Rechazo en Argentina a la denuncia penal de Clarín contra unos periodistas
Una polémica denuncia penal presentada por el mayor grupo multimedia de Argentina Clarín contra unos periodistas por "incitación a la violencia" fue duramente criticado el lunes y un organismo humanitario asumirá su defensa, al considerarlo una "intimidación a la libertad de expresión".
"La intimidación al periodismo y a la libertad de expresión es igual si la ejerce el Estado o una gran empresa, en este caso un conglomerado que es el grupo Clarín", dijo Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que anunció que se hará cargo de la defensa de los periodistas.
Clarín acusa a unos periodistas que trabajan en medios de posiciones cercanas al gobierno, junto a funcionarios y legisladores oficialistas, por el supuesto delito de "incitación a la violencia colectiva", que contempla penas de entre tres y seis años de prisión, y pide que se los investigue para determinar si incurrieron en "coacción agravada".
"No han cometido ningún delito, han hecho ejercicio de su derecho a informar y a opinar", agregó Verbitsky, en una rueda de prensa el lunes con presencia de dirigentes sociales y de organismos humanitarios.
Entre los periodistas denunciados como "principales propaladores" de una supuesta "demonización del grupo Clarín" están el exdirector del diario Tiempo Argentino Roberto Caballero, Sandra Russo, del programa periodístico '6,7,8', de la televisión estatal, y Javier Vicente, relator de 'Fútbol para Todos'. También se cita a Nora Veiras, Orlando Barone y Edgardo Mocca, columnistas de '6,7,8'.
"Pocas veces desde la vuelta a la democracia se atentó tanto contra la libertad de expresión como con esta denuncia", dijo el dirigente del opositor radicalismo Leopoldo Moreau.
La denuncia se enmarca en la disputa que mantienen Clarín y el gobierno de Cristina Kirchner por la aplicación de la ley de Servicios Audiovisuales, sancionada en 2009, que obliga a los grandes grupos mediáticos a desprenderse de varias licencias de radio y televisión antes del 7 de diciembre.
El grupo Clarín dijo el lunes en un comunicado que la denuncia pretende "salvaguardar la seguridad e integridad de periodistas, directivos y familiares" del grupo.
El abogado del grupo mediático Hugo Wortman Jofré aseguró a radio El Mundo que la denuncia nombra a los periodistas "como testigos y no se refiere a ellos como imputados, sino para que vayan a dar la información que tienen".
"Si bien esta aclaración muestra una marcha atrás de Clarín, no es cierto ya que la denuncia incluye a los periodistas en un pie de igualdad con funcionarios públicos en la comisión de delitos graves", afirmó Verbistky.
La Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Comunicadores de la Argentina (Comuna), la Gremial de Prensa, entre otras agrupaciones de periodistas, repudiaron la denuncia.
Clarín acusa a unos periodistas que trabajan en medios de posiciones cercanas al gobierno, junto a funcionarios y legisladores oficialistas, por el supuesto delito de "incitación a la violencia colectiva", que contempla penas de entre tres y seis años de prisión, y pide que se los investigue para determinar si incurrieron en "coacción agravada".
La denuncia se enmarca en la disputa que mantienen Clarín y el gobierno de Cristina Kirchner por la aplicación de la ley de Servicios Audiovisuales, sancionada en 2009, que obliga a los grandes grupos mediáticos a desprenderse de varias licencias de radio y televisión antes del 7 de diciembre.
