Venezuela raciona los alimentos subsidiados
El desabastecimiento de productos básicos fuerza el Gobierno a limitar las compras
Alfredo Meza
Caracas, El País
El Gobierno de Nicolás Maduro evita reconocerlo pero el desabastecimiento en Venezuela empeora cada día. El índice de escasez, un indicador que entrega el Banco Central de Venezuela una vez al mes, no ha sido revelado desde enero. Sin la presión de la opinión pública, concentrada en comentar los disturbios generados por la oposición y la agresiva y desproporcionada respuesta de la policía antimotines, el chavismo ha podido pasar de largo de un problema crónico.
Pero esta semana, en un intento de retomar la rutina del país, trastocada tras cinco semanas de protestas, el Gobierno retomó el asunto cuando el ministro de Alimentación, Félix Osorio, anunció que se restringirán las compras de alimentos básicos a los clientes de la red de supermercados y abastos del Estado (Mercal, Pdval, Supermercado Bicentenario y Abastos Venezuela).
El plan consiste en tomar los datos y la huella dactilar del cliente para evitar que compre en días consecutivos los productos de la cesta básica que el Estado casi regala para tratar de atraerse el apoyo político. En el Gobierno nadie habla de racionamiento y han preferido centrarse en la promesa incierta de que con un carné —llamado Tarjeta de Abastecimiento Seguro, que empezará a expedirse el 1 de abril— el comprador podrá adquirir lo que necesite sin penar por varios supermercados. Es el eufemismo que han utilizado para disimular un plan con reminiscencias de la Cuba del período especial.
El ministro Osorio no ha determinado cuántos días deberán esperar los clientes entre compra y compra —no serán menos de cuatro ni más de siete, según adelantó el viernes en una rueda de prensa— ni cuándo entrará en vigencia la medida. Tiene muy claro algo: en los supermercados y abastos del Estado no se puede comprar alimentos de la cesta básica todos los días. “El que quiera comprar cien pollos que los adquiera en otra parte”, explicó.
El Gobierno ha construido un mensaje que invoca el recuerdo de Hugo Chávez para justificar una decisión antipopular, pero tampoco deja de apelar a la estrategia más tradicional de mercadeo para seducir a los clientes. Habrá premios y descuentos para los clientes que se anoten en el plan. El fallecido caudillo solía decir que en el socialismo bolivariano hay que aprender a “vivir viviendo”, una expresión que invitaba a su grey a consumir lo necesario y evitar el consumismo, tan consustancial al alma venezolana. “No se necesita comprar dos kilos de azúcar para vivir y quien lo haga es un bachaquero [contrabandista]”, agregó Osorio.
A todo esto el Gobierno agrega un argumento mucho más racional, aunque endeble, que pretende lavar la cara de su pésimo desempeño económico: el mayor poder de consumo de las clases populares es la causa del bajo nivel de los inventarios. En junio de 2013 la FAO (la agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura) reconoció a Venezuela porque redujo a la mitad el porcentaje y el número de personas subnutridas o hambrientas mucho antes de la meta prevista por el organismo para 2015.
Desde 2007 este país ha registrado un porcentaje de subnutrición cercano al 5%, por debajo de la meta de 6,7%, y ha logrado disminuir el número de personas con hambre de 2,7 millones en 1990 a menos de 1,3 millones en 2007. El 94,6% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística, consume al menos tres comidas al día, el 25,6% ingiere como mínimo cuatro y el 11,6% recibe cinco. Esta tendencia, de acuerdo con el INE, se percibe en todos los estratos socioeconómicos.
Ese razonamiento oculta los argumentos del sector privado, que tiene la hegemonía de la producción, para explicar la caída de la productividad. Desde hace más de una década el Gobierno mantiene regulado el precio de los alimentos básicos y decide arbitrariamente, y no siempre de forma sistemática, cuándo y cuánto aumentarlos. El Estado, además, no permite a las empresas que decidan libremente dónde despachar los productos y regula el transporte a través de la Superintendencia de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada), que emite una guía de movilización que especifica el destino de la carga en función de sus intereses políticos.
Tampoco entrega las divisas para adquirir la materia prima porque se ha ido quedando sin dinero por la merma de los ingresos petroleros.
Para subsanar esta situación el Gobierno decidió desde 2008 importar insumos para vendérselos a los productores nacionales. La medida tampoco ha incrementado los niveles de producción como aspira el Gobierno. La crisis de abastecimiento lo ha obligado a importar alimentos terminados que tardan mucho tiempo en bajar de los barcos debido a las trabas burocráticas en los puertos.
Todo esto explica por qué los anaqueles de los supermercados están vacíos y el cambio en el patrón de consumo de los venezolanos. Los clientes compran hoy mucho más de los que necesitan porque no saben cuándo volverán a aparecer los bienes de su preferencia. Muchos han advertido una oportunidad de negocio en la reventa a precios de mercado tanto en Venezuela como en Colombia. Hace un mes, en una trocha que comunica con la frontera entre ambos países, volcó un transporte de alimentos regulados de la red estatal Mercal cuando intentaba ingresar de forma ilegal a ese país.
La firma Datanálisis asegura que en la última semana febrero la escasez de los productos básicos regulados por el Estado había ascendido a 47,7%. “Y durante este mes se ha incrementado”, afirma a este diario su director Luis Vicente León. Los ciudadanos empiezan a pagar con más contratiempos las consecuencias del caótico camino hacia el socialismo.
Caracas, El País
El Gobierno de Nicolás Maduro evita reconocerlo pero el desabastecimiento en Venezuela empeora cada día. El índice de escasez, un indicador que entrega el Banco Central de Venezuela una vez al mes, no ha sido revelado desde enero. Sin la presión de la opinión pública, concentrada en comentar los disturbios generados por la oposición y la agresiva y desproporcionada respuesta de la policía antimotines, el chavismo ha podido pasar de largo de un problema crónico.
Pero esta semana, en un intento de retomar la rutina del país, trastocada tras cinco semanas de protestas, el Gobierno retomó el asunto cuando el ministro de Alimentación, Félix Osorio, anunció que se restringirán las compras de alimentos básicos a los clientes de la red de supermercados y abastos del Estado (Mercal, Pdval, Supermercado Bicentenario y Abastos Venezuela).
El plan consiste en tomar los datos y la huella dactilar del cliente para evitar que compre en días consecutivos los productos de la cesta básica que el Estado casi regala para tratar de atraerse el apoyo político. En el Gobierno nadie habla de racionamiento y han preferido centrarse en la promesa incierta de que con un carné —llamado Tarjeta de Abastecimiento Seguro, que empezará a expedirse el 1 de abril— el comprador podrá adquirir lo que necesite sin penar por varios supermercados. Es el eufemismo que han utilizado para disimular un plan con reminiscencias de la Cuba del período especial.
El ministro Osorio no ha determinado cuántos días deberán esperar los clientes entre compra y compra —no serán menos de cuatro ni más de siete, según adelantó el viernes en una rueda de prensa— ni cuándo entrará en vigencia la medida. Tiene muy claro algo: en los supermercados y abastos del Estado no se puede comprar alimentos de la cesta básica todos los días. “El que quiera comprar cien pollos que los adquiera en otra parte”, explicó.
El Gobierno ha construido un mensaje que invoca el recuerdo de Hugo Chávez para justificar una decisión antipopular, pero tampoco deja de apelar a la estrategia más tradicional de mercadeo para seducir a los clientes. Habrá premios y descuentos para los clientes que se anoten en el plan. El fallecido caudillo solía decir que en el socialismo bolivariano hay que aprender a “vivir viviendo”, una expresión que invitaba a su grey a consumir lo necesario y evitar el consumismo, tan consustancial al alma venezolana. “No se necesita comprar dos kilos de azúcar para vivir y quien lo haga es un bachaquero [contrabandista]”, agregó Osorio.
A todo esto el Gobierno agrega un argumento mucho más racional, aunque endeble, que pretende lavar la cara de su pésimo desempeño económico: el mayor poder de consumo de las clases populares es la causa del bajo nivel de los inventarios. En junio de 2013 la FAO (la agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura) reconoció a Venezuela porque redujo a la mitad el porcentaje y el número de personas subnutridas o hambrientas mucho antes de la meta prevista por el organismo para 2015.
Desde 2007 este país ha registrado un porcentaje de subnutrición cercano al 5%, por debajo de la meta de 6,7%, y ha logrado disminuir el número de personas con hambre de 2,7 millones en 1990 a menos de 1,3 millones en 2007. El 94,6% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística, consume al menos tres comidas al día, el 25,6% ingiere como mínimo cuatro y el 11,6% recibe cinco. Esta tendencia, de acuerdo con el INE, se percibe en todos los estratos socioeconómicos.
Ese razonamiento oculta los argumentos del sector privado, que tiene la hegemonía de la producción, para explicar la caída de la productividad. Desde hace más de una década el Gobierno mantiene regulado el precio de los alimentos básicos y decide arbitrariamente, y no siempre de forma sistemática, cuándo y cuánto aumentarlos. El Estado, además, no permite a las empresas que decidan libremente dónde despachar los productos y regula el transporte a través de la Superintendencia de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada), que emite una guía de movilización que especifica el destino de la carga en función de sus intereses políticos.
Tampoco entrega las divisas para adquirir la materia prima porque se ha ido quedando sin dinero por la merma de los ingresos petroleros.
Para subsanar esta situación el Gobierno decidió desde 2008 importar insumos para vendérselos a los productores nacionales. La medida tampoco ha incrementado los niveles de producción como aspira el Gobierno. La crisis de abastecimiento lo ha obligado a importar alimentos terminados que tardan mucho tiempo en bajar de los barcos debido a las trabas burocráticas en los puertos.
Todo esto explica por qué los anaqueles de los supermercados están vacíos y el cambio en el patrón de consumo de los venezolanos. Los clientes compran hoy mucho más de los que necesitan porque no saben cuándo volverán a aparecer los bienes de su preferencia. Muchos han advertido una oportunidad de negocio en la reventa a precios de mercado tanto en Venezuela como en Colombia. Hace un mes, en una trocha que comunica con la frontera entre ambos países, volcó un transporte de alimentos regulados de la red estatal Mercal cuando intentaba ingresar de forma ilegal a ese país.
La firma Datanálisis asegura que en la última semana febrero la escasez de los productos básicos regulados por el Estado había ascendido a 47,7%. “Y durante este mes se ha incrementado”, afirma a este diario su director Luis Vicente León. Los ciudadanos empiezan a pagar con más contratiempos las consecuencias del caótico camino hacia el socialismo.
