Quebec protesta contra el ataque de Ottawa contra su derecho a decidir
La Asamblea Nacional de la provincia protesta unánimemente ante la petición de la Fiscalía de podar una ley de 2000
Thiago Ferrer Morini
Madrid, El País
La decisión del Gobierno canadiense de pedir dejar prácticamente sin efecto la llamada Ley 99, que consagra el derecho “inalienable” de los quebequenses “a decidir su régimen político y jurídico”, ha despertado la indignación del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Quebec, que ha votado una declaración unánime en la que condenó la “intrusión” del Gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper. “Este gesto no es sino un intento de negar nuestra historia”, ha afirmado el ministro quebequense de Asuntos Intergubernamentales, Alexandre Cloutier, “de negar nuestra libertad de decidir nuestro futuro como nación”.
El Ejecutivo federal, por su parte, afirma que solo está cumpliendo con su obligación. "Cuando es la ley canadiense la que se pone en consideración, el Gobierno federal debe estar presente", declaró Denis Lebel, lugarteniente del primer ministro para asuntos de la provincia francófona, a la televisión pública Radio-Canada. El miércoles 16, la Fiscalía general de Canadá pidió ante el Tribunal Superior de la provincia sumarse a una demanda para que ese tribunal "interprete la ley 99 de forma que sus atribuciones estén limitadas por los poderes que la Constitución de Canadá otorga a la provincia de Quebec". La demanda también pide que el Tribunal anule las cláusulas de la ley que considere que van más allá de los poderes atribuidos al Parlamento quebequense.
La Ley 99 fue aprobada en 2000 por la Asamblea Nacional, entonces en manos del nacionalista Partido Quebequense (PQ), como contrapunto a la Ley de Claridad, la respuesta de Ottawa a los dos referéndums de autodeterminación celebrados en Quebec, en 1980 y 1995. El “no” a la secesión ganó en ambos plebiscitos, en el segundo de ellos por un estrecho margen de algo más de un punto.
Amparada en una decisión del Tribunal Supremo que exige que cualquier pregunta sobre la secesión de una provincia sea "clara", la Ley de Claridad prohíbe la independencia unilateral de Quebec al afirmar que es el Parlamento federal el que decide si una pregunta es "clara" o no, y, lo que es más importante, al determinar que la secesión de cualquier provincia del país requiere una enmienda constitucional.
La ley 99, por su parte, afirma que "ningún otro parlamento o Gobierno puede (...) contradecir la voluntad democrática del pueblo quebequense a decidir sobre su futuro" y que cualquier opción sometida a referéndum será aprobada "con el 50% más uno" de los votos válidos. La Fiscalía general de Quebec, dependiente del Gobierno provincial, siempre ha afirmado que la ley no valida la secesión por si misma y depende de decisiones "políticas" que la justicia debe estudiar "caso por caso". Se espera que el Tribunal Superior de Quebec estudie la constitucionalidad de la ley el año que viene.
Uno de los autores de la Ley de Claridad, el exlíder del Partido Liberal Stéphane Dion, ha denunciado la “hipocresía” del Gobierno independentista de Quebec. “En público dicen ‘tenemos derecho a la secesión’, pero de cara al juez le quitan valor a su propia ley. Juegan a un doble juego, y eso hay que denunciarlo”.
Después de ser el tema dominante en la política nacional durante las décadas de los 80 y los 90, las ansias de independencia de la segunda provincia más grande de Canadá (y donde vive una cuarta parte de la población del país) ha pasado a ser un tema menor en el mapa político nacional. Según una encuesta publicada en agosto por el diario La Presse, el 60% de los quebequenses votaría "no" en caso de un nuevo referéndum. En 2006, con un Gobierno en minoría dependiente del independentista Bloque Quebequense, Harper hizo aprobar una moción en el Parlamento en el que reconocía que Quebec es "una nación".
La prensa canadiense discrepa sobre los motivos para la sorprendente entrada del Ejecutivo federal en el proceso —la Fiscalía presentó su escrito sin avisar, el mismo día de una importante sesión en el Parlamento—. Mientras algunos han considerado que es un movimiento para dividir a la oposición —Quebec es la base electoral de los tres principales partidos contrarios al primer ministro— otros consideran que es un gesto que refuerza a Harper, acosado por escándalos de corrupción, con vistas al congreso del partido conservador la próxima semana. En Quebec, varios comentaristas de los principales periódicos de la región han afirmado que la decisión de entrar al trapo de la constitucionalidad de la ley 99 es un "regalo" para los independentistas.
A pesar de que la declaración de la Asamblea Nacional fue aprobada por unanimidad, la oposición al Ejecutivo independentista —que gobierna en minoría— ha recordado que la ley 99 no recibió el apoyo indiscutido del Parlamento regional. "Si hoy nuestro derecho a decidir se pone en duda ante los tribunales", señaló el portavoz parlamentario del Partido Liberal, Pierre Moreau, "es porque en su día el Partido Quebequense aprobó una ley partidista que da alas a los movimientos secesionistas".
Madrid, El País
La decisión del Gobierno canadiense de pedir dejar prácticamente sin efecto la llamada Ley 99, que consagra el derecho “inalienable” de los quebequenses “a decidir su régimen político y jurídico”, ha despertado la indignación del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Quebec, que ha votado una declaración unánime en la que condenó la “intrusión” del Gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper. “Este gesto no es sino un intento de negar nuestra historia”, ha afirmado el ministro quebequense de Asuntos Intergubernamentales, Alexandre Cloutier, “de negar nuestra libertad de decidir nuestro futuro como nación”.
El Ejecutivo federal, por su parte, afirma que solo está cumpliendo con su obligación. "Cuando es la ley canadiense la que se pone en consideración, el Gobierno federal debe estar presente", declaró Denis Lebel, lugarteniente del primer ministro para asuntos de la provincia francófona, a la televisión pública Radio-Canada. El miércoles 16, la Fiscalía general de Canadá pidió ante el Tribunal Superior de la provincia sumarse a una demanda para que ese tribunal "interprete la ley 99 de forma que sus atribuciones estén limitadas por los poderes que la Constitución de Canadá otorga a la provincia de Quebec". La demanda también pide que el Tribunal anule las cláusulas de la ley que considere que van más allá de los poderes atribuidos al Parlamento quebequense.
La Ley 99 fue aprobada en 2000 por la Asamblea Nacional, entonces en manos del nacionalista Partido Quebequense (PQ), como contrapunto a la Ley de Claridad, la respuesta de Ottawa a los dos referéndums de autodeterminación celebrados en Quebec, en 1980 y 1995. El “no” a la secesión ganó en ambos plebiscitos, en el segundo de ellos por un estrecho margen de algo más de un punto.
Amparada en una decisión del Tribunal Supremo que exige que cualquier pregunta sobre la secesión de una provincia sea "clara", la Ley de Claridad prohíbe la independencia unilateral de Quebec al afirmar que es el Parlamento federal el que decide si una pregunta es "clara" o no, y, lo que es más importante, al determinar que la secesión de cualquier provincia del país requiere una enmienda constitucional.
La ley 99, por su parte, afirma que "ningún otro parlamento o Gobierno puede (...) contradecir la voluntad democrática del pueblo quebequense a decidir sobre su futuro" y que cualquier opción sometida a referéndum será aprobada "con el 50% más uno" de los votos válidos. La Fiscalía general de Quebec, dependiente del Gobierno provincial, siempre ha afirmado que la ley no valida la secesión por si misma y depende de decisiones "políticas" que la justicia debe estudiar "caso por caso". Se espera que el Tribunal Superior de Quebec estudie la constitucionalidad de la ley el año que viene.
Uno de los autores de la Ley de Claridad, el exlíder del Partido Liberal Stéphane Dion, ha denunciado la “hipocresía” del Gobierno independentista de Quebec. “En público dicen ‘tenemos derecho a la secesión’, pero de cara al juez le quitan valor a su propia ley. Juegan a un doble juego, y eso hay que denunciarlo”.
Después de ser el tema dominante en la política nacional durante las décadas de los 80 y los 90, las ansias de independencia de la segunda provincia más grande de Canadá (y donde vive una cuarta parte de la población del país) ha pasado a ser un tema menor en el mapa político nacional. Según una encuesta publicada en agosto por el diario La Presse, el 60% de los quebequenses votaría "no" en caso de un nuevo referéndum. En 2006, con un Gobierno en minoría dependiente del independentista Bloque Quebequense, Harper hizo aprobar una moción en el Parlamento en el que reconocía que Quebec es "una nación".
La prensa canadiense discrepa sobre los motivos para la sorprendente entrada del Ejecutivo federal en el proceso —la Fiscalía presentó su escrito sin avisar, el mismo día de una importante sesión en el Parlamento—. Mientras algunos han considerado que es un movimiento para dividir a la oposición —Quebec es la base electoral de los tres principales partidos contrarios al primer ministro— otros consideran que es un gesto que refuerza a Harper, acosado por escándalos de corrupción, con vistas al congreso del partido conservador la próxima semana. En Quebec, varios comentaristas de los principales periódicos de la región han afirmado que la decisión de entrar al trapo de la constitucionalidad de la ley 99 es un "regalo" para los independentistas.
A pesar de que la declaración de la Asamblea Nacional fue aprobada por unanimidad, la oposición al Ejecutivo independentista —que gobierna en minoría— ha recordado que la ley 99 no recibió el apoyo indiscutido del Parlamento regional. "Si hoy nuestro derecho a decidir se pone en duda ante los tribunales", señaló el portavoz parlamentario del Partido Liberal, Pierre Moreau, "es porque en su día el Partido Quebequense aprobó una ley partidista que da alas a los movimientos secesionistas".
