AE determinó ampliar intervención en Emprelpaz
El Alto, ANF
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) informó la tarde de este viernes que se decidió ampliar la intervención en la Empresa Rural Eléctrica La Paz S.A. (Emprelpaz), , informó a la ANF, Richard Alcócer, quien negó que se haya suspendido esta medida preventiva sobre esta entidad eléctrica.
En conferencia de prensa, el interventor Limbert Carvajal reconoció la mañana de este viernes que la intervención dispuesta en agosto de 2012 por la AE concluye este 23 de febrero, pero que si la continuidad del servicio se pone en riesgo por una posible insolvencia económica, entonces una ampliación de la intervención está en el marco de lo legal.
No obstante, el Auto Constitucional 001/2013-CA-ECA, expediente 02077-2012-05-RDN, emitido por el Tribunal Constitucional el 18 de enero pasado pondría en duda una nueva intervención sobre esta empresa de servicio de electricidad, cuyos dueños son más 25.000 comunarios de las provincias de La Paz, que aportaron con recursos la creación de esta entidad.
Al respecto Carvajal, dijo que la intervención de la Autoridad de Electricidad y el fallo del Tribunal Constitucional habrían sido mal interpretados por los nuevos directores de Emprelpaz que asumieron una huelga de hambre desde el lunes pasado, exigiendo la restitución de sus funciones en el marco de los tres autos constitucionales emitidos por el máximo órgano judicial, en noviembre de 2012, enero de 2013 y el 18 de febrero pasado.
El interventor argumentó que en todo momento los dirigentes de los trabajadores buscaron el fracaso de la intervención, no obstante admitió que a lo largo de esta medida y las otras dos intervenciones dispuesta por la Autoridad de Electricidad no se pudo sanear las deudas millonarias que tiene Emprelpaz con Impuestos Internos, Electropaz y la Caja Petrolera.
La empresa adeuda 35 millones de bolivianos al Servicio de Impuestos Nacionales, 5 millones a Electropaz y 700 mil a la Caja Petrolera de Salud. Por lo que el nuevo Directorio de Emprelpaz acusa a David Olivares, ex gerente de esta operadora rural de electrificación de La Paz, quien está recluido desde el año pasado en la cárcel de San Pedro, de ser el responsable de la malversación de estos 35 millones.
“Hemos devuelto ese fallo al Tribunal Constitucional pidiéndole las aclaraciones respectivas. Yo no me he dado por notificado y he continuado con mis actividades velando por la continuidad del servicio. La intervención administrativa está determinada hasta el 23 de febrero”, dijo Carvajal.
NUEVO DIRECTORIO: Por su parte, Félix Sullca, presidente del directorio de Emprelpaz, rechazó una nueva intervención de la Autoridad de Electricidad, al señalar que con el último Auto Constitucional emitido por el Tribunal Constitucional no se podría volver a intervenir esta empresa que pertenece a los comunarios de las provincias de La Paz.
“El Tribunal Constitucional sólo reconoce el pago de honorarios al interventor y descarta la ampliación de una nueva intervención. Esta notificación fue hecha a la AE, a la intervención, no a las personas, Carvajal concluyó su mandato y una ampliación de su mandato sólo busca liquidar a la empresa y proteger al ex gerente general David Olivares quien es el responsable del delicado momento económico por el que atraviesa nuestra empresa y quien malversó millones de dólares por lo que ahora está preso en el penal de San Pedro”, remarcó.
Al respecto, Limbert Carvajal indicó que cuando asumió la intervención el daño económico ocasionado a Emprelpaz por gestiones que datan desde la gestión de David Olivares superan fácilmente los 40 millones de bolivianos.
En tanto, Sullca anticipó que si el interventor continúa al frente de Emprelpaz, serán las 20 provincias de La Paz las que asuman medidas de hecho radicales como el bloqueo de caminos en concomitancia con el sector de los autodenominados “ponchos rojos” de Achacachi.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) informó la tarde de este viernes que se decidió ampliar la intervención en la Empresa Rural Eléctrica La Paz S.A. (Emprelpaz), , informó a la ANF, Richard Alcócer, quien negó que se haya suspendido esta medida preventiva sobre esta entidad eléctrica.
En conferencia de prensa, el interventor Limbert Carvajal reconoció la mañana de este viernes que la intervención dispuesta en agosto de 2012 por la AE concluye este 23 de febrero, pero que si la continuidad del servicio se pone en riesgo por una posible insolvencia económica, entonces una ampliación de la intervención está en el marco de lo legal.
No obstante, el Auto Constitucional 001/2013-CA-ECA, expediente 02077-2012-05-RDN, emitido por el Tribunal Constitucional el 18 de enero pasado pondría en duda una nueva intervención sobre esta empresa de servicio de electricidad, cuyos dueños son más 25.000 comunarios de las provincias de La Paz, que aportaron con recursos la creación de esta entidad.
Al respecto Carvajal, dijo que la intervención de la Autoridad de Electricidad y el fallo del Tribunal Constitucional habrían sido mal interpretados por los nuevos directores de Emprelpaz que asumieron una huelga de hambre desde el lunes pasado, exigiendo la restitución de sus funciones en el marco de los tres autos constitucionales emitidos por el máximo órgano judicial, en noviembre de 2012, enero de 2013 y el 18 de febrero pasado.
El interventor argumentó que en todo momento los dirigentes de los trabajadores buscaron el fracaso de la intervención, no obstante admitió que a lo largo de esta medida y las otras dos intervenciones dispuesta por la Autoridad de Electricidad no se pudo sanear las deudas millonarias que tiene Emprelpaz con Impuestos Internos, Electropaz y la Caja Petrolera.
La empresa adeuda 35 millones de bolivianos al Servicio de Impuestos Nacionales, 5 millones a Electropaz y 700 mil a la Caja Petrolera de Salud. Por lo que el nuevo Directorio de Emprelpaz acusa a David Olivares, ex gerente de esta operadora rural de electrificación de La Paz, quien está recluido desde el año pasado en la cárcel de San Pedro, de ser el responsable de la malversación de estos 35 millones.
“Hemos devuelto ese fallo al Tribunal Constitucional pidiéndole las aclaraciones respectivas. Yo no me he dado por notificado y he continuado con mis actividades velando por la continuidad del servicio. La intervención administrativa está determinada hasta el 23 de febrero”, dijo Carvajal.
NUEVO DIRECTORIO: Por su parte, Félix Sullca, presidente del directorio de Emprelpaz, rechazó una nueva intervención de la Autoridad de Electricidad, al señalar que con el último Auto Constitucional emitido por el Tribunal Constitucional no se podría volver a intervenir esta empresa que pertenece a los comunarios de las provincias de La Paz.
“El Tribunal Constitucional sólo reconoce el pago de honorarios al interventor y descarta la ampliación de una nueva intervención. Esta notificación fue hecha a la AE, a la intervención, no a las personas, Carvajal concluyó su mandato y una ampliación de su mandato sólo busca liquidar a la empresa y proteger al ex gerente general David Olivares quien es el responsable del delicado momento económico por el que atraviesa nuestra empresa y quien malversó millones de dólares por lo que ahora está preso en el penal de San Pedro”, remarcó.
Al respecto, Limbert Carvajal indicó que cuando asumió la intervención el daño económico ocasionado a Emprelpaz por gestiones que datan desde la gestión de David Olivares superan fácilmente los 40 millones de bolivianos.
En tanto, Sullca anticipó que si el interventor continúa al frente de Emprelpaz, serán las 20 provincias de La Paz las que asuman medidas de hecho radicales como el bloqueo de caminos en concomitancia con el sector de los autodenominados “ponchos rojos” de Achacachi.