Gobierno brasileño desmiente el uso de dinero público en estadios del Mundial
Río de Janeiro, EFE
El Gobierno brasileño negó este domingo haber usado recursos públicos en la construcción o reforma de los estadios que serán utilizados en el Mundial de Fútbol 2014, una de las causas de las multitudinarias protestas que sacuden al país desde hace dos semanas.
“No hay ningún centavo del presupuesto de la Unión (Gobierno central brasileño) destinado a la construcción o reforma de los estadios para el Mundial”, aseguró el Ministerio de Deportes en un comunicado.
El Ministerio señaló que los fondos utilizados en las obras fueron parte de préstamos que los responsables por cada uno de los doce estadios tendrá que devolver a los cofres públicos.
Los estadios que serán usados en el Mundial, incluyendo los seis ya inaugurados y en los que se disputa actualmente la Copa Confederaciones, pertenecen a gobiernos regionales, como en el caso del Maracaná de Río de Janeiro y el Mané Garrincha de Brasilia, o a empresas privadas.
Tres de los doce estadios pertenecen a clubes de fútbol: el Beira-Río de la ciudad de Porto Alegre (Internacional), el Arena da Baixada de Curitiba (Atlético Paranaense) y el Itaquerao de Sao Paulo (Corinthians).
Según el Ministerio de Deportes, el Gobierno central se limitó a ofrecer a los constructores de los estadios una línea de crédito a través de su banco de fomento, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con intereses, plazos y garantías bancarias normales.
El Gobierno admitió que fueron ofrecidos algunas exenciones fiscales para incentivar la construcción o reforma de los estadios, pero que tal renuncia fiscal no puede ser considerada como un gasto.
“Las exenciones fiscales no pueden ser consideradas gastos porque sirven para generar empleos e incentivar el desarrollo económico y social al ser destinadas a diversos sectores y proyectos”, aseguró la nota, según la cual las obras de los seis estadios ya concluidos generaron 24.500 empleos directos.
Según el Ministerio, las inversiones del Gobierno para la preparación del Mundial están dirigidas a obras de infraestructura que mejorarán la vida de los habitantes de las ciudades sede, como sistemas de transporte, puertos, aeropuertos, seguridad pública, energía, telecomunicaciones y estructuras turísticas.
El Gobierno agregó que la organización de grandes eventos deportivos constituye para el país “una oportunidad para acelerar inversiones en infraestructura y servicios que mejoran las ciudades y la calidad de vida de la población”.
Algunas de las muchas manifestaciones que han sacudido a Brasil en las dos últimas semanas fueron motivadas por los supuestos elevados gastos del Gobierno en la construcción de los estadios.
Tal fue el caso de una protesta este domingo que bloqueó un acceso al estadio Castelao de Fortaleza antes del partido entre España y Nigeria, y de las dos que terminaron ayer en conflictos en Belo Horizonte y Salvador, donde también se disputaron partidos por la Copa Confederaciones.
Pese a que perdieron intensidad desde el jueves, cuando movilizaron a cerca de 1,2 millones de personas en un centenar de ciudades, las manifestaciones se mantienen en las calles.
Ni la invitación al diálogo y a un pacto nacional para mejorar los servicios públicos hecha por la presidenta Dilma Rousseff el pasado viernes, ni la reducción de las tarifas de transporte público en las mayores ciudades, que era la reivindicación inicial de los manifestantes, han convencido a los brasileños de cesar las protestas.
Las manifestaciones comenzaron la semana pasada en Sao Paulo, exclusivamente contra la subida de las tarifas de transporte público, pero ganaron otras reivindicaciones, como mayores inversiones en salud y educación pública, y críticas contra la corrupción y los elevados gastos del Gobierno para organizar eventos como el Mundial.
El Gobierno brasileño negó este domingo haber usado recursos públicos en la construcción o reforma de los estadios que serán utilizados en el Mundial de Fútbol 2014, una de las causas de las multitudinarias protestas que sacuden al país desde hace dos semanas.
“No hay ningún centavo del presupuesto de la Unión (Gobierno central brasileño) destinado a la construcción o reforma de los estadios para el Mundial”, aseguró el Ministerio de Deportes en un comunicado.
El Ministerio señaló que los fondos utilizados en las obras fueron parte de préstamos que los responsables por cada uno de los doce estadios tendrá que devolver a los cofres públicos.
Los estadios que serán usados en el Mundial, incluyendo los seis ya inaugurados y en los que se disputa actualmente la Copa Confederaciones, pertenecen a gobiernos regionales, como en el caso del Maracaná de Río de Janeiro y el Mané Garrincha de Brasilia, o a empresas privadas.
Tres de los doce estadios pertenecen a clubes de fútbol: el Beira-Río de la ciudad de Porto Alegre (Internacional), el Arena da Baixada de Curitiba (Atlético Paranaense) y el Itaquerao de Sao Paulo (Corinthians).
Según el Ministerio de Deportes, el Gobierno central se limitó a ofrecer a los constructores de los estadios una línea de crédito a través de su banco de fomento, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con intereses, plazos y garantías bancarias normales.
El Gobierno admitió que fueron ofrecidos algunas exenciones fiscales para incentivar la construcción o reforma de los estadios, pero que tal renuncia fiscal no puede ser considerada como un gasto.
“Las exenciones fiscales no pueden ser consideradas gastos porque sirven para generar empleos e incentivar el desarrollo económico y social al ser destinadas a diversos sectores y proyectos”, aseguró la nota, según la cual las obras de los seis estadios ya concluidos generaron 24.500 empleos directos.
Según el Ministerio, las inversiones del Gobierno para la preparación del Mundial están dirigidas a obras de infraestructura que mejorarán la vida de los habitantes de las ciudades sede, como sistemas de transporte, puertos, aeropuertos, seguridad pública, energía, telecomunicaciones y estructuras turísticas.
El Gobierno agregó que la organización de grandes eventos deportivos constituye para el país “una oportunidad para acelerar inversiones en infraestructura y servicios que mejoran las ciudades y la calidad de vida de la población”.
Algunas de las muchas manifestaciones que han sacudido a Brasil en las dos últimas semanas fueron motivadas por los supuestos elevados gastos del Gobierno en la construcción de los estadios.
Tal fue el caso de una protesta este domingo que bloqueó un acceso al estadio Castelao de Fortaleza antes del partido entre España y Nigeria, y de las dos que terminaron ayer en conflictos en Belo Horizonte y Salvador, donde también se disputaron partidos por la Copa Confederaciones.
Pese a que perdieron intensidad desde el jueves, cuando movilizaron a cerca de 1,2 millones de personas en un centenar de ciudades, las manifestaciones se mantienen en las calles.
Ni la invitación al diálogo y a un pacto nacional para mejorar los servicios públicos hecha por la presidenta Dilma Rousseff el pasado viernes, ni la reducción de las tarifas de transporte público en las mayores ciudades, que era la reivindicación inicial de los manifestantes, han convencido a los brasileños de cesar las protestas.
Las manifestaciones comenzaron la semana pasada en Sao Paulo, exclusivamente contra la subida de las tarifas de transporte público, pero ganaron otras reivindicaciones, como mayores inversiones en salud y educación pública, y críticas contra la corrupción y los elevados gastos del Gobierno para organizar eventos como el Mundial.