Economía de guerra
Con un paro del 25%, y sin visos de bajar, la cohesión social en España está en peligro
Carmen Sánchez-Silva, El País
Otro batacazo para la economía española. La tasa de paro ha rebasado el listón del 25% de la población activa en el tercer trimestre de 2012, una cifra nunca vista en la historia. España tiene hoy 5,77 millones de desempleados, una de cada cuatro personas en condiciones de trabajar, y no tardará muchos meses en superar los 6 millones. Lo peor es que ni siquiera parece que la escalada en la destrucción de empleo haya tocado techo. El año que viene, el consenso de los analistas prevé una tasa de paro del 26,1% de la población activa. Nacionales o extranjeros, ninguno vislumbra que la recuperación económica vaya a empezar hasta 2014 o 2015.
“Necesitamos cifras de crecimiento cercanas al 2% del PIB para que se cree empleo neto, y esto parece inalcanzable al menos hasta 2014”, considera Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora de Fedea. “Si para entonces la recuperación bancaria va por buen camino, los intereses del pago de la deuda se han estabilizado en niveles mucho más bajos que los actuales, las reformas estructurales relacionadas con el sector energético, la liberalización de bienes y servicios, y otras como la implantación de la formación dual han comenzado a tener efectos y, además, el resto del mundo muestra niveles de demanda mucho más altos que los actuales, entonces podremos vislumbrar tasas de crecimiento del PIB suficientes para comenzar a crear empleo. Tienen que darse muchas contingencias positivas y todas a la vez para que empecemos a ver la luz”.
Desde que arrancara la crisis casi cuatro millones de personas han perdido su trabajo. “El desempleo ha configurado un nuevo perfil social con tres características: mucho volumen, mucho tiempo y muy mal distribuido. Y eso está provocando una nueva sociedad en la que el riesgo de pobreza se empieza a manifestar y donde la desigualdad crece rápidamente”, explica Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES). En su opinión, “a partir de la rehabilitación del sistema financiero, que pensábamos que iba a llegar a final de año y ahora se retrasa, la recuperación es imposible en un plazo inferior a 10 años. Y es optimista pensar que se van a crear más de 300.000 empleos netos cada año durante una década para volver a estar como estábamos en 2007”.
Aspirar al 8,6% de paro con que se cerraba ese año es un espejismo. “La historia nos dice que cuando llegue la recuperación podremos reducir algo más de un punto por año la tasa de paro. Y como el crecimiento español depende de qué acabe pasando con el rescate y las expectativas de la zona euro, y no parece que vaya a arrancar hasta 2014, nos quedan al menos ocho o nueve años para pasar del 25% al 15% de desempleo”, opina Raúl Ramos, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona.
“Es un plazo demasiado largo. Pero también puede ocurrir que los inmigrantes retornen a sus países de origen y cambien el mapa del desempleo actual”, advierte Carlos Martín, economista de CC OO. Desde su punto de vista, nos enfrentamos a un mercado laboral nuevo, en el que la falta de trabajo ha afectado a todas las clases sociales, edades y niveles de estudios, pero donde tres colectivos son los que más pesan.
La mitad de los desempleados cuenta con niveles bajos de cualificación (como mucho, Enseñanza Secundaria Obligatoria). En general se trata de jóvenes que abandonaron los estudios con el boom de la construcción y de inmigrantes menos cualificados. “Ellos son los más preocupantes porque pueden convertirse en parados estructurales”, opina.
El otro 50% se reparte entre los desempleados que cuentan con cualificación media-alta. Ellos serán los que abandonen el paro cuando la economía repunte, continúa Martín. Y los denominados cónyuges incorporados, en general amas de casa que entraron al mercado de trabajo cuando sus maridos perdieron sus puestos. Este grupo también es previsible que deje el desempleo para volver a las labores domésticas con la recuperación económica.
“La mitad del paro se diluirá rápidamente. El problema son los más de tres millones de personas con baja cualificación, una gran parte mayores de 24 años y muchos cabeza de familia, en quienes se deberían centrar las políticas activas de empleo. Habría que reasignar recursos. Quizás sea el momento de que los 4.000 millones de euros que se destinan a bonificaciones a la contratación, vayan a parar a subvencionar contratos para estas personas”, apunta Martín.
Otro reparto de la protección pública
Para que el paro deje de arraigarse en la sociedad española y no se cronifique entre determinados colectivos, los expertos consultados coinciden en la necesidad de modificar los apoyos públicos. CC OO apuesta por revisar el sistema de protección al desempleo, “que no está pensado para crisis tan largas como la actual ni para parados de larga duración”, señala Carlos Martín, quien insta al Gobierno a decidir si finalmente asume el coste de una renta básica que permita a las redes familiares respirar y a revisar los subsidios, “pensados para la época de la reconversión industrial”.
Aunque también, como el resto de expertos, insiste en el cambio de las políticas activas de empleo. “Necesitamos planes individualizados y con seguimiento para que los parados puedan abandonar el desempleo. La colaboración de las agencias privadas de colocación y los servicios públicos de empleo está todavía sin desarrollar, pero debería ser una urgencia. Lo mismo que apostar por la formación dual, que ajuste la formación a las necesidades de la empresa”, señala Lorenzo Rivarés, de AGETT.
En su opinión, tampoco se puede olvidar a esos jóvenes cualificados españoles que han optado por la emigración para evitar el paro. “El INE dice que hasta 2020 exportaremos trabajadores. Más que un problema por la pérdida de capital intelectual, lo veo una solución en un país camino de seis millones de parados. 52.800 españoles han abandonado el país en la primera parte del año, en una tendencia que continuará. Por eso debemos invertir y empezar a trabajar ya para crear atractivos sistemas de repatriación, convenios de colaboración para establecer cómo se cotizan los años trabajados fuera y cuáles son los planes de pensiones”, añade Rivarés, en una opinión compartida por la mayoría de los expertos consultados.
El problema de fondo es cómo puede subsistir un país “que vive un proceso de empobrecimiento de su sociedad, en el que la renta media desciende [ha pasado de 26.000 euros por hogar en 2007 a 24.000 en 2011, según el INE] y no existe convergencia con la evolución de los precios, con lo que el empobrecimiento se consolida y seguirá consolidándose”, según Francisco Lorenzo, coordinador de estudios sociológicos de la Fundación FOESSA y Cáritas Española. Y un país en el que las desigualdades sociales se acrecientan rápidamente, como ha puesto de manifiesto esta semana el Banco de España: entre 2007 y 2010, el ratio de desigualdad salarial se ha incrementado un 8,7%.
Aunque la verdadera desigualdad en la sociedad española actual la marca tener o no tener empleo, en opinión de Miguel Ángel Malo, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Cáritas lo sabe y por eso alerta a la sociedad: “Existe un riesgo alto de dualización social. Cuando el acceso a las rentas y los servicios van separando a la sociedad en dos grupos se genera un modelo social falto de cohesión que nos lleva a la violencia”, advierte Lorenzo.
Hasta el momento, la cohesión social se ha mantenido en un ejercicio ciudadano que algunos tildan de responsabilidad y otros de resignación. Son las redes familiares las que están sosteniendo a los parados a costa de un sacrificio al que todavía no se alcanza a ver el final. Y la economía sumergida, que algunos expertos sitúan en torno al 25% del PIB.
A las familias cada vez les cuesta más llegar a final de mes. Según el INE, casi el 32% del total tiene dificultad o mucha dificultad para conseguir cuadrar sus cuentas mensuales. Ya están tirando del ahorro para lograrlo. De hecho, la tasa de ahorro de las familias, que entre 2008 y 2010 aumentó hasta el 18%, se ha colocado este año en el 9%, “una tasa mínima”, en opinión de Jordi Fabregat, profesor de Finanzas de ESADE. Y cada vez encuentran más dificultades para hacer frente a las hipotecas.
¿Hasta cuándo podrán aguantar las familias esta presión? Esa es la incógnita que nadie sabe responder, pero que ya está teniendo repercusiones en su comportamiento. No solo es que gasten menos y hayan reducido hasta sus consumos más básicos, como médicos o dentistas, señala Belén Barreiro, doctora en Sociología y directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. “Lo más significativo de esta crisis es que todos los ciudadanos están ajustando su economía, independientemente de su estrato social y nivel de renta”. Del observatorio que realiza para la Cadena SER se desprende que el 92% de los españoles han cambiado su modo de vida con la crisis, y el 68%, su situación económica. “Estamos en una economía de guerra que va a cambiar nuestras estructuras sociales, acercando las rentas altas a las medias, las medias a las bajas y estas últimas a la pobreza, que va en aumento. Una economía que apunta hacia una sociedad nada cohesionada y dual entre pobres y ricos. Y el cambio se está produciendo muy rápidamente”, agrega.
Son los mayores de 65 años los que se mantienen mejor ante esta situación, al no estar afectados por la disminución salarial y los despidos. “Es un orgullo que la única renta que no ha caído sea la de los pensionistas, ocho millones de españoles que ahora contribuyen a sacar a flote a la sociedad”, opina Marcos Peña. “Para ello, es necesario salvaguardar el sistema de protección que hoy asiste a 15 millones de ciudadanos entre jubilados y perceptores de prestaciones por desempleo u otros subsidios. Hemos conseguido una especie de pegamento social que permite la cohesión y que debemos mantener”, añade.
El problema es que no está claro si efectivamente se va a salvar este Estado de bienestar. Es más, se empieza a poner en duda que la pensión media se pueda sostener este año mientras el déficit de la Seguridad Social aumenta, señala José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Además, agrega Sara de la Rica, “el Gobierno no ha anticipado que las medidas de flexibilidad externas impulsadas por la reforma laboral han provocado numerosos despidos objetivos, con derecho a prestación por desempleo durante 24 meses, y muchos expedientes de regulación de empleo de suspensión que provocan que los individuos vayan temporalmente al paro y cobren el subsidio. Esto incrementa el gasto en prestaciones por desempleo y dificulta el cumplimiento de los niveles de déficit que tenemos impuestos”, continúa De la Rica. Entre enero y agosto los despidos colectivos han crecido un 53% hasta casi 300.000 personas afectadas.
“Hemos pasado de casi dos afiliados a la Seguridad Social por cada perceptor de pensiones o prestaciones por desempleo en 2007 a los 1,38 actuales. Así el sistema es difícilmente sostenible”, señala Lorenzo Rivarés, portavoz de la asociación de grandes empresas de trabajo temporal, AGETT.
Los parados de larga duración, más de la mitad del total ya que por primera vez en la historia superan los tres millones, pueden verse afectados por la falta de recursos públicos. Sobre todo aquellos 1,7 millones de españoles que están a punto de concluir sus subsidios de desempleo, al rebasar los dos años de duración. Se sumarán a los más de 626.000 ciudadanos que ya en el tercer trimestre del año figuran como parados sin ingresos en la encuesta de población activa del INE.
“Esta crisis tan intensa ha transformado estructuras profundas del mercado laboral, como el bajo nivel de actividad que lo lastra todo [la tasa de empleo ha caído del 53% al 45% entre 2007 y 2012]. O el paro de larga duración, que está sacando a la gente del mercado de trabajo una vez que agota sus prestaciones y subsidios sin que les estemos transformando para que desarrollen las nuevas habilidades que exige el mercado laboral”, explica Miguel Ángel Malo. “Estas personas pueden configurar el nuevo núcleo duro de la pobreza y la exclusión social”.
Sin embargo, los jóvenes tienen más tiempo para recuperarse de su alta tasa de paro [del 52,3% de los activos], aunque les deje secuelas, continúa. “Los jóvenes no son realmente el problema más dramático que tenemos, pues se están retirando del mercado. Alargan su formación, y esto es una salida”, señala Carlos Martín. “Los problemas están en los cabezas de familia sin formación”, aprecia.
Suelen ser inmigrantes, explica, y no les va a quedar más remedio que retornar a sus países de origen, señala Martín, sorprendido porque hasta el año pasado llegaron y se fueron de España casi tantos extranjeros como en años anteriores. “No es razonable. El Gobierno debería regular los flujos de inmigración para evitar que, tras una política errónea de entradas masivas, este colectivo, que engrosa las listas de paro, sea menos vulnerable a la pobreza”, aspira el representante de CC OO.
Al final, una bolsa de un millón o millón y medio de desempleados serán irrecuperables para el mercado de trabajo, pese a que llegue la recuperación, pronostica Fabregat. “Tirarán la toalla muchas personas de entre 45 y 55 años con escasa formación”, añade Herce.
Lo único que serviría en este contexto para salvaguardar la cohesión social y territorial, que va a ser difícil, sería un reforzamiento institucional y compromiso social capaz de repartir de manera equitativa el sufrimiento. Pero sigue sin existir una convicción política sobre la urgencia de la situación, dice Peña, consciente de que la sociedad primero se resigna, luego opta por la desafección política y luego por la rabia.
Antes de desplegar las quejas, los expertos consultados recomiendan que el Gobierno ponga el empleo como prioridad de su política. “Necesitamos pasar de la política de la economía a la política de las personas, donde la austeridad exista, pero sea una austeridad sostenible, que no ahogue a las familias mientras salva a las entidades financieras”, afirma Francisco Lorenzo.
Para romper el círculo vicioso en que se ha convertido el paro, el descenso del consumo, la caída de la producción y vuelta a empezar del proceso de despidos, Sara de la Rica recomienda que se apoye “de verdad” a los emprendedores con la eliminación de trabas a la puesta en marcha de la actividad, que se favorezca la competitividad eliminando los oligopolios, ayudando a las pymes a exportar y otorgándoles crédito para que puedan subsistir.
José Antonio Herce, que se fija en que desde finales de 2011 el número de empresas que se han dado de baja de la Seguridad Social aumenta de mes en mes, igual que los despidos colectivos, cree que el Gobierno debería generar unas políticas activas de empleo eficaces para evitar que “dos tercios de los parados, con muy poca probabilidad de ser empleables, pasen a serlo gracias a la formación”. En su opinión, las bonificaciones destinadas a la contratación no han servido para nada hasta ahora. “Espero que el descenso presupuestado para 2013 del 34,6% en las políticas activas de empleo indique que se va a proceder a un cambio de modelo, que no solo es un recorte”. Sin duda ello ayudaría a que se acortase la década que tenemos por delante hasta alcanzar tasas de paro “razonables”.
Otro batacazo para la economía española. La tasa de paro ha rebasado el listón del 25% de la población activa en el tercer trimestre de 2012, una cifra nunca vista en la historia. España tiene hoy 5,77 millones de desempleados, una de cada cuatro personas en condiciones de trabajar, y no tardará muchos meses en superar los 6 millones. Lo peor es que ni siquiera parece que la escalada en la destrucción de empleo haya tocado techo. El año que viene, el consenso de los analistas prevé una tasa de paro del 26,1% de la población activa. Nacionales o extranjeros, ninguno vislumbra que la recuperación económica vaya a empezar hasta 2014 o 2015.
“Necesitamos cifras de crecimiento cercanas al 2% del PIB para que se cree empleo neto, y esto parece inalcanzable al menos hasta 2014”, considera Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora de Fedea. “Si para entonces la recuperación bancaria va por buen camino, los intereses del pago de la deuda se han estabilizado en niveles mucho más bajos que los actuales, las reformas estructurales relacionadas con el sector energético, la liberalización de bienes y servicios, y otras como la implantación de la formación dual han comenzado a tener efectos y, además, el resto del mundo muestra niveles de demanda mucho más altos que los actuales, entonces podremos vislumbrar tasas de crecimiento del PIB suficientes para comenzar a crear empleo. Tienen que darse muchas contingencias positivas y todas a la vez para que empecemos a ver la luz”.
Desde que arrancara la crisis casi cuatro millones de personas han perdido su trabajo. “El desempleo ha configurado un nuevo perfil social con tres características: mucho volumen, mucho tiempo y muy mal distribuido. Y eso está provocando una nueva sociedad en la que el riesgo de pobreza se empieza a manifestar y donde la desigualdad crece rápidamente”, explica Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES). En su opinión, “a partir de la rehabilitación del sistema financiero, que pensábamos que iba a llegar a final de año y ahora se retrasa, la recuperación es imposible en un plazo inferior a 10 años. Y es optimista pensar que se van a crear más de 300.000 empleos netos cada año durante una década para volver a estar como estábamos en 2007”.
Aspirar al 8,6% de paro con que se cerraba ese año es un espejismo. “La historia nos dice que cuando llegue la recuperación podremos reducir algo más de un punto por año la tasa de paro. Y como el crecimiento español depende de qué acabe pasando con el rescate y las expectativas de la zona euro, y no parece que vaya a arrancar hasta 2014, nos quedan al menos ocho o nueve años para pasar del 25% al 15% de desempleo”, opina Raúl Ramos, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona.
“Es un plazo demasiado largo. Pero también puede ocurrir que los inmigrantes retornen a sus países de origen y cambien el mapa del desempleo actual”, advierte Carlos Martín, economista de CC OO. Desde su punto de vista, nos enfrentamos a un mercado laboral nuevo, en el que la falta de trabajo ha afectado a todas las clases sociales, edades y niveles de estudios, pero donde tres colectivos son los que más pesan.
La mitad de los desempleados cuenta con niveles bajos de cualificación (como mucho, Enseñanza Secundaria Obligatoria). En general se trata de jóvenes que abandonaron los estudios con el boom de la construcción y de inmigrantes menos cualificados. “Ellos son los más preocupantes porque pueden convertirse en parados estructurales”, opina.
El otro 50% se reparte entre los desempleados que cuentan con cualificación media-alta. Ellos serán los que abandonen el paro cuando la economía repunte, continúa Martín. Y los denominados cónyuges incorporados, en general amas de casa que entraron al mercado de trabajo cuando sus maridos perdieron sus puestos. Este grupo también es previsible que deje el desempleo para volver a las labores domésticas con la recuperación económica.
“La mitad del paro se diluirá rápidamente. El problema son los más de tres millones de personas con baja cualificación, una gran parte mayores de 24 años y muchos cabeza de familia, en quienes se deberían centrar las políticas activas de empleo. Habría que reasignar recursos. Quizás sea el momento de que los 4.000 millones de euros que se destinan a bonificaciones a la contratación, vayan a parar a subvencionar contratos para estas personas”, apunta Martín.
Otro reparto de la protección pública
Para que el paro deje de arraigarse en la sociedad española y no se cronifique entre determinados colectivos, los expertos consultados coinciden en la necesidad de modificar los apoyos públicos. CC OO apuesta por revisar el sistema de protección al desempleo, “que no está pensado para crisis tan largas como la actual ni para parados de larga duración”, señala Carlos Martín, quien insta al Gobierno a decidir si finalmente asume el coste de una renta básica que permita a las redes familiares respirar y a revisar los subsidios, “pensados para la época de la reconversión industrial”.
Aunque también, como el resto de expertos, insiste en el cambio de las políticas activas de empleo. “Necesitamos planes individualizados y con seguimiento para que los parados puedan abandonar el desempleo. La colaboración de las agencias privadas de colocación y los servicios públicos de empleo está todavía sin desarrollar, pero debería ser una urgencia. Lo mismo que apostar por la formación dual, que ajuste la formación a las necesidades de la empresa”, señala Lorenzo Rivarés, de AGETT.
En su opinión, tampoco se puede olvidar a esos jóvenes cualificados españoles que han optado por la emigración para evitar el paro. “El INE dice que hasta 2020 exportaremos trabajadores. Más que un problema por la pérdida de capital intelectual, lo veo una solución en un país camino de seis millones de parados. 52.800 españoles han abandonado el país en la primera parte del año, en una tendencia que continuará. Por eso debemos invertir y empezar a trabajar ya para crear atractivos sistemas de repatriación, convenios de colaboración para establecer cómo se cotizan los años trabajados fuera y cuáles son los planes de pensiones”, añade Rivarés, en una opinión compartida por la mayoría de los expertos consultados.
El problema de fondo es cómo puede subsistir un país “que vive un proceso de empobrecimiento de su sociedad, en el que la renta media desciende [ha pasado de 26.000 euros por hogar en 2007 a 24.000 en 2011, según el INE] y no existe convergencia con la evolución de los precios, con lo que el empobrecimiento se consolida y seguirá consolidándose”, según Francisco Lorenzo, coordinador de estudios sociológicos de la Fundación FOESSA y Cáritas Española. Y un país en el que las desigualdades sociales se acrecientan rápidamente, como ha puesto de manifiesto esta semana el Banco de España: entre 2007 y 2010, el ratio de desigualdad salarial se ha incrementado un 8,7%.
Aunque la verdadera desigualdad en la sociedad española actual la marca tener o no tener empleo, en opinión de Miguel Ángel Malo, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Cáritas lo sabe y por eso alerta a la sociedad: “Existe un riesgo alto de dualización social. Cuando el acceso a las rentas y los servicios van separando a la sociedad en dos grupos se genera un modelo social falto de cohesión que nos lleva a la violencia”, advierte Lorenzo.
Hasta el momento, la cohesión social se ha mantenido en un ejercicio ciudadano que algunos tildan de responsabilidad y otros de resignación. Son las redes familiares las que están sosteniendo a los parados a costa de un sacrificio al que todavía no se alcanza a ver el final. Y la economía sumergida, que algunos expertos sitúan en torno al 25% del PIB.
A las familias cada vez les cuesta más llegar a final de mes. Según el INE, casi el 32% del total tiene dificultad o mucha dificultad para conseguir cuadrar sus cuentas mensuales. Ya están tirando del ahorro para lograrlo. De hecho, la tasa de ahorro de las familias, que entre 2008 y 2010 aumentó hasta el 18%, se ha colocado este año en el 9%, “una tasa mínima”, en opinión de Jordi Fabregat, profesor de Finanzas de ESADE. Y cada vez encuentran más dificultades para hacer frente a las hipotecas.
¿Hasta cuándo podrán aguantar las familias esta presión? Esa es la incógnita que nadie sabe responder, pero que ya está teniendo repercusiones en su comportamiento. No solo es que gasten menos y hayan reducido hasta sus consumos más básicos, como médicos o dentistas, señala Belén Barreiro, doctora en Sociología y directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas. “Lo más significativo de esta crisis es que todos los ciudadanos están ajustando su economía, independientemente de su estrato social y nivel de renta”. Del observatorio que realiza para la Cadena SER se desprende que el 92% de los españoles han cambiado su modo de vida con la crisis, y el 68%, su situación económica. “Estamos en una economía de guerra que va a cambiar nuestras estructuras sociales, acercando las rentas altas a las medias, las medias a las bajas y estas últimas a la pobreza, que va en aumento. Una economía que apunta hacia una sociedad nada cohesionada y dual entre pobres y ricos. Y el cambio se está produciendo muy rápidamente”, agrega.
Son los mayores de 65 años los que se mantienen mejor ante esta situación, al no estar afectados por la disminución salarial y los despidos. “Es un orgullo que la única renta que no ha caído sea la de los pensionistas, ocho millones de españoles que ahora contribuyen a sacar a flote a la sociedad”, opina Marcos Peña. “Para ello, es necesario salvaguardar el sistema de protección que hoy asiste a 15 millones de ciudadanos entre jubilados y perceptores de prestaciones por desempleo u otros subsidios. Hemos conseguido una especie de pegamento social que permite la cohesión y que debemos mantener”, añade.
El problema es que no está claro si efectivamente se va a salvar este Estado de bienestar. Es más, se empieza a poner en duda que la pensión media se pueda sostener este año mientras el déficit de la Seguridad Social aumenta, señala José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Además, agrega Sara de la Rica, “el Gobierno no ha anticipado que las medidas de flexibilidad externas impulsadas por la reforma laboral han provocado numerosos despidos objetivos, con derecho a prestación por desempleo durante 24 meses, y muchos expedientes de regulación de empleo de suspensión que provocan que los individuos vayan temporalmente al paro y cobren el subsidio. Esto incrementa el gasto en prestaciones por desempleo y dificulta el cumplimiento de los niveles de déficit que tenemos impuestos”, continúa De la Rica. Entre enero y agosto los despidos colectivos han crecido un 53% hasta casi 300.000 personas afectadas.
“Hemos pasado de casi dos afiliados a la Seguridad Social por cada perceptor de pensiones o prestaciones por desempleo en 2007 a los 1,38 actuales. Así el sistema es difícilmente sostenible”, señala Lorenzo Rivarés, portavoz de la asociación de grandes empresas de trabajo temporal, AGETT.
Los parados de larga duración, más de la mitad del total ya que por primera vez en la historia superan los tres millones, pueden verse afectados por la falta de recursos públicos. Sobre todo aquellos 1,7 millones de españoles que están a punto de concluir sus subsidios de desempleo, al rebasar los dos años de duración. Se sumarán a los más de 626.000 ciudadanos que ya en el tercer trimestre del año figuran como parados sin ingresos en la encuesta de población activa del INE.
“Esta crisis tan intensa ha transformado estructuras profundas del mercado laboral, como el bajo nivel de actividad que lo lastra todo [la tasa de empleo ha caído del 53% al 45% entre 2007 y 2012]. O el paro de larga duración, que está sacando a la gente del mercado de trabajo una vez que agota sus prestaciones y subsidios sin que les estemos transformando para que desarrollen las nuevas habilidades que exige el mercado laboral”, explica Miguel Ángel Malo. “Estas personas pueden configurar el nuevo núcleo duro de la pobreza y la exclusión social”.
Sin embargo, los jóvenes tienen más tiempo para recuperarse de su alta tasa de paro [del 52,3% de los activos], aunque les deje secuelas, continúa. “Los jóvenes no son realmente el problema más dramático que tenemos, pues se están retirando del mercado. Alargan su formación, y esto es una salida”, señala Carlos Martín. “Los problemas están en los cabezas de familia sin formación”, aprecia.
Suelen ser inmigrantes, explica, y no les va a quedar más remedio que retornar a sus países de origen, señala Martín, sorprendido porque hasta el año pasado llegaron y se fueron de España casi tantos extranjeros como en años anteriores. “No es razonable. El Gobierno debería regular los flujos de inmigración para evitar que, tras una política errónea de entradas masivas, este colectivo, que engrosa las listas de paro, sea menos vulnerable a la pobreza”, aspira el representante de CC OO.
Al final, una bolsa de un millón o millón y medio de desempleados serán irrecuperables para el mercado de trabajo, pese a que llegue la recuperación, pronostica Fabregat. “Tirarán la toalla muchas personas de entre 45 y 55 años con escasa formación”, añade Herce.
Lo único que serviría en este contexto para salvaguardar la cohesión social y territorial, que va a ser difícil, sería un reforzamiento institucional y compromiso social capaz de repartir de manera equitativa el sufrimiento. Pero sigue sin existir una convicción política sobre la urgencia de la situación, dice Peña, consciente de que la sociedad primero se resigna, luego opta por la desafección política y luego por la rabia.
Antes de desplegar las quejas, los expertos consultados recomiendan que el Gobierno ponga el empleo como prioridad de su política. “Necesitamos pasar de la política de la economía a la política de las personas, donde la austeridad exista, pero sea una austeridad sostenible, que no ahogue a las familias mientras salva a las entidades financieras”, afirma Francisco Lorenzo.
Para romper el círculo vicioso en que se ha convertido el paro, el descenso del consumo, la caída de la producción y vuelta a empezar del proceso de despidos, Sara de la Rica recomienda que se apoye “de verdad” a los emprendedores con la eliminación de trabas a la puesta en marcha de la actividad, que se favorezca la competitividad eliminando los oligopolios, ayudando a las pymes a exportar y otorgándoles crédito para que puedan subsistir.
José Antonio Herce, que se fija en que desde finales de 2011 el número de empresas que se han dado de baja de la Seguridad Social aumenta de mes en mes, igual que los despidos colectivos, cree que el Gobierno debería generar unas políticas activas de empleo eficaces para evitar que “dos tercios de los parados, con muy poca probabilidad de ser empleables, pasen a serlo gracias a la formación”. En su opinión, las bonificaciones destinadas a la contratación no han servido para nada hasta ahora. “Espero que el descenso presupuestado para 2013 del 34,6% en las políticas activas de empleo indique que se va a proceder a un cambio de modelo, que no solo es un recorte”. Sin duda ello ayudaría a que se acortase la década que tenemos por delante hasta alcanzar tasas de paro “razonables”.
