecos, que pretende exportar su modelo de islamismo malekita moderado a todo el mundo. El rey, que ya no es sagrado desde la Constitución de 2011, pero sí el comendador de todos los creyentes, puso en marcha un plan hace 10 años tras los atentados de Casablanca que ha culminado justo ahora con cuatro decretos en los que regula la actividad de los imames en las mezquitas y les prohíbe sermonear de política. La idea era muy demandada, pero esconde el objetivo de controlar más a los líderes religiosos y evitar que propaguen discursos yihadistas radicales.
En el exterior de la antigua Casa de España en Casablanca no figura ningún cartel que conmemore nada. Los nuevos dueños de aquel espacio recreativo, que sufrió en mayo de 2003 los peores atentados que se recuerdan en Marruecos sobre cinco objetivos y con 45 muertos, no quieren llamar la atención. Son judíos y han abierto otro establecimiento, que funciona durante el día incluso en Ramadán. Aquel viernes negro marcó la decisión del nuevo rey, Mohamed VI, de intentar cambiar a toda costa el signo del islamismo que se impartía hasta entonces en Marruecos.
Marruecos se creía inmune en ese ámbito religioso y terrorista. El país presume de facilitar una convivencia tranquila entre las tres creencias: la musulmana, la judía y la cristiana. El rey, además, aún era sagrado y la autoridad máxima para los creyentes. Aun ahora, cuando se alude al monarca en cualquier noticia en los medios de comunicación se añade: “Al que Dios ilumine”.
El atentado despertó muchos espejismos. Al año siguiente, en 2004, el monarca reestructuró el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Religiosos para darle más poder y otro sentido. En 2005, el Estado creó una cadena de televisión y otra de radio para retransmitir las verdades del Corán malekita frente a los mensajes de cadenas como Al Yazira o de las redes sociales, que se consideraban más extremistas y difíciles de modular. En los 10 años desde su creación, Radio Mohamed VI del Santo Corán se ha convertido en líder, con cuatro millones de oyentes a la semana y una cuota de audiencia del 16,18%.
En 2006 el Estado estructuró una academia oficial y obligatoria para los imames, para formarles mejor y con edictos (fetuas) más modernos, a cambio de un sueldo de 4.000 dirhams (335 euros al mes). En 2011, tras el aviso de la primavera árabe en varios países vecinos, se reformó finalmente la Constitución y se moduló aparentemente el poder real y la influencia de la religión sobre la sociedad.
El calendario ha concluido ahora con la publicación de cuatro decretos reales (dahir) inéditos en el mundo árabe donde, por un lado, se prohíbe a los imames y predicadores musulmanes expresamente compaginar su actividad religiosa con cualquier otra política o sindical, se les insta a abstenerse de propagar así sus ideas u opiniones, y se les marca una serie de pautas y obligaciones. Deben estudiar y actualizar más sus arengas y vestir adecuadamente según lo que marca la tradición.
La primera reacción a la decisión real ha sido muy positiva en general. El pasado viernes, el exportavoz de la Casa Real, Hassan Aourid, un dirigente político en auge, valoraba en una entrevista en el influyente semanario Telquel el paso de separar la política y la religión y de fijar cuáles debían de ser las obligaciones del Estado y del poder político y las necesidades de las asociaciones religiosas.
Era una demanda que habían planteado muchos partidos políticos, organizaciones y entidades sociales. El propio decreto real, firmado el 26 de junio y que no se conoció hasta varias semanas más tarde, justifica esta medida ante el auge de las proclamas más radicales del islamismo en otras naciones, pero que han captado adeptos en determinadas zonas de Marruecos. El país, de hecho, sigue en estado de máxima alerta ante el riesgo de un atentado y se han detenido 65 células yihadistas en estos dos lustros. Desde los púlpitos no se emitirán frases “que atenten contra las condiciones de tranquilidad, serenidad, tolerancia y fraternidad”.
¿Quién decide qué es intolerante y poco adecuado? El Gobierno bajo la influencia real. Algunos, pocos, se han atrevido a criticar esa posible discrecionalidad. Como lo ha hecho Youssef Belal, analista y autor de Sociología religiosa del islam político en Marruecos, que también ve detrás el interés del Majzen (la corte real) por cortar un poco las alas al Partido Justicia y Desarrollo (PJD), del islamista moderado Abdelilah Benkirane, ahora primer ministro y antes predicador en las mezquitas. Pero incluso desde la oposición en el Parlamento, como ha subrayado Tarek Hassan, de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, se ha destacado que es mejor limitar la influencia del PJD que dejar espacio para el cultivo del yihadismo violento.
No se han facilitado más explicaciones sobre las intenciones reales con este decreto. Los imames tampoco se han pronunciado. Este diario intentó contactar con varios y la respuesta fue que el Ministerio de Asuntos Religiosos no les permitía expresarse. El ministerio ejerce un férreo control sobre los imames, a los que nombra para las 46.000 mezquitas repartidas por todo Marruecos, tiene a sueldo y cita en momentos clave para coordinar mensajes y evitar la infiltración de radicales. Ha pasado numerosas veces. Así sucedió tras la guerra del golfo, cuando algunos religiosos arremetieron contra George W. Bush y fueron reprendidos. Pasa cuando se produce algún problema en Ceuta y Melilla y ocurrió igual en 2012 cuando visitó el Sáhara Occidental el enviado de Naciones Unidas Christopher Ross.
