El Parlamento Europeo pide suspender el envío de datos bancarios a EE UU
La medida, que no es vinculante, es una represalia ante el espionaje de la NSA en Europa
La Comisión pide a Washington confirmación escrita de que no se ha violado el pacto
Lucía Abellán
Bruselas, El País
El Parlamento Europeo ha elevado la voz para pedir que la Unión Europea se muestre más enérgica frente al espionaje masivo estadounidense. La Eurocámara ha aprobado una resolución que pide suspender el acuerdo de intercambio de datos bancarios, por el que la UE da acceso a la Administración estadounidense a la información de millones de transferencias bancarias en el marco de la lucha contra el terrorismo. Aunque el texto no es vinculante, la Comisión está obligada a estudiar el caso.
El voto constituye una muestra clara del enfado que generan en Bruselas las evasivas de Washington por los casos de espionaje. Aunque el Parlamento Europeo no tiene capacidad para suspender el acuerdo, el gesto consigue poner sobre la mesa un elemento clave en las relaciones transatlánticas: la lucha antiterrorista. Y advierte a Estados Unidos del riesgo de que la Unión Europea pueda decidir cerrar ese canal. Las revelaciones del caso Snowden han situado este instrumento como una de las vías por las que Estados Unidos ha espiado a ciudadanos europeos, con fines distintos a los de la lucha contra el terrorismo.
De momento, la hipótesis parece lejana. La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ya descarta tomar una decisión de ese tipo. “No tenemos evidencias de que el acuerdo haya sido violado, pero todavía esperamos garantías por escrito, que la Comisión ha pedido”, asegura en un comunicado. Los socialistas, promotores de esta iniciativa, consideran, en cambio, que se está utilizando este canal para fines ilícitos. El texto ha sido aprobado por socialistas, liberales y verdes.
La hipótesis no es descabellada. El caso Swift, nombre de la empresa belga que gestiona millones de transferencias bancarias al día y permite acceder a esos datos a la Administración estadounidense, está asociado a la controversia en Bruselas. En 2006 se descubrió que la CIA accedía de forma secreta a esa información —tras los atentados del 11-S y la obsesión por seguir el rastro a los capitales destinados a financiar el terrorismo— y toda la UE exigió explicaciones a Washington. Tras varios enfrentamientos, los dos bloques acordaron un marco de intercambios seguros que tampoco satisfizo del todo.
En 2010 se estableció el marco que existe actualmente, tras un primer intento que el Parlamento Europeo tumbó por no ser suficientemente respetuoso con la privacidad de los europeos. El acuerdo reforzaba mucho más la idea de que los datos suministrados sólo podrían usarse para la lucha contra el terrorismo, obligaba a aplicarles estrictas reglas de protección de datos y fijaba la capacidad de apelar a un juez en caso de que algún ciudadano europeo viese violada su privacidad. Pero las revelaciones del caso Snowden han levantado de nuevo las sospechas sobre un supuesto uso ilegítimo de datos personales de europeos, también en el caso de las transferencias financieras.
La Comisión pide a Washington confirmación escrita de que no se ha violado el pacto
Bruselas, El País
El Parlamento Europeo ha elevado la voz para pedir que la Unión Europea se muestre más enérgica frente al espionaje masivo estadounidense. La Eurocámara ha aprobado una resolución que pide suspender el acuerdo de intercambio de datos bancarios, por el que la UE da acceso a la Administración estadounidense a la información de millones de transferencias bancarias en el marco de la lucha contra el terrorismo. Aunque el texto no es vinculante, la Comisión está obligada a estudiar el caso.
El voto constituye una muestra clara del enfado que generan en Bruselas las evasivas de Washington por los casos de espionaje. Aunque el Parlamento Europeo no tiene capacidad para suspender el acuerdo, el gesto consigue poner sobre la mesa un elemento clave en las relaciones transatlánticas: la lucha antiterrorista. Y advierte a Estados Unidos del riesgo de que la Unión Europea pueda decidir cerrar ese canal. Las revelaciones del caso Snowden han situado este instrumento como una de las vías por las que Estados Unidos ha espiado a ciudadanos europeos, con fines distintos a los de la lucha contra el terrorismo.
De momento, la hipótesis parece lejana. La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ya descarta tomar una decisión de ese tipo. “No tenemos evidencias de que el acuerdo haya sido violado, pero todavía esperamos garantías por escrito, que la Comisión ha pedido”, asegura en un comunicado. Los socialistas, promotores de esta iniciativa, consideran, en cambio, que se está utilizando este canal para fines ilícitos. El texto ha sido aprobado por socialistas, liberales y verdes.
La hipótesis no es descabellada. El caso Swift, nombre de la empresa belga que gestiona millones de transferencias bancarias al día y permite acceder a esos datos a la Administración estadounidense, está asociado a la controversia en Bruselas. En 2006 se descubrió que la CIA accedía de forma secreta a esa información —tras los atentados del 11-S y la obsesión por seguir el rastro a los capitales destinados a financiar el terrorismo— y toda la UE exigió explicaciones a Washington. Tras varios enfrentamientos, los dos bloques acordaron un marco de intercambios seguros que tampoco satisfizo del todo.
En 2010 se estableció el marco que existe actualmente, tras un primer intento que el Parlamento Europeo tumbó por no ser suficientemente respetuoso con la privacidad de los europeos. El acuerdo reforzaba mucho más la idea de que los datos suministrados sólo podrían usarse para la lucha contra el terrorismo, obligaba a aplicarles estrictas reglas de protección de datos y fijaba la capacidad de apelar a un juez en caso de que algún ciudadano europeo viese violada su privacidad. Pero las revelaciones del caso Snowden han levantado de nuevo las sospechas sobre un supuesto uso ilegítimo de datos personales de europeos, también en el caso de las transferencias financieras.
