El ALBA trata de dinamitar el consenso en la OEA sobre su sistema de derechos
El bloque insta a una prórroga del periodo de reforma de su sistema de protección de derechos para evitar que salga adelante un acuerdo que no recoge sus principales reivindicaciones
Eva Saiz
Washington, El País
El propósito de la reunión extraordinaria de la OEA de este viernes era dar por concluido el proceso de reforma de su Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), un deseo en el que coincidían todos los países miembros de la Organización, salvo Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El bloque del ALBA, en su obstinación por impedir una resolución que escenifique el fracaso de sus propias iniciativas, ha tratado, hasta el último momento, de hacer fracasar ese empeño proponiendo, a última hora, una propuesta para prorrogar el debate sobre la modificación del SIDH, al menos, seis meses más. El resto de Estados, sin embargo, está tratando de impedir que prospere esta estrategia de Ecuador y poder cerrar un periplo que se ha prolongado durante dos años.
El bloque del ALBA ha llegado aislado a esta Asamblea General. Sólo ellos se opusieron al proyecto de resolución que suscitó un consenso general en el resto de los 30 países de la OEA durante la reunión de su Consejo Permanente del martes pasado. En ese documento, que es el que inicialmente se ha presentado este viernes para ser debatido en la Asamblea General -y que todavía se sigue debatiendo-, se concluye la necesidad de cerrar el proceso de reforma del SIDH y no se recogen las reivindicaciones defendidas por el ALBA a lo largo de los últimos 21 meses.
Mientras una comisión trata, desde hace más de seis horas, de acercar posturas en otra sala, en el pleno de la OEA, las distintas intervenciones de los ministros de Asuntos Exteriores y del los Embajadores ante la Organización, han evidenciado la soledad de las posturas del ALBA en los asuntos principales que están polarizando el debate, la universalidad de la CIDH, le papel de sus relatorías y la financiación del sistema de protección de derechos.
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, arremetió contra el actual sistema de derechos humanos del que, aseguró, “está en crisis” y “sometido a las presiones de determinados grupos mediáticos y élites de la política mundial”. En su discurso, Patiño hizo frente al reproche de que las reformas que su país propone sólo debilitarían la autonomía de la CIDH y la relatoría de la Libertad de Prensa –muy crítica con la situación de la libertad de prensa en Ecuador-. “El SIDH está en crisis porque la OEA no financia al sistema. La OEA se debe a sus Estados y nunca ha dicho que la CIDH deba ser autónoma e independiente para decidir cuáles son sus funciones”, ha asegurado.
El discurso beligerante de Ecuador sobre el papel y la eficacia de la CIDH contrastó con el pronunciado por los cancilleres de Argentina, Guatemala, México, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica o por el número dos del Departamento de Estado, William Burns, que defendieron el papel relevante de la labor de la CIDH en el apuntalamiento de las democracias en el continente. “Desde la pena de muerte, a la denuncia del estatus de los detenidos en Guantánamo, pasando por la defensa de los inmigrantes, no siempre hemos estado de acuerdo con las decisiones de la CIDH, pero su trabajo supone un desafío para nosotros, porque contribuye a afianzar nuestro compromiso con los principios democráticos”, dijo el sub secretario de Estado.
Burns alertó de la amenaza que para el SIDH suponen las posturas patrocinadas por el ALBA. “Hay que fortalecer la CIDH frente a aquellos estados que quieren debilitarla, impidiendo que pueda servir de contrapeso a las violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados”.
La financiación del SIDH es el principal escollo para que la OEA llegue este viernes a una resolución de consenso. A priori todos los Estados coinciden en que lo ideal sería que el SIDH se sufragara exclusivamente con los fondos de la OEA y las aportaciones de sus Estados miembros. El desencuentro radica en cómo distribuir las contribuciones de terceros países, en tanto se consigue esa autofinanciación. -En la actualidad, solo el 55% del presupuesto total del SIDH se financia por la OEA y sus Estados-. El bloque del ALBA aspira a condicionar las aportaciones de terceros Estados y otras instituciones, de modo que no estén dirigidas a ningún fin específico. Esa propuesta ha sido rechazada por el resto de Estados miembros, por las organizaciones de derechos civiles y por la propia CIDH, que sostienen que, de implementarse, se debilitaría la autonomía de la CIDH y se acabaría con la relatoría de Libertad de Expresión.
Esta relatoría, por su carácter de especial, es la única que no se financia con fondos de la OEA y que depende enteramente de los programas de cooperación internacional. Esta circunstancia hace que su presupuesto triplique el del resto de las relatorías. Si se le impide, como postula Ecuador, que no pueda especificar a qué programas o fines destina los fondos que recibe, no podría subvencionarse. Precisamente, el carácter especial de esa relatoría –muy incómoda por sus denuncias sobre la degradación de la libertad de prensa en Ecuador- es otro de los puntos de fricción que impiden llegar a un acuerdo general. Los países del ALBA quieren que todas las relatorías sean especiales. La CIDH no se opone a que se potencien el resto de sus relatorías, pero teme que la OEA lo haga a la baja, limitando la eficacia y el alcance de sus respectivos trabajos. Los cancilleres que han tomado la palabra han abogado por dotar a todas las relatorías de los mismos recursos.
Todos los Estados coinciden en que para garantizar el fotalecimiento del SIDH es necesario mejorar su financiación y conseguir que todos los Estados de la OEA ratifiquen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la Organización, un velado tirón de orejas para EE UU que, aunque ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, no la ha ratificado. De los 34 miembros de la OEA, sólo 23 han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos –Trinidad y Tobago y Venezuela la han denunciado y Bolivia amenazó con hacerlo este lunes- y únicamente siete han suscrito todos los instrumentos de protección.
Una reforma crucial
El sistema de protección de derechos humanos de la OEA es uno de los más prestigiosos del mundo. La función de la CIDH en la denuncia de las desapariciones y los delitos de lesa humanidad realizados por las diferentes dictaduras americanas en los 80 ha sido decisiva para garantizar la justicia para las víctimas y apuntalar la consolidación de las democracias en la región en la última década.
La Comisión fue la primera en pedir medidas cautelares contra Guantánamo, fue el altavoz de las denuncias contra el terrorismo de Estado del presidente de Perú, Alberto Fujimori, y es el último recurso del que disponen los 500 millones de habitantes de la región para poder defenderse ante la violación de sus derechos civiles por parte de los Estados.
Este no es el primer proceso de reforma que aborda el SIDH, de hecho en los últimos 10 años el sistema ya se ha modificado en cuatro ocasiones, pero, en esta ocasión, las consecuencias para la efectividad de la protección de las víctimas y el futuro de las relatorías y la evidente confrontación de ideologías detrás de cada una de las posturas enfrentadas en la OEA, han hecho saltar las alarmas y han provocado una movilización por parte de dirigentes políticos y de organizaciones de la sociedad civil, sin precedentes.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha hecho del proceso de reforma uno de sus principales caballos de batalla. Una prueba de la transcendencia de esta reunión es que han acudido 10 ministros de Asuntos Exteriores y que EE UU, que en los últimos años ha optado por mantener un perfil bajo en el seno de la OEA, ha decidido enviar al número dos del Departamento de Estado, William Burns.
Washington, El País
El propósito de la reunión extraordinaria de la OEA de este viernes era dar por concluido el proceso de reforma de su Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), un deseo en el que coincidían todos los países miembros de la Organización, salvo Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El bloque del ALBA, en su obstinación por impedir una resolución que escenifique el fracaso de sus propias iniciativas, ha tratado, hasta el último momento, de hacer fracasar ese empeño proponiendo, a última hora, una propuesta para prorrogar el debate sobre la modificación del SIDH, al menos, seis meses más. El resto de Estados, sin embargo, está tratando de impedir que prospere esta estrategia de Ecuador y poder cerrar un periplo que se ha prolongado durante dos años.
El bloque del ALBA ha llegado aislado a esta Asamblea General. Sólo ellos se opusieron al proyecto de resolución que suscitó un consenso general en el resto de los 30 países de la OEA durante la reunión de su Consejo Permanente del martes pasado. En ese documento, que es el que inicialmente se ha presentado este viernes para ser debatido en la Asamblea General -y que todavía se sigue debatiendo-, se concluye la necesidad de cerrar el proceso de reforma del SIDH y no se recogen las reivindicaciones defendidas por el ALBA a lo largo de los últimos 21 meses.
Mientras una comisión trata, desde hace más de seis horas, de acercar posturas en otra sala, en el pleno de la OEA, las distintas intervenciones de los ministros de Asuntos Exteriores y del los Embajadores ante la Organización, han evidenciado la soledad de las posturas del ALBA en los asuntos principales que están polarizando el debate, la universalidad de la CIDH, le papel de sus relatorías y la financiación del sistema de protección de derechos.
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, arremetió contra el actual sistema de derechos humanos del que, aseguró, “está en crisis” y “sometido a las presiones de determinados grupos mediáticos y élites de la política mundial”. En su discurso, Patiño hizo frente al reproche de que las reformas que su país propone sólo debilitarían la autonomía de la CIDH y la relatoría de la Libertad de Prensa –muy crítica con la situación de la libertad de prensa en Ecuador-. “El SIDH está en crisis porque la OEA no financia al sistema. La OEA se debe a sus Estados y nunca ha dicho que la CIDH deba ser autónoma e independiente para decidir cuáles son sus funciones”, ha asegurado.
El discurso beligerante de Ecuador sobre el papel y la eficacia de la CIDH contrastó con el pronunciado por los cancilleres de Argentina, Guatemala, México, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica o por el número dos del Departamento de Estado, William Burns, que defendieron el papel relevante de la labor de la CIDH en el apuntalamiento de las democracias en el continente. “Desde la pena de muerte, a la denuncia del estatus de los detenidos en Guantánamo, pasando por la defensa de los inmigrantes, no siempre hemos estado de acuerdo con las decisiones de la CIDH, pero su trabajo supone un desafío para nosotros, porque contribuye a afianzar nuestro compromiso con los principios democráticos”, dijo el sub secretario de Estado.
Burns alertó de la amenaza que para el SIDH suponen las posturas patrocinadas por el ALBA. “Hay que fortalecer la CIDH frente a aquellos estados que quieren debilitarla, impidiendo que pueda servir de contrapeso a las violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados”.
La financiación del SIDH es el principal escollo para que la OEA llegue este viernes a una resolución de consenso. A priori todos los Estados coinciden en que lo ideal sería que el SIDH se sufragara exclusivamente con los fondos de la OEA y las aportaciones de sus Estados miembros. El desencuentro radica en cómo distribuir las contribuciones de terceros países, en tanto se consigue esa autofinanciación. -En la actualidad, solo el 55% del presupuesto total del SIDH se financia por la OEA y sus Estados-. El bloque del ALBA aspira a condicionar las aportaciones de terceros Estados y otras instituciones, de modo que no estén dirigidas a ningún fin específico. Esa propuesta ha sido rechazada por el resto de Estados miembros, por las organizaciones de derechos civiles y por la propia CIDH, que sostienen que, de implementarse, se debilitaría la autonomía de la CIDH y se acabaría con la relatoría de Libertad de Expresión.
Esta relatoría, por su carácter de especial, es la única que no se financia con fondos de la OEA y que depende enteramente de los programas de cooperación internacional. Esta circunstancia hace que su presupuesto triplique el del resto de las relatorías. Si se le impide, como postula Ecuador, que no pueda especificar a qué programas o fines destina los fondos que recibe, no podría subvencionarse. Precisamente, el carácter especial de esa relatoría –muy incómoda por sus denuncias sobre la degradación de la libertad de prensa en Ecuador- es otro de los puntos de fricción que impiden llegar a un acuerdo general. Los países del ALBA quieren que todas las relatorías sean especiales. La CIDH no se opone a que se potencien el resto de sus relatorías, pero teme que la OEA lo haga a la baja, limitando la eficacia y el alcance de sus respectivos trabajos. Los cancilleres que han tomado la palabra han abogado por dotar a todas las relatorías de los mismos recursos.
Todos los Estados coinciden en que para garantizar el fotalecimiento del SIDH es necesario mejorar su financiación y conseguir que todos los Estados de la OEA ratifiquen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la Organización, un velado tirón de orejas para EE UU que, aunque ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, no la ha ratificado. De los 34 miembros de la OEA, sólo 23 han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos –Trinidad y Tobago y Venezuela la han denunciado y Bolivia amenazó con hacerlo este lunes- y únicamente siete han suscrito todos los instrumentos de protección.
Una reforma crucial
El sistema de protección de derechos humanos de la OEA es uno de los más prestigiosos del mundo. La función de la CIDH en la denuncia de las desapariciones y los delitos de lesa humanidad realizados por las diferentes dictaduras americanas en los 80 ha sido decisiva para garantizar la justicia para las víctimas y apuntalar la consolidación de las democracias en la región en la última década.
La Comisión fue la primera en pedir medidas cautelares contra Guantánamo, fue el altavoz de las denuncias contra el terrorismo de Estado del presidente de Perú, Alberto Fujimori, y es el último recurso del que disponen los 500 millones de habitantes de la región para poder defenderse ante la violación de sus derechos civiles por parte de los Estados.
Este no es el primer proceso de reforma que aborda el SIDH, de hecho en los últimos 10 años el sistema ya se ha modificado en cuatro ocasiones, pero, en esta ocasión, las consecuencias para la efectividad de la protección de las víctimas y el futuro de las relatorías y la evidente confrontación de ideologías detrás de cada una de las posturas enfrentadas en la OEA, han hecho saltar las alarmas y han provocado una movilización por parte de dirigentes políticos y de organizaciones de la sociedad civil, sin precedentes.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha hecho del proceso de reforma uno de sus principales caballos de batalla. Una prueba de la transcendencia de esta reunión es que han acudido 10 ministros de Asuntos Exteriores y que EE UU, que en los últimos años ha optado por mantener un perfil bajo en el seno de la OEA, ha decidido enviar al número dos del Departamento de Estado, William Burns.
