Argentina dice que le es imposible cumplir el fallo de EE UU
El ministro de Economía negocia a contrarreloj con el mediador del juez de Nueva York cuando faltan 23 días para una eventual suspensión de pagos
Alejandro Rebossio
Buenos Aires, El País
Faltan solo 23 días para la fecha en que Argentina puede caer en suspensión de pagos de unos títulos públicos bajo legislación de EE UU y Europa. A contrarreloj, su ministro de Economía, Axel Kicillof viajó a Nueva York este lunes para reunirse con el mediador que designó el juez de esa ciudad Thomas Griesa, quien determinó que el país sudamericano no podrá seguir pagando parte de su deuda reestructurada en 2005 y 2010 hasta que abone en efectivo 1.300 millones de dólares a un grupo de fondos buitres y otros acreedores que rechazaron los canjes de aquellos años. Al salir del encuentro con el mediador Daniel Pollack, un abogado de Wall Street, el Ministerio de Economía de Argentina informó que Kicillof le reiteró que el fallo del juez es “de imposible cumplimiento” para su país e insistió en pedir algo que Griesa ya rechazó: que suspenda la ejecución de la sentencia para abrir una negociación con los litigantes.
Antes de verse con el ministro, el mediador Pollack se reunió con los demandantes. “En ambos casos se advirtió un encuentro franco en el que cada una de las partes expuso su posición y la voluntad de seguir negociando", dijo en un parte de prensa el abogado que nombró el juez para acordar el modo de cumplimiento del fallo.
El día había comenzado con un artículo publicado por un socio del fondo buitre NML, Jay Newman, en el Financial Times en el que se mostraba dispuesto a negociar: "Nuestra firma podría ser convencida de darle más tiempo a Argentina si su Gobierno da pasos concretos y firmes para cumplir con sus obligaciones legales. Pero el silencio de Argentina es ensordecedor. Y no parece serio en cuanto a cumplir a tiempo con sus deudas". En el mismo texto, Newman también proponía que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le pagara una parte en títulos públicos, y no todo al contado.
¿Por qué el ministro Kicillof argumenta que no puede cumplir con el fallo? Porque dice que si paga los 1.300 millones en efectivo a NML y los demás demandantes, que cuentan con el 1% de la deuda que Argentina dejó de pagar en su crisis de 2001, los tenedores de otro 6% de ese pasivo también reclamarían lo mismo en tribunales de EE UU o en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Así es que se acumularían peticiones por 15.000 millones, equivalentes a más de la mitad de las menguadas reservas del Banco Central argentino.
¿Por qué Buenos Aires no les ofrece bonos a los litigantes y se quita el problema de encima? Porque esos títulos serían por el 100% del valor de la deuda impaga desde 2001 y entonces los tenedores del 93% de ese pasivo que lo canjearon con quitas en 2005 y 2010 podrían exigir el mismo tratamiento, según establece una cláusula que vence a finales de este año. O sea que a los 15.000 millones demandados por la minoría que rechazó los trueques se sumarían 120.000 millones de la mayoría que los aceptó, según ha advertido Kicillof. Los que aceptaron los canjes sufrieron quitas que en la actualidad suponen un cuarto del valor original de la deuda argentina, según un cálculo de la consultora Elypsis.
Para evitar el riesgo de demandas de los acreedores de la deuda reestructurada, Argentina busca ganar tiempo hasta que llegue 2015 y pueda negociar sin inconvenientes con los actuales litigantes, según opinan analistas. Por eso insiste en que el juez establezca una medida cautelar que suspenda la ejecución del fallo.
Si Griesa insiste en su rechazo a la petición de Argentina, este país no podrá pagar en la fecha límite del próximo día 30 un vencimiento por más de 500 millones de dólares a tenedores de títulos públicos de los canjes en EE UU y Europa. Se trataría de una suspensión de pagos selectiva, es decir, solo de algunos títulos, pues Buenos Aires seguiría abonando sus bonos bajo legislación propia y de Japón. Además, acreedores europeos de deuda reestructurada recurrieron la semana pasada al juez de Nueva York para que reconsidere su decisión de bloquearles el cobro a ellos, pese a encontrarse en una jurisdicción que no le compete.
Una eventual suspensión de pagos selectiva no sería tan grave como la moratoria de toda la deuda con el sector privado y con otros países que declaró Argentina en su debacle de 2001, según confiaron fuentes de su Ministerio de Economía al periódico La Nación. Ecuador siguió ese camino en 2008 y solo sufrió un año de estancamiento económico en 2009, en coincidencia con la Gran Recesión Mundial. El Gobierno de Fernández aclara que su intención es pagar, pero denuncia que el juez de Nueva York se lo impide y le achaca la responsabilidad de una eventual suspensión de pagos.
Hasta finales de 2014 hay tres vencimientos de deuda reestructurada que Argentina podría abonar con multas en 2015, una vez que resuelva el juicio con los fondos buitres y otros litigantes. Pero corre el riesgo de que acreedores del pasivo de 2005 y 2010 inicien acciones legales si no cobran el próximo día 30. Algunos economistas también advierten de que el clima financiero para Argentina podría empeorar, con lo que se agravaría la escasez de divisas que devino este año en una devaluación del peso, una inflación del 34,9% anual y una leve recesión.
El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Jorge Capitanich, no ha descartado la posibilidad de recurrir el fallo de EE UU ante el Tribunal Internacional de La Haya. Mientras tanto, su país ha conseguido diversos apoyos políticos frente a los fondos buitres, desde el consultor Nouriel Roubini, gurú de la última crisis mundial, hasta el Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel. "Es necesario aplicar la ley pero siempre, sobre la base de distinguir entre lo legal y lo legítimo, la ley y la justicia y reconocer que según el derecho, tiene prioridad la deuda interna con el pueblo: la lucha contra el hambre, la pobreza y marginalidad de grandes sectores sociales", escribió Pérez Esquivel en una carta a Griesa.
Alejandro Rebossio
Buenos Aires, El País
Faltan solo 23 días para la fecha en que Argentina puede caer en suspensión de pagos de unos títulos públicos bajo legislación de EE UU y Europa. A contrarreloj, su ministro de Economía, Axel Kicillof viajó a Nueva York este lunes para reunirse con el mediador que designó el juez de esa ciudad Thomas Griesa, quien determinó que el país sudamericano no podrá seguir pagando parte de su deuda reestructurada en 2005 y 2010 hasta que abone en efectivo 1.300 millones de dólares a un grupo de fondos buitres y otros acreedores que rechazaron los canjes de aquellos años. Al salir del encuentro con el mediador Daniel Pollack, un abogado de Wall Street, el Ministerio de Economía de Argentina informó que Kicillof le reiteró que el fallo del juez es “de imposible cumplimiento” para su país e insistió en pedir algo que Griesa ya rechazó: que suspenda la ejecución de la sentencia para abrir una negociación con los litigantes.
Antes de verse con el ministro, el mediador Pollack se reunió con los demandantes. “En ambos casos se advirtió un encuentro franco en el que cada una de las partes expuso su posición y la voluntad de seguir negociando", dijo en un parte de prensa el abogado que nombró el juez para acordar el modo de cumplimiento del fallo.
El día había comenzado con un artículo publicado por un socio del fondo buitre NML, Jay Newman, en el Financial Times en el que se mostraba dispuesto a negociar: "Nuestra firma podría ser convencida de darle más tiempo a Argentina si su Gobierno da pasos concretos y firmes para cumplir con sus obligaciones legales. Pero el silencio de Argentina es ensordecedor. Y no parece serio en cuanto a cumplir a tiempo con sus deudas". En el mismo texto, Newman también proponía que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le pagara una parte en títulos públicos, y no todo al contado.
¿Por qué el ministro Kicillof argumenta que no puede cumplir con el fallo? Porque dice que si paga los 1.300 millones en efectivo a NML y los demás demandantes, que cuentan con el 1% de la deuda que Argentina dejó de pagar en su crisis de 2001, los tenedores de otro 6% de ese pasivo también reclamarían lo mismo en tribunales de EE UU o en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Así es que se acumularían peticiones por 15.000 millones, equivalentes a más de la mitad de las menguadas reservas del Banco Central argentino.
¿Por qué Buenos Aires no les ofrece bonos a los litigantes y se quita el problema de encima? Porque esos títulos serían por el 100% del valor de la deuda impaga desde 2001 y entonces los tenedores del 93% de ese pasivo que lo canjearon con quitas en 2005 y 2010 podrían exigir el mismo tratamiento, según establece una cláusula que vence a finales de este año. O sea que a los 15.000 millones demandados por la minoría que rechazó los trueques se sumarían 120.000 millones de la mayoría que los aceptó, según ha advertido Kicillof. Los que aceptaron los canjes sufrieron quitas que en la actualidad suponen un cuarto del valor original de la deuda argentina, según un cálculo de la consultora Elypsis.
Para evitar el riesgo de demandas de los acreedores de la deuda reestructurada, Argentina busca ganar tiempo hasta que llegue 2015 y pueda negociar sin inconvenientes con los actuales litigantes, según opinan analistas. Por eso insiste en que el juez establezca una medida cautelar que suspenda la ejecución del fallo.
Si Griesa insiste en su rechazo a la petición de Argentina, este país no podrá pagar en la fecha límite del próximo día 30 un vencimiento por más de 500 millones de dólares a tenedores de títulos públicos de los canjes en EE UU y Europa. Se trataría de una suspensión de pagos selectiva, es decir, solo de algunos títulos, pues Buenos Aires seguiría abonando sus bonos bajo legislación propia y de Japón. Además, acreedores europeos de deuda reestructurada recurrieron la semana pasada al juez de Nueva York para que reconsidere su decisión de bloquearles el cobro a ellos, pese a encontrarse en una jurisdicción que no le compete.
Una eventual suspensión de pagos selectiva no sería tan grave como la moratoria de toda la deuda con el sector privado y con otros países que declaró Argentina en su debacle de 2001, según confiaron fuentes de su Ministerio de Economía al periódico La Nación. Ecuador siguió ese camino en 2008 y solo sufrió un año de estancamiento económico en 2009, en coincidencia con la Gran Recesión Mundial. El Gobierno de Fernández aclara que su intención es pagar, pero denuncia que el juez de Nueva York se lo impide y le achaca la responsabilidad de una eventual suspensión de pagos.
Hasta finales de 2014 hay tres vencimientos de deuda reestructurada que Argentina podría abonar con multas en 2015, una vez que resuelva el juicio con los fondos buitres y otros litigantes. Pero corre el riesgo de que acreedores del pasivo de 2005 y 2010 inicien acciones legales si no cobran el próximo día 30. Algunos economistas también advierten de que el clima financiero para Argentina podría empeorar, con lo que se agravaría la escasez de divisas que devino este año en una devaluación del peso, una inflación del 34,9% anual y una leve recesión.
El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Jorge Capitanich, no ha descartado la posibilidad de recurrir el fallo de EE UU ante el Tribunal Internacional de La Haya. Mientras tanto, su país ha conseguido diversos apoyos políticos frente a los fondos buitres, desde el consultor Nouriel Roubini, gurú de la última crisis mundial, hasta el Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel. "Es necesario aplicar la ley pero siempre, sobre la base de distinguir entre lo legal y lo legítimo, la ley y la justicia y reconocer que según el derecho, tiene prioridad la deuda interna con el pueblo: la lucha contra el hambre, la pobreza y marginalidad de grandes sectores sociales", escribió Pérez Esquivel en una carta a Griesa.
