La venta de alimentos pasados de fecha ya es legal en Grecia
El Gobierno autoriza la comercialización de estos productos por un precio más barato
“No significa que sean peligrosos”, tranquiliza el responsable de Consumo
Mariangela Paone, El País
Un supermercado en el supermercado, donde en estantes separados están, a precio reducido, aquellos alimentos que hasta ahora se hubieran desechado por estar pasados de fecha. Es lo que se permite desde este lunes en Grecia. En un país que ha visto traspasar muchas líneas rojas desde el comienzo de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, la entrada en vigor de la nueva directiva anunciada por el Gobierno hace una semana y que autoriza la venta al pequeño consumidor de productos alimenticios con fecha de consumo preferente caducada ha despertado una fuerte polémica. Hasta el punto de que el secretario de Estado para el Consumo, Yorgos Stergiou, ha tenido que salir al paso de las críticas para garantizar que la decisión no supone un riesgo para la salud pública: “El consumo preferente es un instrumento de seguridad y marketing de los productores, pero no significa en absoluto que el producto no esté bueno o sea peligroso”.
Con la nueva regulación, las tiendas de alimentación y los supermercados podrán poner a la venta a precios rebajados productos no perecederos etiquetados con la indicación de “consumir preferentemente antes de…”. La vida útil comercial se alarga una semana para aquellos que lleven una fecha con día y mes; de un mes para los que estaban marcados con mes y año; y tres meses para los que solo tenían en su envoltorio la indicación del año. La comercialización solo se permite en la venta al por menor y está vetada en restaurantes o bares, con multas que pueden llegar hasta los 5.000 euros por unidad de producto.
La directiva no contradice necesariamente las normas comunitarias, que datan del año 2000. La Comisión Europea diferencia entre el consumo preferente y la fecha de caducidad. Este último concepto será el aplicable en comida muy perecedera, y que por lo tanto su consumo pasado el plazo fijado puede ser peligroso. La industria de alimentación es la que debe decidir si cada producto pertenece a una u otra categoría. La nueva regulación que prepara Bruselas sobre información de productos alimenticios, que entrará en vigor el 13 de diciembre de 2014, mantiene esta distinción. Pero establece que los productos con fecha de caducidad deben considerarse como no seguros una vez que haya pasado la fecha indicada, informa Luis Doncel.
“Creo que es algo que no va a prosperar”, comenta en conversación telefónica desde Atenas Alexandros Theodorides, portavoz de la organización Boroume, una de las iniciativas nacidas a raíz de la crisis para responder a las crecientes necesidades de una población cada vez más empobrecida (el 31% está en riesgo de pobreza y exclusión social, según Eurostat; la tasa de paro supera el 27% y Unicef estima que hay 600.000 niños que viven ya por debajo de la línea de pobreza). Boroume pone en contacto personas o instituciones que necesitan comida con empresas y particulares que pueden ofrecerla. Por eso trata a menudo con los supermercados, intentando poner un freno también al desperdicio de alimentos que se genera normalmente en la gran distribución. “En cuanto leí la noticia pensé que los supermercados no se arriesgarían a comprometer su reputación. Y justo acabo de venir de una reunión con una de las mayores empresas de Grecia y decían que no lo van a hacer”. De hecho el diario ` informaba en su edición en inglés del malestar de las principales cadenas de supermercados que ya han expresado su intención de no ponerlas en marcha porque las consideran contrarias a las políticas de venta. El temor al desprestigio de su propia marca puede ser mayor que los beneficios de la venta de unos productos que de otra forma acabarían en la basura.
“Son productos que se tiran. Pero si se puede alargar ¿en razón de qué entonces se ha puesto la fecha de consumo preferente? Dando por hecho de que se garantice la seguridad alimentaria, nos da un poco la sensación de que es una fecha con la que se ha estado jugando por motivos económicos”, comenta José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de España, que recuerda también las recientes polémicas aquí por el cambio en la fecha de consumo de los yogures, cuya caducidad hasta el pasado marzo estaba establecida por ley. “En el caso de Grecia me parece muy hipócrita lo que están haciendo. Éticamente me resulta rechazable. Vamos a tener comida para pobres y comida para ricos. Y además los que han comprado la comida de primera categoría ya ha pagado la de segunda porque los supermercados cargan en los precios las pérdidas del porcentaje de mermas que prevén”, añade. “La crisis al final lo que está destapando es mucho clasismo”, concluye.
“No significa que sean peligrosos”, tranquiliza el responsable de Consumo
Un supermercado en el supermercado, donde en estantes separados están, a precio reducido, aquellos alimentos que hasta ahora se hubieran desechado por estar pasados de fecha. Es lo que se permite desde este lunes en Grecia. En un país que ha visto traspasar muchas líneas rojas desde el comienzo de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, la entrada en vigor de la nueva directiva anunciada por el Gobierno hace una semana y que autoriza la venta al pequeño consumidor de productos alimenticios con fecha de consumo preferente caducada ha despertado una fuerte polémica. Hasta el punto de que el secretario de Estado para el Consumo, Yorgos Stergiou, ha tenido que salir al paso de las críticas para garantizar que la decisión no supone un riesgo para la salud pública: “El consumo preferente es un instrumento de seguridad y marketing de los productores, pero no significa en absoluto que el producto no esté bueno o sea peligroso”.
Con la nueva regulación, las tiendas de alimentación y los supermercados podrán poner a la venta a precios rebajados productos no perecederos etiquetados con la indicación de “consumir preferentemente antes de…”. La vida útil comercial se alarga una semana para aquellos que lleven una fecha con día y mes; de un mes para los que estaban marcados con mes y año; y tres meses para los que solo tenían en su envoltorio la indicación del año. La comercialización solo se permite en la venta al por menor y está vetada en restaurantes o bares, con multas que pueden llegar hasta los 5.000 euros por unidad de producto.
La directiva no contradice necesariamente las normas comunitarias, que datan del año 2000. La Comisión Europea diferencia entre el consumo preferente y la fecha de caducidad. Este último concepto será el aplicable en comida muy perecedera, y que por lo tanto su consumo pasado el plazo fijado puede ser peligroso. La industria de alimentación es la que debe decidir si cada producto pertenece a una u otra categoría. La nueva regulación que prepara Bruselas sobre información de productos alimenticios, que entrará en vigor el 13 de diciembre de 2014, mantiene esta distinción. Pero establece que los productos con fecha de caducidad deben considerarse como no seguros una vez que haya pasado la fecha indicada, informa Luis Doncel.
“Creo que es algo que no va a prosperar”, comenta en conversación telefónica desde Atenas Alexandros Theodorides, portavoz de la organización Boroume, una de las iniciativas nacidas a raíz de la crisis para responder a las crecientes necesidades de una población cada vez más empobrecida (el 31% está en riesgo de pobreza y exclusión social, según Eurostat; la tasa de paro supera el 27% y Unicef estima que hay 600.000 niños que viven ya por debajo de la línea de pobreza). Boroume pone en contacto personas o instituciones que necesitan comida con empresas y particulares que pueden ofrecerla. Por eso trata a menudo con los supermercados, intentando poner un freno también al desperdicio de alimentos que se genera normalmente en la gran distribución. “En cuanto leí la noticia pensé que los supermercados no se arriesgarían a comprometer su reputación. Y justo acabo de venir de una reunión con una de las mayores empresas de Grecia y decían que no lo van a hacer”. De hecho el diario ` informaba en su edición en inglés del malestar de las principales cadenas de supermercados que ya han expresado su intención de no ponerlas en marcha porque las consideran contrarias a las políticas de venta. El temor al desprestigio de su propia marca puede ser mayor que los beneficios de la venta de unos productos que de otra forma acabarían en la basura.
“Son productos que se tiran. Pero si se puede alargar ¿en razón de qué entonces se ha puesto la fecha de consumo preferente? Dando por hecho de que se garantice la seguridad alimentaria, nos da un poco la sensación de que es una fecha con la que se ha estado jugando por motivos económicos”, comenta José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de España, que recuerda también las recientes polémicas aquí por el cambio en la fecha de consumo de los yogures, cuya caducidad hasta el pasado marzo estaba establecida por ley. “En el caso de Grecia me parece muy hipócrita lo que están haciendo. Éticamente me resulta rechazable. Vamos a tener comida para pobres y comida para ricos. Y además los que han comprado la comida de primera categoría ya ha pagado la de segunda porque los supermercados cargan en los precios las pérdidas del porcentaje de mermas que prevén”, añade. “La crisis al final lo que está destapando es mucho clasismo”, concluye.
