¿Quién paga cuando se cierra un banco?
Los ministros de Economía de los Veintisiete discuten las reglas para forzar a pagar a accionistas y grandes ahorradores en caso de crisis bancaria
Claudi Pérez
Luxemburgo, El País
Al comenzar la fase aguda de la crisis, Washington reunió a sus grandes bancos con los dirigentes del Tesoro y de la Reserva Federal, su banco central: el Gobierno de Estados Unidos acabó inyectando miles de millones de dólares en los gigantes de Wall Street —tras el fiasco de Lehman Brothers— para disipar las dudas y a la vez dejó caer a centenares de pequeños bancos: cerró (y cierra) bancos a docenas, a través de su mecanismo de liquidación, que se dedica a bajar la persiana si la entidad no es viable y a devolver a los depositantes hasta 250.000 dólares por cuenta. La crisis financiera europea es mucho más resistente: miles de millones de euros gastados después, nadie sabe cómo están los bancos, ni qué hacer con ellos en caso de una crisis bancaria. Para los bancos viables, pero que necesiten tapar agujeros, los ministros de Finanzas del euro aprobaron el jueves la recapitalización directa de entidades, pero con apenas 60.000 millones —revisables si vienen curvas— y con tantas restricciones como quería Alemania desde el principio. El Ecofin —la reunión de ministros de Finanzas de los Veintisiete— seguía discutiendo la noche del viernes qué pasa si un banco no puede recapitalizarse y hay que cerrarlo. Solo una cosa está clara: pese a que hay ruido de sables porque las capitales tienen puntos de partida distintos, el modelo de Chipre, con variaciones, se impone.
Cuando se cierre un banco, los primeros en pagar serán los accionistas. Después los poseedores de deuda de peor calidad (como los preferentistas en el caso español) y más adelante la deuda de mejor calidad. Y finalmente serán los depositantes quienes sufran, pero solo por encima de 100.000 euros por cuenta.
Eso está meridianamente claro. Pero el diablo está en los detalles: España pretende blindar a los particulares y las pymes con depósitos de más de 100.000 euros, tal y como figura en el último borrador de la directiva que discuten los ministros. Fuentes europeas explicaron que lo más probable es que se introdujera algo de flexibilidad en el acuerdo final, siempre que accionistas y bonistas paguen al menos por un 8% de los pasivos, aunque esa cifra está bajo discusión. Varios Gobiernos, encabezados por Francia, Reino Unido y Suecia, presionaban para que los países tengan cierta discrecionalidad, al menos hasta una cantidad máxima. Pero esa flexibilidad no sale gratis: cuanto mayor sea el margen, más dinero tendrá que ponerse sobre la mesa para salvar a los clientes a través del fondo de garantía de depósitos, al que en principio solo contribuirán los bancos.
Alemania, Holanda y Austria no eran partidarios de las excepciones: esos tres países pretenden que las reglas sean siempre iguales para todos, para conseguir una verdadera unión bancaria. Y quieren que esa directiva, que en principio debería estar lista para 2018, se active antes, en 2015. Tras los calendarios y los tecnicismos hay algo fundamental: el diseño equivocado de la directiva de cierres de bancos puede acabar provocando huida de capitales de unos países a otros. Y eso es lo último que necesita la interminable crisis europea.
Luxemburgo, El País
Al comenzar la fase aguda de la crisis, Washington reunió a sus grandes bancos con los dirigentes del Tesoro y de la Reserva Federal, su banco central: el Gobierno de Estados Unidos acabó inyectando miles de millones de dólares en los gigantes de Wall Street —tras el fiasco de Lehman Brothers— para disipar las dudas y a la vez dejó caer a centenares de pequeños bancos: cerró (y cierra) bancos a docenas, a través de su mecanismo de liquidación, que se dedica a bajar la persiana si la entidad no es viable y a devolver a los depositantes hasta 250.000 dólares por cuenta. La crisis financiera europea es mucho más resistente: miles de millones de euros gastados después, nadie sabe cómo están los bancos, ni qué hacer con ellos en caso de una crisis bancaria. Para los bancos viables, pero que necesiten tapar agujeros, los ministros de Finanzas del euro aprobaron el jueves la recapitalización directa de entidades, pero con apenas 60.000 millones —revisables si vienen curvas— y con tantas restricciones como quería Alemania desde el principio. El Ecofin —la reunión de ministros de Finanzas de los Veintisiete— seguía discutiendo la noche del viernes qué pasa si un banco no puede recapitalizarse y hay que cerrarlo. Solo una cosa está clara: pese a que hay ruido de sables porque las capitales tienen puntos de partida distintos, el modelo de Chipre, con variaciones, se impone.
Cuando se cierre un banco, los primeros en pagar serán los accionistas. Después los poseedores de deuda de peor calidad (como los preferentistas en el caso español) y más adelante la deuda de mejor calidad. Y finalmente serán los depositantes quienes sufran, pero solo por encima de 100.000 euros por cuenta.
Eso está meridianamente claro. Pero el diablo está en los detalles: España pretende blindar a los particulares y las pymes con depósitos de más de 100.000 euros, tal y como figura en el último borrador de la directiva que discuten los ministros. Fuentes europeas explicaron que lo más probable es que se introdujera algo de flexibilidad en el acuerdo final, siempre que accionistas y bonistas paguen al menos por un 8% de los pasivos, aunque esa cifra está bajo discusión. Varios Gobiernos, encabezados por Francia, Reino Unido y Suecia, presionaban para que los países tengan cierta discrecionalidad, al menos hasta una cantidad máxima. Pero esa flexibilidad no sale gratis: cuanto mayor sea el margen, más dinero tendrá que ponerse sobre la mesa para salvar a los clientes a través del fondo de garantía de depósitos, al que en principio solo contribuirán los bancos.
Alemania, Holanda y Austria no eran partidarios de las excepciones: esos tres países pretenden que las reglas sean siempre iguales para todos, para conseguir una verdadera unión bancaria. Y quieren que esa directiva, que en principio debería estar lista para 2018, se active antes, en 2015. Tras los calendarios y los tecnicismos hay algo fundamental: el diseño equivocado de la directiva de cierres de bancos puede acabar provocando huida de capitales de unos países a otros. Y eso es lo último que necesita la interminable crisis europea.
