El Constitucional egipcio suspende sus trabajos por la presión de los islamistas
Una protesta de simpatizantes de los Hermanos Musulmanes obliga al Constitucional a aplazar su decisión sobre la validez del comité que ha aprobado el nuevo texto fundamental, de corte islamista
Ricard González
El Cairo, El País
El Tribunal Constitucional de Egipto decidió el domingo suspender de forma indefinida sus trabajos en respuesta al acoso que padece por parte de militantes islamistas. Tras la multitudinaria manifestación del sábado en apoyo al presidente, Mohamed Morsi, varios centenares de sus seguidores se dirigieron a la sede de la corte, y organizaron una sentada, bloqueando el acceso al edificio. Estaba previsto que el Tribunal Constitucional emitiera el domingo un veredicto sobre la legalidad del Senado y de la Asamblea Constituyente, que la madrugada del viernes aprobó el borrador final de la Carta Magna que será sometido a referéndum el próximo día 15.
"[Los jueces] anuncian la suspensión de las sesiones del tribunal hasta que puedan proseguir con sus mensajes y resoluciones sin presiones psicológicas o materiales", ha manifestado la corte en un comunicado público. En su nota, denuncia “mentiras” que han hecho circular los partidarios de los Hermanos Musulmanes para “ensuciar” su imagen. La tensión entre el movimiento islamista y el tribunal ha ido creciendo progresivamente durante los últimos meses, y la semana pasada los jueces ya acusaron al Ejecutivo de haber lanzado una campaña en su contra.
En un comunicado público, Saad Katatny, el secretario general del Partido de la Justicia y la Libertad, el brazo político de la Hermandad, pidió a los manifestantes que levantaran el cerco a la institución, y permitieran que el Tribunal Constitucional continuara sus labores. A primera hora de la tarde, los concentrados habían hecho oídos sordos de su petición, lo que sugiere que los Hermanos Musulmanes no están realmente interesados en poner fin al acoso, o bien que los manifestantes pertenecen a otros corrientes islamistas.
Egipto atraviesa un periodo de profunda polarización a raíz de la decisión del presidente Morsi de arrogarse poderes cuasi absolutos, y de convocar un referéndum sobre un borrador constitucional aprobado sólo con los votos de los representantes islamistas. La actual crisis política está íntimamente entrelazada con una crisis legal de consecuencias impredecibles. Y es que, en pleno choque de legitimidades entre las instituciones del Estado, el país árabe no cuenta con una Constitución, un Parlamento, o una hoja de ruta consensuada.
Estaba previsto que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la legalidad de la Asamblea Constituyente y el Senado, ambos órganos dominados por los islamistas. Sin embargo, la mayoría de expertos legales sostiene que un veredicto que los disolviera no tendría ninguna consecuencia práctica. Para empezar, el decretazo de Morsi las blindaba ante tal posibilidad. Además, tras finalizar la Asamblea Constituyente sus labores, su disolución carece de efectividad.
Ahora bien, los jueces aún cuentan con un as en la manga para obstaculizar la celebración de referéndum constitucional, la herramienta con la que Morsi pretende poner fin a la crisis de forma ventajosa para sus intereses. El Club de los Jueces ya amenazó la semana pasada con no supervisar el referéndum si el rais no retiraba su decretazo, y varios magistrados han apoyado públicamente la idea.
“Puedo asegurar que todas las asambleas generales de los diferentes cortes en Egipto tomarán una decisión de no participar en la supervisión del referéndum. Esta es una arma poderosa para presionar al presidente”, declaró al periódico Masry al-Ium Ashraf Nada, juez del Tribunal de Apelaciones de El Cairo. La amenaza no parece haber disuadido a la Hermandad. Fuentes próximas a la organización ha sugerido que profesores universitarios o funcionarios del gobierno podrían reemplazar a los jueces. Sin embargo, ello proyectaría la sombra de la duda sobre la limpieza y legitimidad de la consulta.
En una intervención ante la Asamblea Constituyente, convenida el sábado en una sesión extraordinaria, el rais Morsi definió el borrador de la Constitución como “un hito que protege los derechos, las libertades y la dignidad humana de todos los egipcios”. “Llamo a todos los egipcios a votar este borrador constitucional ... será un nuevo paso en el proceso democrático de Egipto”, proclamó Morsi.
La oposición en bloque ya ha mostrado un rechazo contundente al texto constitucional. Así pues, aún en caso de que se celebre el referéndum y se imponga el sí, el porcentaje de votos negativos será muy elevado, lo que significaría que la atribulada transición egipcia se cierra en falso. El panorama político del Egipto posrevolucionario tiene la extraña capacidad de enredarse cada vez más.
El Cairo, El País
El Tribunal Constitucional de Egipto decidió el domingo suspender de forma indefinida sus trabajos en respuesta al acoso que padece por parte de militantes islamistas. Tras la multitudinaria manifestación del sábado en apoyo al presidente, Mohamed Morsi, varios centenares de sus seguidores se dirigieron a la sede de la corte, y organizaron una sentada, bloqueando el acceso al edificio. Estaba previsto que el Tribunal Constitucional emitiera el domingo un veredicto sobre la legalidad del Senado y de la Asamblea Constituyente, que la madrugada del viernes aprobó el borrador final de la Carta Magna que será sometido a referéndum el próximo día 15.
"[Los jueces] anuncian la suspensión de las sesiones del tribunal hasta que puedan proseguir con sus mensajes y resoluciones sin presiones psicológicas o materiales", ha manifestado la corte en un comunicado público. En su nota, denuncia “mentiras” que han hecho circular los partidarios de los Hermanos Musulmanes para “ensuciar” su imagen. La tensión entre el movimiento islamista y el tribunal ha ido creciendo progresivamente durante los últimos meses, y la semana pasada los jueces ya acusaron al Ejecutivo de haber lanzado una campaña en su contra.
En un comunicado público, Saad Katatny, el secretario general del Partido de la Justicia y la Libertad, el brazo político de la Hermandad, pidió a los manifestantes que levantaran el cerco a la institución, y permitieran que el Tribunal Constitucional continuara sus labores. A primera hora de la tarde, los concentrados habían hecho oídos sordos de su petición, lo que sugiere que los Hermanos Musulmanes no están realmente interesados en poner fin al acoso, o bien que los manifestantes pertenecen a otros corrientes islamistas.
Egipto atraviesa un periodo de profunda polarización a raíz de la decisión del presidente Morsi de arrogarse poderes cuasi absolutos, y de convocar un referéndum sobre un borrador constitucional aprobado sólo con los votos de los representantes islamistas. La actual crisis política está íntimamente entrelazada con una crisis legal de consecuencias impredecibles. Y es que, en pleno choque de legitimidades entre las instituciones del Estado, el país árabe no cuenta con una Constitución, un Parlamento, o una hoja de ruta consensuada.
Estaba previsto que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la legalidad de la Asamblea Constituyente y el Senado, ambos órganos dominados por los islamistas. Sin embargo, la mayoría de expertos legales sostiene que un veredicto que los disolviera no tendría ninguna consecuencia práctica. Para empezar, el decretazo de Morsi las blindaba ante tal posibilidad. Además, tras finalizar la Asamblea Constituyente sus labores, su disolución carece de efectividad.
Ahora bien, los jueces aún cuentan con un as en la manga para obstaculizar la celebración de referéndum constitucional, la herramienta con la que Morsi pretende poner fin a la crisis de forma ventajosa para sus intereses. El Club de los Jueces ya amenazó la semana pasada con no supervisar el referéndum si el rais no retiraba su decretazo, y varios magistrados han apoyado públicamente la idea.
“Puedo asegurar que todas las asambleas generales de los diferentes cortes en Egipto tomarán una decisión de no participar en la supervisión del referéndum. Esta es una arma poderosa para presionar al presidente”, declaró al periódico Masry al-Ium Ashraf Nada, juez del Tribunal de Apelaciones de El Cairo. La amenaza no parece haber disuadido a la Hermandad. Fuentes próximas a la organización ha sugerido que profesores universitarios o funcionarios del gobierno podrían reemplazar a los jueces. Sin embargo, ello proyectaría la sombra de la duda sobre la limpieza y legitimidad de la consulta.
En una intervención ante la Asamblea Constituyente, convenida el sábado en una sesión extraordinaria, el rais Morsi definió el borrador de la Constitución como “un hito que protege los derechos, las libertades y la dignidad humana de todos los egipcios”. “Llamo a todos los egipcios a votar este borrador constitucional ... será un nuevo paso en el proceso democrático de Egipto”, proclamó Morsi.
La oposición en bloque ya ha mostrado un rechazo contundente al texto constitucional. Así pues, aún en caso de que se celebre el referéndum y se imponga el sí, el porcentaje de votos negativos será muy elevado, lo que significaría que la atribulada transición egipcia se cierra en falso. El panorama político del Egipto posrevolucionario tiene la extraña capacidad de enredarse cada vez más.
