Aguas, colas, tasas de congestión y represalias irritan al Reino Unido
Las medidas para "apretar las tuercas" al Peñón han elevado la preocupación en el Reino Unido
Natalia Junquera
Madrid, El País
El embajador británico en España, Giles Paxman, se reunió el pasado martes, a petición propia, con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, en Madrid. Durante el encuentro, según fuentes diplomáticas, el funcionario inglés trasladó al número dos de España sus quejas por las largas colas en los controles españoles en la frontera de Gibraltar y su preocupación por las medidas de mano dura anunciadas por el Gobierno para “apretar las tuercas” al Peñón. Esto es lo que más preocupa ahora al lado británico de la disputa.
Las colas
El pasado 2 de agosto, el Gobierno británico convocó al embajador español en Londres, Federico Trillo, porque quería expresarle su malestar por el incremento de controles en la frontera gibraltareña, que provocaron retrasos de hasta siete horas tanto para entrar como para salir. Trillo no acudió a la cita. Fue su número dos, Ramón Gandarias, quien escuchó las quejas de los británicos. Londres cree que los controles son “desproporcionados” y obedecen a una represalia por el lanzamiento por parte de las autoridades gibraltareñas de 70 bloques de hormigón al mar, que impiden a los españoles pescar en esa zona. Gandarias aseguró que los controles no eran una represalia, sino una obligación, y que si habían aumentado era porque también había subido la entrada de tabaco de contrabando. La Comisión Europea da la razón al Gobierno, al entender que puede realizar esos controles, pero también le ha recordado esta semana que deben ser “proporcionados”.
Una “tasa de congestión”
Entre las medidas de mano dura anunciadas por España en Gibraltar, una de las que más inquieta a los británicos es el cobro de una tasa de 50 euros para entrar o salir del Peñón. El Gobierno español ha encargado a la Abogacía del Estado un informe para estudiar la viabilidad jurídica de esta medida, denominada “tasa de congestión”.
La soberanía
Al conocer las medidas de mano dura contra Gibraltar del Ejecutivo español, un portavoz del Gobierno británicó declaró el pasado 4 de agosto a este diario que Londres tienen la intención de “utilizar todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía británica” sobre el Peñón. “Desde hace mucho tiempo los Gobiernos de Reino Unido y de España tienen posiciones distintas sobre la soberanía en aguas de Gibraltar, que se remontan a varias décadas. Tenemos plena confianza en la soberanía británica sobre todo Gibraltar y sobre las aguas territoriales del Gibraltar británico”, añadió.
Líneas telefónicas
El Gobierno español se plantea revisar las 60.000 líneas telefónicas concedidas al Peñón por el Gobierno de Zapatero y que apenas dejan 4.000 euros anuales en el municipio español de La Línea como “servidumbre de paso”.
Juego ‘online’
En el plan de mano dura del Gobierno con Gibraltar está el propósito de exigir a las empresas de juego online —un sector que ha florecido en Gibraltar en los últimos años— que operen a través de servidores españoles y paguen por los beneficios obtenidos en España.
Madrid, El País
El embajador británico en España, Giles Paxman, se reunió el pasado martes, a petición propia, con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, en Madrid. Durante el encuentro, según fuentes diplomáticas, el funcionario inglés trasladó al número dos de España sus quejas por las largas colas en los controles españoles en la frontera de Gibraltar y su preocupación por las medidas de mano dura anunciadas por el Gobierno para “apretar las tuercas” al Peñón. Esto es lo que más preocupa ahora al lado británico de la disputa.
Las colas
El pasado 2 de agosto, el Gobierno británico convocó al embajador español en Londres, Federico Trillo, porque quería expresarle su malestar por el incremento de controles en la frontera gibraltareña, que provocaron retrasos de hasta siete horas tanto para entrar como para salir. Trillo no acudió a la cita. Fue su número dos, Ramón Gandarias, quien escuchó las quejas de los británicos. Londres cree que los controles son “desproporcionados” y obedecen a una represalia por el lanzamiento por parte de las autoridades gibraltareñas de 70 bloques de hormigón al mar, que impiden a los españoles pescar en esa zona. Gandarias aseguró que los controles no eran una represalia, sino una obligación, y que si habían aumentado era porque también había subido la entrada de tabaco de contrabando. La Comisión Europea da la razón al Gobierno, al entender que puede realizar esos controles, pero también le ha recordado esta semana que deben ser “proporcionados”.
Una “tasa de congestión”
Entre las medidas de mano dura anunciadas por España en Gibraltar, una de las que más inquieta a los británicos es el cobro de una tasa de 50 euros para entrar o salir del Peñón. El Gobierno español ha encargado a la Abogacía del Estado un informe para estudiar la viabilidad jurídica de esta medida, denominada “tasa de congestión”.
La soberanía
Al conocer las medidas de mano dura contra Gibraltar del Ejecutivo español, un portavoz del Gobierno británicó declaró el pasado 4 de agosto a este diario que Londres tienen la intención de “utilizar todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía británica” sobre el Peñón. “Desde hace mucho tiempo los Gobiernos de Reino Unido y de España tienen posiciones distintas sobre la soberanía en aguas de Gibraltar, que se remontan a varias décadas. Tenemos plena confianza en la soberanía británica sobre todo Gibraltar y sobre las aguas territoriales del Gibraltar británico”, añadió.
Líneas telefónicas
El Gobierno español se plantea revisar las 60.000 líneas telefónicas concedidas al Peñón por el Gobierno de Zapatero y que apenas dejan 4.000 euros anuales en el municipio español de La Línea como “servidumbre de paso”.
Juego ‘online’
En el plan de mano dura del Gobierno con Gibraltar está el propósito de exigir a las empresas de juego online —un sector que ha florecido en Gibraltar en los últimos años— que operen a través de servidores españoles y paguen por los beneficios obtenidos en España.
