Corte Suprema de Estados Unidos niega extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada
Washington, Erbol
Una autoridad del Ejecutivo confirmó a Erbol que Estados Unidos negó la solicitud de extradición al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, responsable de la masacre de octubre de 2003.
La autoridad señaló que en las próximas horas se dará a conocer de manera oficial los pormenores de la decisión del país del norte.
El abogado de las víctimas de “octubre negro”, Rogelio Mayta, indicó que esperarán la información oficial para analizar el contenido de ese rechazo. “Se podría rechazar una solicitud de extradición por cuestiones formales o podría rechazarse por cuestiones de fondo, entonces quedaría hacer un análisis de las observaciones para adecuar la solicitud de extradición y volverla a enviar”, dijo en declaraciones a Erbol.
Mayta agregó que de confirmarse esta información “nos indignaría muchísimo”, pero “no nos sorprendería tanto”. “Sería una muestra más de la doble moral con que actúa el gobierno de los Estados Unidos”, aseveró.
El representante de las víctimas de octubre remarcó que esta posible decisión de la corte de Estados Unidos “tampoco significa bajar los brazos porque nosotros tenemos una convicción absoluta de que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tienen que ser sometidos a la ley y responder por los crímenes que cometieron aquí en Bolivia”.
Juan Patricio Quispe, hermano de Constantino Quispe, una de las víctimas de la masacre de 2003 afirmó que esta decisión “es como un balde de agua fría para cada familiar”, sin embargo aclaró que “la esperanza no se pierde porque siempre hay otras instancias a recurrir a nivel internacional”.
Quispe reprochó el actuar del actual gobierno por “haber dejado en segundo plano” este tema y haber olvidado sus promesas cuando asumió el poder.
“Supongo que el actual gobierno ha podido hacer algunas exigencia a nivel internacional en sus primero años y ahora seguramente ha pasado el tema a segundo plano y se ha olvidado (…) pero nosotros seguiremos exigiendo (…) es una deuda que tiene este gobierno a la sociedad y a nuestro país y esperemos que puedan en este sentido seguir exigiendo con mayor énfasis, sólo así nosotros estaremos un poco tranquilo”, replicó.
La justicia boliviana solicitó la extradición de Sánchez de Lozada para que responda en el país por las acusaciones que pesan en su contra por genocidio, en el juicio que se le sigue por la muerte de 67 personas en la denominada masacre de "octubre negro", que se produjo en 2003, cita La Razón.
En octubre de ese año, la Fiscalía General conoció la proposición acusatoria por los hechos sangrientos ocurridos en ese entonces y que fue presentada contra el hoy expresidente refugiado en Estados Unidos y otras autoridades de su gobierno.
Después de cumplir el trámite de antejuicio, promovido por la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia, finalmente el Congreso Nacional de ese entonces, en fecha 14 de octubre de 2004, otorgó la autorización congresal para su procesamiento penal en juicio de responsabilidades.
El 30 de agosto de 2011, luego de casi 8 años de los sucesos luctuosos de octubre de 2003, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en contra de siete acusados que permanecieron en Bolivia y que no huyeron del país como otras ex autoridades.
Las sentencias van de los 10 a 15 años en el caso de los ex jefes militares y de 3 años para los dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Una autoridad del Ejecutivo confirmó a Erbol que Estados Unidos negó la solicitud de extradición al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, responsable de la masacre de octubre de 2003.
La autoridad señaló que en las próximas horas se dará a conocer de manera oficial los pormenores de la decisión del país del norte.
El abogado de las víctimas de “octubre negro”, Rogelio Mayta, indicó que esperarán la información oficial para analizar el contenido de ese rechazo. “Se podría rechazar una solicitud de extradición por cuestiones formales o podría rechazarse por cuestiones de fondo, entonces quedaría hacer un análisis de las observaciones para adecuar la solicitud de extradición y volverla a enviar”, dijo en declaraciones a Erbol.
Mayta agregó que de confirmarse esta información “nos indignaría muchísimo”, pero “no nos sorprendería tanto”. “Sería una muestra más de la doble moral con que actúa el gobierno de los Estados Unidos”, aseveró.
El representante de las víctimas de octubre remarcó que esta posible decisión de la corte de Estados Unidos “tampoco significa bajar los brazos porque nosotros tenemos una convicción absoluta de que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tienen que ser sometidos a la ley y responder por los crímenes que cometieron aquí en Bolivia”.
Juan Patricio Quispe, hermano de Constantino Quispe, una de las víctimas de la masacre de 2003 afirmó que esta decisión “es como un balde de agua fría para cada familiar”, sin embargo aclaró que “la esperanza no se pierde porque siempre hay otras instancias a recurrir a nivel internacional”.
Quispe reprochó el actuar del actual gobierno por “haber dejado en segundo plano” este tema y haber olvidado sus promesas cuando asumió el poder.
“Supongo que el actual gobierno ha podido hacer algunas exigencia a nivel internacional en sus primero años y ahora seguramente ha pasado el tema a segundo plano y se ha olvidado (…) pero nosotros seguiremos exigiendo (…) es una deuda que tiene este gobierno a la sociedad y a nuestro país y esperemos que puedan en este sentido seguir exigiendo con mayor énfasis, sólo así nosotros estaremos un poco tranquilo”, replicó.
La justicia boliviana solicitó la extradición de Sánchez de Lozada para que responda en el país por las acusaciones que pesan en su contra por genocidio, en el juicio que se le sigue por la muerte de 67 personas en la denominada masacre de "octubre negro", que se produjo en 2003, cita La Razón.
En octubre de ese año, la Fiscalía General conoció la proposición acusatoria por los hechos sangrientos ocurridos en ese entonces y que fue presentada contra el hoy expresidente refugiado en Estados Unidos y otras autoridades de su gobierno.
Después de cumplir el trámite de antejuicio, promovido por la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia, finalmente el Congreso Nacional de ese entonces, en fecha 14 de octubre de 2004, otorgó la autorización congresal para su procesamiento penal en juicio de responsabilidades.
El 30 de agosto de 2011, luego de casi 8 años de los sucesos luctuosos de octubre de 2003, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en contra de siete acusados que permanecieron en Bolivia y que no huyeron del país como otras ex autoridades.
Las sentencias van de los 10 a 15 años en el caso de los ex jefes militares y de 3 años para los dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada.