Argentina vuelve a llevar a Uruguay ante La Haya por un conflicto con la planta de celulosa
Buenos Aires, EP
El Gobierno argentino ha anunciado este jueves que volverá a acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, para recurrir la decisión del Ejecutivo uruguayo de autorizar un aumento de producción en la planta de celulosa de la finlandesa UPM-Kymmene, situada en la orilla del río Uruguay, que hace frontera con Argentina.
Así lo ha notificado el canciller argentino, Héctor Timerman, a su par en Uruguay, Luis Almagro, a través de una carta, en la que insiste en que se trata "de un gesto inamistoso" por parte del Gobierno uruguayo, que estaría violando el Estatuto del río Uruguay. Asimismo, destaca que desde 2013 este tema ha provocado una nueva "etapa de controversia" entre ambos países.
"El día de ayer el Gobierno argentino tomó conocimiento a través de una nota presentada por la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del río Uruguay, que su Gobierno ha autorizado hace seis días en forma definitiva el aumento de producción de UPM a 1.365.000 toneladas anuales", indica la carta, que publica el diario argentino 'La Nación'.
En este sentido, Argentina denuncia que la medida adoptada por Uruguay "confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa", que se había establecido en el citado Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013, antes de que se iniciase de nuevo este conflicto.
La planta había obtenido en octubre pasado una autorización para incrementar su producción en 100.000 toneladas, lo que había despertado críticas desde el Gobierno argentino, que amenazó con presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
De hecho, ambos gobiernos ya mantuvieron un largo litigio en La Haya por la planta de celulosa. En el año 2010, la corte dictaminó que no había indicios de que la empresa contaminara al río Uruguay, pero dijo que Montevideo violó un acuerdo binacional por no consultar a Buenos Aires antes de permitir la construcción del establecimiento, que representó una de las mayores inversiones en la historia del pequeño país.
El Gobierno argentino ha anunciado este jueves que volverá a acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, para recurrir la decisión del Ejecutivo uruguayo de autorizar un aumento de producción en la planta de celulosa de la finlandesa UPM-Kymmene, situada en la orilla del río Uruguay, que hace frontera con Argentina.
Así lo ha notificado el canciller argentino, Héctor Timerman, a su par en Uruguay, Luis Almagro, a través de una carta, en la que insiste en que se trata "de un gesto inamistoso" por parte del Gobierno uruguayo, que estaría violando el Estatuto del río Uruguay. Asimismo, destaca que desde 2013 este tema ha provocado una nueva "etapa de controversia" entre ambos países.
"El día de ayer el Gobierno argentino tomó conocimiento a través de una nota presentada por la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del río Uruguay, que su Gobierno ha autorizado hace seis días en forma definitiva el aumento de producción de UPM a 1.365.000 toneladas anuales", indica la carta, que publica el diario argentino 'La Nación'.
En este sentido, Argentina denuncia que la medida adoptada por Uruguay "confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa", que se había establecido en el citado Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013, antes de que se iniciase de nuevo este conflicto.
La planta había obtenido en octubre pasado una autorización para incrementar su producción en 100.000 toneladas, lo que había despertado críticas desde el Gobierno argentino, que amenazó con presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
De hecho, ambos gobiernos ya mantuvieron un largo litigio en La Haya por la planta de celulosa. En el año 2010, la corte dictaminó que no había indicios de que la empresa contaminara al río Uruguay, pero dijo que Montevideo violó un acuerdo binacional por no consultar a Buenos Aires antes de permitir la construcción del establecimiento, que representó una de las mayores inversiones en la historia del pequeño país.
