Portugal: el recorte permanente
El Gobierno prosigue con su política restrictiva mientras la protesta remite
Antonio Jiménez Barca
Lisboa, El País
El primer ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, ha asegurado siempre que él se encargará personalmente de dar las malas noticias al país. Y en esto ha cumplido. Así que no hay mes que Passos Coelho no se asome a la televisión para informar a sus conciudadanos del penúltimo recorte, de la penúltima vuelta de tuerca a la política del ajuste y del control exhaustivo del déficit.
El miércoles, el primer ministro, en una charla improvisada con periodistas, soltó el bombazo del mes: las indemnizaciones por despido procedente se reducirán de 20 a 12 días a partir de una fecha no determinada aún de 2013, en cuanto el nuevo decreto pase los trámites parlamentarios. Passos Coelho especificó que, como siempre, estas medidas de ajuste vienen dictadas por la troika (las instituciones que en abril de 2011 prestaron 78.000 millones de euros para salvar a Portugal de la bancarrota) y que el escaso margen de maniobra de que gozaba el Gobierno se limitó, exclusivamente, a escoger si la indemnización iba a ser de 8 o de 12 días y que se decidió por esta última por ser “la menos polémica”.
No ha habido una gran reacción a la noticia. Los telediarios de la noche abrieron con ella, pero no todos los periódicos del día siguiente la consideraron la más importante. Los líderes sindicales calificaron la medida de “inaceptable”, pero poco más. Da la impresión de que los portugueses, a base de dosis, se han vacunado contra el despojamiento, contra el achique de todo. La protesta social, las manifestaciones multitudinarias y las olas de gente en la calle, que se inflamó este otoño, parecen haber remitido.
Es cierto que el 15 de septiembre una histórica manifestación que reunió solo en Lisboa a más de 600.000 personas logró que el Gobierno devolviera al cajón una ley que pretendía una bajada general de salarios a todos los trabajadores portugueses. Y también que el 14 de noviembre un estallido inusual de violencia callejera dejó un rastro de contenedores volcados o ardiendo en las calles, señales arrancadas de tráfico, policías apedreados y 48 heridos.
Sin embargo, el Gobierno aprobó el pasado 27 de noviembre el presupuesto más restrictivo de la reciente historia de Portugal con una brutal subida de impuestos, que, en general, equivaldrá a la pérdida de una mensualidad para cada trabajador. En otras palabras: lo que el Gobierno retiró tras la gran manifestación se lo cogerá a los mismos (la clase media) por otro lado.
La economía retrocede a un ritmo de un 3% en este año, el paro sube a un 16%, una cifra récord en Portugal, y el consumo se encoge en un 2%. Son innumerables las voces críticas, desde todos los sectores (incluido el mismo partido conservador de Passos Coelho) que han denunciado que los recortes continuados no devolverán el vigor a la anémica economía lusa. Pero Passos Coelho, y su brazo derecho, el concienzudo y puntilloso ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, continúan, mes a mes, noticia a noticia, tajo a tajo, con el mismo discurso y la misma política, aparentemente ajenos a las protestas y a los resultados nefastos de los sondeos, en los que se despeñan políticamente.
El pasado 29 de noviembre, el primer ministro concedió una entrevista a la cadena televisiva TVI a fin de explicar a los portugueses los porqués de un presupuesto tan restrictivo y tan estrecho. Y no se quedó ahí: les previno de que lo peor (si cabe) está aún por llegar: el próximo febrero, el Gobierno portugués presentará a la troika un plan encaminado a ahorrar 4.000 millones de euros, que se conseguirán a base de adelgazar gastos públicos. Una periodista le preguntó si se llegará al copago educativo (el médico ya existe en Portugal, donde una consulta de urgencias cuesta 20 euros) y Passos Coelho, sin especificar mucho, no lo desmintió: “La Constitución nos permite tener un sistema de financiación más repartido entre lo que pagan los ciudadanos y lo que se paga a través del Estado”.
Así, los ciudadanos ven con pavor el año que se aproxima. Tanto el ministro Gaspar como Abebe Selassie, el hombre del FMI en Portugal, pronostican que el segundo semestre de 2013 significará el cambio de rumbo, la patada en el fondo, el final de la agonía. Pero también dijeron eso a finales de 2011 sobre 2012 y por eso los portugueses desconfían.
Por su parte, el líder del principal sindicato, la CGTP, Arménio Carlos, que en 10 meses ya ha llevado a cabo dos huelgas generales, promete más protestas. Pero los ciudadanos parecen fatigados, cansados de no ver los resultados de la lucha, hartos de pelear y de perder.
Lisboa, El País
El primer ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, ha asegurado siempre que él se encargará personalmente de dar las malas noticias al país. Y en esto ha cumplido. Así que no hay mes que Passos Coelho no se asome a la televisión para informar a sus conciudadanos del penúltimo recorte, de la penúltima vuelta de tuerca a la política del ajuste y del control exhaustivo del déficit.
El miércoles, el primer ministro, en una charla improvisada con periodistas, soltó el bombazo del mes: las indemnizaciones por despido procedente se reducirán de 20 a 12 días a partir de una fecha no determinada aún de 2013, en cuanto el nuevo decreto pase los trámites parlamentarios. Passos Coelho especificó que, como siempre, estas medidas de ajuste vienen dictadas por la troika (las instituciones que en abril de 2011 prestaron 78.000 millones de euros para salvar a Portugal de la bancarrota) y que el escaso margen de maniobra de que gozaba el Gobierno se limitó, exclusivamente, a escoger si la indemnización iba a ser de 8 o de 12 días y que se decidió por esta última por ser “la menos polémica”.
No ha habido una gran reacción a la noticia. Los telediarios de la noche abrieron con ella, pero no todos los periódicos del día siguiente la consideraron la más importante. Los líderes sindicales calificaron la medida de “inaceptable”, pero poco más. Da la impresión de que los portugueses, a base de dosis, se han vacunado contra el despojamiento, contra el achique de todo. La protesta social, las manifestaciones multitudinarias y las olas de gente en la calle, que se inflamó este otoño, parecen haber remitido.
Es cierto que el 15 de septiembre una histórica manifestación que reunió solo en Lisboa a más de 600.000 personas logró que el Gobierno devolviera al cajón una ley que pretendía una bajada general de salarios a todos los trabajadores portugueses. Y también que el 14 de noviembre un estallido inusual de violencia callejera dejó un rastro de contenedores volcados o ardiendo en las calles, señales arrancadas de tráfico, policías apedreados y 48 heridos.
Sin embargo, el Gobierno aprobó el pasado 27 de noviembre el presupuesto más restrictivo de la reciente historia de Portugal con una brutal subida de impuestos, que, en general, equivaldrá a la pérdida de una mensualidad para cada trabajador. En otras palabras: lo que el Gobierno retiró tras la gran manifestación se lo cogerá a los mismos (la clase media) por otro lado.
La economía retrocede a un ritmo de un 3% en este año, el paro sube a un 16%, una cifra récord en Portugal, y el consumo se encoge en un 2%. Son innumerables las voces críticas, desde todos los sectores (incluido el mismo partido conservador de Passos Coelho) que han denunciado que los recortes continuados no devolverán el vigor a la anémica economía lusa. Pero Passos Coelho, y su brazo derecho, el concienzudo y puntilloso ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, continúan, mes a mes, noticia a noticia, tajo a tajo, con el mismo discurso y la misma política, aparentemente ajenos a las protestas y a los resultados nefastos de los sondeos, en los que se despeñan políticamente.
El pasado 29 de noviembre, el primer ministro concedió una entrevista a la cadena televisiva TVI a fin de explicar a los portugueses los porqués de un presupuesto tan restrictivo y tan estrecho. Y no se quedó ahí: les previno de que lo peor (si cabe) está aún por llegar: el próximo febrero, el Gobierno portugués presentará a la troika un plan encaminado a ahorrar 4.000 millones de euros, que se conseguirán a base de adelgazar gastos públicos. Una periodista le preguntó si se llegará al copago educativo (el médico ya existe en Portugal, donde una consulta de urgencias cuesta 20 euros) y Passos Coelho, sin especificar mucho, no lo desmintió: “La Constitución nos permite tener un sistema de financiación más repartido entre lo que pagan los ciudadanos y lo que se paga a través del Estado”.
Así, los ciudadanos ven con pavor el año que se aproxima. Tanto el ministro Gaspar como Abebe Selassie, el hombre del FMI en Portugal, pronostican que el segundo semestre de 2013 significará el cambio de rumbo, la patada en el fondo, el final de la agonía. Pero también dijeron eso a finales de 2011 sobre 2012 y por eso los portugueses desconfían.
Por su parte, el líder del principal sindicato, la CGTP, Arménio Carlos, que en 10 meses ya ha llevado a cabo dos huelgas generales, promete más protestas. Pero los ciudadanos parecen fatigados, cansados de no ver los resultados de la lucha, hartos de pelear y de perder.
