Una juez dictamina que los registros arbitrarios de la Policía de Nueva York son inconstitucionales
Una juez federal ha dictaminado que la práctica de registros y cacheos arbitrarios adoptada por la Policía de Nueva York viola los derechos constitucionales de las minorías, a pesar de las afirmaciones del alcalde y el comisario de la Policía que sostenían que este procedimiento había hecho descender las cifras de crímenes violentos.
La juez ha dictaminado que la Policía ha adoptado una política de "discriminación racial indirecta" estableciendo como objetivos grupos raciales definidos que han dado como resultado la detención "desproporcionada y discriminatoria" de cientos de miles de negros e hispanos. Asimismo, ha advertido de que los más altos funcionarios de la ciudad "han hecho la vista gorda" ante la situación.
"Nadie debería vivir con el miedo de ser detenido cada vez que sale de su casa para realizar las actividades de la vida diaria", ha redactado la juez Shira Scheindlin en su sentencia.
Según Scheindlin, la Policía era consciente de la presión para incrementar el número de detenciones cuando el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, llegó al poder en 2002 y nombró a Raymond Kelly comisario de la Policía.
Como consecuencia de esta presión, los oficiales registraban a jóvenes de minorías en busca de armas o rastros de contrabando antes de dejarlos ir, en lo que según la juez supone una violación de la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a los ciudadanos de registros y detenciones arbitrarias.
Un informe de 2012 de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York demostró el constante aumento de las detenciones policiales a lo largo de los tres mandatos de Bloomberg, con un total de 685.724 detenciones en 2011 frente a las 160.851 de 2003.
Bloomberg y Kelly han defendido esta práctica y han asegurado que ha reducido las cifras de crímenes violentos y ha limitado el número de armas ilegales en las calles de Nueva York.
