La larga mano de Nazarbáyev
El dictador de Kazajistán, un país cortejado por su riqueza, logra que Italia y España extraditen a la familia de su principal opositor político y a su guardaespaldas
ONG denuncian las torturas y corrupción rampante del régimen de Nursultán Nazarbáyev que gobierna con mano de hierro desde hace 21 años
José María Irujo
Madrid, El País
No hay un rincón seguro para los opositores del presidente kazajo Nursultán Nazarbáyev. El pasado 31 de mayo, policías armados entraron en un apartamento de Roma y se llevaron a Alma Chalabayeva y a su hija Alua de seis años. Buscaban a su marido Muktar Ablyazov, de 50 años,— oligarca y principal opositor del régimen de Kazajistán—, pero no lo encontraron. Italia expulsó a la familia de Ablyazov y un avión privado de la embajada kazaja las condujo hasta las garras del presidente Nazarbáyev y sus acólitos en Astaná, la capital de esta rica república postsoviética de 2 millones y medio de kilómetros cuadrados, cinco veces España.
En diciembre de 2012 Alexander Pavlov, de 37 años, jefe de la escolta de Ablyazov cayó en un control policial de la estación madrileña de Chamartín. Acababa de bajar de un tren procedente de París y huía de una orden de detención dictada por la Justicia de Kazajistán por los presuntos delitos de estafa y terrorismo. Pavlov solicitó asilo político desde su celda en la prisión de Soto del Real y contrató a una abogado para evitar su extradición, pero tres magistrados de la Audiencia Nacional la acaban de conceder. De nada han servido las advertencias de ONG sobre las torturas y la corrupción rampante del régimen kajazo.
Las vidas de Ablayzov y de su escolta Pavlov, casado con la periodista Shimanskaya y padre de dos niños de 14 y 8 años, parecen paralelas. Ambos huyeron de Kazajistán y se refugiaron en Londres, donde el primero consiguió el estatuto de refugiado político. Ablyazov desapareció cuando fue condenado a 22 meses de prisión en un proceso civil celebrado en el Reino Unido por desacato al tribunal al negarse a declarar quienes manejan sus activos en el banco kazajo BTA Bank del que fue presidente; su guardaespaldas se esfumó hasta tropezar con el control policial en Madrid y descubrir que le perseguían por una supuesta estafa de 22,5 millones de dólares al mismo banco y por preparar un supuesto atentado terrorista que nunca se consumó.
Las autoridades italianas y españolas no han ocultado su interés por entregar a los dos sospechosos. Las ONG sospechan que la larga mano del presidente Nazarbáyev, de 72 años, y los fabulosos negocios que los dos países tienen en Kazajistán explican el largo rosario de irregularidades cometidas para capturar a Ablyazov en Italia. Kazajistán, de 17 millones de habitantes, es el sexto país en recursos naturales y uno de los grandes exportadores de uranio, petróleo, gas natural y algodón. Considerado como la novia más cortejada de Europa, crece a un ritmo trepidante y grandes compañías de ambos países hacen pingües negocios con su régimen cuestionado y corrupto. Su megalómano presidente— Astaná está repleta de sus retratos— tiene una fortuna estimada en 750 millones de euros y ha aprobado una ley que le concede inmunidad hasta su muerte.
La misteriosa detención y extradición de la mujer de Ablyazov y de su hija no fueron casuales. Giuseppe Procaccini, jefe del gabinete del Ministerio del Interior italiano, recibió el pasado 28 de mayo al embajador de Kazajistán, Andrian Yelemessov. El diplomático kazajo pidió la captura del opositor Ablyazov. Tres dias después decenas de policías—un dispositivo desproporcionado— irrumpieron en la casa romana y se las llevaron. Les acusaron de exhibir un pasaporte falso, pero el documento era auténtico y nadie comprobó que Ablyazov tenía estatus de refugiado. El escándalo ha provocado el cese de Procaccini y la comparecencia en el Senado de su jefe Angelino Alfano, ministro del Interior. Un juez y el Gobierno han revocado la expulsión y mostrado su “perplejidad” por la rapidez con la que madre e hija fueron entregadas a Kazajistán. El primer ministro Enrico Letta ha ordenado una investigación y asegura que pueden regresar, pero ya es tarde.
La extradición del guardaespaldas Alexander Pavlov en España—pendiente del recurso que se va a presentar ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional— encierra, también, algunas peculiaridades. Un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), firmado por Beatriz Méndez de Vigo, secretaria general a petición de la Oficina de Asilo, ha sido determinante para que se denegara a Pavlov su petición de asilo político. EL CNI asegura que “es probable” que la presencia de Pavlov en España “constituya una potencial peligrosidad para la seguridad nacional interior y exterior o el orden público, habida cuenta su presunta vinculación con delitos relacionados con la criminalidad organizada”, pero a renglón seguido apostilla que “debe señalarse que las fuentes y datos consultados no se consideran suficientemente fiables, lo que no permite realizar una valoración plenamente acreditada sobre el grado de esa potencial peligrosidad. En cuanto a la acusación de terrorismo, no se dispone de ninguna información que lo contraste". El informe asegura que el guardaespaldas ayudó a Ablyazov a sacar o destruir documentos y datos del banco BTA y que ese puede ser el motivo por el que el gobierno kazajo le ha imputado con el “objeto de lograr una extradición rápida y obtener información sobre el entorno de Ablyazov”.
La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio que estudió la petición de Pavlov se reunió el lunes 27 de mayo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), —único organismo independiente que lo integra— no se pronunció porque recibieron la convocatoria durante la tarde del viernes 24. Fuentes de ACNUR confirman que pidieron que se pospusiera la decisión sin que se atendiera su súplica. En otras ocasiones las notificaciones se les comunican un mes antes, aunque la ley no marca plazo alguno. “Todo ha sido anormal. Tenían prisa ya que convocaron la reunión el mismo día en que recibieron el informe del CNI. No dejaron que ACNUR alegara”, afirma María Costa, letrada de Pavlov. La instructora propuso denegar la petición de asilo y el 11 de junio el ministro del Interior la ratificó. Mariano Rajoy visitará Kazajistán en otoño.
Jedrzej Zerep, de 32 años, analista de la ONG Fundación Diálogo Abierto y testigo en el juicio de extradición de Pavlov critica la entrega del guardaespaldas: “El juez dice que España trata a Kazajistán como un país de confianza y que se garantiza el respeto a los derechos humanos, pero todos los testimonios y documentación que le entregamos demuestran lo contrario. No hay casos de terrorismo político en ese país. Todo es una farsa”. Wojciech Madrzycki, miembro de una comisión de abogados polaca que visitó Kazajistán en abril, afirma que un juicio justo en el régimen de Nazarbáyev es imposible. “En el mundo civilizado del siglo XXI es inaceptable que haya personas en la cárcel por sus ideas políticas. Pavlov no tendrá un juicio con garantías”.
El régimen en el que confia el Gobierno español para entregar a Pavlov es el mismo que en diciembre asesinó a 16 personas en Zhanaozen durante una huelga de trabajadores de una planta petrolera. Roza Tulyetaeva, de 46 años, dirigente del movimiento de trabajadores, relató al tribunal que durante los interrogatorios fue colgada de su cabello con una bolsa de basura cerrada rodeando su cabeza mientras un agente le atravesaba el ano con una barra de hierro: “Mi familia, mis vecinos están aquí. Siento vergüenza de decir lo que me hicieron”.
ONG denuncian las torturas y corrupción rampante del régimen de Nursultán Nazarbáyev que gobierna con mano de hierro desde hace 21 años
Madrid, El País
No hay un rincón seguro para los opositores del presidente kazajo Nursultán Nazarbáyev. El pasado 31 de mayo, policías armados entraron en un apartamento de Roma y se llevaron a Alma Chalabayeva y a su hija Alua de seis años. Buscaban a su marido Muktar Ablyazov, de 50 años,— oligarca y principal opositor del régimen de Kazajistán—, pero no lo encontraron. Italia expulsó a la familia de Ablyazov y un avión privado de la embajada kazaja las condujo hasta las garras del presidente Nazarbáyev y sus acólitos en Astaná, la capital de esta rica república postsoviética de 2 millones y medio de kilómetros cuadrados, cinco veces España.
En diciembre de 2012 Alexander Pavlov, de 37 años, jefe de la escolta de Ablyazov cayó en un control policial de la estación madrileña de Chamartín. Acababa de bajar de un tren procedente de París y huía de una orden de detención dictada por la Justicia de Kazajistán por los presuntos delitos de estafa y terrorismo. Pavlov solicitó asilo político desde su celda en la prisión de Soto del Real y contrató a una abogado para evitar su extradición, pero tres magistrados de la Audiencia Nacional la acaban de conceder. De nada han servido las advertencias de ONG sobre las torturas y la corrupción rampante del régimen kajazo.
Las vidas de Ablayzov y de su escolta Pavlov, casado con la periodista Shimanskaya y padre de dos niños de 14 y 8 años, parecen paralelas. Ambos huyeron de Kazajistán y se refugiaron en Londres, donde el primero consiguió el estatuto de refugiado político. Ablyazov desapareció cuando fue condenado a 22 meses de prisión en un proceso civil celebrado en el Reino Unido por desacato al tribunal al negarse a declarar quienes manejan sus activos en el banco kazajo BTA Bank del que fue presidente; su guardaespaldas se esfumó hasta tropezar con el control policial en Madrid y descubrir que le perseguían por una supuesta estafa de 22,5 millones de dólares al mismo banco y por preparar un supuesto atentado terrorista que nunca se consumó.
Las autoridades italianas y españolas no han ocultado su interés por entregar a los dos sospechosos. Las ONG sospechan que la larga mano del presidente Nazarbáyev, de 72 años, y los fabulosos negocios que los dos países tienen en Kazajistán explican el largo rosario de irregularidades cometidas para capturar a Ablyazov en Italia. Kazajistán, de 17 millones de habitantes, es el sexto país en recursos naturales y uno de los grandes exportadores de uranio, petróleo, gas natural y algodón. Considerado como la novia más cortejada de Europa, crece a un ritmo trepidante y grandes compañías de ambos países hacen pingües negocios con su régimen cuestionado y corrupto. Su megalómano presidente— Astaná está repleta de sus retratos— tiene una fortuna estimada en 750 millones de euros y ha aprobado una ley que le concede inmunidad hasta su muerte.
La misteriosa detención y extradición de la mujer de Ablyazov y de su hija no fueron casuales. Giuseppe Procaccini, jefe del gabinete del Ministerio del Interior italiano, recibió el pasado 28 de mayo al embajador de Kazajistán, Andrian Yelemessov. El diplomático kazajo pidió la captura del opositor Ablyazov. Tres dias después decenas de policías—un dispositivo desproporcionado— irrumpieron en la casa romana y se las llevaron. Les acusaron de exhibir un pasaporte falso, pero el documento era auténtico y nadie comprobó que Ablyazov tenía estatus de refugiado. El escándalo ha provocado el cese de Procaccini y la comparecencia en el Senado de su jefe Angelino Alfano, ministro del Interior. Un juez y el Gobierno han revocado la expulsión y mostrado su “perplejidad” por la rapidez con la que madre e hija fueron entregadas a Kazajistán. El primer ministro Enrico Letta ha ordenado una investigación y asegura que pueden regresar, pero ya es tarde.
La extradición del guardaespaldas Alexander Pavlov en España—pendiente del recurso que se va a presentar ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional— encierra, también, algunas peculiaridades. Un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), firmado por Beatriz Méndez de Vigo, secretaria general a petición de la Oficina de Asilo, ha sido determinante para que se denegara a Pavlov su petición de asilo político. EL CNI asegura que “es probable” que la presencia de Pavlov en España “constituya una potencial peligrosidad para la seguridad nacional interior y exterior o el orden público, habida cuenta su presunta vinculación con delitos relacionados con la criminalidad organizada”, pero a renglón seguido apostilla que “debe señalarse que las fuentes y datos consultados no se consideran suficientemente fiables, lo que no permite realizar una valoración plenamente acreditada sobre el grado de esa potencial peligrosidad. En cuanto a la acusación de terrorismo, no se dispone de ninguna información que lo contraste". El informe asegura que el guardaespaldas ayudó a Ablyazov a sacar o destruir documentos y datos del banco BTA y que ese puede ser el motivo por el que el gobierno kazajo le ha imputado con el “objeto de lograr una extradición rápida y obtener información sobre el entorno de Ablyazov”.
La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio que estudió la petición de Pavlov se reunió el lunes 27 de mayo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), —único organismo independiente que lo integra— no se pronunció porque recibieron la convocatoria durante la tarde del viernes 24. Fuentes de ACNUR confirman que pidieron que se pospusiera la decisión sin que se atendiera su súplica. En otras ocasiones las notificaciones se les comunican un mes antes, aunque la ley no marca plazo alguno. “Todo ha sido anormal. Tenían prisa ya que convocaron la reunión el mismo día en que recibieron el informe del CNI. No dejaron que ACNUR alegara”, afirma María Costa, letrada de Pavlov. La instructora propuso denegar la petición de asilo y el 11 de junio el ministro del Interior la ratificó. Mariano Rajoy visitará Kazajistán en otoño.
Jedrzej Zerep, de 32 años, analista de la ONG Fundación Diálogo Abierto y testigo en el juicio de extradición de Pavlov critica la entrega del guardaespaldas: “El juez dice que España trata a Kazajistán como un país de confianza y que se garantiza el respeto a los derechos humanos, pero todos los testimonios y documentación que le entregamos demuestran lo contrario. No hay casos de terrorismo político en ese país. Todo es una farsa”. Wojciech Madrzycki, miembro de una comisión de abogados polaca que visitó Kazajistán en abril, afirma que un juicio justo en el régimen de Nazarbáyev es imposible. “En el mundo civilizado del siglo XXI es inaceptable que haya personas en la cárcel por sus ideas políticas. Pavlov no tendrá un juicio con garantías”.
El régimen en el que confia el Gobierno español para entregar a Pavlov es el mismo que en diciembre asesinó a 16 personas en Zhanaozen durante una huelga de trabajadores de una planta petrolera. Roza Tulyetaeva, de 46 años, dirigente del movimiento de trabajadores, relató al tribunal que durante los interrogatorios fue colgada de su cabello con una bolsa de basura cerrada rodeando su cabeza mientras un agente le atravesaba el ano con una barra de hierro: “Mi familia, mis vecinos están aquí. Siento vergüenza de decir lo que me hicieron”.
