La Iglesia calla ante la ONU sus abusos
El Vaticano no aporta la información requerida sobre los casos de pederastia en una comparecencia histórica
Admite que hay agresores, “como en otras profesiones”
María R. Sahuquillo
Madrid, El País
La opacidad y el silencio continúan sobre los casos de pederastia cometidos durante años por miembros de la Iglesia católica en todo el mundo. El Vaticano eludió ayer, en una histórica comparecencia pública ante la ONU para tratar el tema de los abusos a menores, dar información detallada sobre los casos investigados o las sanciones impuestas a los responsables. La falta de claridad y las tibias palabras de los miembros de la delegación de la Santa Sede, que por primera vez comparecían ante un organismo público internacional para explicar sus acciones ante el escándalo de abusos que ha dejado tocada a una Iglesia acusada durante décadas de mirar hacia otro lado, contrastan con el discurso más atrevido del papa Francisco que, desde su llegada, ha defendido una cruzada contra la lacra de la pederastia. Un pontífice que —aunque sin mencionar de manera explícita los casos de abusos y refiriéndose también a la corrupción— afirmó ayer en su homilía matutina diaria que hay que sentir “vergüenza” por los escándalos producidos en el seno de la Iglesia.
Denuncias, tribunales y silencio
Los casos de pederastia ocurridos en el seno de la Iglesia suman una larga lista de países. Muchos aún se investigan, otros se acallaron vaciando las arcas católicas y otros, quizá permanecen aún ocultos.
El informe elaborado por la Comisión Investigadora de Abusos De Niños, puesta en marcha en 2000 tras un aluvión de denuncias de abusos a menores cometidos por religiosos de la Iglesia católica irlandesa, concluyó que 35.000 niños fueron agredidos sexualmente entre los años cincuenta y ochenta. Los hechos ocurrieron en instituciones eclesiásticas, una red de reformatorios y escuelas industriales.
En 2007, el entonces arzobispo de Los Ángeles (EE UU) pidió perdón a las víctimas de los abusos sexuales infantiles del clero. En respuesta a las familias de los afectados, la archidiócesis acordó indemnizarles con 508 millones de euros.
El líder de la Iglesia católica alemana, el arzobispo Robert Zollitsch, reconoció en 2010 que las 205 agresiones sexuales, 46 de ellas de jesuitas, han llenado la Iglesia de “pesar, horror y vergüenza”.
En 2012, William Lynn, monseñor de la archidiócesis de Filadelfia, la más grande de Estados Unidos, se convirtió en el primer alto cargo de la Iglesia católica de EE UU condenado por abusos a menores ocurridos en 1992. En aquella época, Lynn era quien asignaba destino a los sacerdotes de esta archidiócesis católica.
El mismo año, la Iglesia de Australia admitió 620 casos de pederastia. Los abusos sexuales cometidos por órdenes religiosas en el Parlamento del Estado de Victoria en 1930 fueron calificados como “horribles y vergonzosos” por el arzobispo de Melbourne Hart.
Sus enviados a la inédita comparecencia ante el Comité de la Convención de Derechos del Niño en Ginebra, donde el Vaticano tenía que dar cuenta del cumplimiento de este tratado vinculante, no fueron tan contundentes. De hecho, el Comité, acusó a la Santa Sede ser “poco transparente” en este tema. Los miembros del Comité —que hará públicas sus conclusiones el 31 de enero— no se mostraron muy satisfechos con las palabras del representante del Vaticano ante la ONU, Silvano Tomasi, que reconoció que entre el clero hay abusadores; aunque matizó que también los hay “entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo”. “Este hecho es especialmente grave” en el seno de la Iglesia, dijo, “ya que estas personas están en posiciones de gran confianza y son llamados a promover y proteger todos los elementos de la persona, como la salud física, emocional y espiritual”.
Aunque habló de las diversas políticas y protocolos de prevención que el Vaticano ha puesto en marcha para frenar este tipo de delitos —entre ellas la creación por Francisco de una comisión específica para evitar que estos crímenes se sigan produciendo—, la delegación vaticana deslizó que los abusos a menores son algo del pasado. Tanto Tomasi como el obispo auxiliar de Malta, Charles Scicluna, el otro representante que participó en la comparecencia de más de seis horas ante los 18 miembros del comité de la ONU, respondieron con evasivas a las agudas e insistentes preguntas de estos expertos sobre los supuestos traslados de diócesis de los responsables de abusos, denunciados por las organizaciones de víctimas, la falta de transparencia en las investigaciones de la propia Iglesia o la respuesta del Vaticano ante estos casos. El mensaje de la Santa Sede fue constante: los religiosos no son funcionarios del Vaticano, dijo Tomasi que argumentó que investigar y juzgar estos delitos corresponde a los Estados donde tuvieron lugar.
Ese discurso ha decepcionado a las organizaciones de víctimas, que lamentaron la falta de claridad sobre las sanciones a los culpables y la reparación a las víctimas. Esperaban que el cambio de rumbo que desde los últimos años de mandato de Benedicto XVI, y sobre todo con Jorge María Bergoglio, se tradujera ayer en algo más que palabras y discursos.
Pero la delegación del Vaticano no aportó apenas luz a las preguntas de los miembros del Comité que, en diciembre tras la presentación del primer informe (atrasado debía ser el quinto) sobre el cumplimiento de la convención firmada en 1990, había requerido más explicaciones sobre las denuncias de abusos a niños.
La investigadora principal sobre derechos humanos del Comité, Sara Oviedo, inquirió a la delegación sobre la “alarmante” frecuencia en la que los religiosos “abusadores” son trasladados a otras áreas, en vez de entregarlos a la policía. Teniendo en cuenta la política de “tolerancia cero” de la Iglesia católica con los abusos, preguntó Oviedo, “¿por qué se hizo esfuerzos por cubrir y ocultar este tipo de casos?”. La delegación negó que la Santa Sede obstaculice las actuaciones de los Estados contra los abusadores —así lo afirmó también Tomasi en Radio Vaticano, donde dijo que ese argumento “no tiene fundamento”—. “Hay instrucciones claras para que estas acciones no se den” dijo Scilcuna, también juez en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dijo que toman nota de las sugerencias del Comité.
Tampoco los requerimientos constantes de Kirsten Sandberg, presidenta del Comité, que repreguntó insistentemente a los representantes vaticanos, tuvieron frutos a la hora de obtener datos sobre las investigaciones de abusos que lleva a cabo el Vaticano. El Vaticano se escuda en el “respeto”, la “protección” y la “privacidad” de las víctimas para mantener en secreto las pesquisas, aunque Tomasi señaló que para 2012 se habían documentado 612 casos de abusos sexuales que involucraban a personal del clero; 418 fueron abusos a menores.
Admite que hay agresores, “como en otras profesiones”
Madrid, El País
La opacidad y el silencio continúan sobre los casos de pederastia cometidos durante años por miembros de la Iglesia católica en todo el mundo. El Vaticano eludió ayer, en una histórica comparecencia pública ante la ONU para tratar el tema de los abusos a menores, dar información detallada sobre los casos investigados o las sanciones impuestas a los responsables. La falta de claridad y las tibias palabras de los miembros de la delegación de la Santa Sede, que por primera vez comparecían ante un organismo público internacional para explicar sus acciones ante el escándalo de abusos que ha dejado tocada a una Iglesia acusada durante décadas de mirar hacia otro lado, contrastan con el discurso más atrevido del papa Francisco que, desde su llegada, ha defendido una cruzada contra la lacra de la pederastia. Un pontífice que —aunque sin mencionar de manera explícita los casos de abusos y refiriéndose también a la corrupción— afirmó ayer en su homilía matutina diaria que hay que sentir “vergüenza” por los escándalos producidos en el seno de la Iglesia.
Denuncias, tribunales y silencio
Los casos de pederastia ocurridos en el seno de la Iglesia suman una larga lista de países. Muchos aún se investigan, otros se acallaron vaciando las arcas católicas y otros, quizá permanecen aún ocultos.
El informe elaborado por la Comisión Investigadora de Abusos De Niños, puesta en marcha en 2000 tras un aluvión de denuncias de abusos a menores cometidos por religiosos de la Iglesia católica irlandesa, concluyó que 35.000 niños fueron agredidos sexualmente entre los años cincuenta y ochenta. Los hechos ocurrieron en instituciones eclesiásticas, una red de reformatorios y escuelas industriales.
En 2007, el entonces arzobispo de Los Ángeles (EE UU) pidió perdón a las víctimas de los abusos sexuales infantiles del clero. En respuesta a las familias de los afectados, la archidiócesis acordó indemnizarles con 508 millones de euros.
El líder de la Iglesia católica alemana, el arzobispo Robert Zollitsch, reconoció en 2010 que las 205 agresiones sexuales, 46 de ellas de jesuitas, han llenado la Iglesia de “pesar, horror y vergüenza”.
En 2012, William Lynn, monseñor de la archidiócesis de Filadelfia, la más grande de Estados Unidos, se convirtió en el primer alto cargo de la Iglesia católica de EE UU condenado por abusos a menores ocurridos en 1992. En aquella época, Lynn era quien asignaba destino a los sacerdotes de esta archidiócesis católica.
El mismo año, la Iglesia de Australia admitió 620 casos de pederastia. Los abusos sexuales cometidos por órdenes religiosas en el Parlamento del Estado de Victoria en 1930 fueron calificados como “horribles y vergonzosos” por el arzobispo de Melbourne Hart.
Sus enviados a la inédita comparecencia ante el Comité de la Convención de Derechos del Niño en Ginebra, donde el Vaticano tenía que dar cuenta del cumplimiento de este tratado vinculante, no fueron tan contundentes. De hecho, el Comité, acusó a la Santa Sede ser “poco transparente” en este tema. Los miembros del Comité —que hará públicas sus conclusiones el 31 de enero— no se mostraron muy satisfechos con las palabras del representante del Vaticano ante la ONU, Silvano Tomasi, que reconoció que entre el clero hay abusadores; aunque matizó que también los hay “entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo”. “Este hecho es especialmente grave” en el seno de la Iglesia, dijo, “ya que estas personas están en posiciones de gran confianza y son llamados a promover y proteger todos los elementos de la persona, como la salud física, emocional y espiritual”.
Aunque habló de las diversas políticas y protocolos de prevención que el Vaticano ha puesto en marcha para frenar este tipo de delitos —entre ellas la creación por Francisco de una comisión específica para evitar que estos crímenes se sigan produciendo—, la delegación vaticana deslizó que los abusos a menores son algo del pasado. Tanto Tomasi como el obispo auxiliar de Malta, Charles Scicluna, el otro representante que participó en la comparecencia de más de seis horas ante los 18 miembros del comité de la ONU, respondieron con evasivas a las agudas e insistentes preguntas de estos expertos sobre los supuestos traslados de diócesis de los responsables de abusos, denunciados por las organizaciones de víctimas, la falta de transparencia en las investigaciones de la propia Iglesia o la respuesta del Vaticano ante estos casos. El mensaje de la Santa Sede fue constante: los religiosos no son funcionarios del Vaticano, dijo Tomasi que argumentó que investigar y juzgar estos delitos corresponde a los Estados donde tuvieron lugar.
Ese discurso ha decepcionado a las organizaciones de víctimas, que lamentaron la falta de claridad sobre las sanciones a los culpables y la reparación a las víctimas. Esperaban que el cambio de rumbo que desde los últimos años de mandato de Benedicto XVI, y sobre todo con Jorge María Bergoglio, se tradujera ayer en algo más que palabras y discursos.
Pero la delegación del Vaticano no aportó apenas luz a las preguntas de los miembros del Comité que, en diciembre tras la presentación del primer informe (atrasado debía ser el quinto) sobre el cumplimiento de la convención firmada en 1990, había requerido más explicaciones sobre las denuncias de abusos a niños.
La investigadora principal sobre derechos humanos del Comité, Sara Oviedo, inquirió a la delegación sobre la “alarmante” frecuencia en la que los religiosos “abusadores” son trasladados a otras áreas, en vez de entregarlos a la policía. Teniendo en cuenta la política de “tolerancia cero” de la Iglesia católica con los abusos, preguntó Oviedo, “¿por qué se hizo esfuerzos por cubrir y ocultar este tipo de casos?”. La delegación negó que la Santa Sede obstaculice las actuaciones de los Estados contra los abusadores —así lo afirmó también Tomasi en Radio Vaticano, donde dijo que ese argumento “no tiene fundamento”—. “Hay instrucciones claras para que estas acciones no se den” dijo Scilcuna, también juez en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dijo que toman nota de las sugerencias del Comité.
Tampoco los requerimientos constantes de Kirsten Sandberg, presidenta del Comité, que repreguntó insistentemente a los representantes vaticanos, tuvieron frutos a la hora de obtener datos sobre las investigaciones de abusos que lleva a cabo el Vaticano. El Vaticano se escuda en el “respeto”, la “protección” y la “privacidad” de las víctimas para mantener en secreto las pesquisas, aunque Tomasi señaló que para 2012 se habían documentado 612 casos de abusos sexuales que involucraban a personal del clero; 418 fueron abusos a menores.
