El Gobierno argentino no consigue encontrar inversores para YPF
La petrolera se ha desplomado en Bolsa seis meses después de la expropiación
Francisco Peregil
Buenos Aires, El País
El pasado martes se cumplieron seis meses desde que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció la expropiación del 51% de las acciones que Repsol poseía en YPF. Desde entonces, los títulos de YPF en Wall Street han caído a casi la mitad de su valor, las importaciones de combustible entre mayo y agosto crecieron un 35% respecto al mismo periodo de 2011, y la nueva dirección de la empresa ha subido en dos ocasiones el precio de los combustibles. Y el Gobierno aún no ha conseguido que ninguna multinacional extranjera aporte capital a los yacimientos de Vaca Muerta que pretendía explotar Repsol.
La ley fija un plazo de seis meses para conseguir un acuerdo amigable entre la compañía española y el Gobierno de Fernández. El reloj comenzó a correr el pasado 10 de mayo, fecha en la que Repsol envió una carta de “declaración de controversia” a la presidenta en la que le decía que se había realizado una expropiación sin cumplir los requisitos del tratado de protección de inversiones. Desde mayo, Repsol intentó en varias ocasiones reunirse con la procuradora del Tesoro, que es la persona asignada por ley para negociar un acuerdo amistoso. La semana pasada la procuradora, Angelina M. E. Abbona, envió una carta a Repsol donde anunciaba: “La República de Argentina ha expresado a las máximas autoridades de la OCDE su oposición absoluta al tratamiento de la cuestión en este foro. En estas circunstancias corresponde posponer el mantenimiento de consultas amistosas hasta que el reino de España y la Unión Europea desistan de realizar reclamaciones internacionales respecto a las diferencias invocadas con YPF”.
“Esa carta pone en evidencia la falta de ganas de hablar que tiene el Gobierno argentino”, indica un abogado de la compañía. “Hasta octubre no nos ofrecieron la posibilidad de un encuentro. Y qué casualidad que cuando ya se iba acercando la fecha, recibimos esta carta en la que se deniega incluso la reunión, esa formalidad mínima de cortesía elemental que no cuesta nada. Hemos afrontado procesos de expropiaciones o nacionalizaciones en Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Pero siempre hubo compensaciones por parte de los Estados. En el caso de Argentina, no hay el mínimo interés por alcanzar un acuerdo. Por eso creemos que más que de expropiación debería hablarse de confiscación”.
Tras la expiración del plazo para conseguir un acuerdo amistoso, que concluye el 10 de noviembre, la ley prevé otro periodo de 18 meses para solventar la cuestión ante los tribunales argentinos. Solo al cabo de un año y medio se podría recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Pero Repsol prepara la invocación de una excepción jurídica a la regla para acudir directamente en noviembre a los organismos internacionales. A partir de entonces, el CIADI podría tardar un año aproximadamente para constituir un tribunal de tres miembros aceptados por Repsol y por el Gobierno argentino.
Mientras tanto, YPF seguirá tratando de buscar inversores extranjeros que le permitan explotar los yacimientos de gas no convencional de Vaca Muerta, considerada la tercera reserva mundial en ese tipo de combustible. En Repsol creen que el verdadero motivo de la expropiación fue la convicción del Gobierno de que podría explotar Vaca Muerta directamente. Pero eso exige una inversión de 7.440 millones de dólares por año entre 2013 y 2017, según el plan presentado en agosto por el nuevo gerente, Miguel Galuccio. De esos 37.200 millones de dólares, el 70% se financiaría con la caja de YPF, el 18% con emisiones de deuda y el 12% con capital extranjero.
“Los objetivos de ese plan son alcanzables a condición de que se consigan los 7.000 millones de dólares por año”, señala Daniel Montamat, expresidente de YPF entre 1987 y 1989 y exsecretario de Energía. “Pero en las reuniones que ha tenido YPF con inversores extranjeros me consta que estos le han dicho: ‘Nos interesa mucho Vaca Muerta, pero… ¿Vamos a tener libre disponibilidad de nuestras divisas? ¿Vamos a poder girarlas al exterior? ¿Vamos a poder importar equipos para explotar esta explotación no convencional?’. Me parece que, de momento, la respuesta a todas esas preguntas es no”.
Buenos Aires, El País
El pasado martes se cumplieron seis meses desde que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció la expropiación del 51% de las acciones que Repsol poseía en YPF. Desde entonces, los títulos de YPF en Wall Street han caído a casi la mitad de su valor, las importaciones de combustible entre mayo y agosto crecieron un 35% respecto al mismo periodo de 2011, y la nueva dirección de la empresa ha subido en dos ocasiones el precio de los combustibles. Y el Gobierno aún no ha conseguido que ninguna multinacional extranjera aporte capital a los yacimientos de Vaca Muerta que pretendía explotar Repsol.
La ley fija un plazo de seis meses para conseguir un acuerdo amigable entre la compañía española y el Gobierno de Fernández. El reloj comenzó a correr el pasado 10 de mayo, fecha en la que Repsol envió una carta de “declaración de controversia” a la presidenta en la que le decía que se había realizado una expropiación sin cumplir los requisitos del tratado de protección de inversiones. Desde mayo, Repsol intentó en varias ocasiones reunirse con la procuradora del Tesoro, que es la persona asignada por ley para negociar un acuerdo amistoso. La semana pasada la procuradora, Angelina M. E. Abbona, envió una carta a Repsol donde anunciaba: “La República de Argentina ha expresado a las máximas autoridades de la OCDE su oposición absoluta al tratamiento de la cuestión en este foro. En estas circunstancias corresponde posponer el mantenimiento de consultas amistosas hasta que el reino de España y la Unión Europea desistan de realizar reclamaciones internacionales respecto a las diferencias invocadas con YPF”.
“Esa carta pone en evidencia la falta de ganas de hablar que tiene el Gobierno argentino”, indica un abogado de la compañía. “Hasta octubre no nos ofrecieron la posibilidad de un encuentro. Y qué casualidad que cuando ya se iba acercando la fecha, recibimos esta carta en la que se deniega incluso la reunión, esa formalidad mínima de cortesía elemental que no cuesta nada. Hemos afrontado procesos de expropiaciones o nacionalizaciones en Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Pero siempre hubo compensaciones por parte de los Estados. En el caso de Argentina, no hay el mínimo interés por alcanzar un acuerdo. Por eso creemos que más que de expropiación debería hablarse de confiscación”.
Tras la expiración del plazo para conseguir un acuerdo amistoso, que concluye el 10 de noviembre, la ley prevé otro periodo de 18 meses para solventar la cuestión ante los tribunales argentinos. Solo al cabo de un año y medio se podría recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Pero Repsol prepara la invocación de una excepción jurídica a la regla para acudir directamente en noviembre a los organismos internacionales. A partir de entonces, el CIADI podría tardar un año aproximadamente para constituir un tribunal de tres miembros aceptados por Repsol y por el Gobierno argentino.
Mientras tanto, YPF seguirá tratando de buscar inversores extranjeros que le permitan explotar los yacimientos de gas no convencional de Vaca Muerta, considerada la tercera reserva mundial en ese tipo de combustible. En Repsol creen que el verdadero motivo de la expropiación fue la convicción del Gobierno de que podría explotar Vaca Muerta directamente. Pero eso exige una inversión de 7.440 millones de dólares por año entre 2013 y 2017, según el plan presentado en agosto por el nuevo gerente, Miguel Galuccio. De esos 37.200 millones de dólares, el 70% se financiaría con la caja de YPF, el 18% con emisiones de deuda y el 12% con capital extranjero.
“Los objetivos de ese plan son alcanzables a condición de que se consigan los 7.000 millones de dólares por año”, señala Daniel Montamat, expresidente de YPF entre 1987 y 1989 y exsecretario de Energía. “Pero en las reuniones que ha tenido YPF con inversores extranjeros me consta que estos le han dicho: ‘Nos interesa mucho Vaca Muerta, pero… ¿Vamos a tener libre disponibilidad de nuestras divisas? ¿Vamos a poder girarlas al exterior? ¿Vamos a poder importar equipos para explotar esta explotación no convencional?’. Me parece que, de momento, la respuesta a todas esas preguntas es no”.
