La redacción de la nueva Constitución tensa la escena política egipcia
El punto más controvertido es el artículo que define cuál es la identidad del país y el papel de la ley islámica en el ordenamiento jurídico
Ricard González
El Cairo, El País
Desde su inicio, la transición egipcia ha estado marcada por las luchas de poder entre los principales actores políticos del país, y el consenso ha brillado por su ausencia. Una vez finalizado el ciclo electoral, la redacción de la nueva Constitución no ha servido para recuperar el espíritu unitario que exudó la plaza Tahrir durante la Revolución, sino más bien, todo lo contrario. El proceso de aprobación de la Carta Magna ha entrado en su última estación, haciendo aflorar de nuevo las tensiones políticas.
Tras la purga de la cúpula del ejército en agosto por parte del presidente Morsi, y la consiguiente desaparición de los generales de la primera línea política, se ha reforzado el eje de conflicto que enfrenta a islamistas y laicos. Y la Constitución se ha convertido en el principal escenario de la batalla ideológica que libran estas dos visiones antagónicas sobre el rol del Islam en la vida pública.
Según declaraciones de su presidente, Hossam el-Gheriany, esta previsto que la Asamblea Constituyente termine sus trabajos durante las próximas dos semanas, cerca de medio año después de su elección. Desde su comienzo, el proceso constituyente ha estado marcado por la polémica. Puesto que los diversos movimientos islamistas obtuvieron una mayoría aplastante en las elecciones legislativas del pasado enero, pudieron garantizar su control de la Asamblea Constituyente.
En respuesta, la mayoría de fuerzas laicas han boicoteado las labores del comité, recurriendo a los tribunales en su batalla. En abril obtuvieron una victoria parcial, pues una corte anuló la formación de la Constituyente. Sin embargo, el Parlamento inmediatamente volvió a elegir una nueva asamblea un poco más equilibrada, pero en la que los islamistas continuaban gozando de la mayoría.
Hace un par de semanas, ya se hizo público un primer borrador de la Carta Magna, si bien el-Gheriany reconoció que algunos de los artículos más sensibles del texto aún esta bajo discusión. Entre ellos, los derechos de la mujer, la independencia del Tribunal Constitucional, las garantías a la libertad de expresión y de culto, y los poderes del presidente, descritos como “faraónicos” por parte de algunos juristas y políticos.
Sin embargo, el asunto más controvertido, y que ha hecho correr ríos de tinta, es el artículo 2 de la Constitución, que define cuál es la identidad del país, y la posición de la ley islámica en el ordenamiento jurídico. En la Carta Magna del 1971, abrogada por la declaración constitucional interina de la Junta Militar de marzo del 2011, se establece que “el Islam es la religión del Estado, el árabe su lengua oficial, y los principios de la sharia la principal fuente de derecho”.
En la práctica, durante la era Mubarak, la referencia a la sharia tuvo un carácter meramente simbólico, y no limitó realmente los poderes del legislativo. Precisamente por eso, los salafistas pretenden modificar el redactado, eliminando la palabra “principios”, o sustituyéndolo por “regulaciones”. Con esta finalidad, el movimiento ultraconservador ha lanzado una campaña de movilizaciones que culminará en una gran manifestación el próximo el día 9 de noviembre.
Para los laicos, cualquier modificación del artículo 2 situaría a Egipto en la senda de la teocracia, y constituye una autèntica línea roja. Los Hermanos Musulmanes, por su parte, han mostrado una posición ambigua al respecto. En un primer momento, se alinearon con los salafistas, prometiéndoles un reforzamiento del rol de la ley islámica. No obstante, luego se echaron atrás, y apostaron por mantener el redactado de la Constitución 1971, que es el incluido en el primer borrador.
La fosa que separa a salafistas y laicos no sólo en este asunto, sino también en la cuestión de la igualdad de género, convierte en una utopía la aprobación por consenso de la Constitución, piedra angular de toda transición democrática. Así las cosas, la Hermandad, la fuerza más numerosa en la Asamblea Constituyente, se enfrenta a un auténtico dilema: ¿sellar una alizanza con los laicos o salafistas?
Si buscan una tercera vía que no satisfazca ni a unos y ni a otros, se arriesgan a que ambos pidan el “no” en el referéndum popular que debe ratificar el borrador definitivo. Si así fuera, el partido del gobierno no tendría ninguna garantía de su victoria en la consulta, evidenciando su debilidad.
Y para complicar aún más el panorama, se espera que el Tribunal Constitucional emita un veredicto sobre la legalidad de la Asamblea Cosntituyente a finales de diciembre. Sin embargo, la mayoría de expertos coincide en que su veredicto será superfluo si llega después de la nueva Constitución haya recibido el espaldarazo de la ciudadanía en las urnas. De ahí, las prisas de la Hermandad para acelerar todo el proceso. Sea como fuere, nada apunta a que Egipto encontrará en la nueva Constitución un bálsamo para la polarización política que padece.
El Cairo, El País
Desde su inicio, la transición egipcia ha estado marcada por las luchas de poder entre los principales actores políticos del país, y el consenso ha brillado por su ausencia. Una vez finalizado el ciclo electoral, la redacción de la nueva Constitución no ha servido para recuperar el espíritu unitario que exudó la plaza Tahrir durante la Revolución, sino más bien, todo lo contrario. El proceso de aprobación de la Carta Magna ha entrado en su última estación, haciendo aflorar de nuevo las tensiones políticas.
Tras la purga de la cúpula del ejército en agosto por parte del presidente Morsi, y la consiguiente desaparición de los generales de la primera línea política, se ha reforzado el eje de conflicto que enfrenta a islamistas y laicos. Y la Constitución se ha convertido en el principal escenario de la batalla ideológica que libran estas dos visiones antagónicas sobre el rol del Islam en la vida pública.
Según declaraciones de su presidente, Hossam el-Gheriany, esta previsto que la Asamblea Constituyente termine sus trabajos durante las próximas dos semanas, cerca de medio año después de su elección. Desde su comienzo, el proceso constituyente ha estado marcado por la polémica. Puesto que los diversos movimientos islamistas obtuvieron una mayoría aplastante en las elecciones legislativas del pasado enero, pudieron garantizar su control de la Asamblea Constituyente.
En respuesta, la mayoría de fuerzas laicas han boicoteado las labores del comité, recurriendo a los tribunales en su batalla. En abril obtuvieron una victoria parcial, pues una corte anuló la formación de la Constituyente. Sin embargo, el Parlamento inmediatamente volvió a elegir una nueva asamblea un poco más equilibrada, pero en la que los islamistas continuaban gozando de la mayoría.
Hace un par de semanas, ya se hizo público un primer borrador de la Carta Magna, si bien el-Gheriany reconoció que algunos de los artículos más sensibles del texto aún esta bajo discusión. Entre ellos, los derechos de la mujer, la independencia del Tribunal Constitucional, las garantías a la libertad de expresión y de culto, y los poderes del presidente, descritos como “faraónicos” por parte de algunos juristas y políticos.
Sin embargo, el asunto más controvertido, y que ha hecho correr ríos de tinta, es el artículo 2 de la Constitución, que define cuál es la identidad del país, y la posición de la ley islámica en el ordenamiento jurídico. En la Carta Magna del 1971, abrogada por la declaración constitucional interina de la Junta Militar de marzo del 2011, se establece que “el Islam es la religión del Estado, el árabe su lengua oficial, y los principios de la sharia la principal fuente de derecho”.
En la práctica, durante la era Mubarak, la referencia a la sharia tuvo un carácter meramente simbólico, y no limitó realmente los poderes del legislativo. Precisamente por eso, los salafistas pretenden modificar el redactado, eliminando la palabra “principios”, o sustituyéndolo por “regulaciones”. Con esta finalidad, el movimiento ultraconservador ha lanzado una campaña de movilizaciones que culminará en una gran manifestación el próximo el día 9 de noviembre.
Para los laicos, cualquier modificación del artículo 2 situaría a Egipto en la senda de la teocracia, y constituye una autèntica línea roja. Los Hermanos Musulmanes, por su parte, han mostrado una posición ambigua al respecto. En un primer momento, se alinearon con los salafistas, prometiéndoles un reforzamiento del rol de la ley islámica. No obstante, luego se echaron atrás, y apostaron por mantener el redactado de la Constitución 1971, que es el incluido en el primer borrador.
La fosa que separa a salafistas y laicos no sólo en este asunto, sino también en la cuestión de la igualdad de género, convierte en una utopía la aprobación por consenso de la Constitución, piedra angular de toda transición democrática. Así las cosas, la Hermandad, la fuerza más numerosa en la Asamblea Constituyente, se enfrenta a un auténtico dilema: ¿sellar una alizanza con los laicos o salafistas?
Si buscan una tercera vía que no satisfazca ni a unos y ni a otros, se arriesgan a que ambos pidan el “no” en el referéndum popular que debe ratificar el borrador definitivo. Si así fuera, el partido del gobierno no tendría ninguna garantía de su victoria en la consulta, evidenciando su debilidad.
Y para complicar aún más el panorama, se espera que el Tribunal Constitucional emita un veredicto sobre la legalidad de la Asamblea Cosntituyente a finales de diciembre. Sin embargo, la mayoría de expertos coincide en que su veredicto será superfluo si llega después de la nueva Constitución haya recibido el espaldarazo de la ciudadanía en las urnas. De ahí, las prisas de la Hermandad para acelerar todo el proceso. Sea como fuere, nada apunta a que Egipto encontrará en la nueva Constitución un bálsamo para la polarización política que padece.
