Estados Unidos advierte del riesgo de un 11-S informático "inminente"
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, ha advertido este jueves del riesgo de que se produzca de forma "inminente" un ataque informático de la magnitud de los atentados 'yihadistas' del 11 de septiembre de 2001.
Napolitano ha asegurado que hay una amenaza real de que se produzca un ataque informático contra infraestructuras clave para cualquier país, como las de suministro de agua y energía, que podría provocar los mismos estragos que la tormenta tropical 'Sandy', que a finales de 2012 recorrió el continente americano dejando decenas de muertos.
La jefa de Interior ha recordado que ya se han producido ataques informáticos contra bancos estadounidenses. "Ya hemos recibido una llamada de atención. Se están produciendo todo el tiempo y vienen de diferentes lugares, con diferentes formas, aunque cada vez más sofisticadas", ha dicho.
Por ello, ha considerado que "no deberíamos esperar a que haya un 11-S informático". "Hay cosas que podemos y debemos hacer ahora mismo para, si no prevenir, al menos mitigar los daños", ha apuntado, durante su intervención en el Centro Wilson, un 'think tank' de Washington.
A este respecto, ha instado al Congreso --paralizado por la profunda división entre demócratas y republicanos-- a aprobar el proyecto de ley sobre ataques informáticos, que permitirá al Gobierno compartir información con el sector privado, que gestiona dichas infraestructuras, para evitarlos.
Se espera que el presidente estadounidense, Barack Obama, ordene la creación de un sistema destinado a ayudar a las empresas a proteger las infraestructuras que gestionan, que será voluntario y que contendrá incentivos para las compañías que decidan participar.
El sector privado se ha mostrado reacio a dicha legislación al considerar que se trata de una extralimitación del sector público con la que podría acceder a información que en estos momentos no está a su alcance.
Actualmente, el ordenamiento jurídico estadounidense no garantiza la inmunidad legal a las empresas que, voluntariamente, accedan a compartir información con el Gobierno, aunque sea por motivos de seguridad nacional.
