Cameron cercena el Estado de bienestar
Entra en vigor en Reino Unido una drástica rebaja de las ayudas sociales para reducir el déficit
Patricia Tubella
Londres, El País
El Estado de bienestar afronta en Reino Unido la reforma más drástica de su historia y las secuelas de ese paso las sufrirán los más desfavorecidos. La sociedad británica ha estado tradicionalmente orgullosa de un sistema que desde la posguerra conjuga la liberalidad de su mercado con una sólida red de prestaciones sociales. El primer paquete de medidas aprobado por el Gobierno del conservador David Cameron con el objetivo de paliar el déficit público ha entrado este lunes en vigor, con una rebaja de las ayudas a la vivienda social, a las familias más modestas en el pago de los abultados impuestos municipales o a los ciudadanos sin recursos para costear litigios ante los tribunales, junto a una remodelación de la gestión sanitaria donde primará el estricto control del gasto.
Más allá de las exigencias de una precaria coyuntura económica, los recortes defendidos por Cameron entrañan una filosofía que concibe el apoyo a los sectores más débiles como un lastre para la recuperación.
La reforma del Estado de bienestar es una decisión “justa” para incentivar el empleo, reducir la dependencia del Estado de quienes “deberían regresar al mercado laboral” y “ayudar a quienes realmente lo necesitan”, argumentaban en una tribuna conjunta publicada hoy en la prensa los ministros de Economía, George Osborne, y de Trabajo y Empleo, Iain Duncan Smith.
El artículo de dos de los pesos pesados del Gabinete aparecía como una respuesta a la oleada de protestas que en las últimas semanas han tomado las calles de numerosas ciudades del Reino Unido, y que el pasado fin de semana recibió el apoyo de cuatro confesiones protestantes, incluida la influyente Iglesia Reformada de Escocia, en su crítica a “la manipulación [de los conservadores] para perpetuar los mitos de la pobreza y justificar los recortes sociales”.
No sólo los más pobres sino también las sufridas clases medias verán reducido su poder adquisitivo a causa de la merma de las ayudas sociales, denuncia la oposición laborista, en su esfuerzo por caracterizar al gobierno de coalición que integran conservadores y liberaldemócratas como representante de los intereses de los más pudientes. Los presupuestos presentados a mediados de marzo contemplan una rebaja de los impuestos a ese sector, con una reducción adicional de las cargas fiscales a las rentas más altas que pagan un tipo de hasta el 50%.
Mientras Duncan Smith alega que el Gobierno no pretende revertir el sistema de asistencia pública vigente en el último medio siglo, sino únicamente “gestionar” su insostenible crecimiento, muchas familias británicas se preparan para el escenario más negro. Aquel que, en los casos más extremos, apenas les reporta una ayuda de 53 libras semanales (62 euros).
Entre el conjunto de medidas que han entrado en vigor este mes de abril ha provocado especial contestación el llamado “impuesto del dormitorio”, que gravará a los residentes de una vivienda social si una de sus habitaciones está libre. Tal es el escrutinio al que se sienten sometidos los receptores de la asistencia del Estado británico de hoy.
» El impuesto del dormitorio. Las personas en edad de trabajar que vivan en un piso de protección oficial verán recortados los subsidios del Estado si disponen de una habitación teóricamente vacía, es decir, que sobrepase las necesidades de dormitorio de una familia, sin tenerse en cuenta otros usos que puedan destinar a la misma. El Gobierno sugiere a los afectados por esa medida, casi 700.000 ciudadanos, que se muden a otra vivienda con el número justo de estancias, a pesar de la denuncia de la oposición laborista sobre la “inexistencia” de casas alternativas. “Ese impuesto cruel destruirá vecindarios y pondrá a la gente en manos de los tiburones de los préstamos”, alega el portavoz de Trabajo de la oposición, Liam Byrne, apoyado en esa reivindicación por sectores eclesiales que consideran esencial el enraizamiento de las familias en una comunidad para evitar la fractura social.
» La insoportable carga municipal. La administración se dispone a reducir el apoyo a los 5,9 millones de familias que se declaran con escasos recursos para sufragar el impuesto municipal sobre la vivienda, una de las cargas más pesadas que afronta el ciudadano de a pie. Ello incrementará los gastos mensuales de quienes luchan para llegar a fin de mes, generalmente residentes de unos barrios donde esa imposición fiscal es más alta que en otras zonas más opulentas debido al volumen de las prestaciones sociales que se prestan en esas zonas. El sistema de ayudas gestionado hasta ahora por el Departamento de Trabajo y Pensiones se transfiere a las administraciones locales, cuya financiación se ha visto reducida en un 10%.
» Merma general de las prestaciones sociales. Por primera vez en la historia del Estado de bienestar británico, las prestaciones y créditos de carácter estatal ya no irán parejas al aumento del coste de la vida. A partir del próximo sábado, entra en vigor una medida que durante los tres próximos años reduce al 1% el incremento anual de los subsidios, muy por debajo de la inflación. Éstos limitarán a un tope de 500 libras semanales (590 euros) la cantidad que una familia británica puede recibir del Estado, independientemente de sus circunstancias.
Aunque tanto los pensionistas como los discapacitados quedan exentos de esa barrera del 1%, los primeros se han movilizado contra un nuevo impuesto (el llamado granny tax) sobre el cheque que perciben cada mes. Las personas que sufren algún tipo de discapacidad se verán, asimismo afectadas por la decisión del Gobierno de redefinir su condición: a la hora de prestarle apoyo económico, ya no se trata de la minusvalía que padezca un ciudadano, sino de cómo esta afecta a su vida y sustento. Un millón de personas pueden perder su derecho al subsidio según y cómo se interprete esa diferencia semántica.
» Sanidad. El Estado cede desde este lunes la gestión de los presupuestos en sanidad a las respectivas comisiones médicas locales, integradas por doctores, enfermeras y otros profesionales, en pro de una reforma del sistema público que sus críticos tildan de semiprivatización. Estas comisiones serán quienes decidan cómo se controla el gasto. La medida resulta especialmente chocante cuando una investigación encargada por el propio gobierno de Cameron determinó que los escándalos que han azotado a varios hospitales públicos ingleses durante los últimos años, donde los índices de mortalidad se revelaron muy superiores a la media prevista, respondieron a una política que primaba los resultados económicos frente a la atención al paciente.
» Asistencia legal. Los laboristas calificaron este lunes de “jornada de la vergüenza”, a raíz de las restricciones que han entrado en vigor sobre el acceso a una ayuda legal sufragada por el Estado. Solo aquellos ciudadanos con ingresos inferiores a las 32.000 libras anuales podrán recabar el apoyo del dinero público en sus causas ante los tribunales de justicia, en una medida que afectará principalmente a los casos de divorcio y a los de despidos improcedentes. Muchos reclamantes se lo pensarán dos veces antes de acudir ante el juez y bajo el riesgo de afrontar una abultada minuta en costas legales. Por mucho ahorro que el Gobierno de Cameron esgrima, la justicia ya no va a ser igual para todos.
Patricia TubellaLondres, El País
El Estado de bienestar afronta en Reino Unido la reforma más drástica de su historia y las secuelas de ese paso las sufrirán los más desfavorecidos. La sociedad británica ha estado tradicionalmente orgullosa de un sistema que desde la posguerra conjuga la liberalidad de su mercado con una sólida red de prestaciones sociales. El primer paquete de medidas aprobado por el Gobierno del conservador David Cameron con el objetivo de paliar el déficit público ha entrado este lunes en vigor, con una rebaja de las ayudas a la vivienda social, a las familias más modestas en el pago de los abultados impuestos municipales o a los ciudadanos sin recursos para costear litigios ante los tribunales, junto a una remodelación de la gestión sanitaria donde primará el estricto control del gasto.
Más allá de las exigencias de una precaria coyuntura económica, los recortes defendidos por Cameron entrañan una filosofía que concibe el apoyo a los sectores más débiles como un lastre para la recuperación.
La reforma del Estado de bienestar es una decisión “justa” para incentivar el empleo, reducir la dependencia del Estado de quienes “deberían regresar al mercado laboral” y “ayudar a quienes realmente lo necesitan”, argumentaban en una tribuna conjunta publicada hoy en la prensa los ministros de Economía, George Osborne, y de Trabajo y Empleo, Iain Duncan Smith.
El artículo de dos de los pesos pesados del Gabinete aparecía como una respuesta a la oleada de protestas que en las últimas semanas han tomado las calles de numerosas ciudades del Reino Unido, y que el pasado fin de semana recibió el apoyo de cuatro confesiones protestantes, incluida la influyente Iglesia Reformada de Escocia, en su crítica a “la manipulación [de los conservadores] para perpetuar los mitos de la pobreza y justificar los recortes sociales”.
No sólo los más pobres sino también las sufridas clases medias verán reducido su poder adquisitivo a causa de la merma de las ayudas sociales, denuncia la oposición laborista, en su esfuerzo por caracterizar al gobierno de coalición que integran conservadores y liberaldemócratas como representante de los intereses de los más pudientes. Los presupuestos presentados a mediados de marzo contemplan una rebaja de los impuestos a ese sector, con una reducción adicional de las cargas fiscales a las rentas más altas que pagan un tipo de hasta el 50%.
Mientras Duncan Smith alega que el Gobierno no pretende revertir el sistema de asistencia pública vigente en el último medio siglo, sino únicamente “gestionar” su insostenible crecimiento, muchas familias británicas se preparan para el escenario más negro. Aquel que, en los casos más extremos, apenas les reporta una ayuda de 53 libras semanales (62 euros).
Entre el conjunto de medidas que han entrado en vigor este mes de abril ha provocado especial contestación el llamado “impuesto del dormitorio”, que gravará a los residentes de una vivienda social si una de sus habitaciones está libre. Tal es el escrutinio al que se sienten sometidos los receptores de la asistencia del Estado británico de hoy.
» El impuesto del dormitorio. Las personas en edad de trabajar que vivan en un piso de protección oficial verán recortados los subsidios del Estado si disponen de una habitación teóricamente vacía, es decir, que sobrepase las necesidades de dormitorio de una familia, sin tenerse en cuenta otros usos que puedan destinar a la misma. El Gobierno sugiere a los afectados por esa medida, casi 700.000 ciudadanos, que se muden a otra vivienda con el número justo de estancias, a pesar de la denuncia de la oposición laborista sobre la “inexistencia” de casas alternativas. “Ese impuesto cruel destruirá vecindarios y pondrá a la gente en manos de los tiburones de los préstamos”, alega el portavoz de Trabajo de la oposición, Liam Byrne, apoyado en esa reivindicación por sectores eclesiales que consideran esencial el enraizamiento de las familias en una comunidad para evitar la fractura social.
» La insoportable carga municipal. La administración se dispone a reducir el apoyo a los 5,9 millones de familias que se declaran con escasos recursos para sufragar el impuesto municipal sobre la vivienda, una de las cargas más pesadas que afronta el ciudadano de a pie. Ello incrementará los gastos mensuales de quienes luchan para llegar a fin de mes, generalmente residentes de unos barrios donde esa imposición fiscal es más alta que en otras zonas más opulentas debido al volumen de las prestaciones sociales que se prestan en esas zonas. El sistema de ayudas gestionado hasta ahora por el Departamento de Trabajo y Pensiones se transfiere a las administraciones locales, cuya financiación se ha visto reducida en un 10%.
» Merma general de las prestaciones sociales. Por primera vez en la historia del Estado de bienestar británico, las prestaciones y créditos de carácter estatal ya no irán parejas al aumento del coste de la vida. A partir del próximo sábado, entra en vigor una medida que durante los tres próximos años reduce al 1% el incremento anual de los subsidios, muy por debajo de la inflación. Éstos limitarán a un tope de 500 libras semanales (590 euros) la cantidad que una familia británica puede recibir del Estado, independientemente de sus circunstancias.
Aunque tanto los pensionistas como los discapacitados quedan exentos de esa barrera del 1%, los primeros se han movilizado contra un nuevo impuesto (el llamado granny tax) sobre el cheque que perciben cada mes. Las personas que sufren algún tipo de discapacidad se verán, asimismo afectadas por la decisión del Gobierno de redefinir su condición: a la hora de prestarle apoyo económico, ya no se trata de la minusvalía que padezca un ciudadano, sino de cómo esta afecta a su vida y sustento. Un millón de personas pueden perder su derecho al subsidio según y cómo se interprete esa diferencia semántica.
» Sanidad. El Estado cede desde este lunes la gestión de los presupuestos en sanidad a las respectivas comisiones médicas locales, integradas por doctores, enfermeras y otros profesionales, en pro de una reforma del sistema público que sus críticos tildan de semiprivatización. Estas comisiones serán quienes decidan cómo se controla el gasto. La medida resulta especialmente chocante cuando una investigación encargada por el propio gobierno de Cameron determinó que los escándalos que han azotado a varios hospitales públicos ingleses durante los últimos años, donde los índices de mortalidad se revelaron muy superiores a la media prevista, respondieron a una política que primaba los resultados económicos frente a la atención al paciente.
» Asistencia legal. Los laboristas calificaron este lunes de “jornada de la vergüenza”, a raíz de las restricciones que han entrado en vigor sobre el acceso a una ayuda legal sufragada por el Estado. Solo aquellos ciudadanos con ingresos inferiores a las 32.000 libras anuales podrán recabar el apoyo del dinero público en sus causas ante los tribunales de justicia, en una medida que afectará principalmente a los casos de divorcio y a los de despidos improcedentes. Muchos reclamantes se lo pensarán dos veces antes de acudir ante el juez y bajo el riesgo de afrontar una abultada minuta en costas legales. Por mucho ahorro que el Gobierno de Cameron esgrima, la justicia ya no va a ser igual para todos.
