Juez de EEUU falla a favor de víctimas de octubre de 2003
Tras la decisión del juez James Cohn de la Florida, las demandantes podrán continuar con el proceso que implica exigir un resarcimiento económico. La autoridad estableció que la indemnización recibida en Bolivia por los afectados no impide continuar con el caso
Expresidente Sánchez de Lozada.
Un juez federal de Florida, en Estados Unidos, dio luz verde a la demanda presentada por familiares de víctimas fallecidas durante la denominada Guerra del Gas, por presuntas violaciones a los derechos humanos, contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.
El juez James Cohn dictaminó el martes que, de acuerdo con la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura, los nueve demandantes pueden continuar con el litigio contra las dos exautoridades, quienes huyeron hacia el país del norte después de los hechos de violencia de septiembre y octubre de 2003.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron acusados por su participación en la planificación y ordenanza de asesinatos de civiles extrajudiciales, entre septiembre y octubre de 2003, en un esfuerzo para reprimir las protestas por sus controvertidas políticas económicas. La decisión del juez implica que los demandantes podrían buscar una compensación económica por parte de los acusados.
Cohn estableció que las víctimas tenían un argumento sólido y que los abogados de las víctimas presentaron pruebas suficientes de que los "homicidios fueron deliberados " y no el resultado del caos de la guerra, según el blog, Miami New Times.
Citó también la historia de Marlene, una niña de 8 anos, quien fue asesinada lejos de cualquier enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del Gobierno. Su familia dice que a los tiradores se les dio permiso para disparar a cualquier movimiento y que Marlene simplemente estaba mirando por la ventana cuando le dispararon fatalmente. El hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2003, durante operaciones militares en Warisata.
Un comunicado de prensa de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvad informó que el juez Cohn encontró que los demandantes habían alegado suficientemente que incluso antes de asumir el cargo, los acusados planeaban utilizar la fuerza letal para reprimir disturbios políticos. Y que los familiares de los demandantes perdieron la vida como resultado de ese plan y que los acusados fallaron en impedir los homicidios cometidos por las fuerzas armadas bajo su mando.
Cohn rechazó la moción de los demandados para desestimar en parte la demanda, pues sostuvo que los demandantes podrían hacer valer su caso bajo la Ley de Protección de Victimas de la Tortura ( TVPA ).
El juez mencionó, "en respuesta a los argumentos de los demandados de que los pagos humanitarios realizados a los demandantes por el gobierno boliviano impidieron reclamaciones contra ellos”, que "sería absurdo concluir que los demandados podían evitar la responsabilidad por sus presuntos errores simplemente porque el gobierno boliviano tuvo a bien hacer algún tipo de asistencia humanitaria a los demandantes", señala el comunicado.
Cohn también desestimó los reclamos de los demandados que señalaron que las víctimas podrían buscar justicia en Bolivia y señaló que: "a menos que los acusados sean extraditados o voluntariamente regresen a su tierra natal, Bolivia no tendrá ninguna oportunidad significativa para corregir sus presuntas violaciones de derechos humanos. Más bien, como están las cosas, los Estados Unidos parece ser el único foro en el que los demandantes pueden tratar de mantener los acusados responsables por sus presuntos agravios", informo Miami New Times.
El caso recibe la ayuda de los abogados de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, del Centro para los Derechos Constitucionales y un equipo (pro bono) profesional de Akin Gump.
El 24 de junio de 2013, familiares de los fallecidos en la masacre de 2003 en Bolivia presentaron la demanda enmendada en el tribunal de distrito federal en la Florida con extensas nuevas alegaciones de hecho que demuestran que los acusados habían ideado un plan para matar a miles de civiles con meses de antelación de la violencia, prevé la página del Centro para los Derechos Constitucionales.
Según la demanda, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son acusados de ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y por negligencia en la muerte de civiles desarmados, incluidos niños. De ordenar a las fuerzas de seguridad bolivianas usar fuerza letal contra civiles desarmados para reprimir las protestas populares contra las políticas gubernamentales.
En total, durante esos dos meses las fuerzas bajo su liderazgo murieron 67 hombres, mujeres y niños e hirieron a más de 400. Entre los demandantes están Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, padres de Marlene, de 8 años de edad, quien fue asesinada en la habitación de su madre cuando un solo tiro fue disparado por la ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada fue asesinada después de que una bala atravesó la pared de una casa, matándola a ella y a su hijo por nacer; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de 69 años de edad, fue asesinado a tiros en una carretera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre fue asesinado a tiros.
