Llueven más denuncias de corrupción contra exfiscal Isabelino Gómez
Mientras el exfiscal Isabelino Gómez guarda detención en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en Santa Cruz, hora que pasa aparecen más denuncias en su contra por supuestos casos de extorsión.
Este martes se confirmó que la exautoridad sindicada pidió 500 mil dólares estadounidenses a Cresencio Rojas Pinto, acusado por delito de violación y quien en la actualidad se encuentra en la cárcel de Palmasola.
La defensa del interno, Juan Mariscal, no dio mayores detalles del suceso, sin embargo recordó que Rojas no tenía ese dinero para complacer a Gómez. “Si lo hubiera tenido tampoco nos hubiéramos prestado a ese juego, no es correcto”, enfatizó.
A este hecho se agrega otra denuncia que fue interpuesta por varios concejales del municipio de Santa Cruz, entre ellos Oscar Vargas.
En su momento, el ciudadano alemán Dirk Schmidt lo denunció por irregularidades en el manejo de su proceso. Este caso tiene que ver con supuesta extorsión a menonitas.
Más antes, Isabelino Gómez siguió los casos de la brutal represión policial contra pobladores de Caranavi que dejó un saldo de dos muertos; el escándalo que provocó la caída del exhombre fuerte del Movimiento Al Socialismo, Santos Ramírez y la de René Navía.
El exfiscal fue aprehendido este lunes en la ciudad de Sucre y posteriormente trasladado a Santa Cruz para que preste declaraciones sobre la red de extorsión que involucra a importantes funcionarios de los ministerios de la Presidencia y Gobierno.
Cohecho pasivo
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, solicitó al Ministerio Público que, de oficio, inicie procesos contra las personas que han sido víctimas de extorsión de agentes del Gobierno porque cree que han cometido un delito al entregar dinero a funcionarios públicos a cambio de favores judiciales.
Suxo también pidió iniciar juicios contra las autoridades de los cuatro órganos del Estado que hubieran sido denunciadas por supuestos casos de extorsión.
“Solicitamos al fiscal general del Estado iniciar de oficio los procesos contra las autoridades de los cuatro órganos del Estado así como a todas las personas que aseguran haber sido víctimas de extorsión y que hubieran entregado dádivas de algún tipo a servidores públicos, para obtener beneficios personales, pues esas acciones también son consideradas como un hecho de corrupción, de acuerdo con el artículo 158 del Código Penal”, señala un comunicado del Ministerio de Transparencia emitido anoche.
El artículo citado tipifica el “cohecho activo”, que se da cuando una persona da dinero a un funcionario a cambio de algún favor. El mismo se sanciona con penas de hasta cuatro años de cárcel.
