Una juez autoriza aplicar la orden de exigir los papeles a los inmigrantes
Phoenis, EP
Una juez estadounidense dictaminó este miércoles que la controvertida disposición que exige a los inmigrantes mostrar sus documentos y ratificada por el Tribunal Supremo puede entrar en vigor, pero ha bloqueado otra medida dentro de la misma ley que convierte en delito dar cobijo a ilegales.
La medida que ha sido confirmada, que forma parte de una ley más amplia para combatir la inmigración ilegal en este estado fronterizo con México, donde hay unos 360.000 inmigrantes indocumentados, exige a la Policía que compruebe el estatus de los inmigrantes a los que pare y sospeche que se encuentran en el país de forma ilegal.
Al permitir que esa medida siga adelante, la juez de distrito Susan Bolton ha dictaminado que las personas que habían recurrido la ley no han conseguido demostrar que harán valer el caso, si bien ha destacado que el Tribunal Supremo ha dejado abierta la posibilidad de contestar esta disposición "después de que entre en vigor".
Por otra parte, Bolton también ha emitido una orden judicial preliminar bloqueando una parte de la ley estatal, conocida como SB 1070, que consideraba delito transportar, proteger o dar cobijo a un inmigrante ilegal dentro del estado de Arizona.
La gobernadora republicana del estado, Jan Brewer, enfrentada con la Casa Blanca en su lucha contra la inmigración ilegal, promulgó la ley en abril de 2010, quejándose de que el Gobierno federal no había garantizado la seguridad de este estado fronterizo con México.
Brewer ha celebrado esta sentencia, que considera que lleva a Arizona "un paso más cerca para que se pueda aplicar toda la ley SB 1070". "Con esta disposición, Arizona hace una declaración clara de que no tolerará políticas de ciudad santuario y no contará ahora con miles de funcionarios adicionales para colaborar con el gobierno federal mientras los cuerpos de seguridad estatales y locales hacen lo que siempre hacen: aplicar la ley", ha señalado en un comunicado.
La Administración de Barack Obama recurrió la ley de inmigración de Arizona ante los tribunales hace dos años, argumentando que la Constitución estadounidense da al Gobierno federal exclusivamente la autoridad sobre la política de inmigración.
En su sentencia de junio, el Tribunal Supremo anuló otras tres disposiciones de la ley, entre ellas la que exigía a los inmigrantes que llevaran su documentación en todo momento, la que prohibía a los ilegales solicitar trabajo en lugares públicos y la que autorizaba a la Policía a detener a los inmigrantes sin una orden bajo determinadas circunstancias.
La disposición que fue ratificada todavía no puede ser aplicada hasta que Bolton no retire un bloqueo que ella misma impuso a la ley hace dos años, algo que se espera que ocurra en unos diez días.
Una juez estadounidense dictaminó este miércoles que la controvertida disposición que exige a los inmigrantes mostrar sus documentos y ratificada por el Tribunal Supremo puede entrar en vigor, pero ha bloqueado otra medida dentro de la misma ley que convierte en delito dar cobijo a ilegales.
La medida que ha sido confirmada, que forma parte de una ley más amplia para combatir la inmigración ilegal en este estado fronterizo con México, donde hay unos 360.000 inmigrantes indocumentados, exige a la Policía que compruebe el estatus de los inmigrantes a los que pare y sospeche que se encuentran en el país de forma ilegal.
Al permitir que esa medida siga adelante, la juez de distrito Susan Bolton ha dictaminado que las personas que habían recurrido la ley no han conseguido demostrar que harán valer el caso, si bien ha destacado que el Tribunal Supremo ha dejado abierta la posibilidad de contestar esta disposición "después de que entre en vigor".
Por otra parte, Bolton también ha emitido una orden judicial preliminar bloqueando una parte de la ley estatal, conocida como SB 1070, que consideraba delito transportar, proteger o dar cobijo a un inmigrante ilegal dentro del estado de Arizona.
La gobernadora republicana del estado, Jan Brewer, enfrentada con la Casa Blanca en su lucha contra la inmigración ilegal, promulgó la ley en abril de 2010, quejándose de que el Gobierno federal no había garantizado la seguridad de este estado fronterizo con México.
Brewer ha celebrado esta sentencia, que considera que lleva a Arizona "un paso más cerca para que se pueda aplicar toda la ley SB 1070". "Con esta disposición, Arizona hace una declaración clara de que no tolerará políticas de ciudad santuario y no contará ahora con miles de funcionarios adicionales para colaborar con el gobierno federal mientras los cuerpos de seguridad estatales y locales hacen lo que siempre hacen: aplicar la ley", ha señalado en un comunicado.
La Administración de Barack Obama recurrió la ley de inmigración de Arizona ante los tribunales hace dos años, argumentando que la Constitución estadounidense da al Gobierno federal exclusivamente la autoridad sobre la política de inmigración.
En su sentencia de junio, el Tribunal Supremo anuló otras tres disposiciones de la ley, entre ellas la que exigía a los inmigrantes que llevaran su documentación en todo momento, la que prohibía a los ilegales solicitar trabajo en lugares públicos y la que autorizaba a la Policía a detener a los inmigrantes sin una orden bajo determinadas circunstancias.
La disposición que fue ratificada todavía no puede ser aplicada hasta que Bolton no retire un bloqueo que ella misma impuso a la ley hace dos años, algo que se espera que ocurra en unos diez días.
