Surgen contradicciones en comisión que ve caso Apolo
Diferentes versiones surgieron luego del viaje que realizaron por dos días cinco asambleístas –dos opositores y tres oficialistas- a la región de Apolo. Unos hablan de la presencia de extranjeros, una emboscada a efectivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta y la vulneración de los derechos de los cocaleros, otros lo niegan.
El diputado oficialista que preside la Comisión de Derechos Humanos de esa instancia legislativa, Ever Moya, negó rotundamente la participación de súbditos peruanos y colombianos en los hechos luctuosos. También sostuvo que en ningún momento los uniformados agredieron a los pobladores de la zona, aunque admitió la existencia de temor por parte de niños y mujeres.
“Nosotros queremos informar que hemos estado haciendo un seguimiento y no existen estos indicios (sobre participación de extranjeros), seguramente ha sido alguna especulación, pero hemos estado preguntando a las autoridades, a los comunarios, al profesor, a los representantes de la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico, a la Fuerza de Tarea Conjunta, todos ellos manifiestan que no han visto participación de extranjeros”, apuntó.
Según el masista, el viaje se realizó en avioneta y se recabaron al menos 15 entrevistas entre pobladores, erradicadores y personal de la fuerza de lucha contra el narcotráfico (FELCN). Anticipó para dentro de una semana la presentación del informe hacia el pleno del Legislativo.
El también oficialista, Carlos Aparicio, sostuvo que extranjeros participaron de la planificación y el operativo contra la Fuerza de Tarea Conjunta, además de determinar que las armas llegaron desde el Perú. El diputado anticipó la realización de entrevistas con los cocaleros detenidos en Patacamaya.
“La planificación nos hace suponer que existe un asesoramiento extranjero, nos han dicho que existe una conexión de lo ilícito en la plantación de la hoja de coca, se han encontrado pozas de maceración en una ruta hacia la frontera con el Perú, entonces existe también interés de parte de grupos criminales del Perú en esta defensa intransigente de las parcelas de coca”, refirió.
Otra versión surge del diputado de Convergencia Nacional, Apolinar Rivera, quien confirmó la vulneración de los derechos humanos de los habitantes. Responsabilizó al gobierno por no tomar en cuenta las previsiones necesarias para evitar la muerte de cuatro personas al existir al menos dos alertas antes de los hechos.
“El día 13 de octubre existe un voto resolutivo de la Federación de Cocaleros de Apolo, donde ellos explican públicamente que no van a permitir el ingreso de los erradicadores y que están armados en su comités de autodefensa. El segundo aviso que se tiene es cuando encapuchados armados detienen una ambulancia y les dicen también que no van a permitir el ingreso de las fuerzas de erradicación. Son dos alarmas que las autoridades del Ejecutivo no toman en cuenta y a pesar de ello ordenan la intervención para erradicar”, lamentó.
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