Suecia rechaza lecciones de justicia
Autoridades, expertos y juristas se indignan por las críticas de Julian Assange y de Ecuador a uno de los sistemas judiciales más garantistas del mundo
Naiara Galarraga
Estocolmo, El País
Es irónico que Julian Assange viniera a Suecia en agosto de 2010 en busca del cobijo de un sistema judicial del que ahora huye con tantísimo empeño. El australiano viajó a Estocolmo con la vista puesta en que sus garantistas leyes de libertad de prensa neutralizaran cualquier intento de persecución a Wikileaks, que acababa de publicar miles de documentos secretos sobre la guerra de Afganistán y se preparaba para la gran exclusiva: 250.000 cables que permitieron husmear en los entresijos de la diplomacia estadounidense. Dos mujeres a las que conoció y con las que intimó durante su estancia le acabaron denunciando por delitos sexuales. Con tal de no regresar a Suecia para ser interrogado por la fiscalía se ha metido en un lío jurídico mayúsculo —con Reino Unido, Suecia y Ecuador implicados— que lo tiene atrapado. El pirata informático, convertido en divulgador de información secreta o incómoda para los poderosos, insiste en que, tras la reclamación judicial sueca, se esconde el peligro de ser extraditado a Estados Unidos.
En este punto Assange es un sospechoso. No existe una acusación formal, existen sospechas por violación en la modalidad menos grave, dos delitos de abusos sexuales y uno de coerción ilegal. En Suecia, no se debate si hubo violación o no; si es culpable o inocente. Lo misma da preguntar a expertos en leyes, a periodistas o a transeúntes que pasean entre los canales aprovechando los últimos resquicios de verano antes de que el invierno caiga como una losa. La respuesta es casi idéntica: “Lo dirá el tribunal”. Pronto queda claro que aquí la confianza en la justicia, a diferencia de lo que ocurre en muchos países, es si no absoluta, casi absoluta. En Suecia, primer clasificado en derechos fundamentales entre 66 países en el Rule of Law Index 2011 (índice del Estado de Derecho), las críticas de Ecuador a la fiscalías sentaron como un tiro. El embajador sudamericano fue llamado a consultas.
Ningún experto sueco osa decir que el riesgo sea inexistente pero recalcan con múltiples argumentos que es mínimo. “La legislación sueca prohíbe extraditar a ningún acusado que corra el riesgo de ser ejecutado”, recuerda la portavoz de Exteriores, Liv Duvhamm.
Assange y su abogado, Baltasar Garzón, piden garantías a Suecia de que no aceptará una petición estadounidense de extradición. Pero esa reclamación no existe ahora. EE UU no lo persigue, al menos públicamente. Por el momento. Se supone que si Washington lo acusa será por un delito de espionaje o similar. Ahí se toparía con la ley sueca. Explica Mark Klamberg, doctor en Derecho Internacional Público en la Universidad de Estocolmo, que la legislación prohíbe las extradiciones por actividades que en Suecia se consideran delitos puramente militares o políticos. “El espionaje aquí, según la jurisprudencia sueca, es un delito político”, recalca Pal Wrange, otro experto en la materia de la Universidad capitalina.
Si Assange llegara a poner el pie en Suecia y EE UU lo reclamara, el Tribunal Supremo sueco analizaría los fundamentos de la petición. Pero no siempre tiene la última palabra. El director de la división de casos criminales y cooperación judicial internacional del Ministerio de Justicia, Ulf Wallentheim, detalla que, “si el alto tribunal ve obstáculos legales, su decisión es vinculante para el Gobierno”. Es decir, no habría entrega. Pero si no halla impedimento, “el Gobierno aún tiene la oportunidad de decir sí o no”.
¿Por qué rayos, si tan interesado está Washington, no le ha pedido directamente a Londres la entrega del creador de Wikileaks? Es una pregunta que sobrevuela el país. “Si esto es una conspiración, habría sido más fácil pedir su extradición desde el Reino Unido”, asegura Klamberg porque, explica, Reino Unido también debería dar el visto bueno a la entrega de Assange de Suecia a EE UU.
Preguntas y respuestas repletas de condicionales. En eso se parecen a los ejercicios que el profesor Klamberg pone a sus alumnos de derecho internacional. “Son escenarios muy teóricos. Y los políticos no deben tomar decisiones en función de ellos”, insiste.
Los partidarios de Assange han utilizado como argumento de la complicidad sueca con Washington el caso de dos solicitantes de asilo egipcios sospechosos de terrorismo que Estocolmo entregó a la CIA en 2001. “Aquello fue todo ajeno al sistema judicial”, recuerda Klamberg. “Fue algo bastante único, un error garrafal”, según Wrange. Suecia fue condenada en la ONU, indemnizó a Ahmed Agiza y a Mohamed al Zeri con tres millones de coronas (360.000 euros) a cada uno y el mes pasado dio la residencia al primero.
Atónitos contemplan muchos suecos en qué ha derivado lo que empezó hace dos años con la denuncia de Miss A., treintañera, y miss W., de 27, como las denominan en su país. Una portavoz del Ministerio de Exteriores insiste en que “aquí hay dos víctimas que tienen derecho a un proceso”.
“Aquí tendría un juicio justo. Si no viene, da la impresión de que tiene algo que ocultar. Si es inocente, le diremos: ‘Vete, vuelve cuando quieras’”, asegura Heli Aarnipuro, una inspectora de trabajo que cena con unas amigas. “Debe venir y defenderse”, sostiene Stefan Lisinsky, reportero de sucesos del diario Dagens Nyheter. “Es una acusación seria. Debe ser interrogado y escuchado”, recomienda Albin Akesson, camarero de 24 años, que se pregunta “¿por qué no le interrogan por vídeoconferencia o mandan policías a Londres?” Responde Iliana Ekstrand, portavoz del ministerio público: “La fiscalía considera que el señor Assange debe estar en Suecia para la investigación”. Varios juristas añaden que es por dejar claro quién lleva las riendas y por si tras el interrogatorio hubiera que detenerle.
Las dos mujeres mantuvieron, por separado, relaciones sexuales con Assange. Ellas no se conocían. Una contactó con la otra para localizar al australiano y fue entonces cuando compartieron sus experiencias con él y decidieron ir a la policía. Solo ellas y él saben lo que pasó. Pero el episodio ha generado furibundas acusaciones contra ellas en Internet. “Puede que sea un machista pero no soy un violador”, le comentó el australiano sobre su relación con Miss A. y Miss W. a un biógrafo al que luego desautorizó. ¿Eran ellas un gancho para atraparlo como sostienen los defensores de Assange? “No veo indicios de montaje”, dice el periodista citado, que ha cubierto el caso. ¿La fiscal y el abogado de las mujeres se han aliado para convertir este caso en un proceso ejemplarizante como también se ha dicho? “Me cuesta creer que quieran usar esto como ejemplarizante”.
El profesor de Derecho Privado Marten Schultz recordaba en un artículo que en Suecia la carga de la prueba en caso de violación es como en cualquier otro delito. El abogado defensor de las denunciantes y la fiscalía remarcan que no es raro que un caso se reabra como ocurrió con el de Assange, que afrontaría un máximo de cuatro años de cárcel. La fiscal de fin de semana halló indicios de violación y otros abusos, el lunes otra fiscal vio indicios de abuso sexual leve, lo interrogó sobre eso solamente y cerró el caso. Las mujeres contrataron un abogado, que consiguió que la fiscal jefa Marianne Ny reabriera la investigación. El sospechoso eludió la siguiente cita para ser interrogado.
Ese letrado, Claes Borgström, el ombudsman (defensor) para la igualdad de género de 2000 a 2007, recuerda que sus clientas “no han cometido un crimen, son las víctimas” y considera “alucinante” que Ecuador le concediera asilo: “En su caso, es un abuso de la figura del asilo”. Solo reprocha a las autoridades suecas que no lo arrestaran tras la reapertura del caso. También tiene una crítica para el exhacker: “Tiene todo el derecho del mundo a decir ‘Yo no lo hice’. Pero hace mucho tenía que haber dicho ‘Esto no tiene nada que ver con Wikileaks, con EE UU, conspiraciones o la CIA’”. Suecia y dos de sus ciudadanas siguen a la espera.
Naiara GalarragaEstocolmo, El País
Es irónico que Julian Assange viniera a Suecia en agosto de 2010 en busca del cobijo de un sistema judicial del que ahora huye con tantísimo empeño. El australiano viajó a Estocolmo con la vista puesta en que sus garantistas leyes de libertad de prensa neutralizaran cualquier intento de persecución a Wikileaks, que acababa de publicar miles de documentos secretos sobre la guerra de Afganistán y se preparaba para la gran exclusiva: 250.000 cables que permitieron husmear en los entresijos de la diplomacia estadounidense. Dos mujeres a las que conoció y con las que intimó durante su estancia le acabaron denunciando por delitos sexuales. Con tal de no regresar a Suecia para ser interrogado por la fiscalía se ha metido en un lío jurídico mayúsculo —con Reino Unido, Suecia y Ecuador implicados— que lo tiene atrapado. El pirata informático, convertido en divulgador de información secreta o incómoda para los poderosos, insiste en que, tras la reclamación judicial sueca, se esconde el peligro de ser extraditado a Estados Unidos.
En este punto Assange es un sospechoso. No existe una acusación formal, existen sospechas por violación en la modalidad menos grave, dos delitos de abusos sexuales y uno de coerción ilegal. En Suecia, no se debate si hubo violación o no; si es culpable o inocente. Lo misma da preguntar a expertos en leyes, a periodistas o a transeúntes que pasean entre los canales aprovechando los últimos resquicios de verano antes de que el invierno caiga como una losa. La respuesta es casi idéntica: “Lo dirá el tribunal”. Pronto queda claro que aquí la confianza en la justicia, a diferencia de lo que ocurre en muchos países, es si no absoluta, casi absoluta. En Suecia, primer clasificado en derechos fundamentales entre 66 países en el Rule of Law Index 2011 (índice del Estado de Derecho), las críticas de Ecuador a la fiscalías sentaron como un tiro. El embajador sudamericano fue llamado a consultas.
Ningún experto sueco osa decir que el riesgo sea inexistente pero recalcan con múltiples argumentos que es mínimo. “La legislación sueca prohíbe extraditar a ningún acusado que corra el riesgo de ser ejecutado”, recuerda la portavoz de Exteriores, Liv Duvhamm.
Assange y su abogado, Baltasar Garzón, piden garantías a Suecia de que no aceptará una petición estadounidense de extradición. Pero esa reclamación no existe ahora. EE UU no lo persigue, al menos públicamente. Por el momento. Se supone que si Washington lo acusa será por un delito de espionaje o similar. Ahí se toparía con la ley sueca. Explica Mark Klamberg, doctor en Derecho Internacional Público en la Universidad de Estocolmo, que la legislación prohíbe las extradiciones por actividades que en Suecia se consideran delitos puramente militares o políticos. “El espionaje aquí, según la jurisprudencia sueca, es un delito político”, recalca Pal Wrange, otro experto en la materia de la Universidad capitalina.
Si Assange llegara a poner el pie en Suecia y EE UU lo reclamara, el Tribunal Supremo sueco analizaría los fundamentos de la petición. Pero no siempre tiene la última palabra. El director de la división de casos criminales y cooperación judicial internacional del Ministerio de Justicia, Ulf Wallentheim, detalla que, “si el alto tribunal ve obstáculos legales, su decisión es vinculante para el Gobierno”. Es decir, no habría entrega. Pero si no halla impedimento, “el Gobierno aún tiene la oportunidad de decir sí o no”.
¿Por qué rayos, si tan interesado está Washington, no le ha pedido directamente a Londres la entrega del creador de Wikileaks? Es una pregunta que sobrevuela el país. “Si esto es una conspiración, habría sido más fácil pedir su extradición desde el Reino Unido”, asegura Klamberg porque, explica, Reino Unido también debería dar el visto bueno a la entrega de Assange de Suecia a EE UU.
Preguntas y respuestas repletas de condicionales. En eso se parecen a los ejercicios que el profesor Klamberg pone a sus alumnos de derecho internacional. “Son escenarios muy teóricos. Y los políticos no deben tomar decisiones en función de ellos”, insiste.
Los partidarios de Assange han utilizado como argumento de la complicidad sueca con Washington el caso de dos solicitantes de asilo egipcios sospechosos de terrorismo que Estocolmo entregó a la CIA en 2001. “Aquello fue todo ajeno al sistema judicial”, recuerda Klamberg. “Fue algo bastante único, un error garrafal”, según Wrange. Suecia fue condenada en la ONU, indemnizó a Ahmed Agiza y a Mohamed al Zeri con tres millones de coronas (360.000 euros) a cada uno y el mes pasado dio la residencia al primero.
Atónitos contemplan muchos suecos en qué ha derivado lo que empezó hace dos años con la denuncia de Miss A., treintañera, y miss W., de 27, como las denominan en su país. Una portavoz del Ministerio de Exteriores insiste en que “aquí hay dos víctimas que tienen derecho a un proceso”.
“Aquí tendría un juicio justo. Si no viene, da la impresión de que tiene algo que ocultar. Si es inocente, le diremos: ‘Vete, vuelve cuando quieras’”, asegura Heli Aarnipuro, una inspectora de trabajo que cena con unas amigas. “Debe venir y defenderse”, sostiene Stefan Lisinsky, reportero de sucesos del diario Dagens Nyheter. “Es una acusación seria. Debe ser interrogado y escuchado”, recomienda Albin Akesson, camarero de 24 años, que se pregunta “¿por qué no le interrogan por vídeoconferencia o mandan policías a Londres?” Responde Iliana Ekstrand, portavoz del ministerio público: “La fiscalía considera que el señor Assange debe estar en Suecia para la investigación”. Varios juristas añaden que es por dejar claro quién lleva las riendas y por si tras el interrogatorio hubiera que detenerle.
Las dos mujeres mantuvieron, por separado, relaciones sexuales con Assange. Ellas no se conocían. Una contactó con la otra para localizar al australiano y fue entonces cuando compartieron sus experiencias con él y decidieron ir a la policía. Solo ellas y él saben lo que pasó. Pero el episodio ha generado furibundas acusaciones contra ellas en Internet. “Puede que sea un machista pero no soy un violador”, le comentó el australiano sobre su relación con Miss A. y Miss W. a un biógrafo al que luego desautorizó. ¿Eran ellas un gancho para atraparlo como sostienen los defensores de Assange? “No veo indicios de montaje”, dice el periodista citado, que ha cubierto el caso. ¿La fiscal y el abogado de las mujeres se han aliado para convertir este caso en un proceso ejemplarizante como también se ha dicho? “Me cuesta creer que quieran usar esto como ejemplarizante”.
El profesor de Derecho Privado Marten Schultz recordaba en un artículo que en Suecia la carga de la prueba en caso de violación es como en cualquier otro delito. El abogado defensor de las denunciantes y la fiscalía remarcan que no es raro que un caso se reabra como ocurrió con el de Assange, que afrontaría un máximo de cuatro años de cárcel. La fiscal de fin de semana halló indicios de violación y otros abusos, el lunes otra fiscal vio indicios de abuso sexual leve, lo interrogó sobre eso solamente y cerró el caso. Las mujeres contrataron un abogado, que consiguió que la fiscal jefa Marianne Ny reabriera la investigación. El sospechoso eludió la siguiente cita para ser interrogado.
Ese letrado, Claes Borgström, el ombudsman (defensor) para la igualdad de género de 2000 a 2007, recuerda que sus clientas “no han cometido un crimen, son las víctimas” y considera “alucinante” que Ecuador le concediera asilo: “En su caso, es un abuso de la figura del asilo”. Solo reprocha a las autoridades suecas que no lo arrestaran tras la reapertura del caso. También tiene una crítica para el exhacker: “Tiene todo el derecho del mundo a decir ‘Yo no lo hice’. Pero hace mucho tenía que haber dicho ‘Esto no tiene nada que ver con Wikileaks, con EE UU, conspiraciones o la CIA’”. Suecia y dos de sus ciudadanas siguen a la espera.
