Ordenan a cuatro municipios prohibir las manifestaciones violentas en Venezuela
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ordenado este martes a los responsables de cuatro alcaldías prohibir las llamadas 'guarimbas', manifestaciones violentas, en sus municipios, sirviéndose para ello de todos los recursos humanos y materiales a su disposición, con el fin de evitar posibles altercados y los bloqueos de las vías públicas.
Los municipios puestos en alerta han sido los de San Cristóbal, en el estado de Táchira (oeste); Diego Bautista Urbaneja, en Anzoátegui (norte); en Maracaibo, en Zulia (noroeste); y en Chacao, en Miranda (norte). Sus alcaldes tendrán que garantizar el libre paso tanto de personas, como de vehículos, desmantelando, en caso de que se produzcan, los piquetes violentos que suelen generarse en las movilizaciones antigubernamentales más beligerantes.
El fallo del Alto Tribunal exhorta a las autoridades municipales "a la inmediata retirada de obstáculos", además de "mantener las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana", de acuerdo con la información facilitada por la agencia estatal venezolana AVN.
El estallido de las manifestaciones y protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro vino acompañado por una fuerte ola de violencia encabezada por grupos de civiles armados, quienes se han enfrentado con las fuerzas policiales venezolanas. Los choques han provocado ya la muerte de 28 personas, además de múltiples heridos, y considerables destrozos tanto en el mobiliario público como en el privado.
La decisión del Tribunal responde a un amparo constitucional interpuesto por varios sectores de la sociedad civil venezolana que protestan contra la impunidad de estos grupos de violentos en las ciudades y municipios gobernados por la oposición.
El Tribunal también ha ordenado la comparecencia pública de diferentes autoridades locales que habrían incumplido estos preceptos, como en el caso del alcalde de San Diego, Vicenzo Scarano. Según la Justicia, habría incumplido el amparo constitucional que le obligaba a luchar contra la colocación de barricas en el municipio que dirige, en el estado de Carabobo, en la costa norte del país.
