Un atentado de las FARC tensa el proceso de paz en Colombia
Este sábado un ataque de la guerrilla ha dejado ocho muertos. El presidente Santos califica la acción de "demencial". Gobierno e insurgentes negocian entretanto en Cuba el fin del conflicto
Elizabeth Reyes L.
Bogotá, El País
Mientras las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC avanzan en La Habana, la guerra continúa en Colombia. Aunque parezca una contradicción difícil de entender, así lo asumieron las partes desde el inicio de los diálogos hace más de un año: aunque se estuviese negociando, no habría tregua. Sin embargo, cada nuevo ataque de la guerrilla despierta una ola de indignación nacional.
La madrugada del sábado, presuntos guerrilleros de las FARC atacaron la estación de policía de Inzá, un municipio con más de 30.000 habitantes al oriente del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Según los reportes de las autoridades, ocho personas murieron, entre ellas cinco soldados y un policía. El atentado habría dejado al menos 40 heridos, entre campesinos y policías, que fueron trasladados a centros hospitalarios de las ciudades más cercanas.
La guerrilla habría detonado un coche bomba –un vehículo que estaba cargado con cebollas– y lanzado explosivos artesanales conocidos en Colombia como tatucos sobre la estación de policía del pueblo. Después los autores del atentado huyeron a través de las montañas de las cordilleras Central y Oriental, por donde los están buscando tropas de las brigadas 29 y 9 del Ejército, informaron medios locales.
El Comando de la Tercera División del Ejército explicó que el atentado ocurrió cuando la comunidad de Inzá se preparaba para abrir el mercado campesino por lo que había gran movimiento de personas. “Con este hecho se demuestra claramente que las FARC, de manera sistemática, continúan cometiendo actos de terrorismo contra la población civil, colocando en riesgo su vida e integridad”, dice un comunicado oficial.
El Ejército confirmó los nombres de los uniformados asesinados: el mayor Alexander Vargas Castaño, los tenientes Sergio Prada Limas y Jhon Redondo Moreno, el sargento segundo Andrés Felipe Rodríguez, el soldado Jaime Ernesto Lozada Moreno y el subintendente de la Policía Nacional, Enrique Galinde Martínez. Se suman dos civiles, “al parecer moradores de la región”, dijo el Ejército.
La explosión destruyó por completo la estación de policía que se encuentra en el centro del poblado y causó daños en casas aledañas. “Es un acto terrorista absolutamente irrazonable y reprochable, que estos terroristas refugiándose en las montañas lancen tatucos contra la población civil. Fueron lanzados dos tatucos, destruyeron la estación de policía de Inzá (...), este acto es un acto contra los pobres", dijo Temístocles Ortega, gobernador del Cauca, a medios radiales. La muerte de las ocho personas se habría producido al quedar atrapados bajo los escombros de la estación de policía.
El presidente Juan Manuel Santos también condenó el hecho calificándolo como “realmente demencial”. Luego escribió en su cuenta en Twitter: “Condenamos y repudiamos cobarde ataque en Inzá”. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos –cerca de 24.000 dólares– a quien ofrezca información sobre los responsables del ataque.
El presidente del Congreso, el liberal Juan Fernando Cristo, pidió a las FARC recapacitar sobre este tipo de atentados y les exigió una tregua para el fin de año. “Es una actitud inexplicable e inaceptable de parte de las FARC, hay que rechazar esta clase de atentados mientras se hacen las negociaciones (de paz en La Habana). No se puede escalar de esta manera y tener esta agresividad contra la población civil y contra la fuerza pública”, dijo Cristo a Caracol Radio.
El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, también rechazó el ataque e hizo un llamado para que mantenga a la población civil al margen del conflicto armado, “máxime cuando el país requiere señales claras de reconciliación en medio de un proceso de conversaciones”, dice un comunicado de esa institución donde advierte que hay dificultades de acceder a Inzá por tierra, ya que la guerrilla ha instalado retenes ilegales en la vía.
Esta acción terrorista se da justo un día después de que la policía capturara a Anderson Yonda Cañas alias Pepo, jefe de las llamadas fuerzas especiales del Sexto Frente, grupo al que se le atribuye el atentado. Este año, el 19 de agosto, este frente guerrillero sufrió un duro golpe tras un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía donde murieron dos de sus jefes más importantes conocidos con los alias de El Burro y Jaimito.
Las FARC y el gobierno colombiano han llegado a acuerdos en dos de los seis puntos establecidos en la agenda de negociación –el tema agrario y la participación en política–, y actualmente discuten sobre el problema de las drogas.
Sin embargo, el grupo subversivo ha protagonizado durante 2013 varios ataques que han sido fuertemente repudiados por los colombianos. Uno de los más violentos ocurrió el 25 de agosto, donde 13 militares murieron en Arauca, zona limítrofe con Venezuela. De ahí que en varias ocasiones, diferentes sectores de la sociedad civil hayan insistido en que se pacte un cese al fuego, pero Santos ha sido enfático en decir que no suspenderá las operaciones militares hasta que no se firme el fin del conflicto, que ya completa 50 años.
Bogotá, El País
Mientras las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC avanzan en La Habana, la guerra continúa en Colombia. Aunque parezca una contradicción difícil de entender, así lo asumieron las partes desde el inicio de los diálogos hace más de un año: aunque se estuviese negociando, no habría tregua. Sin embargo, cada nuevo ataque de la guerrilla despierta una ola de indignación nacional.
La madrugada del sábado, presuntos guerrilleros de las FARC atacaron la estación de policía de Inzá, un municipio con más de 30.000 habitantes al oriente del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia. Según los reportes de las autoridades, ocho personas murieron, entre ellas cinco soldados y un policía. El atentado habría dejado al menos 40 heridos, entre campesinos y policías, que fueron trasladados a centros hospitalarios de las ciudades más cercanas.
La guerrilla habría detonado un coche bomba –un vehículo que estaba cargado con cebollas– y lanzado explosivos artesanales conocidos en Colombia como tatucos sobre la estación de policía del pueblo. Después los autores del atentado huyeron a través de las montañas de las cordilleras Central y Oriental, por donde los están buscando tropas de las brigadas 29 y 9 del Ejército, informaron medios locales.
El Comando de la Tercera División del Ejército explicó que el atentado ocurrió cuando la comunidad de Inzá se preparaba para abrir el mercado campesino por lo que había gran movimiento de personas. “Con este hecho se demuestra claramente que las FARC, de manera sistemática, continúan cometiendo actos de terrorismo contra la población civil, colocando en riesgo su vida e integridad”, dice un comunicado oficial.
El Ejército confirmó los nombres de los uniformados asesinados: el mayor Alexander Vargas Castaño, los tenientes Sergio Prada Limas y Jhon Redondo Moreno, el sargento segundo Andrés Felipe Rodríguez, el soldado Jaime Ernesto Lozada Moreno y el subintendente de la Policía Nacional, Enrique Galinde Martínez. Se suman dos civiles, “al parecer moradores de la región”, dijo el Ejército.
La explosión destruyó por completo la estación de policía que se encuentra en el centro del poblado y causó daños en casas aledañas. “Es un acto terrorista absolutamente irrazonable y reprochable, que estos terroristas refugiándose en las montañas lancen tatucos contra la población civil. Fueron lanzados dos tatucos, destruyeron la estación de policía de Inzá (...), este acto es un acto contra los pobres", dijo Temístocles Ortega, gobernador del Cauca, a medios radiales. La muerte de las ocho personas se habría producido al quedar atrapados bajo los escombros de la estación de policía.
El presidente Juan Manuel Santos también condenó el hecho calificándolo como “realmente demencial”. Luego escribió en su cuenta en Twitter: “Condenamos y repudiamos cobarde ataque en Inzá”. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos –cerca de 24.000 dólares– a quien ofrezca información sobre los responsables del ataque.
El presidente del Congreso, el liberal Juan Fernando Cristo, pidió a las FARC recapacitar sobre este tipo de atentados y les exigió una tregua para el fin de año. “Es una actitud inexplicable e inaceptable de parte de las FARC, hay que rechazar esta clase de atentados mientras se hacen las negociaciones (de paz en La Habana). No se puede escalar de esta manera y tener esta agresividad contra la población civil y contra la fuerza pública”, dijo Cristo a Caracol Radio.
El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, también rechazó el ataque e hizo un llamado para que mantenga a la población civil al margen del conflicto armado, “máxime cuando el país requiere señales claras de reconciliación en medio de un proceso de conversaciones”, dice un comunicado de esa institución donde advierte que hay dificultades de acceder a Inzá por tierra, ya que la guerrilla ha instalado retenes ilegales en la vía.
Esta acción terrorista se da justo un día después de que la policía capturara a Anderson Yonda Cañas alias Pepo, jefe de las llamadas fuerzas especiales del Sexto Frente, grupo al que se le atribuye el atentado. Este año, el 19 de agosto, este frente guerrillero sufrió un duro golpe tras un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía donde murieron dos de sus jefes más importantes conocidos con los alias de El Burro y Jaimito.
Las FARC y el gobierno colombiano han llegado a acuerdos en dos de los seis puntos establecidos en la agenda de negociación –el tema agrario y la participación en política–, y actualmente discuten sobre el problema de las drogas.
Sin embargo, el grupo subversivo ha protagonizado durante 2013 varios ataques que han sido fuertemente repudiados por los colombianos. Uno de los más violentos ocurrió el 25 de agosto, donde 13 militares murieron en Arauca, zona limítrofe con Venezuela. De ahí que en varias ocasiones, diferentes sectores de la sociedad civil hayan insistido en que se pacte un cese al fuego, pero Santos ha sido enfático en decir que no suspenderá las operaciones militares hasta que no se firme el fin del conflicto, que ya completa 50 años.
