España planea dar fuero total al Rey para causas civiles y penales
Cualquier demanda o querella contra el monarca, una vez que pierda su inviolabilidad, se instruirá en el Tribunal Supremo
José Manuel Romero
Madrid, El País
El Gobierno planea dar al rey Juan Carlos una protección jurídica máxima y única en España ante cualquier denuncia, querella o demanda que se pueda tramitar contra él cuando deje de ser jefe del Estado, y pierda por tanto su inviolabilidad. Este aforamiento extraordinario obligará a que cualquier causa —tanto civil como penal— contra él se instruya, y en su caso se enjuicie, en el Tribunal Supremo, según fuentes del Ejecutivo.
Hasta ahora, las máximas autoridades del Estado (presidente del Gobierno, ministros, diputados, senadores...) disfrutan de una protección jurídica especial por la que cualquier demanda de responsabilidad civil que se presente contra ellos “en el ejercicio de su cargo” será instruida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Asimismo, cualquier querella o denuncia por una infracción penal contra estos altos cargos será competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En el caso del Rey, el Gobierno planea ampliar el aforamiento para demandas civiles por hechos cometidos fuera del ejercicio de su cargo. Por ejemplo, una demanda de paternidad contra el Monarca con el aforamiento del que gozan ahora ministros o diputados sería atendida por un juzgado ordinario si no se le concediera la protección especial que estudia el Ejecutivo.
Dos juezas de Madrid rechazaron admitir a trámite hace año y medio sendas demandas de paternidad contra don Juan Carlos por hechos supuestamente ocurridos cuando todavía no reinaba, acogiéndose a que la figura del Rey, según establece la Constitución, “no está sujeta a responsabilidad”.
Las juezas argumentaron en sus pronunciamientos que la inviolabilidad del Rey “implica la imposibilidad no solo de exigir responsabilidad penal sino también de dirigir contra el Monarca acciones ante la jurisdicción civil”.
Al perder la inviolabilidad como consecuencia de su abdicación y la proclamación de Felipe VI, esas demandas civiles podrían tramitarse en juzgados ordinarios. El aforamiento extraordinario que plantea otorgar el Ejecutivo al jefe del Estado cuando cese en su cargo obligará a que todas las acciones judiciales de que pueda ser objeto se tramiten en el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial español.
Hay tres fórmulas jurídicas para otorgar al Rey el aforamiento. La primera consiste en introducir la protección especial al Monarca dentro del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno está tramitando actualmente. En este texto, pendiente de aprobación en las Cortes, figura un artículo donde se contempla el aforamiento del príncipe Felipe y la reina Sofía. La idea pasa por modificar este precepto para incorporar al Rey saliente.
Sin embargo, esta fórmula implica esperar cerca de un año a que la iniciativa legislativa se apruebe y, por tanto, está casi descartada por el Gobierno. La segunda alternativa es presenta una reforma parcial de la vigente Ley del Poder Judicial con un sólo artículo, lo que implicaría una tramitación mucho más rápida.
La tercera, también por la vía de urgencia, sería la redacción de un proyecto de Ley Orgánica de muy pocos artículos y sólo para el aforamiento del Rey. Esta vía es la que anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en el último Consejo de Ministros.
El Ejecutivó confirmó que impulsaría esta iniciativa legislativa sólo 24 horas después de que la Casa del Rey sugiriese la necesidad de otorgar aforamiento a don Juan Carlos tras su abdicación.
El Gobierno todavía no ha comunicado sus planes al PSOE respecto a la iniciativa legislativa, que pretende aprobar con el máximo consenso posible.
Durante toda la reciente etapa democrática, los miembros de la familia real no han gozado de protección jurídica especial, hasta el punto de que la infanta Cristina, hija del Rey, está imputada en un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca por el caso Nóos y tuvo que acudir a declarar ante el juez José Castro en febrero pasado.
Tan sólo en el caso de que los hijos del Rey fuesen llamados a declarar como testigos en un procedimiento tienen la posibilidad de hacerlo por escrito, un privilegio parecido al que tienen y del que hacen uso altos cargos del Estado y presidentes autonómicos.
El Gobierno del PP introdujo en el proyecto de nueva Ley del Poder Judicial que pretende aprobar esta legislatura la ampliación del aforamiento del que gozan ahora políticos, jueces y fiscales al Príncipe y a la Reina. El Poder Judicial y el Consejo Fiscal apoyan esta medida.
Madrid, El País
El Gobierno planea dar al rey Juan Carlos una protección jurídica máxima y única en España ante cualquier denuncia, querella o demanda que se pueda tramitar contra él cuando deje de ser jefe del Estado, y pierda por tanto su inviolabilidad. Este aforamiento extraordinario obligará a que cualquier causa —tanto civil como penal— contra él se instruya, y en su caso se enjuicie, en el Tribunal Supremo, según fuentes del Ejecutivo.
Hasta ahora, las máximas autoridades del Estado (presidente del Gobierno, ministros, diputados, senadores...) disfrutan de una protección jurídica especial por la que cualquier demanda de responsabilidad civil que se presente contra ellos “en el ejercicio de su cargo” será instruida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Asimismo, cualquier querella o denuncia por una infracción penal contra estos altos cargos será competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En el caso del Rey, el Gobierno planea ampliar el aforamiento para demandas civiles por hechos cometidos fuera del ejercicio de su cargo. Por ejemplo, una demanda de paternidad contra el Monarca con el aforamiento del que gozan ahora ministros o diputados sería atendida por un juzgado ordinario si no se le concediera la protección especial que estudia el Ejecutivo.
Dos juezas de Madrid rechazaron admitir a trámite hace año y medio sendas demandas de paternidad contra don Juan Carlos por hechos supuestamente ocurridos cuando todavía no reinaba, acogiéndose a que la figura del Rey, según establece la Constitución, “no está sujeta a responsabilidad”.
Las juezas argumentaron en sus pronunciamientos que la inviolabilidad del Rey “implica la imposibilidad no solo de exigir responsabilidad penal sino también de dirigir contra el Monarca acciones ante la jurisdicción civil”.
Al perder la inviolabilidad como consecuencia de su abdicación y la proclamación de Felipe VI, esas demandas civiles podrían tramitarse en juzgados ordinarios. El aforamiento extraordinario que plantea otorgar el Ejecutivo al jefe del Estado cuando cese en su cargo obligará a que todas las acciones judiciales de que pueda ser objeto se tramiten en el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial español.
Hay tres fórmulas jurídicas para otorgar al Rey el aforamiento. La primera consiste en introducir la protección especial al Monarca dentro del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno está tramitando actualmente. En este texto, pendiente de aprobación en las Cortes, figura un artículo donde se contempla el aforamiento del príncipe Felipe y la reina Sofía. La idea pasa por modificar este precepto para incorporar al Rey saliente.
Sin embargo, esta fórmula implica esperar cerca de un año a que la iniciativa legislativa se apruebe y, por tanto, está casi descartada por el Gobierno. La segunda alternativa es presenta una reforma parcial de la vigente Ley del Poder Judicial con un sólo artículo, lo que implicaría una tramitación mucho más rápida.
La tercera, también por la vía de urgencia, sería la redacción de un proyecto de Ley Orgánica de muy pocos artículos y sólo para el aforamiento del Rey. Esta vía es la que anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en el último Consejo de Ministros.
El Ejecutivó confirmó que impulsaría esta iniciativa legislativa sólo 24 horas después de que la Casa del Rey sugiriese la necesidad de otorgar aforamiento a don Juan Carlos tras su abdicación.
El Gobierno todavía no ha comunicado sus planes al PSOE respecto a la iniciativa legislativa, que pretende aprobar con el máximo consenso posible.
Durante toda la reciente etapa democrática, los miembros de la familia real no han gozado de protección jurídica especial, hasta el punto de que la infanta Cristina, hija del Rey, está imputada en un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca por el caso Nóos y tuvo que acudir a declarar ante el juez José Castro en febrero pasado.
Tan sólo en el caso de que los hijos del Rey fuesen llamados a declarar como testigos en un procedimiento tienen la posibilidad de hacerlo por escrito, un privilegio parecido al que tienen y del que hacen uso altos cargos del Estado y presidentes autonómicos.
El Gobierno del PP introdujo en el proyecto de nueva Ley del Poder Judicial que pretende aprobar esta legislatura la ampliación del aforamiento del que gozan ahora políticos, jueces y fiscales al Príncipe y a la Reina. El Poder Judicial y el Consejo Fiscal apoyan esta medida.
