La ONU, preocupada por la reforma constitucional aprobada por Hungría
Madrid, EP
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) ha expresado este viernes su preocupación por la aprobación por parte de Hungría de una enmienda a su Constitución que "amenaza la independencia de su sistema judicial", lo que, a juicio del organismo, "podría tener un profundo efecto en los derechos de sus ciudadanos".
En este sentido, ha señalado que la enmienda, que fue adoptada por el Parlamento húngaro el lunes, "no ha contado con un debate público adecuado, habida cuenta de que podría afectar a los Derechos Humanos de la población".
La enmienda fue aprobada a iniciativa del gobernante partido Fidesz, de centro-derecha, y supuso la invalidación de las sentencias del Tribunal Constitucional, hasta ahora una de las instituciones de referencia para la defensa de los derechos fundamentales en el país.
Fidesz, liderado por el primer ministro, Viktor Orbán, aplicó su mayoría de dos tercios en la cámara (226 de los 386 diputados) para aprobar la enmienda constitucional, han informado los medios húngaros. En concreto, votaron a favor de los 22 artículos reformados 225 diputados, 11 lo han hecho en contra y 33 se han abstenido.
"La nueva enmienda podría fortalecer los ya extensos poderes de control sobre el aparato judicial con los que cuenta el presidente de la Oficina Judicial Nacional", ha dicho el portavoz del OHCHR, Rupert Colville.
"Por ejemplo, la enmienda da al presidente el derecho de reasignar los casos a tribunales diferentes, una medida que fue adoptara previamente como medida de transición y descartada por el Tribunal Constitucional por su inconstitucionalidad", ha agregado Colville.
Así, ha destacado que esta provisión es asimismo una violación de la Convención de la Unión Europea sobre Derechos Humanos, de la que el país europeo es parte.
"Esta cuarta enmienda levanta preocupación en varias áreas, especialmente en cuanto a la independencia de los jueces, así como la autoridad y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y, por extensión, del Estado de Derecho en general", ha agregado.
La reforma limita las competencias del Tribunal Constitucional, pero también afecta negativamente a las parejas no casadas, incluidas las parejas homosexuales; obliga a los estudiantes que reciban becas a trabajar en el país cuando terminen sus estudios y prohíbe a las personas sin hogar dormir en las calles. En cuanto a la legislación electoral, prohíbe toda propaganda de campaña que no sea en medios de comunicación estatales.
El Gobierno de Orbán ya modificó la Constitución húngara en 2011 con el argumento de eliminar los vestigios del régimen comunista y adaptarla a la nueva realidad húngara. Ahora sostiene que los cambios incluyen meras modificaciones técnicas y se ampara en la legitimidad de la mayoría cualificada con la que cuentan en el Parlamento desde abril de 2010.
Por último, Colville ha dado la bienvenido a los informes sobre el reconocimiento por parte de Hungría del papel de la Comisión de Venecia --fundada en 1990 y organismo asesor del Consejo de Europa en materia constitucional-- en su adhesión a als normas internacionales y regionales.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) ha expresado este viernes su preocupación por la aprobación por parte de Hungría de una enmienda a su Constitución que "amenaza la independencia de su sistema judicial", lo que, a juicio del organismo, "podría tener un profundo efecto en los derechos de sus ciudadanos".
En este sentido, ha señalado que la enmienda, que fue adoptada por el Parlamento húngaro el lunes, "no ha contado con un debate público adecuado, habida cuenta de que podría afectar a los Derechos Humanos de la población".
La enmienda fue aprobada a iniciativa del gobernante partido Fidesz, de centro-derecha, y supuso la invalidación de las sentencias del Tribunal Constitucional, hasta ahora una de las instituciones de referencia para la defensa de los derechos fundamentales en el país.
Fidesz, liderado por el primer ministro, Viktor Orbán, aplicó su mayoría de dos tercios en la cámara (226 de los 386 diputados) para aprobar la enmienda constitucional, han informado los medios húngaros. En concreto, votaron a favor de los 22 artículos reformados 225 diputados, 11 lo han hecho en contra y 33 se han abstenido.
"La nueva enmienda podría fortalecer los ya extensos poderes de control sobre el aparato judicial con los que cuenta el presidente de la Oficina Judicial Nacional", ha dicho el portavoz del OHCHR, Rupert Colville.
"Por ejemplo, la enmienda da al presidente el derecho de reasignar los casos a tribunales diferentes, una medida que fue adoptara previamente como medida de transición y descartada por el Tribunal Constitucional por su inconstitucionalidad", ha agregado Colville.
Así, ha destacado que esta provisión es asimismo una violación de la Convención de la Unión Europea sobre Derechos Humanos, de la que el país europeo es parte.
"Esta cuarta enmienda levanta preocupación en varias áreas, especialmente en cuanto a la independencia de los jueces, así como la autoridad y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y, por extensión, del Estado de Derecho en general", ha agregado.
La reforma limita las competencias del Tribunal Constitucional, pero también afecta negativamente a las parejas no casadas, incluidas las parejas homosexuales; obliga a los estudiantes que reciban becas a trabajar en el país cuando terminen sus estudios y prohíbe a las personas sin hogar dormir en las calles. En cuanto a la legislación electoral, prohíbe toda propaganda de campaña que no sea en medios de comunicación estatales.
El Gobierno de Orbán ya modificó la Constitución húngara en 2011 con el argumento de eliminar los vestigios del régimen comunista y adaptarla a la nueva realidad húngara. Ahora sostiene que los cambios incluyen meras modificaciones técnicas y se ampara en la legitimidad de la mayoría cualificada con la que cuentan en el Parlamento desde abril de 2010.
Por último, Colville ha dado la bienvenido a los informes sobre el reconocimiento por parte de Hungría del papel de la Comisión de Venecia --fundada en 1990 y organismo asesor del Consejo de Europa en materia constitucional-- en su adhesión a als normas internacionales y regionales.
