Abren otro caso por muertes en hotel Las Américas y la ONU monitorea
Santa Cruz, Erbol
El fiscal del caso de supuesto terrorismo I y II, Sergio Céspedes, reveló que en la División Homicidios de Santa Cruz se abrió la investigación por las muertes de Michael Dwyer, Árpád Magyarosi y Eduardo Rózsa Flores, ocurridas en abril de 2009 presuntamente en el hotel Las Américas.
“En Santa Cruz se ha abierto caso por la muerte de estos ciudadanos. Y en forma separada se desarrolló la investigación por el delito de terrorismo y alzamiento armado”, explicó en entrevista con la Red ERBOL.
De acuerdo al representante del Ministerio Público, se abrió este caso debido a que la mayoría de los implicados aseguraron en sus declaraciones que los fallecidos fueron ejecutados y no muertos en un intercambio de fuego, como lo afirma el Gobierno.
Al respecto, el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Dennis Racicot, señaló que el Relator Especial Sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias está haciendo un seguimiento “riguroso” sobre este caso en especial.
En septiembre de 2012, el titular de la Relatoría, Christof Heys, envío una carta al presidente Evo Morales en la cual expresa su preocupación porque, según la información que recibió, Dwyer recibió cuatro disparos cuando estaba ya incapacitado para manejar un arma.
“El Sr. Dywer habría recibido un primer disparo en la parte superior del pecho el cual habría sido suficiente para incapacitarlo. Posteriormente, habría sido disparado otras cuatro veces más en la parte superior izquierda de la espalda mientras yacía boca abajo en el suelo”, dice la misiva.
Heyns hizo esta observación luego de reunirse con la familia del irlandés, quien le presentó estudios forenses al respecto.
La respuesta del Gobierno a esta inquietud señala que “no podría afirmarse el supuesto de los disparos al señor Dwyer, ya incapacitado en el suelo, las investigaciones refieren que existió un enfrentamiento que provocó disparos en demasía”.
La familia del fallecido ahora sustenta su duda en la declaración que habría hecho Elot Toazo en la cual se afirma que Dwyer fue ejecutado en el aeropuerto de Viru Viru, antes decían que había muerto mientras dormía.
Otros controles
Racicot indicó, además, que el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial Sobre la Independencia de Jueces y Abogados tambien abordaron diferentes aspectos del caso de supuesto terrorismo.
En cuanto al Grupo de Trabajo, recordó que en 2011 emitió una deción que declaraba “arbitraria” la detención de Elot Toazo, aprehendido en el Hotel Las Américas.
En la misma resolución, se recomienda al Estado boliviano que se le otorgue diferentes medidas cautelares a este detenido y que su caso hasta merecía medidas de reparación.
La carta de UN
Si bien ayer Antonino di Leo había afirmado que la ONU no puede intervenir en el caso, como lo pidió Unidad Nacional (UN), Racicot sostuvo que la organización internacional ya está monitoreando el proceso con estos controles, aunque aclaró que no puede hacer investigaciones penales al respecto, porque esa es función del Estado.
“Nuestra oficina no puede llevar a cabo investigaciones penales paralelas a la justicia boliviana porque la función punitiva debe ser ejercida exclusivamente por el Estado”, subrayó.
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El fiscal del caso de supuesto terrorismo I y II, Sergio Céspedes, reveló que en la División Homicidios de Santa Cruz se abrió la investigación por las muertes de Michael Dwyer, Árpád Magyarosi y Eduardo Rózsa Flores, ocurridas en abril de 2009 presuntamente en el hotel Las Américas.
“En Santa Cruz se ha abierto caso por la muerte de estos ciudadanos. Y en forma separada se desarrolló la investigación por el delito de terrorismo y alzamiento armado”, explicó en entrevista con la Red ERBOL.
De acuerdo al representante del Ministerio Público, se abrió este caso debido a que la mayoría de los implicados aseguraron en sus declaraciones que los fallecidos fueron ejecutados y no muertos en un intercambio de fuego, como lo afirma el Gobierno.
Al respecto, el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Dennis Racicot, señaló que el Relator Especial Sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias está haciendo un seguimiento “riguroso” sobre este caso en especial.
En septiembre de 2012, el titular de la Relatoría, Christof Heys, envío una carta al presidente Evo Morales en la cual expresa su preocupación porque, según la información que recibió, Dwyer recibió cuatro disparos cuando estaba ya incapacitado para manejar un arma.
“El Sr. Dywer habría recibido un primer disparo en la parte superior del pecho el cual habría sido suficiente para incapacitarlo. Posteriormente, habría sido disparado otras cuatro veces más en la parte superior izquierda de la espalda mientras yacía boca abajo en el suelo”, dice la misiva.
Heyns hizo esta observación luego de reunirse con la familia del irlandés, quien le presentó estudios forenses al respecto.
La respuesta del Gobierno a esta inquietud señala que “no podría afirmarse el supuesto de los disparos al señor Dwyer, ya incapacitado en el suelo, las investigaciones refieren que existió un enfrentamiento que provocó disparos en demasía”.
La familia del fallecido ahora sustenta su duda en la declaración que habría hecho Elot Toazo en la cual se afirma que Dwyer fue ejecutado en el aeropuerto de Viru Viru, antes decían que había muerto mientras dormía.
Otros controles
Racicot indicó, además, que el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial Sobre la Independencia de Jueces y Abogados tambien abordaron diferentes aspectos del caso de supuesto terrorismo.
En cuanto al Grupo de Trabajo, recordó que en 2011 emitió una deción que declaraba “arbitraria” la detención de Elot Toazo, aprehendido en el Hotel Las Américas.
En la misma resolución, se recomienda al Estado boliviano que se le otorgue diferentes medidas cautelares a este detenido y que su caso hasta merecía medidas de reparación.
La carta de UN
Si bien ayer Antonino di Leo había afirmado que la ONU no puede intervenir en el caso, como lo pidió Unidad Nacional (UN), Racicot sostuvo que la organización internacional ya está monitoreando el proceso con estos controles, aunque aclaró que no puede hacer investigaciones penales al respecto, porque esa es función del Estado.
“Nuestra oficina no puede llevar a cabo investigaciones penales paralelas a la justicia boliviana porque la función punitiva debe ser ejercida exclusivamente por el Estado”, subrayó.
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