El IRS asegura que la investigación al Tea Party no tenía motivación política
El conflicto entre el pensamiento ultraconservador y el IRS es antiguo
Antonio Caño
Washington, El País
Los responsables de la agencia tributaria de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) aseguraron ayer ante el Congreso que la inspección especial contra grupos vinculados al Tea Party fue un error, pero no estuvo motivada por razones políticas. Incrédulos, varios congresistas calificaron de mentirosos a los funcionarios y advirtieron que seguirán tirando del hilo hasta comprobar de quién es la responsabilidad última.
La peor forma que este caso puede adquirir es la de una conspiración política dirigida por Barack Obama o alguno de sus colaboradores directos para debilitar al Tea Party, que en los años pasados fue la punta de la lanza de la oposición a esta presidencia.
Para comprobar eso, se celebró ayer una audiencia en el comité de presupuesto de la Cámara de Representantes. La semana próxima se harán dos audiencias más en el comité de Control del Gobierno de la Cámara y en el comité de Finanzas del Senado.
Aunque Obama convive estos días con otros dos escándalos –el del ataque del año pasado en Bengasi y el del registro secreto de las llamadas de la agencia AP-, el de la agencia tributaria se va confirmando como el más peligroso de todos para el presidente. El uso de una agencia pública de carácter independiente para hostigar a rivales políticos, como hizo en su día Richard Nixon, es un asunto grave que puede costarle muy caro a un presidente, hasta su puesto.
El conflicto entre el pensamiento ultraconservador, que recela de toda competencia del estado, y el IRS, su enemigo por excelencia, es antiguo
Estamos actualmente muy lejos de esa fase, y quizá nunca se llegue a ella. De momento, nos encontramos únicamente ante un caso de incompetencia, quizá de exceso de celo, de unos inspectores de hacienda que centraron su atención en grupos que defienden ideas muy conservadoras con el objetivo formal de comprobar si realizaban la labor social requerida para tener el estatus de organización libre de impuestos.
El conflicto entre el pensamiento ultraconservador, que recela de toda competencia del estado, y el IRS, su enemigo por excelencia, es antiguo. Varios funcionarios del IRS han tenido en el pasado problemas con esos grupos. No es muy extraño que los funcionarios pusieran especial empeño en descubrir organizaciones supuestamente caritativas de ese signo ideológico que, en realidad, realizaban actividad política.
“Yo no he engañado al Congreso ni al pueblo norteamericano”, dijo ayer Steven Miller, que el miércoles fue destituido como director en funciones del IRS. “Creo que lo que ha ocurrido aquí es un error estúpido cometido por gente que trataba de ser más eficiente”.
Algunos congresistas republicanos no lo creen así. “Eso es mentira”, le dijo el presidente del comité, Dave Camp. La conducta del IRS es, para la derecha, la última prueba de que este Gobierno no tiene límites en cuanto a inmiscuirse en la vida de los ciudadanos ni escrúpulos en el uso de su poder. “¿Es esto todavía EE UU?”, llegó a preguntarse el congresista Kevin Brady.
A diferencia de los otros dos escándalos que hoy le acechan, a los que Obama no concede credibilidad, en este ha actuado con diligencia y ha recriminado públicamente la conducta de los funcionarios que investigaron a los grupos del Tea Party. Pero el presidente ha negado cualquier conocimiento previo del asunto, ni directa ni indirectamente.
El Partido Republicano tiene ahora que calcular con mucho cuidado hasta dónde llega en su presión. Como sabe muy bien por la experiencia contra Bill Clinton, a quien se sometió a un proceso de destitución ('impeachment') por el episodio de Monica Lewinsky, una reacción desproporcionada puede acabar favoreciendo a su rival.
Algunos republicanos más extremistas están hablando ya de impeachment, pero los dirigentes del partido saben que no tienen aún las cartas como para apostar tan fuerte. De momento, su objetivo es mantener el asunto vivo todo el tiempo que sea posible –y, si es posible, de forma simultánea a Bengasi y la agencia AP-, con la esperanza de que, mientras tanto, surja la pistola humeante o el presidente se debilite en el trayecto.
Antonio CañoWashington, El País
Los responsables de la agencia tributaria de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) aseguraron ayer ante el Congreso que la inspección especial contra grupos vinculados al Tea Party fue un error, pero no estuvo motivada por razones políticas. Incrédulos, varios congresistas calificaron de mentirosos a los funcionarios y advirtieron que seguirán tirando del hilo hasta comprobar de quién es la responsabilidad última.
La peor forma que este caso puede adquirir es la de una conspiración política dirigida por Barack Obama o alguno de sus colaboradores directos para debilitar al Tea Party, que en los años pasados fue la punta de la lanza de la oposición a esta presidencia.
Para comprobar eso, se celebró ayer una audiencia en el comité de presupuesto de la Cámara de Representantes. La semana próxima se harán dos audiencias más en el comité de Control del Gobierno de la Cámara y en el comité de Finanzas del Senado.
Aunque Obama convive estos días con otros dos escándalos –el del ataque del año pasado en Bengasi y el del registro secreto de las llamadas de la agencia AP-, el de la agencia tributaria se va confirmando como el más peligroso de todos para el presidente. El uso de una agencia pública de carácter independiente para hostigar a rivales políticos, como hizo en su día Richard Nixon, es un asunto grave que puede costarle muy caro a un presidente, hasta su puesto.
El conflicto entre el pensamiento ultraconservador, que recela de toda competencia del estado, y el IRS, su enemigo por excelencia, es antiguo
Estamos actualmente muy lejos de esa fase, y quizá nunca se llegue a ella. De momento, nos encontramos únicamente ante un caso de incompetencia, quizá de exceso de celo, de unos inspectores de hacienda que centraron su atención en grupos que defienden ideas muy conservadoras con el objetivo formal de comprobar si realizaban la labor social requerida para tener el estatus de organización libre de impuestos.
El conflicto entre el pensamiento ultraconservador, que recela de toda competencia del estado, y el IRS, su enemigo por excelencia, es antiguo. Varios funcionarios del IRS han tenido en el pasado problemas con esos grupos. No es muy extraño que los funcionarios pusieran especial empeño en descubrir organizaciones supuestamente caritativas de ese signo ideológico que, en realidad, realizaban actividad política.
“Yo no he engañado al Congreso ni al pueblo norteamericano”, dijo ayer Steven Miller, que el miércoles fue destituido como director en funciones del IRS. “Creo que lo que ha ocurrido aquí es un error estúpido cometido por gente que trataba de ser más eficiente”.
Algunos congresistas republicanos no lo creen así. “Eso es mentira”, le dijo el presidente del comité, Dave Camp. La conducta del IRS es, para la derecha, la última prueba de que este Gobierno no tiene límites en cuanto a inmiscuirse en la vida de los ciudadanos ni escrúpulos en el uso de su poder. “¿Es esto todavía EE UU?”, llegó a preguntarse el congresista Kevin Brady.
A diferencia de los otros dos escándalos que hoy le acechan, a los que Obama no concede credibilidad, en este ha actuado con diligencia y ha recriminado públicamente la conducta de los funcionarios que investigaron a los grupos del Tea Party. Pero el presidente ha negado cualquier conocimiento previo del asunto, ni directa ni indirectamente.
El Partido Republicano tiene ahora que calcular con mucho cuidado hasta dónde llega en su presión. Como sabe muy bien por la experiencia contra Bill Clinton, a quien se sometió a un proceso de destitución ('impeachment') por el episodio de Monica Lewinsky, una reacción desproporcionada puede acabar favoreciendo a su rival.
Algunos republicanos más extremistas están hablando ya de impeachment, pero los dirigentes del partido saben que no tienen aún las cartas como para apostar tan fuerte. De momento, su objetivo es mantener el asunto vivo todo el tiempo que sea posible –y, si es posible, de forma simultánea a Bengasi y la agencia AP-, con la esperanza de que, mientras tanto, surja la pistola humeante o el presidente se debilite en el trayecto.
