Rajoy prepara una nueva financiación para frenar el soberanismo catalán
La estrategia de pacto con Mas alerta a otros barones, que aspiran a lo mismo
El PP vuelve de vacaciones con varios frentes abiertos, en especial el de Bárcenas
París, El PaísEl presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, habla en una conferencia de prensa conjunta con el presidente francés, Francois Hollande (no en la foto), hoy, martes 26 de marzo de 2013, en el Palacio del Elíseo en París, Francia. Rajoy reclamó la "disolución definitiva" de ETA, organización terrorista que difundió un comunicado en el que asegura que la expulsión de sus negociadores de Noruega acarreará "consecuencias negativas".
A Mariano Rajoy y a su Gobierno se les da bien desaparecer. El Ejecutivo busca la menor presencia pública posible. En especial su presidente. El Gobierno trata de salir solo cuando tiene algo realmente importante que contar. Si hay noticias negativas, lo mejor es pasar inadvertidos. Esa ha sido siempre la estrategia de Rajoy. Y en ese sentido las épocas vacacionales son muy útiles. Sin embargo, el presidente y los suyos tratan de aprovechar el regreso de un parón como el de Semana Santa —Rajoy está en Doñana y prácticamente todo el Ejecutivo ha desaparecido con él— para recuperar impulso político. El Gobierno y el PP tienen abiertos en canal encima de la mesa prácticamente todos los temas importantes. Los populares temen una “primavera caliente”, y esperan que su líder mueva ficha para gestionarla.
Del desafío soberanista catalán al caso Bárcenas, del batallón de desahuciados concentrándose a las puertas de los domicilios de diputados a las crecientes tensiones en Europa —con el corralito de Chipre como último sobresalto—, el Ejecutivo enfrentará un panorama más que complicado a la vuelta de vacaciones. La solución al primer asunto, además, podría provocar un terremoto en el PP y en las comunidades que este gobierna: Rajoy sopesa frenar la deriva soberanista en Cataluña ofreciendo a Artur Mas un nuevo modelo de financiación.
Mas, indirectamente, ha pedido oxígeno. Y Rajoy está dispuesto a dárselo. Pero para ello el presidente se arriesga a una auténtica revuelta en el PP. Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, los tres principales encargados de bajar la tensión con Cataluña, han ofrecido tres cosas. Primero, la más urgente, una relajación del objetivo de déficit, esto es, que Cataluña no tenga que recortar este año los 4.000 millones que le corresponderían y que Andreu Mas-Colell, consejero de Economía, no sabe de dónde sacar. En los próximos días, Luis de Guindos, ministro de Economía, se verá con Olli Rehn, comisario económico europeo, para intentar cerrar una flexibilización para España que pase del 4,5% actual para 2013 a un 6%. Bruselas no quiere dar tanto. Del éxito de esa negociación depende el margen que el Gobierno de Rajoy dé a su vez a Cataluña.
Montoro ha ofrecido algo más, que ha roto las costuras del PP: la posibilidad de un déficit a la carta, es decir, que unas comunidades puedan tener topes de déficit más altos que otras. Esta no era una reclamación solo catalana; también Andalucía, en manos socialistas, lo reclamaba. Madrid, Galicia, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y otras comunidades del PP que han cumplido este año el objetivo han trasladado a Montoro el mensaje de que no aceptarán esta especie de trato de favor. Madrid, con Ignacio González al frente, uno de los barones con más autonomía, parece la más guerrera, pero no está sola. Montoro puede verse con una situación como la creada por la reforma local, en la que los ayuntamientos del PP han frenado los planes del Gobierno. De momento la cosa se ha quedado en un grupo de trabajo. Pero la propuesta está encima de la mesa.
Y la tercera oferta que ha hecho el Gobierno a la Generalitat es la más importante: una reforma en profundidad del sistema de financiación. Aquí la guerra está garantizada. Todas las comunidades están ahogadas y a nadie le gusta el sistema. Pero muchas recelan de la vía que se está tanteando. Rajoy quiere intentar frenar la ola independentista en Cataluña con una mejora evidente de la financiación. Una fórmula que, sin llegar al pacto fiscal que proponía Mas en septiembre de 2012 —y que abandonó para apostar por el referéndum soberanista— sí pueda satisfacer a Cataluña. Algunos en el Ejecutivo y en el PP plantean ya un sistema de limitación de la solidaridad, para evitar que las comunidades más ricas acaben teniendo peores servicios públicos que las menos desarrolladas por culpa de la oleada de recortes actual. Se mira el modelo alemán, que impone límites a esa solidaridad entre territorios.
Sería algo que favorecería también a Madrid, pero abriría una guerra con otras comunidades del PP. En la Comunidad Valenciana, tal vez la más ahogada, pero también en Galicia o Extremadura, con barones fuertes como Núñez Feijóo y José Antonio Monago, ya se prepara esta batalla; y todo apunta a que no obedecerá a la disciplina de partido. El problema de Montoro es que, al contrario de lo que sucedió en otros momentos en los que se reformó el sistema, Hacienda no tiene más dinero, así que para dar más a alguien tiene que quitar a otros.
Será el asunto central de debate interno en el PP de los próximos meses, una batalla formidable que sin embargo en La Moncloa ven como la única salida para intentar frenar la ola independentista catalana; un problema, que aunque no se diga públicamente, preocupa mucho entre otras cosas por la imagen que puede ofrecer en el exterior una tensión separatista en plena crisis económica.
Algunos responsables del Gobierno creen incluso que, para rebajar la tensión, se podría pactar con Mas la discrepancia en el tema de la consulta. Bastaría con que el Gobierno catalán intentara llevarla a cabo —se ha comprometido a ello con ERC y tiene difícil marcha atrás—; luego el Ejecutivo central la recurriría al Tribunal Constitucional, que la frenaría, y Mas debería acatar la suspensión y esperar al fallo, que podría tardar años. Si lo hiciera así, Mas habría cumplido su promesa de intentarlo pero a la vez evitaría el enfrentamiento institucional. Aun así, dado el ambiente político en Cataluña, incluso está opción se antoja compleja.
En el Ejecutivo creen, de todas formas, que Mas tiene mucha presión para frenar sus iniciativas independentistas y aseguran que el hecho de que Oriol Pujol, uno de los mayores defensores del soberanismo, haya dado un paso atrás por su imputación en un caso de corrupción ayudará también a buscar un punto de encuentro entre Madrid y Barcelona.
Rajoy ha convocado el miércoles a su junta directiva, un órgano de 600 personas en el que lo habitual es que el presidente ofrezca un discurso —que el PP televisa— para tratar de subir la moral. Rajoy no cita a su dirección desde que estalló el caso Bárcenas, el 2 de febrero. Desde entonces se ha sabido que el extesorero ocultaba una fortuna en Suiza (de 22 millones se pasó a 38); se ha conocido que el partido le pagó un sueldo de 22.300 euros al mes hasta el día en que se publicaron los papeles en EL PAÍS; él ha denunciado al PP por despido improcedente; y, además, el juez Pablo Ruz ha imputado en el caso a otros dos extesoreros del PP, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, lo que coloca la posible financiación ilegal del partido en primer plano.
Rajoy ha tenido mucha presión, no solo externa sino también interna, para que dé una explicación del caso. Hasta Alberto Núñez Feijóo ha dicho en el diario Abc que “el PP debe pedir perdón” por este asunto. El presidente se niega incluso a pronunciar el nombre de Bárcenas, y el PP ha suspendido durante cuatro semanas su conferencia de prensa de los lunes (mañana tampoco habrá: será la quinta). Algo tendrá que decir Rajoy el miércoles. El presidente lleva tres meses sin atender a la prensa en España. Al día siguiente del discurso de la junta directiva, el jueves, estará obligado a hacerlo, porque recibirá en La Moncloa a Ban Ki Moon, secretario general de la ONU.
Rajoy no va a hacer cambios en el PP y, pese a las críticas a la gestión de Cospedal, algunos creen que ella ha logrado que, si en algún momento hubo una imagen de connivencia del PP con Bárcenas, ahora esa imagen se haya roto. Entre otras cosas por la brutalidad del enfrentamiento entre el extesorero y la exsecretaria general. “Estaremos a lo que diga la justicia”, es lo último que ha dicho Rajoy sobre el caso. Y, en ese campo, los cálculos del Gobierno son complicados. Se trabaja con el escenario de que aparezcan más millones escondidos en cuentas bancarias, una fortuna superior a los 38 millones que ha admitido Bárcenas. Y que el escándalo siga creciendo a medida que la investigación avance.
Tampoco creen que funcione la estrategia del extesorero de buscar la nulidad para que todo acabe como el caso Naseiro (la investigación por presunta financiación irregular del PP que terminó archivada en los años noventa al anularse las escuchas de la instrucción). Este no es el caso Naseiro, explican los consultados. Allí el único elemento de imputación eran esas escuchas; aquí, aunque las grabaciones que dieron origen al caso Gürtel se anularan, hay muchísimos más elementos para armar una acusación.
En cualquier caso el Ejecutivo está relativamente tranquilo porque sostiene que no hay financiación ilegal del PP. La versión oficial que se va consolidando cada día, y que tal vez Rajoy desarrolle el miércoles —aunque insiste en no querer hablar del extesorero—, es que Bárcenas ha robado al PP, y que incluso es posible que sacara dinero a distintos empresarios haciéndoles pensar que iba para el PP. “No era así”, insisten. Todo está preparado pues para que Rajoy descargue la presión lanzándola sobre el malo de la película, el extesorero. Pero el presidente, que desde 2009 no ha pronunciado nunca una mala palabra sobre Bárcenas —“nadie podrá probar que no es inocente”, llegó a decir— mantiene la prudencia. La próxima ocasión para romperla es el miércoles.
Rajoy no parece tener bajo control ninguno de estos dos asuntos centrales, ni el de la corrupción, donde está en manos de los jueces y de las posibles maniobras de su extesorero Bárcenas, ni el de la presión social, incrementada por el drama de los desahucios. Frente a los dos parece haber optado por lo mismo: esperar a que escampe. Y, en el caso del segundo, el PP y su presidente se concentran en atacar a los responsables de los acosos y hostigamientos para intentar defenderse y lanzar a la opinión pública contra ellos. Los populares creen que con sus críticas han logrado frenar ligeramente los denominados escraches (las protestas a las puertas de los domicilios particulares de políticos del PP) pero saben que volverán. El escaso margen con el que dicen contar en el Gobierno para reformar la ley hipotecaria —en el Ejecutivo apelan al riesgo de hundir un sistema financiero muy debilitado si se va más allá— provocará más tensión.
El mensaje de Rajoy a los suyos en las últimas semanas ha sido claro. El presidente está convencido de que la presión social, el desgaste en las encuestas y la mala imagen seguirán mientras no haya una mínima recuperación económica. Él no ve un problema político, sino solo económico, detrás de esa presión. Rajoy insiste en su forma de ver la política, como un ciclo en el que la influencia de la propia acción de los políticos es muy relativa. Así lo veía en la oposición y no ha cambiado en La Moncloa. El presidente está convencido, y se lo ha dicho a los suyos, de que todas las críticas que ahora angustian a ministros y dirigentes regionales bajarán en 2014, cuando empiece a haber datos más positivos. De hecho el Ejecutivo confía en algún dato de paro un poco menos malo en los próximos meses.
Su equipo desde que era vicepresidente con José María Aznar sigue a su alrededor —Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Fernández Díaz—, y sus colaboradores más cercanos en La Moncloa son exactamente los que tenía en la oposición desde 2008. Los que han ido desapareciendo desde 2004 —Eduardo Zaplana, Ángel Acebes, Gabriel Elorriaga, Jaume Matas, Francisco Camps— se han ido sin que él formalmente los echara. Por eso muchos creen que esperará a una ocasión que fuerce a un cambio —las elecciones europeas, la salida del Ejecutivo de Miguel Arias Cañete para ser comisario europeo o alguna excusa similar— para reorganizar su equipo. Esto es, va para largo. Aunque siempre con la salvedad de que nadie sabe lo que piensa Mariano Rajoy realmente.
Rajoy intentará dar la batalla hasta la cumbre europea de junio para evitar que se imponga el criterio alemán y de otros países del norte de que los depósitos de más de 100.000 euros y los tenedores de deuda senior asuman pérdidas en caso de que caiga otro banco. El Gobierno español teme que el pavor a que eso suceda va a provocar más fuga de capitales de los países del sur a los del norte. Así, cuando parecía controlado el asunto de la fuga de capitales y la prima de riesgo, vuelve con fuerza. En La Moncloa preocupa que hasta las elecciones alemanas de septiembre pueda haber más disgustos porque a la opinión pública alemana le gustan los mensajes de dureza de Angela Merkel contra el sur de Europa.
En cualquier caso, en el Gobierno se vanaglorian de que ya no hay rumores de rescate de España. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado a los ministros que ese fantasma está despejado. Y eso es algo básico para el equipo de Rajoy, que vivió todo 2012 pendiente de esa amenaza. Aun así, si los datos no mejoran en verano la presión volverá, o eso temen los más pesimistas.
Rajoy, por tanto, vuelve de Doñana con todos los frentes abiertos. Aunque en su entorno insisten en que la mayor parte de su tiempo la dedica a las cuestiones económicas y a Europa, varios dirigentes admiten que el caso Bárcenas es lo que verdaderamente le amarga la existencia.
Del desafío soberanista catalán al caso Bárcenas, del batallón de desahuciados concentrándose a las puertas de los domicilios de diputados a las crecientes tensiones en Europa —con el corralito de Chipre como último sobresalto—, el Ejecutivo enfrentará un panorama más que complicado a la vuelta de vacaciones. La solución al primer asunto, además, podría provocar un terremoto en el PP y en las comunidades que este gobierna: Rajoy sopesa frenar la deriva soberanista en Cataluña ofreciendo a Artur Mas un nuevo modelo de financiación.
El problema de Cataluña
La solución económica
El Gobierno ha percibido un giro clarísimo en el entorno del presidente catalán, Artur Mas, cada día más agobiado por los problemas financieros de su comunidad autónoma. Los ministros cuentan cómo los consejeros de la Generalitat, siguiendo una orden de Mas, han cambiado completamente el tono también en las cuestiones sectoriales. En los entornos del presidente catalán y de Rajoy se fue preparando el terreno para una reunión que, de forma completamente inusual entre dos presidentes, se hizo en secreto —el jueves de la semana pasada—, sin fotografías, sin ruedas de prensa, sin comunicados oficiales.
Mas, indirectamente, ha pedido oxígeno. Y Rajoy está dispuesto a dárselo. Pero para ello el presidente se arriesga a una auténtica revuelta en el PP. Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, los tres principales encargados de bajar la tensión con Cataluña, han ofrecido tres cosas. Primero, la más urgente, una relajación del objetivo de déficit, esto es, que Cataluña no tenga que recortar este año los 4.000 millones que le corresponderían y que Andreu Mas-Colell, consejero de Economía, no sabe de dónde sacar. En los próximos días, Luis de Guindos, ministro de Economía, se verá con Olli Rehn, comisario económico europeo, para intentar cerrar una flexibilización para España que pase del 4,5% actual para 2013 a un 6%. Bruselas no quiere dar tanto. Del éxito de esa negociación depende el margen que el Gobierno de Rajoy dé a su vez a Cataluña.
Montoro ha ofrecido algo más, que ha roto las costuras del PP: la posibilidad de un déficit a la carta, es decir, que unas comunidades puedan tener topes de déficit más altos que otras. Esta no era una reclamación solo catalana; también Andalucía, en manos socialistas, lo reclamaba. Madrid, Galicia, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y otras comunidades del PP que han cumplido este año el objetivo han trasladado a Montoro el mensaje de que no aceptarán esta especie de trato de favor. Madrid, con Ignacio González al frente, uno de los barones con más autonomía, parece la más guerrera, pero no está sola. Montoro puede verse con una situación como la creada por la reforma local, en la que los ayuntamientos del PP han frenado los planes del Gobierno. De momento la cosa se ha quedado en un grupo de trabajo. Pero la propuesta está encima de la mesa.
Y la tercera oferta que ha hecho el Gobierno a la Generalitat es la más importante: una reforma en profundidad del sistema de financiación. Aquí la guerra está garantizada. Todas las comunidades están ahogadas y a nadie le gusta el sistema. Pero muchas recelan de la vía que se está tanteando. Rajoy quiere intentar frenar la ola independentista en Cataluña con una mejora evidente de la financiación. Una fórmula que, sin llegar al pacto fiscal que proponía Mas en septiembre de 2012 —y que abandonó para apostar por el referéndum soberanista— sí pueda satisfacer a Cataluña. Algunos en el Ejecutivo y en el PP plantean ya un sistema de limitación de la solidaridad, para evitar que las comunidades más ricas acaben teniendo peores servicios públicos que las menos desarrolladas por culpa de la oleada de recortes actual. Se mira el modelo alemán, que impone límites a esa solidaridad entre territorios.
Sería algo que favorecería también a Madrid, pero abriría una guerra con otras comunidades del PP. En la Comunidad Valenciana, tal vez la más ahogada, pero también en Galicia o Extremadura, con barones fuertes como Núñez Feijóo y José Antonio Monago, ya se prepara esta batalla; y todo apunta a que no obedecerá a la disciplina de partido. El problema de Montoro es que, al contrario de lo que sucedió en otros momentos en los que se reformó el sistema, Hacienda no tiene más dinero, así que para dar más a alguien tiene que quitar a otros.
Será el asunto central de debate interno en el PP de los próximos meses, una batalla formidable que sin embargo en La Moncloa ven como la única salida para intentar frenar la ola independentista catalana; un problema, que aunque no se diga públicamente, preocupa mucho entre otras cosas por la imagen que puede ofrecer en el exterior una tensión separatista en plena crisis económica.
Algunos responsables del Gobierno creen incluso que, para rebajar la tensión, se podría pactar con Mas la discrepancia en el tema de la consulta. Bastaría con que el Gobierno catalán intentara llevarla a cabo —se ha comprometido a ello con ERC y tiene difícil marcha atrás—; luego el Ejecutivo central la recurriría al Tribunal Constitucional, que la frenaría, y Mas debería acatar la suspensión y esperar al fallo, que podría tardar años. Si lo hiciera así, Mas habría cumplido su promesa de intentarlo pero a la vez evitaría el enfrentamiento institucional. Aun así, dado el ambiente político en Cataluña, incluso está opción se antoja compleja.
En el Ejecutivo creen, de todas formas, que Mas tiene mucha presión para frenar sus iniciativas independentistas y aseguran que el hecho de que Oriol Pujol, uno de los mayores defensores del soberanismo, haya dado un paso atrás por su imputación en un caso de corrupción ayudará también a buscar un punto de encuentro entre Madrid y Barcelona.
'Caso Bárcenas'
Un mes sin respuestas
El asunto que más preocupa, y del que menos habla el PP públicamente, es el de la corrupción. Cada día se complica más la situación, con los papeles de Bárcenas —que incluyen supuestas donaciones fuera de la ley y pagos a la cúpula, donde está el propio Rajoy— investigándose nada menos que en la Audiencia Nacional. El entorno del presidente insiste en que el asunto está “políticamente encapsulado” y no toca a Rajoy, pero lo cierto es que esta cuestión sigue robando mucho tiempo y tiene bloqueado al PP. A pesar de que ahora, según señalan los populares, tienen al PSOE inhabilitado para la crítica por el escándalo de los ERE andaluces.Rajoy ha convocado el miércoles a su junta directiva, un órgano de 600 personas en el que lo habitual es que el presidente ofrezca un discurso —que el PP televisa— para tratar de subir la moral. Rajoy no cita a su dirección desde que estalló el caso Bárcenas, el 2 de febrero. Desde entonces se ha sabido que el extesorero ocultaba una fortuna en Suiza (de 22 millones se pasó a 38); se ha conocido que el partido le pagó un sueldo de 22.300 euros al mes hasta el día en que se publicaron los papeles en EL PAÍS; él ha denunciado al PP por despido improcedente; y, además, el juez Pablo Ruz ha imputado en el caso a otros dos extesoreros del PP, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, lo que coloca la posible financiación ilegal del partido en primer plano.
Rajoy ha tenido mucha presión, no solo externa sino también interna, para que dé una explicación del caso. Hasta Alberto Núñez Feijóo ha dicho en el diario Abc que “el PP debe pedir perdón” por este asunto. El presidente se niega incluso a pronunciar el nombre de Bárcenas, y el PP ha suspendido durante cuatro semanas su conferencia de prensa de los lunes (mañana tampoco habrá: será la quinta). Algo tendrá que decir Rajoy el miércoles. El presidente lleva tres meses sin atender a la prensa en España. Al día siguiente del discurso de la junta directiva, el jueves, estará obligado a hacerlo, porque recibirá en La Moncloa a Ban Ki Moon, secretario general de la ONU.
Rajoy no va a hacer cambios en el PP y, pese a las críticas a la gestión de Cospedal, algunos creen que ella ha logrado que, si en algún momento hubo una imagen de connivencia del PP con Bárcenas, ahora esa imagen se haya roto. Entre otras cosas por la brutalidad del enfrentamiento entre el extesorero y la exsecretaria general. “Estaremos a lo que diga la justicia”, es lo último que ha dicho Rajoy sobre el caso. Y, en ese campo, los cálculos del Gobierno son complicados. Se trabaja con el escenario de que aparezcan más millones escondidos en cuentas bancarias, una fortuna superior a los 38 millones que ha admitido Bárcenas. Y que el escándalo siga creciendo a medida que la investigación avance.
Tampoco creen que funcione la estrategia del extesorero de buscar la nulidad para que todo acabe como el caso Naseiro (la investigación por presunta financiación irregular del PP que terminó archivada en los años noventa al anularse las escuchas de la instrucción). Este no es el caso Naseiro, explican los consultados. Allí el único elemento de imputación eran esas escuchas; aquí, aunque las grabaciones que dieron origen al caso Gürtel se anularan, hay muchísimos más elementos para armar una acusación.
En cualquier caso el Ejecutivo está relativamente tranquilo porque sostiene que no hay financiación ilegal del PP. La versión oficial que se va consolidando cada día, y que tal vez Rajoy desarrolle el miércoles —aunque insiste en no querer hablar del extesorero—, es que Bárcenas ha robado al PP, y que incluso es posible que sacara dinero a distintos empresarios haciéndoles pensar que iba para el PP. “No era así”, insisten. Todo está preparado pues para que Rajoy descargue la presión lanzándola sobre el malo de la película, el extesorero. Pero el presidente, que desde 2009 no ha pronunciado nunca una mala palabra sobre Bárcenas —“nadie podrá probar que no es inocente”, llegó a decir— mantiene la prudencia. La próxima ocasión para romperla es el miércoles.
Acoso a los políticos
El PP se la juega con la ley antidesahucios
Otro frente que inquieta mucho al Gobierno y al PP está en la crispación social. Hay división de opiniones: algunos dirigentes quieren contar con detalle todos los incidentes violentos que están sufriendo, denunciarlos y pedir que actúe la policía; otros prefieren no darles publicidad y tratar de calmar las aguas. Pero dentro del partido casi todo el mundo tiene alguna situación desagradable que contar. La presión social contra el PP es creciente, especialmente en Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares, pero también en Madrid y Galicia.Rajoy no parece tener bajo control ninguno de estos dos asuntos centrales, ni el de la corrupción, donde está en manos de los jueces y de las posibles maniobras de su extesorero Bárcenas, ni el de la presión social, incrementada por el drama de los desahucios. Frente a los dos parece haber optado por lo mismo: esperar a que escampe. Y, en el caso del segundo, el PP y su presidente se concentran en atacar a los responsables de los acosos y hostigamientos para intentar defenderse y lanzar a la opinión pública contra ellos. Los populares creen que con sus críticas han logrado frenar ligeramente los denominados escraches (las protestas a las puertas de los domicilios particulares de políticos del PP) pero saben que volverán. El escaso margen con el que dicen contar en el Gobierno para reformar la ley hipotecaria —en el Ejecutivo apelan al riesgo de hundir un sistema financiero muy debilitado si se va más allá— provocará más tensión.
El mensaje de Rajoy a los suyos en las últimas semanas ha sido claro. El presidente está convencido de que la presión social, el desgaste en las encuestas y la mala imagen seguirán mientras no haya una mínima recuperación económica. Él no ve un problema político, sino solo económico, detrás de esa presión. Rajoy insiste en su forma de ver la política, como un ciclo en el que la influencia de la propia acción de los políticos es muy relativa. Así lo veía en la oposición y no ha cambiado en La Moncloa. El presidente está convencido, y se lo ha dicho a los suyos, de que todas las críticas que ahora angustian a ministros y dirigentes regionales bajarán en 2014, cuando empiece a haber datos más positivos. De hecho el Ejecutivo confía en algún dato de paro un poco menos malo en los próximos meses.
La imagen del Gobierno
Sin cambios a la vista
Una vez más, el presidente del Gobierno traslada a los suyos que hay que aguantar, que vendrán tiempos mejores. De hecho, pese al enorme deterioro de la imagen de algunos ministros y la sensación muy extendida en el PP en que serían necesarios cambios en el Gobierno y en el partido para ganar impulso, nadie los ve inminentes. Algunos, los más aventurados, creen que antes del verano podría haber alguno. Pero la mayoría augura que ni eso. Todos apelan a la personalidad de Rajoy y recuerdan un dato demoledor: él nunca ha destituido a nadie.Su equipo desde que era vicepresidente con José María Aznar sigue a su alrededor —Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Fernández Díaz—, y sus colaboradores más cercanos en La Moncloa son exactamente los que tenía en la oposición desde 2008. Los que han ido desapareciendo desde 2004 —Eduardo Zaplana, Ángel Acebes, Gabriel Elorriaga, Jaume Matas, Francisco Camps— se han ido sin que él formalmente los echara. Por eso muchos creen que esperará a una ocasión que fuerce a un cambio —las elecciones europeas, la salida del Ejecutivo de Miguel Arias Cañete para ser comisario europeo o alguna excusa similar— para reorganizar su equipo. Esto es, va para largo. Aunque siempre con la salvedad de que nadie sabe lo que piensa Mariano Rajoy realmente.
El rescate, aparcado
Las elecciones en Alemania marcan la pauta
A la vuelta de Semana Santa también espera a Rajoy su enemiga más temida: la prima de riesgo, de nuevo disparada —aunque aún por debajo de los 400 euros— por la crisis de Chipre y la inestabilidad en Italia. El presidente y los suyos pueden alegar que esta vez no es culpa de España, pero el contagio es total y la bolsa española también se ha desplomado.Rajoy intentará dar la batalla hasta la cumbre europea de junio para evitar que se imponga el criterio alemán y de otros países del norte de que los depósitos de más de 100.000 euros y los tenedores de deuda senior asuman pérdidas en caso de que caiga otro banco. El Gobierno español teme que el pavor a que eso suceda va a provocar más fuga de capitales de los países del sur a los del norte. Así, cuando parecía controlado el asunto de la fuga de capitales y la prima de riesgo, vuelve con fuerza. En La Moncloa preocupa que hasta las elecciones alemanas de septiembre pueda haber más disgustos porque a la opinión pública alemana le gustan los mensajes de dureza de Angela Merkel contra el sur de Europa.
En cualquier caso, en el Gobierno se vanaglorian de que ya no hay rumores de rescate de España. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado a los ministros que ese fantasma está despejado. Y eso es algo básico para el equipo de Rajoy, que vivió todo 2012 pendiente de esa amenaza. Aun así, si los datos no mejoran en verano la presión volverá, o eso temen los más pesimistas.
Rajoy, por tanto, vuelve de Doñana con todos los frentes abiertos. Aunque en su entorno insisten en que la mayor parte de su tiempo la dedica a las cuestiones económicas y a Europa, varios dirigentes admiten que el caso Bárcenas es lo que verdaderamente le amarga la existencia.
