Abogados externos realizarán auditoría judicial a procesos
El Ministerio de Gobierno lanzará una convocatoria pública para contratar abogados externos que se harán cargo de la auditoría jurídica a procesos legales que fueron impulsados por los ex abogados de esa entidad Fernando Rivera y Denis Rodas, detenidos, entre otras personas, por estar acusados de ser los principales líderes de la red de extorsionadores.
El anuncio fue realizado ayer por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista con Página Siete. “La auditoría se va a hacer con gente externa. Estamos trabajando los términos de referencia y seguramente una convocatoria pública”.
La autoridad dijo que esta labor consiste en realizar “un análisis acerca de cómo se manejaron los procesos judiciales. Queremos ver si en el manejo de los procesos judiciales hay irregularidades y si ellas se repiten, y si expresan un modus operandi”.
El sábado, el ministro adelantó que se haría una auditoría jurídica para ver la situación de los procesos. Ayer explicó que lo ideal sería revisar todos en los que participaron ambos abogados, pero que “eso sería muy complicado porque estamos hablando de procesos de hace muchos años. Hay dos opciones, elegir los más relevantes o definir un porcentaje de revisión. Ése es un tema que vamos a definir mañana (hoy)”.
Los casos
Rivera y Rodas fueron los abogados del Ministerio de Gobierno que tuvieron a su cargo procesos como terrorismo I y II (relacionados con el grupo presuntamente terrorista de Eduardo Rózsa), el del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, cuyo caso terminó por destapar la red de extorsión formada por funcionarios de los ministerios de Gobierno, Presidencia y de la Dirección de Bienes Incautados, entre otras personas.
Ostreicher está detenido desde 2011, acusado de enriquecimiento ilícito relacionado con el narcotráfico. Esta red se quedó con sus bienes y le pidió 50.000 dólares para dejarlo en libertad.
Se presume que este grupo de juristas incidió también en los casos Olorio (siete policías son investigados por la muerte del principal sospechoso del atraco a Vías Bolivia), del policía René Navía (narcotráfico), gastos reservados I y II, y al menos otros dos más.
Romero dijo que se deben esperar los resultados del examen jurídico para emitir un criterio al respecto de estos procesos.
“Hay que tomar en cuenta cualquier proceso como el de Jacob (Ostreicher) o el de terrorismo o cualquier otro, hay que distinguir diferentes dimensiones del proceso, un tema es la cuestión de fondo del proceso, es decir si Jacob es culpable de legitimación de ganancias, si tiene nexos con el narcotráfico, es un tema que sólo se lo puede resolver en el proceso judicial, ése es el tema de fondo que se debate en ese proceso judicial”, dijo Romero en una entrevista concedida a Página Siete el sábado.
El ministro también detalló que la red de extorsión operaba en aquellos casos en los que estaba en juego mucho dinero, en los que los acusados estaban procesados por narcotráfico, corrupción y otros.
Otras características de esta red son, dijo, su implicancia en casos cuyos acusados trataban de revocar una decisión judicial, como la detención preventiva, como en el caso Ostreicher.
La red apareció conformada por funcionarios y ex funcionarios públicos ligados a la Dircabi, los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, además de particulares como Gustavo Céspedes, quien habría sido el nexo de Rivera para realizar algunas gestiones.
Siete personas fueron detenidas y hay otras involucradas que se prevé arrestar. Rivera y Rodas fueron derivados el sábado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz.
