EE UU discutirá con Centroamérica la crisis de los niños migrantes
El presidente Obama recibirá a sus pares de Honduras, Guatemala y El Salvador en la Casa Blanca el viernes 25
Silvia Ayuso
Washington, El País
El presidente Barack Obama ha decidido discutir cara a cara con sus pares centroamericanos la crisis de las decenas de miles de menores no acompañados que en los últimos meses han llegado hasta Estados Unidos procedentes sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador. Para ello, recibirá el próximo viernes 25 en Washington a los presidentes Otto Pérez Molina, Juan Orlando Hernández y Salvador Sánchez Cerén, ha informado la Casa Blanca.
La agenda de los mandatarios, a los que acompañará el vicepresidente estadounidense Joe Biden, que a su vez viajó en junio a Guatemala por el mismo motivo, será apretada.
Obama y sus colegas centroamericanos discutirán cómo “reforzar nuestra colaboración en curso para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados de Centroamérica a México y a Estados Unidos”, de acuerdo con la información oficial.
Una charla en la que se analizará la cooperación para “promover la migración segura, legal y ordenada” entre Centroamérica y EE UU. Ahí entra, precisa el gobierno norteamericano, “el retorno de familias para los tres países”, en el marco de la “nueva oleada” de deportaciones de adultos acompañados de menores que el Departamento de Seguridad Nacional anunció esta semana.
Obama también quiere discutir con los presidentes centroamericanos “cómo podemos trabajar con otros miembros de la comunidad internacional para promover el desarrollo, el crecimiento económico y la seguridad en la región”. Ese es el otro aspecto que Washington está tratando de reforzar con el fin de atajar la raíz de lo que identifica como el detonante de la migración centroamericana: inseguridad y falta de oportunidades para los jóvenes en sus países de origen.
Poco antes del anuncio de la Casa Blanca, el presidente salvadoreño había confirmado las negociaciones para celebrar un encuentro de este tipo, al que acudirá con sus colegas de Honduras y Guatemala, dijo, con el objetivo de “reafirmar la voluntad que hay de los tres países que se tiene que ver esto como un problema de derecho de los niños y de los adolescentes”.
“No se les puede dar trato que no esté basado en una política de derecho”, subrayó Sánchez Cerén en rueda de prensa, informa Juan José Dalton desde San Salvador.
El gobierno estadounidense está haciendo grandes esfuerzos internos y en la región para tratar de afrontar la crisis en la frontera que ha supuesto la masiva llegada de menores centroamericanos no acompañados a sus fronteras en los pasados meses: hasta 57.0000 desde octubre.
La reunión con sus colegas centroamericanos tendrá lugar además cuando se agota el tiempo para que el Congreso apruebe la partida de 3.700 millones de dólares que Obama ha solicitado para afrontar la crisis, y que prevé fondos tanto para aumentar el número de centros de acogida de indocumentados, como la cifra de abogados de inmigración para acelerar los procesos migratorios y agentes de patrulla, pero también para programas en Centroamérica.
A punto de que los parlamentarios inicien su receso estival en agosto, no se ha registrado sin embargo ningún avance legislativo que le permita a la Casa Blanca un respiro.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, dijo el jueves no sentirse demasiado optimista respecto de las posibilidades de aprobar la partida antes del cierre por vacaciones.
El principal escollo: las demandas de algunos legisladores, sobre todo republicanos, de que cualquier aprobación de fondos se ligue a una reforma de la ley de 2008 que impide la deportación directa de menores de países no colindantes con EE UU o incluso a la derogación de medidas de alivio migratorio como la acción ejecutiva por la que Obama derogó las deportaciones de menores indocumentados -bajo ciertas condiciones- hace dos años, y que acaba de renovar por otros dos más.
Aunque el propio Obama había aventurado en un principio la posibilidad de revisar la ley de 2008, al final no la incluyó en la propuesta enviada la semana pasada al Congreso, consciente del fuerte rechazo que la idea desata entre sus propios colegas de partido.
“Tan importante como atender esta crisis humanitaria (en la frontera) es que no nos apresuremos a cambiar nuestras leyes de forma tal que podamos poner a estos niños en peligro de muerte o de abusos”, advirtió este mismo viernes el senador demócrata Robert Menéndez.
También los presidentes centroamericanos han criticado la mera idea de revocar las garantías que se aprobaron bajo el gobierno del republicano George W. Bush.
“No se puede proceder en ningún momento a una deportación inmediata, tiene que establecerse un proceso”, declaró Sánchez Cerén. “Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se respete ese proceso. Esa misma posición vamos a reafirmar ante esta reunión con el Presiente Obama”, agregó.
El problema para el presidente estadounidense: el tiempo. El Departamento de Seguridad Nacional ya ha dejado claro que la necesidad de lograr los fondos solicitados por el mandatario es una cuestión urgente.
Según declaró su máximo responsable, Jeh Johnson, la semana pasada ante el mismo Congreso que sigue debatiendo la concesión de los recursos, ante las inversiones extraordinarias que ha requerido la crisis de menores migrantes de los últimos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se quedará sin recursos “a mediados de agosto” y la patrulla fronteriza hará lo propio “para mediados de septiembre”.
Washington, El País
El presidente Barack Obama ha decidido discutir cara a cara con sus pares centroamericanos la crisis de las decenas de miles de menores no acompañados que en los últimos meses han llegado hasta Estados Unidos procedentes sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador. Para ello, recibirá el próximo viernes 25 en Washington a los presidentes Otto Pérez Molina, Juan Orlando Hernández y Salvador Sánchez Cerén, ha informado la Casa Blanca.
La agenda de los mandatarios, a los que acompañará el vicepresidente estadounidense Joe Biden, que a su vez viajó en junio a Guatemala por el mismo motivo, será apretada.
Obama y sus colegas centroamericanos discutirán cómo “reforzar nuestra colaboración en curso para frenar el flujo de inmigrantes indocumentados de Centroamérica a México y a Estados Unidos”, de acuerdo con la información oficial.
Una charla en la que se analizará la cooperación para “promover la migración segura, legal y ordenada” entre Centroamérica y EE UU. Ahí entra, precisa el gobierno norteamericano, “el retorno de familias para los tres países”, en el marco de la “nueva oleada” de deportaciones de adultos acompañados de menores que el Departamento de Seguridad Nacional anunció esta semana.
Obama también quiere discutir con los presidentes centroamericanos “cómo podemos trabajar con otros miembros de la comunidad internacional para promover el desarrollo, el crecimiento económico y la seguridad en la región”. Ese es el otro aspecto que Washington está tratando de reforzar con el fin de atajar la raíz de lo que identifica como el detonante de la migración centroamericana: inseguridad y falta de oportunidades para los jóvenes en sus países de origen.
Poco antes del anuncio de la Casa Blanca, el presidente salvadoreño había confirmado las negociaciones para celebrar un encuentro de este tipo, al que acudirá con sus colegas de Honduras y Guatemala, dijo, con el objetivo de “reafirmar la voluntad que hay de los tres países que se tiene que ver esto como un problema de derecho de los niños y de los adolescentes”.
“No se les puede dar trato que no esté basado en una política de derecho”, subrayó Sánchez Cerén en rueda de prensa, informa Juan José Dalton desde San Salvador.
El gobierno estadounidense está haciendo grandes esfuerzos internos y en la región para tratar de afrontar la crisis en la frontera que ha supuesto la masiva llegada de menores centroamericanos no acompañados a sus fronteras en los pasados meses: hasta 57.0000 desde octubre.
La reunión con sus colegas centroamericanos tendrá lugar además cuando se agota el tiempo para que el Congreso apruebe la partida de 3.700 millones de dólares que Obama ha solicitado para afrontar la crisis, y que prevé fondos tanto para aumentar el número de centros de acogida de indocumentados, como la cifra de abogados de inmigración para acelerar los procesos migratorios y agentes de patrulla, pero también para programas en Centroamérica.
A punto de que los parlamentarios inicien su receso estival en agosto, no se ha registrado sin embargo ningún avance legislativo que le permita a la Casa Blanca un respiro.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, dijo el jueves no sentirse demasiado optimista respecto de las posibilidades de aprobar la partida antes del cierre por vacaciones.
El principal escollo: las demandas de algunos legisladores, sobre todo republicanos, de que cualquier aprobación de fondos se ligue a una reforma de la ley de 2008 que impide la deportación directa de menores de países no colindantes con EE UU o incluso a la derogación de medidas de alivio migratorio como la acción ejecutiva por la que Obama derogó las deportaciones de menores indocumentados -bajo ciertas condiciones- hace dos años, y que acaba de renovar por otros dos más.
Aunque el propio Obama había aventurado en un principio la posibilidad de revisar la ley de 2008, al final no la incluyó en la propuesta enviada la semana pasada al Congreso, consciente del fuerte rechazo que la idea desata entre sus propios colegas de partido.
“Tan importante como atender esta crisis humanitaria (en la frontera) es que no nos apresuremos a cambiar nuestras leyes de forma tal que podamos poner a estos niños en peligro de muerte o de abusos”, advirtió este mismo viernes el senador demócrata Robert Menéndez.
También los presidentes centroamericanos han criticado la mera idea de revocar las garantías que se aprobaron bajo el gobierno del republicano George W. Bush.
“No se puede proceder en ningún momento a una deportación inmediata, tiene que establecerse un proceso”, declaró Sánchez Cerén. “Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se respete ese proceso. Esa misma posición vamos a reafirmar ante esta reunión con el Presiente Obama”, agregó.
El problema para el presidente estadounidense: el tiempo. El Departamento de Seguridad Nacional ya ha dejado claro que la necesidad de lograr los fondos solicitados por el mandatario es una cuestión urgente.
Según declaró su máximo responsable, Jeh Johnson, la semana pasada ante el mismo Congreso que sigue debatiendo la concesión de los recursos, ante las inversiones extraordinarias que ha requerido la crisis de menores migrantes de los últimos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se quedará sin recursos “a mediados de agosto” y la patrulla fronteriza hará lo propio “para mediados de septiembre”.
