Juez da tres días para que periodista revele a quien le brindó información reservada sobre el tema mar
La Procuraduría General del Estado informó, este jueves, que el periodista Ricardo Aguilar del periódico impreso La Razón tiene un plazo de tres días para revelar la fuente que le proporcionó información reservada sobre la elaboración de la estratégica marítima boliviana.
“El Juez Onceavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, mediante auto de fecha 29 de abril de 2014, de conformidad al artículo 9 de la Ley de Imprenta, ha dispuesto el levantamiento del secreto de fuente, debiendo el periodista Ricardo Aguilar Agramont revelar en el plazo de tres días el nombre o los nombres de las autoridades o exautoridades, del funcionario o funcionarios públicos, exfuncionario o exfuncionarios públicos que le reveló o revelaron información reservada sobre la demanda marítima boliviana”, indica parte del comunicado.
La Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del periodista argumentando el proceso en el artículo Nº 31 de la Ley de Imprenta, de 19 de enero de 1925, y la Ley Nº 1970, de 25 de marzo de 1999.
Según la Procuraduría General del Estado, se activaron acciones legales contra Ricardo Aguilar por publicar información reservada en el artículo de prensa titulado "De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales", publicado en el suplemento "Animal Político" del periódico La Razón de fecha 13 de abril de 2014.
“La Procuraduría General del Estado es profundamente respetuosa de los derechos que hacen a la libertad de expresión, como base del Estado de Derecho y la institucionalidad republicana; sin embargo, al tratarse de la protección del tema más importante de las relaciones internacionales, como es el derecho que tiene Bolivia a obtener una salida libre y soberana al océano Pacífico, exhortamos al periodista Ricardo Aguilar Agramont y al periódico La Razón a coadyuvar con la presente investigación, que tiene el único fin de proteger la mayor acción jurídica que ha emprendido el Estado y el pueblo boliviano, en defensa del objetivo más sensible y trascendental para nuestra nacionalidad”, cita parte del comunicado.
