Los condenados a muerte en Arabia Saudí: “Nos ejecutan el martes”
Los siete jóvenes que cometieron delitos cuando eran menores alertan de que las autoridades saudíes no les van a juzgar
Ángeles Espinosa
Dubái, El País
"Nos ejecutan pasado mañana", repite una y otra vez la voz en árabe que suena al otro lado del teléfono, tratando de asegurarse de que la periodista entiende el mensaje. El interlocutor se identifica como Saeed al Shahrani, uno de los siete condenados a muerte en Arabia Saudí por un robo que cometieron cuando eran menores. Está llamando desde la cárcel. Es un gesto desesperado porque las autoridades les mintieron el pasado martes cuando, ante el eco internacional alcanzado por su caso, se comprometieron ante sus familias a retrasar la ejecución un mes para que pudiera repetirse el juicio tal como pedían varias organizaciones de derechos humanos.
La ejecución estaba inicialmente prevista para el pasado martes. Sin embargo, el príncipe Miteb, hijo mayor del rey Abdalá y jefe de la Guardia Nacional, recibió la noche anterior a los familiares y amigos que se habían concentrado a las puertas del palacio real en Riad para pedir clemencia. Según el relato de uno de ellos, Miteb había dado órdenes de que se pospusiera la ejecución y se había comprometido a que se revisara el juicio. De hecho, se suspendió la cita con el verdugo a las nueve de la mañana y todos respiraron aliviados. Ali al Ahmed, un opositor que dirige el Institute for Gulf Affairs, confirmó el repentino cambio de parecer de las autoridades. "La Corte Real mintió a sus familias cuando les dijo que se libraban de la pena de muerte", señala a esta corresponsal. En su opinión, el Gobierno saudí sólo retrasó el castigo para evitar que coincidiera con la visita del secretario de Estado norteamericano, John Kerry. “He intentado recabar ayuda de los europeos, de la ONU, de EEUU, pero sólo los funcionarios de este país se han interesado, ni siquiera la ONU…”, se lamenta el activista.
Saeed y sus seis compañeros de infortunio fueron detenidos entre marzo de 2005 y enero de 2006 por una serie de atracos a joyerías en Abha, la capital de la provincia meridional de Asir, durante los meses previos. Un juez les declaró culpables y les condenó a muerte en 2009, después de un juicio que, según activistas saudíes de los derechos humanos apenas duró tres horas y en el que no tuvieron la asistencia de un abogado. Además, según sus datos, los jóvenes tenían entre 15 y 19 años cuando ocurrieron los hechos, por lo que la mayoría eran menores de edad, a quienes la legislación internacional prohíbe aplicar la pena capital. Amnistía Internacional y Human Rights Watch se hicieron eco de las irregularidades en el juicio, y solicitaron que se repitiera.
El caso de los Siete de Abha, como se ha terminado por conocer a los jóvenes reos, causó especial alboroto debido a que el supuesto cabecilla de la banda, Sarhan al Mashayekh, fue también condenado a la crucifixión, tal como adelantó EL PAÍS. Esa pena de reminiscencias bíblicas aún sigue contemplada por el sistema penal saudí en pleno siglo XXI. “Es infrecuente, pero se dicta”, declaró a este diario el activista de derechos humanos saudí Mohamed al Qahtani, quien explicó que no se trataba del método de ejecución, sino que después de ésta se colocaba el cadáver en una cruz y se dejaba expuesto a modo de escarnio. Como se hacía en tiempos de los romanos.
Las ejecuciones en Arabia Saudí se realizan por el sistema de la decapitación a espada. Sin embargo, una información aparecida hoy en el diario Al Watan asegura que un comité ministerial está estudiando sustituirlo por un pelotón de fusilamiento. Hace tiempo que los activistas piden que la ejecución, que se efectúa en público en las plazas de las ciudades, se lleve a cabo mediante inyección letal en las cárceles. En total, 17 personas han sido ejecutadas este año, según Amnistía Internacional. La pena se aplica a asesinato, atraco a mano armada, violación y tráfico de drogas.
Hoy, Al Qahtani se encuentra en la cárcel tras haber sido condenado ayer sábado a diez años de cárcel por “sedición y dar información inexacta a los medios extranjeros”. Junto a él también recibió el mismo castigo Abdullah Hamad. Ambos fundaron la prohibida Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia Saudí (ACPRA) que documenta los abusos de derechos humanos y que ha hecho un llamamiento para que el país se transforme en una monarquía constitucional, con elecciones democráticas. El año pasado, ACPRA pidió al rey Abdalá que destituyera al entonces ministro del Interior, el príncipe Nayef, a quien responsabilizaban de la mayoría de los abusos de ese departamento, convertido en un estado dentro del Estado. Nayef murió poco después y ha sido remplazado por su hijo Mohamed Bin Nayef.
El sistema judicial saudí, basado en una estricta interpretación de la sharía (ley islámica), es objeto de frecuentes críticas internacionales por su falta de codificación, la ausencia de garantías procesales, su arbitrariedad y el recurso a los castigos físicos, como la flagelación y las amputaciones. Aunque el rey Abdalá anunció en 2007 una serie de reformas para modernizar la judicatura, que incluía la especialización de los tribunales y cursillos de capacitación para los jueces, el clero ultraconservador que domina buena parte del Ministerio de Justicia ha frenado esos cambios hasta ahora.
Pero el Reino del Desierto no es el único país que se salta a la torera la Convención Internacional de los Derechos del niño que prohíbe aplicar la pena de muerte por delitos cometidos antes de los 18 años. Human Rights Watch acaba de publicar un informe bajo el título Look at Us with a Merciful Eye (Mírennos con ojos misericordiosos) en el que denuncia que al menos 22 jóvenes en esas circunstancias se encuentran en el corredor de la muerte en Yemen y pide a su presidente que no firme esas sentencias. Otros 16 han sido ejecutados en los pasados cinco años, el último ayer, Mohammed Hazaa, que Catherine Ashton condenó en un comunicado. Además, otros dos países, Irán y Sudán, violan con frecuencia esa ley internacional.
Ángeles Espinosa
Dubái, El País
"Nos ejecutan pasado mañana", repite una y otra vez la voz en árabe que suena al otro lado del teléfono, tratando de asegurarse de que la periodista entiende el mensaje. El interlocutor se identifica como Saeed al Shahrani, uno de los siete condenados a muerte en Arabia Saudí por un robo que cometieron cuando eran menores. Está llamando desde la cárcel. Es un gesto desesperado porque las autoridades les mintieron el pasado martes cuando, ante el eco internacional alcanzado por su caso, se comprometieron ante sus familias a retrasar la ejecución un mes para que pudiera repetirse el juicio tal como pedían varias organizaciones de derechos humanos.
La ejecución estaba inicialmente prevista para el pasado martes. Sin embargo, el príncipe Miteb, hijo mayor del rey Abdalá y jefe de la Guardia Nacional, recibió la noche anterior a los familiares y amigos que se habían concentrado a las puertas del palacio real en Riad para pedir clemencia. Según el relato de uno de ellos, Miteb había dado órdenes de que se pospusiera la ejecución y se había comprometido a que se revisara el juicio. De hecho, se suspendió la cita con el verdugo a las nueve de la mañana y todos respiraron aliviados. Ali al Ahmed, un opositor que dirige el Institute for Gulf Affairs, confirmó el repentino cambio de parecer de las autoridades. "La Corte Real mintió a sus familias cuando les dijo que se libraban de la pena de muerte", señala a esta corresponsal. En su opinión, el Gobierno saudí sólo retrasó el castigo para evitar que coincidiera con la visita del secretario de Estado norteamericano, John Kerry. “He intentado recabar ayuda de los europeos, de la ONU, de EEUU, pero sólo los funcionarios de este país se han interesado, ni siquiera la ONU…”, se lamenta el activista.
Saeed y sus seis compañeros de infortunio fueron detenidos entre marzo de 2005 y enero de 2006 por una serie de atracos a joyerías en Abha, la capital de la provincia meridional de Asir, durante los meses previos. Un juez les declaró culpables y les condenó a muerte en 2009, después de un juicio que, según activistas saudíes de los derechos humanos apenas duró tres horas y en el que no tuvieron la asistencia de un abogado. Además, según sus datos, los jóvenes tenían entre 15 y 19 años cuando ocurrieron los hechos, por lo que la mayoría eran menores de edad, a quienes la legislación internacional prohíbe aplicar la pena capital. Amnistía Internacional y Human Rights Watch se hicieron eco de las irregularidades en el juicio, y solicitaron que se repitiera.
El caso de los Siete de Abha, como se ha terminado por conocer a los jóvenes reos, causó especial alboroto debido a que el supuesto cabecilla de la banda, Sarhan al Mashayekh, fue también condenado a la crucifixión, tal como adelantó EL PAÍS. Esa pena de reminiscencias bíblicas aún sigue contemplada por el sistema penal saudí en pleno siglo XXI. “Es infrecuente, pero se dicta”, declaró a este diario el activista de derechos humanos saudí Mohamed al Qahtani, quien explicó que no se trataba del método de ejecución, sino que después de ésta se colocaba el cadáver en una cruz y se dejaba expuesto a modo de escarnio. Como se hacía en tiempos de los romanos.
Las ejecuciones en Arabia Saudí se realizan por el sistema de la decapitación a espada. Sin embargo, una información aparecida hoy en el diario Al Watan asegura que un comité ministerial está estudiando sustituirlo por un pelotón de fusilamiento. Hace tiempo que los activistas piden que la ejecución, que se efectúa en público en las plazas de las ciudades, se lleve a cabo mediante inyección letal en las cárceles. En total, 17 personas han sido ejecutadas este año, según Amnistía Internacional. La pena se aplica a asesinato, atraco a mano armada, violación y tráfico de drogas.
Hoy, Al Qahtani se encuentra en la cárcel tras haber sido condenado ayer sábado a diez años de cárcel por “sedición y dar información inexacta a los medios extranjeros”. Junto a él también recibió el mismo castigo Abdullah Hamad. Ambos fundaron la prohibida Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia Saudí (ACPRA) que documenta los abusos de derechos humanos y que ha hecho un llamamiento para que el país se transforme en una monarquía constitucional, con elecciones democráticas. El año pasado, ACPRA pidió al rey Abdalá que destituyera al entonces ministro del Interior, el príncipe Nayef, a quien responsabilizaban de la mayoría de los abusos de ese departamento, convertido en un estado dentro del Estado. Nayef murió poco después y ha sido remplazado por su hijo Mohamed Bin Nayef.
El sistema judicial saudí, basado en una estricta interpretación de la sharía (ley islámica), es objeto de frecuentes críticas internacionales por su falta de codificación, la ausencia de garantías procesales, su arbitrariedad y el recurso a los castigos físicos, como la flagelación y las amputaciones. Aunque el rey Abdalá anunció en 2007 una serie de reformas para modernizar la judicatura, que incluía la especialización de los tribunales y cursillos de capacitación para los jueces, el clero ultraconservador que domina buena parte del Ministerio de Justicia ha frenado esos cambios hasta ahora.
Pero el Reino del Desierto no es el único país que se salta a la torera la Convención Internacional de los Derechos del niño que prohíbe aplicar la pena de muerte por delitos cometidos antes de los 18 años. Human Rights Watch acaba de publicar un informe bajo el título Look at Us with a Merciful Eye (Mírennos con ojos misericordiosos) en el que denuncia que al menos 22 jóvenes en esas circunstancias se encuentran en el corredor de la muerte en Yemen y pide a su presidente que no firme esas sentencias. Otros 16 han sido ejecutados en los pasados cinco años, el último ayer, Mohammed Hazaa, que Catherine Ashton condenó en un comunicado. Además, otros dos países, Irán y Sudán, violan con frecuencia esa ley internacional.
