Periodistas se movilizaron por la libertad de expresión a pesar de restricciones
La Paz, ANF
Trabajadores de la prensa de La Paz y El Alto realizaron una movilización de protesta en la sede de gobierno a pesar del fuerte operativo que activó la policía boliviana para evitar el desarrollo de esta movilización en la plaza Murillo. Los comunicadores rechazan la demanda interpuesta por el Gobierno contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos "Página Siete" y "El Diario" por reproducir un discurso gubernamental.
La Policía instaló barreras de seguridad en cuatro esquinas del perímetro exterior de la plaza Murillo desde las 06.00 y un numeroso contingente controlaba que sólo ingresen funcionarios públicos con su respectiva credencial. Un grupo de periodistas acreditados al área política ingresaron a las 9:00 horas para realizar la cobertura a una declaración de prensa del ministro, Carlos Romero en Palacio Quemado.
Ante este panorama, se realizaron dos movilizaciones en “repudio a la penalización de la información” simultáneamente. Una al interior de la plaza Murillo con los periodistas que lograron ingresar, y en puertas de Palacio de Gobierno desarrollaron un mitin de protesta. En los alrededores se desarrolló otra marcha con mayor concurrencia encabezada por la prensa de la ciudad de Alto y con la participación trabajadores de diversas áreas.
Al promediar las 11:00 horas los periodistas que lograron pasar el cerco policial intentaron unirse con sus colegas en la esquina de las calles Comercio y Yanacocha, pero la policía intentó evitar esta acción utilizando incluso agentes químicos contra los trabajadores de la prensa.
Finalmente, las marchas se unieron y continuaron las protestas en céntricas calles de la ciudad hasta culminar un mitin en puertas del ministerio de Comunicación. “Procesos, metralla, la prensa no se calla”; “Libertad de prensa sí, dictadura no”; “Periodistas si, flojonazos no”, fueron algunos de los cánticos de la espontánea manifestación. En tanto, las pancartas que mostraron los trabajadores de la prensa señalaban: “Encarcelen el hambre, encarcelen el desempleo no la información”; “Libertad de expresión, muera la penalización”; “Los periodistas no somos criminales, ni responsables de las expresiones de políticos”
Los trabajadores de base y secretarios de generales de los medios de comunicación de La Paz y El Alto convocaron a la marcha en defensa de la libertad de expresión, el derecho al trabajo y en repudio a la penalización de la información.
El Gobierno presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la Agencia de Noticias Fides y a los periódicos “Página Siete” y “El Diario” por el supuesto delito de “difusión e incitación al racismo o la discriminación”. La acusación ha sido rechazada terminantemente por los tres medios.
Reacciones
El secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa en Bolivia (Cstpb), Ramiro Echazú afirmó que la defensa de los medios enjuiciados se ha convertido en un movimiento nacional que exige; el respeto a la libertad de información, libertad de prensa, libertad de expresión y fundamentalmente de la ley de imprenta.
“Una vez más el poder político está amedrentando a la prensa boliviana pero no lo vamos a permitir y las movilizaciones continuarán. La ley de imprenta es un patrimonio no sólo de presa sino del pueblo boliviano”, afirmó el ejecutivo nacional.
La dirigente de base de los trabajadores de prensa de La Paz, Carmiña Moscoso lamentó las agresiones contra periodistas y la intención de modificar la ley de imprenta. Alertó además que estas acciones están dirigidas a encarcelar a periodistas como si el ejercicio periodístico fuera una acción delincuencial.
“Estamos en estado de emergencia, eso significa que cuando convoquen a algún periodista, algún editor, algún director, nosotros vamos a ir primero a la fiscalía carajo. A ver si se atreven a meternos a la cárcel, nosotros vamos a ir a la fiscalía a pedirles cuenta del por qué no meten a la cárcel a violadores, tratantes de órganos y narcotraficantes”, afirmó
A su turno, el dirigente de la prensa la ciudad de El Alto, Leopoldo Ibarra dijo que su sector ha determinado dar un plazo de 72 horas para que el gobierno retire las demandas contra los tres medios o de lo contrario advirtió con radicalizar las medidas
“Estamos aquí para decirle al gobierno que le damos 72 horas para que retire esa demanda judicial injusta que además atenta a la libertad de expresión y no tiene ningún asidero legal toda vez que la ley de imprenta está vigente y la constitución Política del Estado autorregula la labor de la prensa, al mismo tiempo declaramos enemigos y traidores a quienes quieren amedrentar a los trabajadores de la prensa de Bolivia”, afirmó Ibarra.
Para el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) Antonio Vargas, la acción penal iniciada por el gobierno de Evo Morales es un “nefasto” antecedente no sólo para la prensa sino para la democracia en Bolivia y manifestó su “plena solidaridad” con los tres medios la Agencia de Noticias Fides (ANF), el periódico Página Siete y El Diario.
“Este es el momento mostrar mucha cohesión y espíritu de cuerpo entre las organizaciones de periodistas para no permitir esta nueva arremetida en contra de la libertad de expresión. No solamente es un precedente como dijo el ministro Romero, sino que es un amedrentamiento directo a la prensa y la democracia en el país”, aseveró el representante.
A su turno, el presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Raúl Novillo Alarcón manifestó su preocupación y descontento por el desacierto gubernamental y recordó que la ley de imprenta está en vigencia y la Constitución Política del Estado lo reconoce.
“Es una señal muy desagradable para libertad de prensa y expresión en Bolivia. En un estado democrático, este es un precedente muy negativo y nosotros obviamente como dirigentes de los medios seguiremos trabajando a favor de que se entienda de que la democracia no es condicionada a ciertas cosas, sino simplemente que se tiene que respetar los principios básicos que es la liberta de expresión de todo ciudadano”, explicó Novillo
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Ronald Grebe resaltó el trabajo de los periodistas en todo el país y afirmó que se continuará defendiendo la vigencia de la ley de imprenta y recordó que las autoridades deben ser las principales en hacer cumplir la Constitución política del Estado.
“Me parece terrible, porque el día de mañana seguramente porque somos flojos o nos da flojera dejemos de entrar a palacio de Gobierno, a la Cancillería y al poder Legislativo por flojera vamos a dejar de cubrir lo que dicen los parlamentarios y lo que dicen los gobernantes, ese día la población se va a sentir absolutamente desinformada”, lamentó Grebe.
Trabajadores de la prensa de La Paz y El Alto realizaron una movilización de protesta en la sede de gobierno a pesar del fuerte operativo que activó la policía boliviana para evitar el desarrollo de esta movilización en la plaza Murillo. Los comunicadores rechazan la demanda interpuesta por el Gobierno contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos "Página Siete" y "El Diario" por reproducir un discurso gubernamental.
La Policía instaló barreras de seguridad en cuatro esquinas del perímetro exterior de la plaza Murillo desde las 06.00 y un numeroso contingente controlaba que sólo ingresen funcionarios públicos con su respectiva credencial. Un grupo de periodistas acreditados al área política ingresaron a las 9:00 horas para realizar la cobertura a una declaración de prensa del ministro, Carlos Romero en Palacio Quemado.
Ante este panorama, se realizaron dos movilizaciones en “repudio a la penalización de la información” simultáneamente. Una al interior de la plaza Murillo con los periodistas que lograron ingresar, y en puertas de Palacio de Gobierno desarrollaron un mitin de protesta. En los alrededores se desarrolló otra marcha con mayor concurrencia encabezada por la prensa de la ciudad de Alto y con la participación trabajadores de diversas áreas.
Al promediar las 11:00 horas los periodistas que lograron pasar el cerco policial intentaron unirse con sus colegas en la esquina de las calles Comercio y Yanacocha, pero la policía intentó evitar esta acción utilizando incluso agentes químicos contra los trabajadores de la prensa.
Finalmente, las marchas se unieron y continuaron las protestas en céntricas calles de la ciudad hasta culminar un mitin en puertas del ministerio de Comunicación. “Procesos, metralla, la prensa no se calla”; “Libertad de prensa sí, dictadura no”; “Periodistas si, flojonazos no”, fueron algunos de los cánticos de la espontánea manifestación. En tanto, las pancartas que mostraron los trabajadores de la prensa señalaban: “Encarcelen el hambre, encarcelen el desempleo no la información”; “Libertad de expresión, muera la penalización”; “Los periodistas no somos criminales, ni responsables de las expresiones de políticos”
Los trabajadores de base y secretarios de generales de los medios de comunicación de La Paz y El Alto convocaron a la marcha en defensa de la libertad de expresión, el derecho al trabajo y en repudio a la penalización de la información.
El Gobierno presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la Agencia de Noticias Fides y a los periódicos “Página Siete” y “El Diario” por el supuesto delito de “difusión e incitación al racismo o la discriminación”. La acusación ha sido rechazada terminantemente por los tres medios.
Reacciones
El secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa en Bolivia (Cstpb), Ramiro Echazú afirmó que la defensa de los medios enjuiciados se ha convertido en un movimiento nacional que exige; el respeto a la libertad de información, libertad de prensa, libertad de expresión y fundamentalmente de la ley de imprenta.
“Una vez más el poder político está amedrentando a la prensa boliviana pero no lo vamos a permitir y las movilizaciones continuarán. La ley de imprenta es un patrimonio no sólo de presa sino del pueblo boliviano”, afirmó el ejecutivo nacional.
La dirigente de base de los trabajadores de prensa de La Paz, Carmiña Moscoso lamentó las agresiones contra periodistas y la intención de modificar la ley de imprenta. Alertó además que estas acciones están dirigidas a encarcelar a periodistas como si el ejercicio periodístico fuera una acción delincuencial.
“Estamos en estado de emergencia, eso significa que cuando convoquen a algún periodista, algún editor, algún director, nosotros vamos a ir primero a la fiscalía carajo. A ver si se atreven a meternos a la cárcel, nosotros vamos a ir a la fiscalía a pedirles cuenta del por qué no meten a la cárcel a violadores, tratantes de órganos y narcotraficantes”, afirmó
A su turno, el dirigente de la prensa la ciudad de El Alto, Leopoldo Ibarra dijo que su sector ha determinado dar un plazo de 72 horas para que el gobierno retire las demandas contra los tres medios o de lo contrario advirtió con radicalizar las medidas
“Estamos aquí para decirle al gobierno que le damos 72 horas para que retire esa demanda judicial injusta que además atenta a la libertad de expresión y no tiene ningún asidero legal toda vez que la ley de imprenta está vigente y la constitución Política del Estado autorregula la labor de la prensa, al mismo tiempo declaramos enemigos y traidores a quienes quieren amedrentar a los trabajadores de la prensa de Bolivia”, afirmó Ibarra.
Para el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) Antonio Vargas, la acción penal iniciada por el gobierno de Evo Morales es un “nefasto” antecedente no sólo para la prensa sino para la democracia en Bolivia y manifestó su “plena solidaridad” con los tres medios la Agencia de Noticias Fides (ANF), el periódico Página Siete y El Diario.
“Este es el momento mostrar mucha cohesión y espíritu de cuerpo entre las organizaciones de periodistas para no permitir esta nueva arremetida en contra de la libertad de expresión. No solamente es un precedente como dijo el ministro Romero, sino que es un amedrentamiento directo a la prensa y la democracia en el país”, aseveró el representante.
A su turno, el presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Raúl Novillo Alarcón manifestó su preocupación y descontento por el desacierto gubernamental y recordó que la ley de imprenta está en vigencia y la Constitución Política del Estado lo reconoce.
“Es una señal muy desagradable para libertad de prensa y expresión en Bolivia. En un estado democrático, este es un precedente muy negativo y nosotros obviamente como dirigentes de los medios seguiremos trabajando a favor de que se entienda de que la democracia no es condicionada a ciertas cosas, sino simplemente que se tiene que respetar los principios básicos que es la liberta de expresión de todo ciudadano”, explicó Novillo
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Ronald Grebe resaltó el trabajo de los periodistas en todo el país y afirmó que se continuará defendiendo la vigencia de la ley de imprenta y recordó que las autoridades deben ser las principales en hacer cumplir la Constitución política del Estado.
“Me parece terrible, porque el día de mañana seguramente porque somos flojos o nos da flojera dejemos de entrar a palacio de Gobierno, a la Cancillería y al poder Legislativo por flojera vamos a dejar de cubrir lo que dicen los parlamentarios y lo que dicen los gobernantes, ese día la población se va a sentir absolutamente desinformada”, lamentó Grebe.