García acusa a la 'megacomisión' de dañar su imagen
El expresidente de Perú Alan García (1985-1990; 2006-2011) ha arremetido este lunes contra los miembros de la comisión que le investigan por supuestas irregularidades y diversos delitos de malversación de fondos y corrupción y les ha acusado de querer dañar su imagen con el único fin de "impedir una posible candidatura".
García ha utilizado una tribuna de opinión en el periódico peruano 'El Comercio' para asegurar que las autoridades carecen de argumentos fiables para sostener ningún tipo de acusación contra él, después de que la semana pasada haya sido señalado como responsable de al menos nueve delitos contra las leyes del país.
La conocida como 'megacomisión', un equipo de trabajo dirigido por el portavoz del Gobierno, Sergio Tejada, recomendó acusar a García de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y omisión de funciones, entre otros delitos.
A través de las páginas de este periódico peruano, García ha intentado desmentir cada una de esas imputaciones, explicando y argumentando las decisiones tomadas en cada uno de los casos por los que está siendo investigado.
CASO BTR
La empresa Business Track (BTR) estuvo implicada en las acciones de espionaje telefónico de las que salieron los llamados 'petroaudios', en los que se hablaba de negociaciones irregulares por parte de algunos miembros del Gobierno y del Partido Aprista a fin de gestionar licitaciones y negocios en favor de la petrolera noruega Discover Petroleum.
La 'megacomisión' acusa a García de injerencia política y tráfico de influencias, pero éste se defiende alegando que en 2012 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema estipuló que la Policía Nacional, bajo petición de la Fiscalía, no encontró "indicadores objetivos y acreditados" que indicasen "una reprochable manipulación política", ha manifestado citando el fallo judicial.
En ese sentido, también ha querido recordar que no permitió de manera ilegal la entrada de un equipo de la Fiscalía a un edificio de la Marina para investigar esta red de espionaje, sino que lo hizo bajo el amparo que le ofrece el artículo 159 de la Constitución. "De haberme opuesto a ello, hubiera cometido el delito de encubrimiento", ha matizado García.
PROGRAMA 'AGUA PARA TODOS'
La comisión de Anticorrupción también le investiga por supuestas ilegalidades en el plan 'Agua Para Todos', en donde García habría declarado una situación de emergencia que no era tal para poder manejar recursos económicos sin control
García ha argumentado que dicha ley no es un delito, como tampoco lo es declarar decretos de urgencia, más si son aprobados por la Cámara Baja. En caso de que lo fueran, ha dicho, "el Congreso y el Tribunal Constitucional que no los invalidó también deberían ser acusados".
CASO 'COLEGIOS EMBLEMÁTICOS'
La legislación de emergencia decretada por el Gobierno para la reconstrucción de escuelas en mal estado también ha sido señalado por la 'megacomisión' como un mecanismo de enriquecimiento ilícito por parte de García, quien junto con otros ministros habría otorgado contratos públicos a empresas con las que de alguna manera estaban relacionados.
García ha calificado de "falsas" las acusaciones de asociación ilícita para delinquir y de malversación de fondos, amén de otras muchas que pesan sobre él, señalando que el actual Gobierno se sirve de este plan para seguir reconstruyendo centros de enseñanza.
LOS 'NARCOINDULTOS'
García, dentro de ese amplio compendio de diversas acusaciones a las que tiene que hacer frente, también ha sido señalado por su supuesto trato de favor penitenciario a delincuentes acusados de tráfico de drogas a cambio de favores.
El expresidente peruano ha mostrado algunos datos de su administración en relación a la lucha contra el narcotráfico para ilustrar su defensa y ha expresado que los delitos de corrupción que se puedan demostrar contra "funcionarios menores" no deben involucrar a la figura que ostente la Presidencia, pues éstos no deben responder ante las faltas de sus "subordinados".
"De 30.000 solicitudes de indulto y reducción de pena solo se atendieron 5.000. El número de los involucrados en tráfico de drogas se debe a que es el segundo delito en número de internos en el país (27 por ciento del total)", ha explicado García, quien ha matizado que "en todos los casos se contaron con los informes médicos, penitenciarios y del Ministerio de Justicia".
En ese sentido, García ha recordado que la Fiscalía General ya se pronunció a este respecto tras rechazar una denuncia de Anticorrupción, afirmando que "no existe elemento probatorio alguno" que le implique en "actos delictivos", como tampoco en ninguna "red delictiva".
