Ruíz recibió la solicitud de socorro el 8 de septiembre
La Paz, Erbol
La Gobernación, a nombre de su secretario ejecutivo Roberto Ruíz, tomó conocimiento el 8 de septiembre de 2013 sobre la “estafa” que estaba por producirse –estimada en 24 millones de bolivianos– con la solicitud del Prosol en Villamontes, es decir, un mes antes de que estallara el escándalo y se empezaran a tomar “m
edidas urgentes”.
Según el periódico El Nacional, ayer se hicieron públicas cinco cartas oficiales de la responsable del Prosol – Villamontes, Ninoska Ortíz, en la que muestra la presión e incoherencias en las que incurrieron varios altos funcionarios del Gabinete del gobernador Lino Condori. Su última acción fue emitir el 7 de septiembre un pedido de “Auxilio Institucional urgente” ante la falta de respuesta por parte del director del Prosol, Carlos Villavicencio, la cual no fue respondida.
En las cartas, Ortíz explica la presión a la que era sometida para aprobar todas las solicitudes del pueblo Weenhayek, y en general de Villamontes, sin la correspondiente verificación.
La nota de auxilio ya hacía conocer la “situación alarmante” del Prosol por el incremento de comunidades y beneficiarios sin tener correspondencia con el Censo. Además Ortiz explica su negativa para trabajar de la forma como pactaron el director departamental del Prosol, Carlos Villavicencio, y el Capitán Grande de los Weenhayek, Moisés Sapiranda, ya que no se cumplía con el reglamento del programa otorgando privilegios a los indígenas y dificultando la fiscalización.
Según reveló Roberto Ruíz el pasado lunes, la población Weenhayek pasó de 700 familias beneficiadas en 2008, a 1.300 en 2011, 2.700 en 2012 y en 2013 se solicitó para 5.124, a pesar de que el Censo de Población y Vivienda sólo reconoce 3.344 weenhayek en todo el país.
Un mes después de que se conociera la denuncia en el Gabinete y tres días después de que la Gobernación intentara despejar todas las dudas, el director de Transparencia, Gilmar Pairema, comunicó la suspensión de Carlos Villavicencio por incumplimiento de deberes ante “la omisión de no prever estos hechos irregulares”.
Compromiso entre Villavicencio y Sapiranda
Entre la documentación revelada, Ninoska Ortíz evidencia un acta de compromiso firmada entre Carlos Villavicencio y Moisés Sapiranda, antes del 7 de septiembre, en la que este último se responsabiliza a llevar a cabo la “verificación física, técnica y ocular” de las familias beneficiarias del Prosol y si cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento del programa.
En la carta de Ortíz del 30 de agosto a Carlos Villavicencio, revela que cuando le llamó la atención al Capitán por el crecimiento injustificado de comunidades, este indicó que “ya había coordinado con su autoridad (Carlos Villavicencio)”.
Sin embargo, Villavicencio no tomó en cuenta esta situación e instruyó por carta de 5 de septiembre al ejecutivo seccional de Villamontes, Rubén Vaca, para solicitar los desembolsos a 5.819 familias con un monto de 34.9 millones de bolivianos. La nota también especifica que existe una “comisión estimada” de 209 mil bolivianos.
Un mes después, tras conocerse las denuncias públicamente, las autoridades ejecutivas recién tomaron acciones e intervinieron las carpetas del Prosol. Además, el Director de Transparencia comentó que el sector Weenhayek desistió de tomar acciones y solamente emitieron un voto resolutivo “condenando” la estafa departamental. Sapiranda sólo ha cuestionado a sus capitanes y a los administradores del Prosol.
Destituciones
El director de Transparencia, Gilmar Pairema, informó que Carlos Villavicencio presentó sus descargos a la Dirección de Transparencia, pero que poco sirvió, puesto que derivó en su suspensión como director departamental un mes después de las denuncias. También se alejó a Milton Cruz, quien era responsable departamental de Cercado y Villa Montes, y Marcelo Pérez, que era el encargado del área informática.
“Se suspendió a Villavicencio por incumplimiento de deberes ante la omisión de no prever estos hechos irregulares. Las acciones tomadas son claras con denuncias en el Ministerio Público y suspensiones a las autoridades. Son procesos administrativos y legales”, dijo Pairema.
Interpelaciones
El asambleísta Jhonny Torres presentó el planteamiento de interpelación contra la secretaria de Desarrollo Comunitario y Campesino, Nilda Copa, el ex director del Prosol, Carlos Villavicencio, el director de Transparencia, Gilmar Pairema, la encargada del Prosol en Villa Montes, Ninoska Ortiz y a la asesora del Prosol en Villa Montes, Alison Muruchi.
El legislador explicó que se convoca a Copa por ser cabeza del sector y a Pairema porque se presentó a la unidad gestora de Villa Montes el 11 de octubre y le dijo a la directora que “renuncie porque no se llegará a nada y no hay suficientes indicios de corrupción”.
“Cada día se descubre situaciones en el Prosol. Se constará que todo el departamento de Tarija está en la misma situación que Villa Montes. Por ello se hará interpelaciones a todas las autoridades involucradas. Asimismo se presentó un memorial al director de la FELCC para pedir garantías de seguridad porque me amenazan de muerte”, afirmó Torres.
En contraparte, Pairema mencionó que no pidió la renuncia de Ortiz, pero sí recomendó la “suspensión temporal” con la finalidad de precautelar y proteger la información que tiene en su poder.
“Si hay una interpelación contra mi persona me voy a presentar en la Asamblea Departamental. Voy a demostrar las acciones realizadas con relación a los hechos de corrupción en el Prosol”, aseveró Pairema.
Intervención al Prosol
El presidente de la Federación de Profesionales, Federico Flores, solicitó a las autoridades la intervención de forma inmediata de la administración del Prosol por las denuncias ya que puede existir obstaculización. Además pide reorientar el programa a los objetivos para los cuales fue creado.
“Al principio nace la iniciativa con la idea de generar el desarrollo productivo pero perdió el rumbo porque no ayuda al agro. La sociedad no ve resultados ni impactos económicos en los precios de la canasta familiar”, indicó Flores.
Frente a este pedido, la secretaria de Desarrollo Comunitario, Nilda Copa, explicó que las transferencias de recursos al sector campesino fueron aprobadas por ley nacional después de una lucha del sector.
“Si bien hoy hay dificultades, todo está en proceso de investigación y las sanciones serán drásticas a los responsables. No se defenderá a las personas que cometieron delitos y les espera la cárcel, caiga quien caiga”, dijo Copa.
Además destacó el trabajo de comunidades que invirtieron los recursos e incentivaron la producción local. Aseguró que hay 60 comunidades observadas en el departamento, frente a 700 comunidades que están correctamente. De todas maneras, afirmó que el presente año se reducirá las transferencias.
Cabe recordar que en cinco provincias sin contar el Chaco, en la gestión 2012 se beneficiaron con el bono 498 comunidades y un total de 32.208 personas, mientras que, de acuerdo a las solicitudes recibidas, en 2013 se beneficiarán 438 comunidades y 24.776 personas, lo que supone un 24 por ciento de beneficiarios menos.
Sobre las críticas del sector campesino y Weenhayek contra la Gobernación, Copa dijo que son los dirigentes que tienen problemas con el Ejecutivo pero con el sector la relación continuará siempre.
PROTAGONISTAS
Carlos Villavicencio. El ya ex director del Prosol fue destituido en la mañana del miércoles luego de haber estado un mes en el cargo sin atender las demandas de Ninoska Ortíz y haber ordenado el desembolso de recursos sin verificar la existencia de las comunidades cuestionadas. Hace una semana que no hace declaraciones públicas.
Roberto Ruíz. El secretario ejecutivo de la Gobernación recibió un pedido de auxilio el 7 de septiembre, pero la Gobernación no empezó a tomar medidas hasta el mes de octubre. Ruíz develó el pasado lunes varias irregularidades cometidas por indígenas y no indígenas en Villa Montes y comprometió actuar sin contemplaciones.
Gilmar Pairema. El director de Transparencia ha querido mostrar firmeza en el tema, aunque ha tardado cuatro días en anunciar la destitución de Villavicencio pese al riesgo para el proceso. Pairema también viajó el fin de semana a Villa Montes y según Ninoska Ortíz, le pidió la renuncia.
Nilda Copa. La secretaria de Desarrollo Comunitario, de la que pende la unidad del Prosol, ha defendido la utilidad del programa, pese a los cuestionamientos. También ha mostrado un cierto grado de desconocimiento sobre los procedimientos y reglamentos que regulan los desembolsos.
