Caso Chaparina: Defensor del Pueblo no descarta acudir a instancias internacionales
La Defensoría del Pueblo no descarta con acudir ante las instancias internacionales para denunciar las acciones violentas cometidas por los efectivos policiales de la represión violenta contra los indígenas de la VIII Marcha en defensa de Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el pasado 25 de septiembre, hechos que son dilatorios por parte del Ministerio Público.
La defensoría del Pueblo asegura que no va a dejar que este hecho quede en la impunidad, continuando apoyando a los indígenas, denunciando y exigiendo justicia y velando para que este tipo de hechos no ocurran nunca más.
“Y quiero anunciarles hoy que dados estos antecedentes, y de persistir las acciones dilatorias en este caso, recurriremos a las instancias internacionales para que se haga justicia y se castigue a los culpables”, señala un nota de prensa de la Defensoría.
Este entidad recuerda que el 25 de septiembre de 2011 el pueblo boliviano "vio con estupor e incredulidad" el violento operativo desplegado por la policía contra una marcha indígena de tierra bajas, que pretendía llegar a La Paz para exigir que sus demandas legítimas sean escuchadas por el gobierno central. Ese día mujeres, hombres, ancianos y niños fueron sometidos a una violenta intervención con formas y métodos que ingenuamente creímos eran ya parte de un pasado oprobioso, cuando el poder de la fuerza se imponía con violencia y cuando la vida y la dignidad de los indígenas no tenía valor.
Nuestra investigación defensorial y los propios reportes de los medios, evidenciaron que la agresión no acabó en la represión. Durante las restantes doce horas, hasta el amanecer del 26 de septiembre, los indígenas que participaron de la VIII Marcha fueron humillados, vejados y llevados por la fuerza hasta las inmediaciones de Rurrenabaque, desde donde se pretendía conducirlos a sus lugares de origen con el único objetivo de detener el movimiento y acallar su demanda.
Ha pasado un año desde entonces y la justicia sigue pendiente. Un año en que los culpables materiales e intelectuales de este criminal suceso continúan en la impunidad, protegidos por un sistema judicial que se escuda en las formas y los procedimientos e ignora voluntariamente que estamos ante un caso evidente de vulneración de los más elementales derechos humanos que no admite ninguna explicación ni justificación.
Como Defensoría del Pueblo hemos elaborado un informe y realizado un trabajo de verificación, denuncia y seguimiento, esperando y exigiendo que sean las instituciones del Estado responsables por mandato de la ley, las que realicen las investigaciones y las acciones judiciales que correspondan. Sin embargo, no hemos encontrado en el Ministerio Público la respuesta que la misma ley ordena. Incluso pese a nuestra censura pública al Comandante de la institución policial y la denuncia contra la Fiscal de Distrito, nos han dado señales que pueden considerarse como encubrimiento.
