La Cámara aprueba pagar a los trabajadores afectados por el cierre
La Casa Blanca respalda la medida y no tendrá problemas para pasar en el Senado
El Pentágono decide reintegrar a parte de la plantilla civil suspendida
Yolanda Monge
Washington, El País
Cuando el cierre de la Administración ha entrado en su quinto día y las posiciones entre las partes están cada vez más enconadas, los congresistas han logrado ponerse de acuerdo en un punto: por 470 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Representantes ha aprobado una ley que garantizará que los 800.000 empleados federales que se han visto obligados a dejar sus puestos de trabajo –o a permanecer pero sin cobrar- recibirán su cheque.
La Casa Blanca ya adelantó el viernes que apoyaría la medida y se da por hecho que el Senado la aprobará también. Lo que sigue sin tener fecha es cuándo será efectiva y los trabajadores podrán cobrar.
Para los funcionarios civiles del Pentágono, sin embargo, sí parece que ha terminado la incertidumbre sobre su futuro. Este sábado, el Departamento de Defensa anunciaba que ha decidido reincorporar a la mayoría de los 400.000 empleados civiles que habían permanecían en sus casas desde que comenzara el cierre de la Administración. El Pentágono ha decidido adoptar esta medida en virtud de una interpretación legal de la Ley de Pago a Nuestros Militares, que la Administración Obama aprobó días antes de la entrada en vigor de la parálisis para asegurar los salarios al personal militar del Departamento de Defensa.
En la norma hay una alusión bastante genérica que exime del cese a los trabajadores civiles que apoyen de manera directa al Ejército y que es a la que se han aferrado los servicios jurídicos para avalar la decisión de terminar con el cese temporal obligado de la mayor parte de la plantilla civil. El titular de Defensa, Chuck Hagel, ya advirtió el mismo martes en el que comenzó el secuestro que está estudiando la viabilidad legal de eximir a los funcionarios civiles del Pentágono de la suspensión. Aunque no se ha especificado cuántos vayan a reincorporarse, la decisión aliviará, sin duda, la parálisis administrativa en EE UU.
La paralización de la Administración desde el pasado1 de octubre es la consecuencia de la negativa de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes a aprobar fondos para el Gobierno federal a menos que se despoje de fondos la reforma sanitaria promulgada por el presidente Barack Obama en 2010, aprobada por ambas Cámaras del Congreso y declarada constitucional por el Tribunal Supremo y que acaba de entrar en su fase decisiva.
“Lo que está pasando no es culpa de ellos [de los empleados] y por tanto no deberían de sufrir las consecuencias”, ha declarado el representante por Maryland Elijah Cummings. “Esta ley es lo menos que podemos hacer. Nuestros esforzados funcionarios no deberían de convertirse en daño colateral de los juegos políticos y guerras ideológicas desatadas por los republicanos”.
Por su parte, Michael Turner, representante republicano por Ohio, insistió en la misma idea y añadió que los funcionarios no tendrían que estar preocupados por si van a poder pagar sus facturas mientras el Congreso y la Casa Blanca siguen peleándose
“Pongan fin a esta farsa y terminen la paralización” del Gobierno, votando una asignación de fondos sin condiciones, ha reclamado el presidente Barack Obama a través de su habitual discurso radiofónico de los sábados. “El Senado ya lo ha hecho y hay en la Cámara de Representantes suficientes votos republicanos para hacer lo mismo", ha añadido Obama.
Nunca antes se vivió una brecha tan grande como ahora entre la Casa Blanca y los demócratas con el Partido Republicano, secuestrado por una pequeña facción que tiene como bandera acabar con el sistema sanitario de Obama a cualquier precio. En medio, el republicano John Boehner, presidente de la Cámara, no es capaz de dar un golpe de timón y enfrentarse a esos miembros del extremista Tea Party para no despertar, aún más, su ira.
El Congreso de EEUU no ha aprobado un presupuesto completo desde que Obama llegó a la Casa Blanca en 2009 y el Gobierno Federal ha seguido funcionando con leyes de asignación parciales, un mecanismo que se ha aplicado más de un centenar de veces desde el último cierre del Gobierno en 1996.
Pero en esta ocasión, la facción republicana más radical no parece dispuesta a aprobar un presupuesto temporal, ni tampoco a incrementar el límite de endeudamiento público -que se alcanzará en unos diez días-, a menos que la Casa Blanca y los demócratas accedan a modificar, suspender o retrasar elementos esenciales de la conocida como Obamacare.
Respecto al techo de la deuda, al que se llegará en menos de dos semanas según el Departamento del Teroro, Obama ha declarado en su mensaje radiofónico que espera que no haya que llegar a eso ya que hay indicios de que Boehner está dispuesto a asegurar que el país no entre en suspensión de pagos.
"El pueblo de Estados Unidos no quiere que su gobierno deje de operar, y yo tampoco", dijo Boehner el pasado viernes. "Todo lo que pedimos es que nos sentemos y tengamos una discusión justa que permita reabrir el gobierno. Es tan simple como eso. Pero todo tiene que comenzar con una simple discusión".
Pero Obama ha repetido una infinidad de veces que la reforma sanitaria es inviolable y que no negociará una medida de financiación temporal de gastos o el límite de la deuda, alegando que el Congreso debe enviarle leyes libres de exigencias republicanas, aprobar un presupuesto y pagar las facturas, como ordena la Constitución.
El Pentágono decide reintegrar a parte de la plantilla civil suspendida
Washington, El País
Cuando el cierre de la Administración ha entrado en su quinto día y las posiciones entre las partes están cada vez más enconadas, los congresistas han logrado ponerse de acuerdo en un punto: por 470 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Representantes ha aprobado una ley que garantizará que los 800.000 empleados federales que se han visto obligados a dejar sus puestos de trabajo –o a permanecer pero sin cobrar- recibirán su cheque.
La Casa Blanca ya adelantó el viernes que apoyaría la medida y se da por hecho que el Senado la aprobará también. Lo que sigue sin tener fecha es cuándo será efectiva y los trabajadores podrán cobrar.
Para los funcionarios civiles del Pentágono, sin embargo, sí parece que ha terminado la incertidumbre sobre su futuro. Este sábado, el Departamento de Defensa anunciaba que ha decidido reincorporar a la mayoría de los 400.000 empleados civiles que habían permanecían en sus casas desde que comenzara el cierre de la Administración. El Pentágono ha decidido adoptar esta medida en virtud de una interpretación legal de la Ley de Pago a Nuestros Militares, que la Administración Obama aprobó días antes de la entrada en vigor de la parálisis para asegurar los salarios al personal militar del Departamento de Defensa.
En la norma hay una alusión bastante genérica que exime del cese a los trabajadores civiles que apoyen de manera directa al Ejército y que es a la que se han aferrado los servicios jurídicos para avalar la decisión de terminar con el cese temporal obligado de la mayor parte de la plantilla civil. El titular de Defensa, Chuck Hagel, ya advirtió el mismo martes en el que comenzó el secuestro que está estudiando la viabilidad legal de eximir a los funcionarios civiles del Pentágono de la suspensión. Aunque no se ha especificado cuántos vayan a reincorporarse, la decisión aliviará, sin duda, la parálisis administrativa en EE UU.
La paralización de la Administración desde el pasado1 de octubre es la consecuencia de la negativa de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes a aprobar fondos para el Gobierno federal a menos que se despoje de fondos la reforma sanitaria promulgada por el presidente Barack Obama en 2010, aprobada por ambas Cámaras del Congreso y declarada constitucional por el Tribunal Supremo y que acaba de entrar en su fase decisiva.
“Lo que está pasando no es culpa de ellos [de los empleados] y por tanto no deberían de sufrir las consecuencias”, ha declarado el representante por Maryland Elijah Cummings. “Esta ley es lo menos que podemos hacer. Nuestros esforzados funcionarios no deberían de convertirse en daño colateral de los juegos políticos y guerras ideológicas desatadas por los republicanos”.
Por su parte, Michael Turner, representante republicano por Ohio, insistió en la misma idea y añadió que los funcionarios no tendrían que estar preocupados por si van a poder pagar sus facturas mientras el Congreso y la Casa Blanca siguen peleándose
“Pongan fin a esta farsa y terminen la paralización” del Gobierno, votando una asignación de fondos sin condiciones, ha reclamado el presidente Barack Obama a través de su habitual discurso radiofónico de los sábados. “El Senado ya lo ha hecho y hay en la Cámara de Representantes suficientes votos republicanos para hacer lo mismo", ha añadido Obama.
Nunca antes se vivió una brecha tan grande como ahora entre la Casa Blanca y los demócratas con el Partido Republicano, secuestrado por una pequeña facción que tiene como bandera acabar con el sistema sanitario de Obama a cualquier precio. En medio, el republicano John Boehner, presidente de la Cámara, no es capaz de dar un golpe de timón y enfrentarse a esos miembros del extremista Tea Party para no despertar, aún más, su ira.
El Congreso de EEUU no ha aprobado un presupuesto completo desde que Obama llegó a la Casa Blanca en 2009 y el Gobierno Federal ha seguido funcionando con leyes de asignación parciales, un mecanismo que se ha aplicado más de un centenar de veces desde el último cierre del Gobierno en 1996.
Pero en esta ocasión, la facción republicana más radical no parece dispuesta a aprobar un presupuesto temporal, ni tampoco a incrementar el límite de endeudamiento público -que se alcanzará en unos diez días-, a menos que la Casa Blanca y los demócratas accedan a modificar, suspender o retrasar elementos esenciales de la conocida como Obamacare.
Respecto al techo de la deuda, al que se llegará en menos de dos semanas según el Departamento del Teroro, Obama ha declarado en su mensaje radiofónico que espera que no haya que llegar a eso ya que hay indicios de que Boehner está dispuesto a asegurar que el país no entre en suspensión de pagos.
"El pueblo de Estados Unidos no quiere que su gobierno deje de operar, y yo tampoco", dijo Boehner el pasado viernes. "Todo lo que pedimos es que nos sentemos y tengamos una discusión justa que permita reabrir el gobierno. Es tan simple como eso. Pero todo tiene que comenzar con una simple discusión".
Pero Obama ha repetido una infinidad de veces que la reforma sanitaria es inviolable y que no negociará una medida de financiación temporal de gastos o el límite de la deuda, alegando que el Congreso debe enviarle leyes libres de exigencias republicanas, aprobar un presupuesto y pagar las facturas, como ordena la Constitución.
