Condenados cinco militares colombianos por asesinato de un campesino
Bogota, EP
Cinco militares del Ejército de Colombia han sido condenados a 31 años de cárcel tras ser acusados por un juzgado del asesinato de un campesino, Jhon Jairo Arango, en el municipio de Argelia, Antioquia, en febrero de 2005, según ha informado el periódico 'El Colombiano'.
Los militares condenados son el capitán Herley Arias Mora, el suboficial Julio César Durán Rincón, y los soldados Ramiro de Jesús Carvajal, Alfredo Segundo Díaz Oquendo y Jhon Jader Ortiz Higuita.
Según la investigación, adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional, el 2 de febrero de 2005, tropas militares adscritas al batallón contraguerrilla número 4 atacaron un pequeño municipio de Argelia. La operación, encabezada por el antiguo teniente Herley Arias Mora, se saldó con la muerte de este campesino, del que se informó que pertenecía a la guerrilla.
La Fiscalía determino que existían pruebas suficientes para acusar a los cinco militares implicados en el operativo y con la decisión del juez se ratificó la condena, desestimando así las alegaciones de que se trataba de una muerte en combate y no un homicidio que sostenían los acusados.
Cinco militares del Ejército de Colombia han sido condenados a 31 años de cárcel tras ser acusados por un juzgado del asesinato de un campesino, Jhon Jairo Arango, en el municipio de Argelia, Antioquia, en febrero de 2005, según ha informado el periódico 'El Colombiano'.
Los militares condenados son el capitán Herley Arias Mora, el suboficial Julio César Durán Rincón, y los soldados Ramiro de Jesús Carvajal, Alfredo Segundo Díaz Oquendo y Jhon Jader Ortiz Higuita.
Según la investigación, adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional, el 2 de febrero de 2005, tropas militares adscritas al batallón contraguerrilla número 4 atacaron un pequeño municipio de Argelia. La operación, encabezada por el antiguo teniente Herley Arias Mora, se saldó con la muerte de este campesino, del que se informó que pertenecía a la guerrilla.
La Fiscalía determino que existían pruebas suficientes para acusar a los cinco militares implicados en el operativo y con la decisión del juez se ratificó la condena, desestimando así las alegaciones de que se trataba de una muerte en combate y no un homicidio que sostenían los acusados.
