La justicia acorrala a Nicolas Sarkozy
Una investigación por tráfico de influencias relacionada con el caso L’Oréal y el caso Gadafi salpica al expresidente, a dos exministros y a varios magistrados del Supremo
Miguel Mora
París, El País
Un nuevo escándalo se cierne sobre el expresidente de la República francesa Nicolas Sarkozy. Según reveló este viernes Le Monde, el exjefe del Estado y sus exministros del Interior Claude Guéant y Brice Hortefeux están siendo sometidos a escuchas telefónicas por orden de dos jueces desde septiembre de 2013. Los pinchazos, que afectan a dos teléfonos móviles de Sarkozy (uno normal y otro clandestino), tratan de averiguar si un magistrado del Tribunal Supremo, Gilbert Azibert, sospechoso de haber informado a Sarkozy sobre la evolución del caso Liliane Bettencourt, ha recibido una sinecura en Mónaco gracias a la mediación del exjefe del Estado.
Los jueces, que han abierto una investigación contra Sarkozy y su entorno por violación del secreto judicial y tráfico de influencias, ordenaron intervenir los teléfonos del añorado exlíder de la derecha francesa ante las sospechas de que el alto miembro del Tribunal Supremo informó desde dentro al abogado de Sarkozy sobre varios procesos que le afectan.
El cerco judicial comenzó en abril de 2013, con el inicio de la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de Sarkozy en 2007 por parte del difunto dictador libio Muamar el Gadafi. Tras varios meses de instrucción, los jueces Serge Tournaire y René Grouman deciden en septiembre pasado pinchar los teléfonos del expresidente, de Guéant y de Hortefeux. En diciembre de 2013, Le Monde publica extractos de una conversación entre Hortefeux y el exjefe de la Policía Judicial de París, Christian Flaesch. Las escuchas demuestran sus estrechos lazos y desembocan en el cese del dirigente policial.
El sistema Sarkozy se pone en guardia, y el expresidente comienza a mostrarse reservado y lacónico cuando habla desde su teléfono oficial. Los jueces descubren que Sarkozy dispone de un segundo móvil, registrado con nombre falso. Y ponen también esa línea bajo vigilancia. Las escuchas revelan que Sarkozy llama a menudo a otro móvil comprado con una identidad ficticia: el aparato pertenece a su abogado, Thierry Herzog.
En ese momento, entra en el juego el Tribunal Supremo, que debe decidir si las agendas privadas y oficiales de Sarkozy pueden ser usadas como prueba en el sumario del caso Bettencourt, en el que el presidente es sospechoso de haber abusado de la confianza de la dueña del imperio L’Oréal para obtener fondos electorales de forma ilegal. Las agendas son decisivas también para el caso Bernard Tapie, porque muestran que Sarkozy se reunió varias veces con el empresario antes de aprobar el arbitraje privado que acabaría castigando al Estado a abonar a Tapie una indemnización de 403 millones de euros para zanjar su conflicto con el banco Crédit Lyonnais. En ese sumario hay ya seis personas imputadas por estafa en banda organizada.
Según Le Monde, las conversaciones entre Sarkozy y su abogado muestran que los dos estaban muy bien informados sobre los movimientos del Supremo gracias a Gilbert Azibert, juez de la sala de lo civil y viejo miembro de la derecha judicial al que Sarkozy nombró en 2008 secretario general de la Cancillería. Azibert tiene acceso a la red digital del alto tribunal, e informa puntualmente al abogado de Sarkozy de cómo van las cosas.
Un día, Herzog llama a Sarkozy y le confía que Azibert estaría encantado de ascender antes de jubilarse. El magistrado se postula para un puesto de consejero de Estado en Mónaco, y pide al expresidente, que a su vez es miembro vitalicio del Consejo de Estado francés, que interceda por él. Coincidencia o no, Sarkozy pasa sus vacaciones de febrero, con su familia en Mónaco, donde se somete a una cura termal en el lujoso Hotel de París. Su abogado le visita. Los jueces sospechan que ambos pudieron aprovechar el viaje para enchufar al juez Azibert ante las autoridades del Principado. Herzog lo niega y asegura que el escándalo es una maniobra política para frenar la vuelta de Sarkozy.
El 4 de marzo, esta misma semana, los acontecimientos se precipitan. En paralelo a la noticia de que Patrick Buisson, el exasesor favorito de Sarkozy, había grabado cientos de horas de conversaciones privadas y políticas en el Elíseo, los magistrados que investigan a Sarkozy y compañía ordenan una espectacular ronda de redadas. Las casas y los despachos de Herzog y Azibert son peinados a conciencia. La policía se lleva los dos móviles del letrado de Sarkozy, tres cartas y unos billetes de avión a Niza, y examinan los correos electrónicos que Herzog ha intercambiado con el exjefe del Estado.
En el Tribunal Supremo, la expectación se mezcla ahora con el miedo. Varios magistrados pueden ser llamados a declarar en los próximos días por los investigadores. El escándalo no ha hecho más que empezar. Pero, de affaire en affaire, el regreso de Sarkozy a la política activa parece ponerse cada día más complicado.
París, El País
Un nuevo escándalo se cierne sobre el expresidente de la República francesa Nicolas Sarkozy. Según reveló este viernes Le Monde, el exjefe del Estado y sus exministros del Interior Claude Guéant y Brice Hortefeux están siendo sometidos a escuchas telefónicas por orden de dos jueces desde septiembre de 2013. Los pinchazos, que afectan a dos teléfonos móviles de Sarkozy (uno normal y otro clandestino), tratan de averiguar si un magistrado del Tribunal Supremo, Gilbert Azibert, sospechoso de haber informado a Sarkozy sobre la evolución del caso Liliane Bettencourt, ha recibido una sinecura en Mónaco gracias a la mediación del exjefe del Estado.
Los jueces, que han abierto una investigación contra Sarkozy y su entorno por violación del secreto judicial y tráfico de influencias, ordenaron intervenir los teléfonos del añorado exlíder de la derecha francesa ante las sospechas de que el alto miembro del Tribunal Supremo informó desde dentro al abogado de Sarkozy sobre varios procesos que le afectan.
El cerco judicial comenzó en abril de 2013, con el inicio de la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de Sarkozy en 2007 por parte del difunto dictador libio Muamar el Gadafi. Tras varios meses de instrucción, los jueces Serge Tournaire y René Grouman deciden en septiembre pasado pinchar los teléfonos del expresidente, de Guéant y de Hortefeux. En diciembre de 2013, Le Monde publica extractos de una conversación entre Hortefeux y el exjefe de la Policía Judicial de París, Christian Flaesch. Las escuchas demuestran sus estrechos lazos y desembocan en el cese del dirigente policial.
El sistema Sarkozy se pone en guardia, y el expresidente comienza a mostrarse reservado y lacónico cuando habla desde su teléfono oficial. Los jueces descubren que Sarkozy dispone de un segundo móvil, registrado con nombre falso. Y ponen también esa línea bajo vigilancia. Las escuchas revelan que Sarkozy llama a menudo a otro móvil comprado con una identidad ficticia: el aparato pertenece a su abogado, Thierry Herzog.
En ese momento, entra en el juego el Tribunal Supremo, que debe decidir si las agendas privadas y oficiales de Sarkozy pueden ser usadas como prueba en el sumario del caso Bettencourt, en el que el presidente es sospechoso de haber abusado de la confianza de la dueña del imperio L’Oréal para obtener fondos electorales de forma ilegal. Las agendas son decisivas también para el caso Bernard Tapie, porque muestran que Sarkozy se reunió varias veces con el empresario antes de aprobar el arbitraje privado que acabaría castigando al Estado a abonar a Tapie una indemnización de 403 millones de euros para zanjar su conflicto con el banco Crédit Lyonnais. En ese sumario hay ya seis personas imputadas por estafa en banda organizada.
Según Le Monde, las conversaciones entre Sarkozy y su abogado muestran que los dos estaban muy bien informados sobre los movimientos del Supremo gracias a Gilbert Azibert, juez de la sala de lo civil y viejo miembro de la derecha judicial al que Sarkozy nombró en 2008 secretario general de la Cancillería. Azibert tiene acceso a la red digital del alto tribunal, e informa puntualmente al abogado de Sarkozy de cómo van las cosas.
Un día, Herzog llama a Sarkozy y le confía que Azibert estaría encantado de ascender antes de jubilarse. El magistrado se postula para un puesto de consejero de Estado en Mónaco, y pide al expresidente, que a su vez es miembro vitalicio del Consejo de Estado francés, que interceda por él. Coincidencia o no, Sarkozy pasa sus vacaciones de febrero, con su familia en Mónaco, donde se somete a una cura termal en el lujoso Hotel de París. Su abogado le visita. Los jueces sospechan que ambos pudieron aprovechar el viaje para enchufar al juez Azibert ante las autoridades del Principado. Herzog lo niega y asegura que el escándalo es una maniobra política para frenar la vuelta de Sarkozy.
El 4 de marzo, esta misma semana, los acontecimientos se precipitan. En paralelo a la noticia de que Patrick Buisson, el exasesor favorito de Sarkozy, había grabado cientos de horas de conversaciones privadas y políticas en el Elíseo, los magistrados que investigan a Sarkozy y compañía ordenan una espectacular ronda de redadas. Las casas y los despachos de Herzog y Azibert son peinados a conciencia. La policía se lleva los dos móviles del letrado de Sarkozy, tres cartas y unos billetes de avión a Niza, y examinan los correos electrónicos que Herzog ha intercambiado con el exjefe del Estado.
En el Tribunal Supremo, la expectación se mezcla ahora con el miedo. Varios magistrados pueden ser llamados a declarar en los próximos días por los investigadores. El escándalo no ha hecho más que empezar. Pero, de affaire en affaire, el regreso de Sarkozy a la política activa parece ponerse cada día más complicado.
